Etiqueta: Nayib Bukele

  • Megajuicio en El Salvador: autoritarismo disfrazado de justicia masiva

    Megajuicio en El Salvador: autoritarismo disfrazado de justicia masiva

    El gobierno de Nayib Bukele abrió a la prensa el megajuicio contra cientos de presuntos pandilleros en el CECOT, en un proceso que presume resultados contra el crimen, pero que también despierta fuertes críticas por posibles violaciones a derechos humanos y el uso de juicios colectivos.

    El gobierno salvadoreño permitió el acceso de medios al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde más de un centenar de acusados siguieron en pantalla el proceso judicial en su contra. El megajuicio, que involucra a más de 400 presuntos miembros de la MS-13, es presentado como un logro clave en la estrategia de seguridad, pero evidencia un modelo de justicia masiva que pone en duda el debido proceso.

    Los acusados permanecen esposados y encadenados, trasladados bajo estrictas medidas de seguridad para enfrentar audiencias colectivas. Este esquema, impulsado bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, ha sido cuestionado por priorizar la rapidez sobre las garantías individuales, dejando en segundo plano el derecho a una defensa adecuada y a juicios personalizados.

    De acuerdo con organizaciones sociales y de derechos humanos, el modelo de Bukele consolida un sistema punitivo que normaliza la suspensión de derechos básicos, utilizando el combate al crimen como justificación. Aunque el gobierno presume una caída en la violencia, el costo institucional es alto: una justicia debilitada, opaca y cada vez más alineada con el poder político.

  • Tras crítica, Bukele reta a Petro a llevarse todos los presos

    Tras crítica, Bukele reta a Petro a llevarse todos los presos

    Nayib Bukele respondió a Gustavo Petro tras acusaciones de “campos de concentración” y ofreció trasladar al 100% de los presos salvadoreños, incluidos “presos políticos” a Colombia.

    Nayib Bukele emitió un mensaje directo contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, luego de que este calificara el sistema penitenciario salvadoreño como “campos de concentración”. En respuesta, Bukele ironizó con una propuesta: trasladar a Colombia al 100% de los detenidos, incluidos los llamados presos políticos, bajo el argumento de que si la situación es tan grave, no debería quedar ni un solo recluso.

    El mandatario salvadoreño insistió en que la medida tendría que aplicarse sin excepciones, al sostener que mantener a una sola persona en esas condiciones sería “inaceptable”. Incluso recordó que ya había planteado una idea similar a Hillary Clinton tras críticas previas. El mensaje, publicado en X, buscó colocar presión política y exhibir lo que considera una narrativa exagerada sobre su política de seguridad.

    Desde 2022 El Salvador vive bajo régimen de excepción, con más de 91 mil detenidos, de los cuales el propio gobierno ha reconocido al menos 8 mil como inocentes. A esto se suman más de 6 mil 400 denuncias por violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia, mientras informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU advierten que podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad.

  • Al menos 500 muertes en cárceles bajo régimen de excepción de Bukele en El Salvador

    Al menos 500 muertes en cárceles bajo régimen de excepción de Bukele en El Salvador

    Un informe revela que la mayoría de las víctimas no tenía vínculos con pandillas, mientras crecen las denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos.

    Al menos 500 personas han muerto en cárceles de El Salvador desde la implementación del régimen de excepción en 2022, impulsado por el presidente Nayib Bukele, según un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario.

    El reporte advierte que el 90% de las víctimas no tenía perfil de pertenecer a pandillas, lo que pone en duda uno de los principales argumentos del gobierno para justificar las detenciones masivas en el marco de su estrategia de seguridad.

    Además, la organización señala que la cifra real podría ser mucho mayor, alcanzando hasta 2 mil fallecimientos bajo custodia estatal, en un contexto marcado por denuncias de abuso, negligencia médica y condiciones inhumanas en prisión.

    El régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años, ha permitido la captura de decenas de miles de personas sin procesos ordinarios, lo que ha sido cuestionado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

    En este sentido, una comisión de expertos de la ONU acusó recientemente al gobierno salvadoreño de posibles crímenes de lesa humanidad, al considerar que existen patrones sistemáticos de violaciones graves en el sistema penitenciario.

    Testimonios de familiares refuerzan estas denuncias, como el caso de un joven detenido en 2022 que murió meses después en prisión, con signos de presunta tortura, lo que ha intensificado la preocupación global sobre el impacto humanitario de la política de seguridad de Bukele.

  • Acusan crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo el estado de excepción de Bukele

    Acusan crímenes de lesa humanidad en El Salvador bajo el estado de excepción de Bukele

    Un informe acusa de muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y detenciones sin debido proceso durante la estrategia de seguridad de Bukele.

    El Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en El Salvador durante la vigencia del estado de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022

    La medida, instaurada para combatir a las pandillas y reducir la violencia, ha derivado, según el informe presentado, en asesinatos bajo custodia estatal, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias. En el marco del estado de excepción, al menos 403 personas han muerto bajo custodia del Estado, incluidos cuatro menores, entre 2022 y agosto de 2025. 

    El reporte, de 275 páginas, recoge testimonios de más de 1.700 personas y describe prácticas como golpizas, descargas eléctricas, desnudez forzada, privación de alimentos y falta de atención médica en centros penitenciarios. Señala más de 540 casos documentados de desaparición forzada y denuncia que miles de las más de 91.000 personas detenidas fueron encarceladas sin proceso.

    Mientras tanto, el Gobierno salvadoreño rechazó las acusaciones, mientras que el procurador general, René Escobar, aseguró que no existe base jurídica ni fáctica para sostener que el Estado promueve violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, organizaciones han documentado más de 6.400 denuncias de presuntas víctimas. 

    En 2025, El Salvador tuvo sólo 85 homicidios, según datos oficiales, mientras que en 2021, antes de la implementación del estado de excepción,  fueron 1,147 homicidios. No obstante, el dilema viene de que el proceso tiene tintes autoritarios y que persiste la duda de que el proceso de detención sin regular puede derivar en el encarcelamiento de personas inocentes, que sufrirían los abusos y condiciones precarias.

  • El día en que Bukele quería pagar al CJNG por secuestro de líder de la Mara Salvatrucha

    El día en que Bukele quería pagar al CJNG por secuestro de líder de la Mara Salvatrucha

    Una investigación periodística documenta cómo autoridades salvadoreñas ofrecieron hasta un millón de dólares para capturar ilegalmente a un cabecilla marero antes de las elecciones de 2024.

    Una investigación de El Faro destapó una fallida conspiración del gobierno de Nayib Bukele para secuestrar en México a un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cambio de un pago de un millón de dólares.

    De acuerdo con los periodistas Carlos Martínez, Óscar Martínez y Efrén Lemus, el objetivo era Elmer Canales Rivera, alias “El Crook de Hollywood”, integrante de la cúpula de la MS-13, quien fue detenido en México en noviembre de 2023 por una solicitud de extradición y actualmente se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.

    El reportaje señala que la operación fue encomendada a Rafael Eduardo J., alias “Rafa” o “Chafa”, pandillero prófugo desde 2016, quien fungió como intermediario con el gobierno salvadoreño. A cambio de negociar con el CJNG, recibió información de inteligencia, viáticos y la liberación de su hermana, entonces encarcelada.

    Por parte del gobierno, la coordinación habría estado a cargo del inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), quien mantuvo comunicación directa con “Rafa”. El plan incluía simular una venganza personal: el funcionario se haría pasar por empresario afectado por “Crook” para justificar el secuestro.

    La urgencia del operativo, según El Faro, respondía a que Canales Rivera representaba una prueba clave de las negociaciones secretas entre la administración Bukele y las pandillas, previas a la estrategia de seguridad y a las elecciones de febrero de 2024.

    Finalmente, la conspiración nunca se ejecutó. “Rafa” mintió sobre sus supuestos contactos, no habló con el CJNG ni viajó a México. En su lugar, reveló el plan a periodistas y a autoridades estadounidenses, dejando al descubierto uno de los episodios más delicados del gobierno salvadoreño.

  • Sheinbaum y Bukele lideran aprobación ciudadana en América Latina; Venezuela, en el último lugar

    Sheinbaum y Bukele lideran aprobación ciudadana en América Latina; Venezuela, en el último lugar

    Un estudio regional de CB Consultora revela contrastes marcados en la percepción ciudadana: mientras México y El Salvador encabezan la aprobación presidencial, Venezuela registra el mayor rechazo.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se colocan como los presidentes mejor valorados de América Latina, de acuerdo con la más reciente encuesta de CB Consultora Opinión Pública, levantada entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 en 18 países de la región.

    El estudio posiciona a Bukele en el primer lugar del ranking con 72.6% de aprobación y 24.8% de desaprobación. En segundo sitio aparece Sheinbaum, quien alcanza 68.5% de respaldo ciudadano frente a 29.9% de rechazo, perfilándose como una de las figuras políticas con mayor legitimidad en el continente.

    La sorpresa del sondeo es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien ocupa el tercer lugar con 62.1% de aprobación, pese al contexto político adverso en su país. En contraste, la peor evaluación corresponde a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con apenas 23.7% de imagen positiva y un 72.7% de rechazo.

    En los siguientes puestos se ubican Luis Abinader (54.8%) y Rodrigo Chaves (53.2%). En la franja media aparecen Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei, ambos con caídas respecto a mediciones previas.

    Más abajo en la tabla figuran Gabriel Boric, Gustavo Petro y Daniel Noboa, todos con niveles de rechazo superiores al respaldo. El estudio se aplicó a 22 mil 487 personas, con un nivel de confianza del 95%, confirmando una región polarizada y con evaluaciones ciudadanas cada vez más exigentes.

  • Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Fiscalía de El Salvador congela caso por lavado ligado a petróleo venezolano y a Bukele

    Documentos oficiales revelan transferencias millonarias a cuentas vinculadas al presidente salvadoreño, mientras la investigación permanece paralizada desde 2021.

    Una investigación de Bryan Avelar para El País, revela que la Fiscalía General de El Salvador, encabezada por Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de petróleo venezolano, un expediente que involucra transferencias por al menos 3.3 millones de dólares a cuentas vinculadas al presidente Nayib Bukele y a empresas de su grupo familiar, de acuerdo con documentos oficiales del Ministerio Público.

    La indagatoria, iniciada en 2019 durante la gestión del entonces fiscal Raúl Melara, apunta a operaciones financieras del consorcio Alba Petróleos de El Salvador, empresa financiada con recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin embargo, desde la llegada de Delgado a la Fiscalía y el ascenso de Bukele al poder, el expediente no ha registrado avances, según confirmaron exfuncionarios fiscales con conocimiento directo del caso.

    Los documentos señalan que Bukele habría recibido 1.9 millones de dólares a título personal y 1.4 millones adicionales a través de empresas familiares como Starlight y Obermet, provenientes de una firma vinculada al conglomerado Alba. Tras revelaciones periodísticas, el mandatario sostuvo que los recursos correspondían a la venta parcial del canal TVX, aunque admitió que la empresa compradora tenía nexos financieros con Alba Petróleos.

    Alba Petróleos es una sociedad mixta creada en 2006, cuyo 60 por ciento pertenece a PDV Caribe, filial de PDVSA, y ha sido señalada por triangular recursos públicos venezolanos mediante empresas fachada y estructuras financieras opacas.

    La parálisis del caso coincide con la destitución de magistrados y del fiscal Melara en mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó control total de la Asamblea Legislativa. Además, documentos judiciales confirman que Rodolfo Delgado fungió como abogado de Alba Petróleos antes de asumir la Fiscalía, e incluso intentó frenar los allanamientos realizados contra la empresa.

    Investigaciones periodísticas posteriores también revelaron que Delgado recibió pagos directos de Alba Petróleos y tuvo vínculos profesionales con personas investigadas por lavado de dinero y nexos con pandillas, profundizando las dudas sobre la independencia del sistema de justicia salvadoreño.

    Con información de Bryan Avelar para El País.

  • Espía, encierra y exilia: el sello de Bukele contra los periodistas

    Espía, encierra y exilia: el sello de Bukele contra los periodistas

    Más de 50 periodistas salvadoreños han huido por la ofensiva del régimen de Nayib Bukele. Reporteros de El Faro fueron advertidos de un montaje policiaco para encarcelarlos, tras revelar pactos entre el mandatario y pandillas. El espionaje con Pegasus, las órdenes de captura y el desplazamiento forzado muestran el costo de narrar lo que ocurre bajo un presidente con poder absoluto y popularidad desbordada.

    El viacrucis empezó cuando Óscar y Carlos Martínez, reporteros de El Faro, recibieron un mensaje que les cambió la vida: “No vengan. Los van a detener bajando del avión”. La advertencia describía la puerta exacta del aeropuerto y el plan para sembrarles cocaína, detalle que los empujó a salir de Costa Rica directo a México. Aún querían creer que serían dos semanas fuera de casa, una especie de “salida preventiva”, pero esa ilusión se quebró el día en que Óscar entendió que ya no volverían: compró fundas nuevas para su almohada.

    La persecución se desató después de “Las confesiones de Charli”, la serie de entrevistas donde cabecillas de la Barrio 18 narraron con lujo de detalle el pacto que Bukele sostuvo desde 2015 para garantizarse votos en zonas dominadas por pandillas, mientras ellos mantenían su negocio de extorsiones, narcotráfico y control territorial. Tras la publicación, el clima se tensó. El jefe de inteligencia, Peter Dumas, lanzó un mensaje ominoso: “No tiren piedras a quien tiene bombas”. Semanas más tarde, los hermanos Martínez confirmaron que había siete órdenes de arresto listas para ejecutarse contra ellos y otros colegas.

    La ofensiva no se limitó a las detenciones. El equipo supo que 22 de los 30 miembros de El Faro fueron espiados con Pegasus, lo que empujó al medio a mover su operación administrativa a Costa Rica. La maquinaria oficial también fue contra activistas: Ruth López, reconocida defensora de derechos humanos, terminó detenida y encarcelada tras acusaciones fabricadas. El mensaje era claro: cualquiera que resultara incómodo para el régimen pagaría un precio.

    Hoy, 25 periodistas salvadoreños viven desplazados en México, mientras otros buscan refugio en Guatemala o Costa Rica. Siete de ellos ya tramitan su permanencia ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con un trato que describen como excelente. Para muchos, la única alternativa es eso o terminar en el Cecot, la megacárcel de terror del gobierno bukelista. El exilio se volvió la única opción para seguir respirando.

    Aun así, la convicción no se detiene. Carlos Dada resume la promesa del gremio: esto no es claudicación, es resistencia. Narrar El Salvador desde fuera es un reto mayúsculo, especialmente cuando se trata de un presidente con niveles de aprobación que superan incluso a los de sus pares latinoamericanos. Pero los exiliados insisten en hallar la manera de darle la vuelta: contar las costillas al poder, aunque sea desde otra frontera. Porque el verdadero riesgo no es solo la persecución, sino terminar escribiendo para sí mismos mientras el país sigue sin ellos.

    Con información de La Jornada.

  • Salinas Pliego se reúne con Bukele y dice “quiero ser como él” mientras enfrenta juicio por 48 mmdp

    Salinas Pliego se reúne con Bukele y dice “quiero ser como él” mientras enfrenta juicio por 48 mmdp

    El evasor fiscal viajó a El Salvador para hablar de seguridad con Nayib Bukele, mientras el SAT le reclama más de 74 mil millones de pesos en impuestos y su empresa enfrenta 32 litigios.

    El evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele, a quien calificó como “un verdadero capitán de barco”. En redes sociales, el “Tío Richie” aseguró que si él fuera presidente de México, “declararía la guerra a los criminales” y “pondría orden inmediatamente”, todo mientras ignora su propio caos fiscal con el SAT, que le exige 48 mil millones de pesos en impuestos no pagados.

    El encuentro ocurrió en medio del evento internacional sobre bitcóin que se celebra en San Salvador, donde Salinas Pliego fue invitado como ponente. Como buen entusiasta de las criptomonedas, el empresario aprovechó para posar con Bukele, autoproclamado pionero del “primer país bitcoiner del mundo”.

    Ambos comparten una forma de ser que mezcla autoritarismo, egolatría y promesas simplistas, envueltas en un discurso de “orden y libertad” que suele omitir la desigualdad y la rendición de cuentas.

    En su cuenta de X, el dueño de Elektra y Banco Azteca alabó al dictador Bukele y posó sonriente juntó a él, aunque la ironía es evidente: Salinas Pliego pide justicia igualitaria mientras evade pagar miles de millones al fisco.

    En su estilo provocador, el empresario también afirmó que “un país debe manejarse como una empresa”, donde los secretarios de Estado sean tratados como empleados bajo amenaza de despido. Un modelo que suena más a reality show empresarial que a política pública. Mientras tanto, Bukele, con su discurso de “mano dura”, ha llenado cárceles con más de 80 mil detenidos, muchos sin juicio, en nombre de la seguridad.

    La visita de Salinas Pliego ocurre justo cuando en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca resolver los litigios del grupo empresarial. Mientras tanto, el “showman” sigue jugando al candidato virtual y al libertario de caricatura, predicando sobre justicia y transparencia desde su trono de privilegios fiscales.

  • El Salvador prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas

    El Salvador prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas

    La medida busca garantizar el “buen uso del idioma” y evitar lo que el gobierno califica como injerencias ideológicas en la educación.

    El gobierno de El Salvador anunció este jueves la prohibición del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas del país, sumándose a otras medidas que han generado controversia a nivel nacional e internacional. La decisión fue comunicada a través de la cuenta de X del presidente Nayib Bukele, citando un documento firmado por la Ministra de Educación, Karla Edith Trigueros.

    El escrito establece que palabras como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “alumn@”, “jóvenxs” o cualquier deformación lingüística vinculada a ideologías de género quedan estrictamente prohibidas en todos los materiales educativos, libros y comunicaciones oficiales de la cartera de Educación.

    La medida busca consolidar una “comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”, así como proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de influencias que puedan afectar su desarrollo integral.

    El documento llama al cumplimiento obligatorio por parte de todo el personal educativo y refuerza la idea de que la prohibición aplica a todo el sistema educativo público del país. Además, se enmarca dentro de las políticas recientes del gobierno, que incluyen normas estrictas como “cabello adecuado” y “saludo obligatorio”, implementadas apenas hace unos meses.

    Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han cuestionado la medida, señalando que podría limitar la inclusión y la diversidad en la educación. Sin embargo, el gobierno sostiene que se trata de una estrategia para proteger el idioma español y mantener la disciplina en las escuelas públicas.