El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de 238 presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua y 23 de la MS13, deportados desde Estados Unidos bajo un acuerdo con la administración de Donald Trump.
Los detenidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel con capacidad para 40 mil reos, donde permanecerán al menos un año. Estados Unidos pagará 6 millones de dólares a El Salvador por su alojamiento, fondos que Bukele afirma apoyarán el sistema penitenciario, cuyo costo anual ronda los 200 millones de dólares.
El acuerdo, negociado tras una reunión entre Bukele y el secretario de Estado Marco Rubio, incluye la deportación de criminales convictos y busca consolidar la política migratoria de Trump.
Rubio calificó a Bukele como un “aliado clave” y destacó el ahorro para contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. no ha proporcionado pruebas públicas que vinculen a los deportados con las pandillas mencionadas.
Críticas a Trump y Bukele
La medida refleja una estrategia cuestionable en ambos lados. Bukele, bajo un estado de excepción vigente por casi tres años —que ha permitido capturar a 87 mil personas con suspensiones de garantías constitucionales—, parece convertir a su país en un centro de detención rentado, priorizando financiamiento externo sobre derechos humanos. Mientras, EE.UU. externaliza su política migratoria, deportando sin transparencia judicial y tratando a naciones aliadas como depósitos de personas estigmatizadas. Ambos gobiernos, bajo la retórica de “seguridad”, normalizan prácticas autoritarias y evaden estándares internacionales.
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