La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México continúa las gestiones para lograr la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, quien se encuentra en Israel.
Durante La Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el avance del proceso “depende mucho de las autoridades” israelíes, ya que no hay un tratado de extradición entre ambas naciones. Indicó que la Fiscalía General de la República mantiene comunicación con el Poder Judicial de ese país.
Claudia Sheinbaum reveló que, al inicio de su administración, envió una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, para pedirle que orientara al Poder Judicial en torno a la extradición. Isaac Herzog respondió que el asunto queda fuera de su marco de actuación, pues el Poder Ejecutivo no interviene en decisiones judiciales.
Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, detalló que la Fiscalía General de la República ha realizado múltiples comunicaciones, teleconferencias y llamadas, además de intercambiar información con las autoridades israelíes.
Tomás Zerón reside en Israel desde 2019. México solicitó formalmente su extradición en diciembre de 2021 por su presunta responsabilidad en delitos vinculados con el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas en 2014, entre ellos tortura y fabricación de pruebas relacionadas con la llamada “verdad histórica”. El exfuncionario ha solicitado asilo en Israel y alega persecución política.
La investigación federal mantiene 162 expedientes abiertos y 168 personas bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 31 personas han sido detenidas por su presunta relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con el más reciente informe presentado por autoridades federales sobre el caso ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Entre los detenidos se encuentran un militar, nueve ex policías municipales y siete ex servidores públicos, entre ellos el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. También fueron capturadas Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca Estrada, ex visitadora de esa institución, quienes actualmente colaboran con la Fiscalía General de la República (FGR).
Las nuevas investigaciones, realizadas entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, también derivaron en la captura de ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos delictivos, dos empresarios y cuatro civiles. Entre los casos destaca el de Rodolfo Rueda, propietario de la funeraria El Ángel, y tres integrantes de su familia, cuyos nombres aparecen en las indagatorias sobre nuevos hallazgos relacionados con el caso.
La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) mantiene 162 expedientes abiertos: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales. Además, 168 personas permanecen bajo proceso judicial por su presunta responsabilidad; 130 están en prisión y 38 enfrentan medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
En materia de extradiciones, el Gobierno de México mantiene como objetivos a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, quien permanece prófugo en Israel, y al ex juez de barandilla de Iguala José Ulises Bernabé, asilado en Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum ha abordado ambos casos con autoridades de esos países, mientras continúan los procedimientos legales para lograr que comparezcan ante la justicia mexicana.
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.
Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.
A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.
Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma su solicitud a Israel para extraditar a Tomás Zerón. Al mismo tiempo, asegura que se avanza en el caso Ayotzinapa, generando esperanza en las familias de los desaparecidos.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, comunicó que sigue en la lucha por la extradición de Tomás Zerón. Este exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) está acusado de tortura en el caso Ayotzinapa. Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que se han enviado varias cartas al Gobierno de Israel para solicitar su regreso a México.
Zerón, quien se había fugado a Canadá en 2019 y luego a Israel, enfrenta dos órdenes de aprehensión en México. A pesar de la falta de un tratado de extradición entre México e Israel, el gobierno insiste en que debe rendir cuentas por su papel en la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Sheinbaum también mencionó que, en una reciente reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, solicitó la extradición de dos personas vinculadas a este caso. La presidenta destacó la importancia de estos esfuerzos para avanzar en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
Las familias de los normalistas expresan su frustración por la falta de avances significativos. Isidoro Vicario, abogado de las familias, comentó que, aunque hay confianza en la voluntad de Sheinbaum, esto debe reflejarse en resultados concretos. Los familiares sienten que varias líneas de investigación han quedado estancadas.
A medida que se cumplen 11 años de la tragedia de Ayotzinapa, el caso enfrenta retrocesos. Recientemente, un tribunal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, del secuestro de los 43 normalistas, aunque sigue en prisión por otros cargos.
La búsqueda de justicia para los estudiantes desaparecidos continúa. Los padres y familiares mantienen la esperanza de que el gobierno realice acciones efectivas. La historia de Ayotzinapa no debe ser olvidada, y las promesas de justicia deben materializarse en acciones claras y firmes.
Tomás Zerón, ex procurador de justicia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha reaparecido ofreciendo una entrevista para un documental de “Max”, en donde asegura, una vez más, no estar prófugo de la justicia mexicana, sino que su actual estancia en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición, comenzó como unas vacaciones.
El ex funcionario prianista, señalado de casos de tortura, obstrucción de justicia y desvió de dinero, menciona descaradamente que su viaje a Israel fue meses antes de que se giraron las órdenes de aprehensión en su contra, cuando un amigo lo invitó a la nación de oriente medio.
“Yo salgo de México meses antes que me generaran la orden de aprehensión; recibo una invitación de un amigo para venir a Israel y dar una conferencia sobre Seguridad Nacional”.
El actual prófugo de la justicia mexicana igualmente menciona que notó un clima enrarecido en su contra en México, llegando al puntto, asegura, de las amenazas de muerte en su contra: “Empecé a ver un clima raro en México, gente de la DEA que habían recibido llamadas de la cárcel en donde decían que me iban a matar”.
Otras de las razones que dice, influyeron para permanecer en Israel en vez de regresar a México, dice ser que además de la orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República decidió retirarle la protección con la que contaba.
“Yo tenía un equipo de seguridad por el trabajo que había desempeñado, pero arbitrariamente fue retirado por la Fiscalía. Entonces me sentí yo también desprotegido […] dije, voy a tomar vacaciones. En ningún momento huí del país”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un comunicado sobre las solicitudes de extradición de personas de nacionalidad mexicana realizadas por el Gobierno de México hacia Israel, esto por instrucciones directas del Presidente López Obrador.
En la misiva se menciona que aún cuando México e Israel carecen de un tratado de extradición, las acciones en esta materia se sustentan en la reciprocidad internacional y de conformidad con los principios establecidos en el Tratado o Ley de Extradición Internacional.
Caso de Andrés Isaac Roemer Slomianski
Respecto a la solicitud de extradición de Andrés Isaac Roemer Slomianski, presentada el 5 de diciembre de 2021 por los presuntos delitos de violación y violación agravada denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se informa que el jueves 28 de marzo de 2024 el Gobierno de México fue notificado que el Tribunal Regional de Jerusalén falló a favor de la extradición de Andrés Isaac Roemer Slomianski.
El extraditable dispone de 30 días para ejercer su derecho de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de ese país. El Gobierno de México reconoce la cooperación del Estado de Israel en este proceso e interpreta la decisión como un paso alentador en la procuración de justicia.
Caso de Tomás Zerón de Lucio
Respecto a la extradición de Tomás Zerón de Lucio, el proceso ha sido largo e infructuoso.
El Gobierno de México presentó una solicitud de extradición el 9 de julio de 2020, inicialmente al Gobierno de Canadá, que procedió a su búsqueda y, al no localizarlo, nos informó el 24 de agosto de 2020 que Tomás Zerón había salido de Canadá el 21 agosto de 2019 con destino a Tel Aviv.
En agosto de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones ante el Estado de Israel para localizar a Tomas Zerón, requerido por la justicia mexicana.
La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana el 30 de diciembre de 2021.
Durante este periodo y hasta abril de 2024, el Gobierno de México ha reiterado en diversas ocasiones, al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso.
Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), es requerido por la justicia mexicana por delitos de tortura, violación de derechos humanos y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, así como por el uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.
Cabe resaltar que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió misivas al entonces primer ministro Naftalí Bennett, en septiembre de 2021, y a su sucesor, Benjamín Netanyahu, en junio de 2023, solicitando y reiterando la extradición de Tomás Zerón.
Tanto la FGR como la cancillería mexicana han insistido reiteradamente en la pronta resolución de este caso de interés nacional, con sus contrapartes del Estado de Israel, a través de 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones electrónicas y una visita a Jerusalén de una delegación mexicana encabezada por el titular de la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la FGR.
Después de múltiples solicitudes de actualización al Estado de Israel, el 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia del Estado de Israel comunicó que la petición de extradición se encuentra en su etapa final de análisis.
Esta misma información fue reiterada el 1° de febrero de 2024 por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.
En tal virtud, el 21 de marzo se insistió infructuosamente con las autoridades israelíes en la necesidad de conocer los avances en el caso que nos ocupa.
Finalmente, la Cancillería mencionó que la acción legal que reclama México al Gobierno de Israel busca la extradición de una persona acusada de ejercer actos de violencia, infundir miedo, torturar y permanecer prófuga de la justicia. La falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón y amenaza en convertirse en un factor irritante y disruptivo con el Estado de Israel.
Durante la conferencia matutina de este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el Gobierno de México no tiene ningún tipo de “acuerdo vergonzoso” con el Estado de Israel con el fin de que extraditen a Tomás Zerón de Lucio, señalado por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.
AMLO también mencionó acerca de la postura de México respecto al conflicto entre Israel y Palestina, señalando que la 4T está a favor de un alto al fuego y al diálogo.
“Vamos a seguir nosotros con nuestra postura de detener el fuego y de buscar un acuerdo. Sí hemos actuado, hemos votado en la ONU por la negociación, por el acuerdo, por detener el fuego y lo vamos a seguir haciendo. México si tiene una postura distinta”.
“Y quiero aclarar algo: nosotros no tenemos ningún acuerdo vergonzoso con el Gobierno de Israel o con ningún gobierno del mundo, porque ahorita mencionaste a Zerón, nada que ver, ni siquiera por relaciones económicas, la política exterior de México se ajusta a lo que establece nuestra Constitución”.
Agregó
Andrés Manuel igualmente mencionó que ya le ha dirigido dos cartas al primer ministro en turno y en donde plantea la extradición de Tomás Zerón de Lucio por tortura y otros delitos.
“Pero esa es una relación de otro tipo y lo vamos a seguir planteando. No hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que esto quede claro”
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, el primer funcionario en encargarse de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta nueva orden de aprehensión liberada por un juez de control de la Ciudad de México es por los delitos de falsificación de documento agravado, contra la administración de la justicia y asociación delictuosa, de acuerdo con información obtenida de La Jornada.
Las otras dos órdenes de aprehensión, una tiene que ver con la presunta manipulación de indicios para acusar a Ana Patricia Moller Vuilleumier de narcotráfico y perjudicarla en su proceso de divorsio. La segunda orden tiene que ver con el caso de tortura de Felipe Rodriguez Salgado.
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas manifestándose en la CDMX. Foto: El Economista/ Eric Lugo.
Gualberto Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cuando iniciaron las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y uno de los principales creadores de la ya desmentida Verdad Histórica.
También Ramirez Gutiérrez estuvo presente en el interrogatorio que realizó Tomás Zerón de Lucio, en el que se torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo” identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos.
El pasado 25 de junio, Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue detenido en el municipio de Tecámac, Estado de México y trasladado al Reclusorio Sur en la Ciudad de México.
Este viernes en la conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó acerca del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y la decisión del juez de control que otorgó prisión preventiva para el acusado.
El primer mandatario confirmó que el juez de control, José Rivas González, actúo por consigna para declarar a Jesús “N” el beneficio de la prisión preventiva debido a que los abogados del exprocurador argumentaron que el acusado se encuentra muy grave de salud, por ello, permanece en la Torre Médica del Penal de Tepepan ya que tiene dos procesos legales en su contra.
Asimismo, Andrés Manuel indicó que la resolución de Rivas fue un “clásico sabadazo”, comentó que fue “muy raro” debido a que el Poder Judicial se encontraba en paro, por lo tanto, no había servicio en los juzgados y el juez que resolvió, no era el titular. También informó que la cita a la audiencia de Jesús “N” fue con un plazo de anticipación de únicamente 2 horas y media, cuando estas son de al menos 48 horas.
Por otro lado, López Obrador informó que el juez de control se dedico a hablar mal del primer mandatario mexicano, por ello, está pidiendo las grabaciones de lo que Rivas aseguró:
“Se dedico a hablar mal de mi, nada más estoy pidiendo formalmente la grabación, se dedico a decir que el Poder Judicial estaba por encima del ejecutivo, que ya no era el tiempo en que los trataban con látigos y que ellos tenían más poder que nadie, que él podía hacer lo que quisiera y que además, nosotros no estábamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de aclarar el caso de Ayotzinapa”.
Explicó AMLO
En relación con el caso de Ayotzinapa, el tabasqueño mencionó que se está avanzando muy lentamente con la extradición del exfuncionario encargado de temas de seguridad, Tomás Zerón, quien también estuvo implicado en la creación de la llamada “Verdad Histórica”, que de igual forma huyó hacía Israel y fue detenido en ese país.
AMLO indicó que debido a los conflictos de Israel con Palestina, no se han podido tener avances significativos, sin embargo, ha escrito cartas a dos ministros israelíes quienes han confirmado su cooperación con México.
El primer mandatario reiteró que todo el caso de Ayotzinapa ha sido muy raro, pero, recalcó que “la verdad siempre se abre paso” y todo el gabinete de seguridad, así como otras instituciones autónomas, se encuentran trabajando en llegar a la verdad y aseveró en que ya se ha probado que la “Verdad Histórica” fue inventada, por ello, expresó su inconformidad por la resolución que se le dió a Murillo Karam cuando ya se ha probado en muchas ocasiones y por muchos organismos que es culpable.
