A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.
Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.
A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.
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