Por Ricardo Sevilla
Hace unos días, apenas iniciado el ciclo fiscal 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio envuelta en una vertiginosa controversia administrativa, tras la adquisición de una nueva flota de vehículos blindados.
Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum, a finales de la semana pasada, tuvo que salir y elevar una crítica airada.
Los ministros acusaron de recibo, por lo que esta mañana, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tuvo que salir en conferencia de prensa a anunciar la devolución total de las costosas unidades.
Pero analicemos las cosas a fondo: la compra original respondía a protocolos de seguridad estándar para altos funcionarios. No obstante, el análisis de riesgo actual —realizado tras la adquisición— determinó que no existen amenazas activas que justifiquen el despliegue de activos de alta protección. El costo de mantenimiento, combustible y personal especializado de estos vehículos representa una carga millonaria al erario que ahora será cancelada.
Es importante decir que no se trata sólo de un mero movimiento administrativo, sino de una política de “Austeridad Jurisprudencial”. ¿A qué me refiero? A que la devolución de las camionetas lujosas marca un importantísimo presidente en la gestión de recursos del nuevo Poder Judicial, buscando cerrar la brecha de percepción entre los juzgadores y la ciudadanía en un contexto de alta vigilancia social sobre el gasto público.
Históricamente, el auto blindado ha funcionado como un “capelo de cristal” que separa físicamente al funcionario del entorno social. Al renunciar a él, la SCJN busca una rehumanización de la justicia, eliminando los símbolos de estatus y privilegio que alimentan el resentimiento social.
Bien por los ministros, pero no es mérito exclusivo de ellos: tuvo que salir la Presidenta a golpear la mesa y, en cierto sentido, enmendarles la plana.
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