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Etiqueta: Suprema Corte

  • A 17 años de la tragedia, la Suprema Corte busca juzgar a más exfuncionarios por caso de guardería ABC

    A 17 años de la tragedia, la Suprema Corte busca juzgar a más exfuncionarios por caso de guardería ABC

    Un proyecto de la ministra Loretta Ortiz plantea que los delitos derivados del incendio de la Guardería ABC no prescriben cuando las víctimas son niñas y niños, lo que podría reactivar procesos penales contra exfuncionarios.

    A casi 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores y 106 más resultaron heridos en Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dar un paso histórico para combatir la impunidad que ha rodeado el caso. La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá al pleno declarar que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos contra menores de edad son imprescriptibles, lo que abriría la posibilidad de procesar a más exfuncionarios involucrados.

    El proyecto, que será discutido esta semana, sostiene que la magnitud del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 y las fallas en el deber de protección por parte del Estado constituyen violaciones graves a los derechos de la infancia. Bajo este criterio, el paso del tiempo no puede convertirse en un escudo para evitar la rendición de cuentas de quienes pudieron haber tenido responsabilidad en la tragedia.

    La resolución surge a partir del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue vinculado a proceso en 2020 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El exfuncionario argumentó que la acción penal en su contra ya había prescrito desde 2019; sin embargo, tanto un juez federal como ahora la propuesta de la ministra sostienen que los delitos contra niñas y niños no pueden quedar protegidos por los plazos ordinarios de prescripción.

    En su proyecto, Ortiz Ahlf enfatiza que el interés superior de la niñez, respaldado por normas nacionales e internacionales, obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. De aprobarse el criterio, la Corte establecería un precedente relevante para casos donde la negligencia institucional afecte gravemente a menores de edad.

    La tragedia de la Guardería ABC se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México y en símbolo de las consecuencias de la corrupción, la supervisión deficiente y las redes de protección política. Durante años, familiares de las víctimas han denunciado que las investigaciones avanzaron lentamente y que muchos responsables nunca enfrentaron consecuencias penales.

    Si el pleno avala la propuesta, el expediente regresará a un tribunal colegiado para emitir una nueva resolución bajo este criterio. Más allá del aspecto jurídico, la decisión podría representar una nueva oportunidad para que las familias de las víctimas obtengan justicia y para que uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México deje de permanecer en el olvido.

  • Suprema Corte respalda a Profeco: gasolineras que roben litros podrán ser multadas

    Suprema Corte respalda a Profeco: gasolineras que roben litros podrán ser multadas

    La SCJN confirmó que Profeco sí tiene facultades constitucionales para sancionar y cobrar multas a estaciones de servicio que entreguen menos combustible del que cobran a los consumidores.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este martes las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor para imponer sanciones económicas a gasolineras que alteren bombas despachadoras o entreguen menos litros de combustible a los clientes. La decisión representa un nuevo respaldo legal a las acciones de vigilancia contra abusos en la venta de gasolina y diésel en México.

    Por unanimidad, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía y declaró constitucionales los artículos 24, fracción XXVI, y 134 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con ello, la Corte confirmó que Profeco cuenta con facultades para ejecutar y cobrar multas derivadas de irregularidades detectadas en estaciones de servicio.

    El caso se originó luego de que una gasolinera de Guanajuato fuera sancionada por Profeco en 2019, tras descubrirse que uno de sus dispensadores operaba de manera irregular y entregaba menos combustible del que marcaba al consumidor. La empresa buscó tumbar las sanciones mediante un amparo, argumentando que la dependencia federal no tenía atribuciones constitucionales para imponer ese tipo de castigos económicos.

    Sin embargo, tanto un juez de Distrito como posteriormente un tribunal colegiado rechazaron los argumentos de la empresa y mantuvieron vigente la sanción. Finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte, donde el ministro ponente sostuvo que la Constitución sí otorga a Profeco capacidad sancionadora y facultades para ejecutar coactivamente las multas impuestas a establecimientos que incumplan la ley.

  • Reforma judicial dispara productividad de la Suprema Corte: 64% más deliberación y récord histórico de resoluciones

    Reforma judicial dispara productividad de la Suprema Corte: 64% más deliberación y récord histórico de resoluciones

    Con menos sesiones y menos ponencias, el Pleno de la SCJN resolvió 898 asuntos en cuatro meses y consolidó precedentes obligatorios con mayor solidez constitucional.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó que, tras la reforma judicial, su nuevo modelo concentrado en el Pleno elevó de manera significativa la eficiencia del Máximo Tribunal. Entre septiembre y enero, resolvió 898 asuntos en 64 sesiones, con un promedio de 14 casos por sesión, lo que representa una capacidad 5.4 veces mayor frente al esquema anterior al comparar el mismo periodo y tipo de asuntos.

    La Corte destacó que estos resultados se alcanzaron con una estructura más compacta: 20% menos sesiones y 10% menos ponencias, pero con mayor productividad. Tan solo en diciembre de 2025 se resolvieron 159 asuntos en siete sesiones, cifra récord en la historia del tribunal.

    Más deliberación, precedentes más sólidos

    A partir de la reforma, el Pleno —integrado por nueve ponencias— concentra toda la función jurisdiccional, sustituyendo el modelo previo en el que el 89.6% de los casos se resolvía en Salas con solo cinco ponencias. Hoy, el 100% de los asuntos es analizado por el Pleno, lo que implica 64% más perspectivas deliberativas por sentencia.

    Esta transformación ha fortalecido la calidad de los precedentes. Entre las resoluciones recientes destacan la invalidez de requisitos discriminatorios en la Ley del ISSSTE para acceder a pensión por concubinato; criterios con perspectiva de género e interseccionalidad en casos de desaparición forzada; protección a la infancia con discapacidad ante negativas de aseguradoras; y el reforzamiento de libertades como expresión, reunión y protesta social.

    Asimismo, el tribunal fijó criterios sobre libertad religiosa en la expedición de pasaportes, la gravedad del feminicidio en la imposición de penas y la participación política de pueblos indígenas conforme al artículo 2º constitucional.

    Desde la reforma al artículo 94 constitucional, las decisiones aprobadas por mayoría calificada constituyen precedente obligatorio, aun cuando no se traduzcan de inmediato en tesis publicadas en el Semanario Judicial.

    Con información de César Arellano y Néstor Jiménez para La Jornada.

  • Exministros de la Corte se quedaron con camionetas blindadas de lujo pagando solo el 50% de su valor

    Exministros de la Corte se quedaron con camionetas blindadas de lujo pagando solo el 50% de su valor

    Una investigación de Arturo Ángel para Milenio revela que cuatro camionetas Jeep blindadas, adquiridas con recursos públicos, fueron desincorporadas de la SCJN y vendidas a ministros en retiro bajo un esquema legal vigente desde 2013.

    A semanas de concluir su encargo, el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán adquirió dos camionetas blindadas de lujo pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pagando poco más de dos millones de pesos, equivalente a la mitad de su valor original, de acuerdo con una investigación de Arturo Ángel para Milenio.

    Las unidades forman parte de un lote de cuatro camionetas Jeep Grand Cherokee Limited 2020, desincorporadas del patrimonio de la SCJN. Las otras dos fueron adquiridas por la ministra en retiro Margarita Ríos Farjat y el exministro Luis María Aguilar, quienes también pagaron aproximadamente el 50% del precio inicial, conforme a avalúos técnicos.

    Los documentos revelan que tres camionetas contaban con blindaje nivel cinco y una con blindaje nivel tres, todas en óptimas condiciones mecánicas y con bajo kilometraje. En conjunto, los ministros desembolsaron 4 millones 391 mil pesos, frente a un costo original total de 8 millones 551 mil pesos.

    Estas adquisiciones se realizaron al amparo del Acuerdo General de Administración de 2013, que permite a ministros en retiro comprar los vehículos asignados a su cargo dentro de los 30 días previos a su salida. Dicho marco normativo fue confirmado públicamente por ministros en funciones el pasado 26 de enero, tras cuestionamientos sobre el destino de los vehículos.

    Aunque el procedimiento fue legal, el caso ha generado críticas por el uso de recursos públicos y los beneficios otorgados a altos funcionarios al término de su gestión.

    Con información de Arturo Ángel para Milenio.

  • Sheinbaum exhibe recorte a privilegios: ministros de la Corte pasan de 206 mil a 134 mil pesos mensuales

    Sheinbaum exhibe recorte a privilegios: ministros de la Corte pasan de 206 mil a 134 mil pesos mensuales

    La Presidenta reveló la cancelación de seguros, primas y apoyos millonarios que inflaban los ingresos del Poder Judicial en administraciones pasadas.

    En medio del debate por los privilegios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las percepciones netas de las y los ministros se redujeron de 206 mil a 134 mil pesos mensuales, tras la nueva conformación del Órgano de Administración Judicial.

    Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria presentó un reporte oficial que detalla cómo, con la llegada de los nuevos integrantes de la Corte, se eliminaron 59 de los 149 apoyos extraordinarios que existían en la integración anterior. Sheinbaum subrayó que estos beneficios no respondían a criterios de austeridad ni de justicia salarial, sino a una estructura de privilegios sostenida por años.

    Entre las cancelaciones más relevantes se encuentra el Seguro de Separación Individualizada, que representaba 523 mil pesos, así como el seguro de gastos médicos mayores, valuado en 36 mil pesos. Además, el aguinaldo de los ministros pasó de 585 mil a 377 mil pesos, un ajuste que refleja, dijo, el nuevo enfoque de responsabilidad en el uso de recursos públicos.

    El informe también expone la eliminación de la prima de riesgo, que ascendía a 639 mil 917 pesos y ahora es de cero pesos. A ello se suman recortes en medicinas complementarias, que alcanzaban un millón 953 mil pesos; chequeos médicos privados por 35 mil 966 pesos; y el apoyo para alimentos, que en conjunto superaba los 5 millones 341 mil pesos.

    Sheinbaum sostuvo que estas medidas confirman que el proceso de transformación también alcanza al Poder Judicial, y reiteró que nadie debe ganar más ni vivir con lujos financiados por el erario, mientras millones de mexicanos enfrentan carencias. El mensaje, dejó claro, es que la austeridad republicana no es discurso, sino política pública.

  • Ministros renuncian a bunkers con ruedas

    Ministros renuncian a bunkers con ruedas

    Por Ricardo Sevilla 


    Hace unos días, apenas iniciado el ciclo fiscal 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se vio envuelta en una vertiginosa controversia administrativa, tras la adquisición de una nueva flota de vehículos blindados. 

    Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum, a finales de la semana pasada, tuvo que salir y elevar una crítica airada.

    Los ministros acusaron de recibo, por lo que esta mañana, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tuvo que salir en conferencia de prensa a anunciar la devolución total de las costosas unidades.

    Pero analicemos las cosas a fondo: la compra original respondía a protocolos de seguridad estándar para altos funcionarios. No obstante, el análisis de riesgo actual —realizado tras la adquisición— determinó que no existen amenazas activas que justifiquen el despliegue de activos de alta protección. El costo de mantenimiento, combustible y personal especializado de estos vehículos representa una carga millonaria al erario que ahora será cancelada.

    Es importante decir que no se trata sólo de un mero movimiento administrativo, sino de una política de “Austeridad Jurisprudencial”. ¿A qué me refiero? A que la devolución de las camionetas lujosas marca un importantísimo presidente en la gestión de recursos del nuevo Poder Judicial, buscando cerrar la brecha de percepción entre los juzgadores y la ciudadanía en un contexto de alta vigilancia social sobre el gasto público.

    Históricamente, el auto blindado ha funcionado como un “capelo de cristal” que separa físicamente al funcionario del entorno social. Al renunciar a él, la SCJN busca una rehumanización de la justicia, eliminando los símbolos de estatus y privilegio que alimentan el resentimiento social.

    Bien por los ministros, pero no es mérito exclusivo de ellos: tuvo que salir la Presidenta a golpear la mesa y, en cierto sentido, enmendarles la plana.

  • SCJN garantizará certeza jurídica y Estado de Derecho: Yasmín Esquivel

    SCJN garantizará certeza jurídica y Estado de Derecho: Yasmín Esquivel

    La ministra afirmó que las resoluciones de la Corte se emitirán con responsabilidad, justicia social e independencia, en diálogo con la industria de la radio y la televisión.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será garante del Estado de Derecho y brindará seguridad jurídica mediante resoluciones responsables, apegadas a la ley y con un enfoque de justicia social, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Mossa durante un encuentro con el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

    En la reunión, realizada en la Ciudad de México, la ministra subrayó que el máximo tribunal del país mantiene un compromiso firme con la legalidad, la independencia judicial y la protección de los derechos, elementos indispensables para la estabilidad institucional y el desarrollo democrático.

    Esquivel Mossa reconoció el papel de las televisoras y radiodifusoras en la vida pública nacional, al destacar su labor para mantener informada a la población con oportunidad, y llamó a los concesionarios a continuar ejerciendo su función con profesionalismo, ética y veracidad, en beneficio de la sociedad.

    Durante el diálogo, representantes de la industria expusieron diversas inquietudes relacionadas con el desarrollo del sector, el cual cuenta con una cobertura superior al 95% de la población y registra los niveles más altos de consumo entre los medios de comunicación masiva en México.

    Por su parte, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, agradeció la invitación del presidente de la SCJN y la participación de ministras y ministros. Señaló que para preservar las inversiones y los miles de empleos que genera la industria de la radio y la televisión, es indispensable contar con una Suprema Corte que escuche a todos los sectores y emita sentencias apegadas a Derecho, con plena independencia y certeza jurídica.

    El encuentro refrendó la importancia del diálogo institucional entre el Poder Judicial y los sectores productivos, en un contexto donde la certeza legal es clave para el desarrollo económico y la confianza social.

  • No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada

    No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo. El caso detonante fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala. La FGR intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.

    Cabe mencionar que la impugnación de la FGR —promovida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero— fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.

    Aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52. Y es que la ministra Lenia Batres sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”. Esto significa que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto, pero por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.

    Algunos especialistas sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles. Y si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna. La “Cosa Juzgada”, en ese sentido, es el ancla que evita el caos jurídico.

    El rechazo de siete ministros al párrafo 52 muestra una resistencia interna contra la posibilidad de abrir juicios pasados.

  • SAT fija ultimátum a Salinas Pliego para saldar adeudo fiscal millonario; solo le queda esta semana

    SAT fija ultimátum a Salinas Pliego para saldar adeudo fiscal millonario; solo le queda esta semana

    El evasor fiscal tiene cinco días hábiles para cubrir más de 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte dejó firmes las resoluciones fiscales.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego cuenta con esta semana para liquidar un adeudo fiscal superior a los 51 mil millones de pesos, luego de que las resoluciones que ordenan el cobro quedaron firmes tras ser avaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el procedimiento se apega estrictamente a la ley y aclaró que, si existe voluntad de pago, el contribuyente podría solicitar un ajuste en las sentencias, el cual —de acuerdo con la normatividad— podría alcanzar hasta un 39 por ciento, siempre bajo criterios legales y no discrecionales.

    Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que la semana pasada se enviaron los requerimientos de cobro a las empresas del dueño de Grupo Salinas, y que el jueves se realizó la notificación formal, por lo que el plazo legal ya está corriendo.

    “A partir de que surte efectos la notificación, el Código Fiscal de la Federación establece un plazo de cinco días hábiles, que corresponden a esta semana”, precisó el funcionario, dejando claro que no hay prórrogas automáticas ni tratos especiales.

    El caso ha cobrado relevancia pública luego de que la SCJN desechó los recursos legales promovidos por el empresario, confirmando la procedencia del cobro y cerrando la puerta a nuevas impugnaciones. Desde el gobierno federal se ha insistido en que nadie está por encima de la ley y que el combate a la evasión fiscal es una prioridad para fortalecer las finanzas públicas.

    La administración federal ha reiterado que los recursos recuperados por este tipo de acciones se destinan principalmente a programas sociales, salud, educación y obras públicas, sin necesidad de incrementar impuestos, sino fortaleciendo la recaudación y combatiendo prácticas irregulares.

  • SAT notifica a Salinas Pliego tras fallo de la Corte; Sheinbaum descarta persecución política

    SAT notifica a Salinas Pliego tras fallo de la Corte; Sheinbaum descarta persecución política

    El gobierno federal confirmó que el empresario ya fue requerido formalmente para cubrir sus adeudos fiscales, luego de que la Suprema Corte desechó sus recursos legales y dio la razón al SAT.

    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal ya notificó formalmente a Ricardo Salinas Pliego para que cubra los adeudos fiscales que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó sus recursos legales y ratificó la resolución de un tribunal que falló a favor de la autoridad fiscal.

    Durante la Mañanera del Pueblo desde Ecatepec, Estado de México, la mandataria precisó que el proceso se encuentra en la fase administrativa correspondiente y ahora se espera la respuesta del empresario. “Ya se notificó y estamos esperando su respuesta”, señaló.

    Sheinbaum explicó que, conforme a la ley, las empresas involucradas en litigios fiscales deben acercarse al SAT para definir el mecanismo de pago, el cual puede realizarse incluso en parcialidades, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la autoridad hacendaria.

    En ese contexto, la presidenta rechazó tajantemente las acusaciones de Salinas Pliego, quien ha señalado que las resoluciones judiciales obedecen a una supuesta persecución política. “No hay persecución política ni violación de derechos. Se trata de un requerimiento fiscal derivado de una resolución definitiva de la Corte, que determinó que su amparo no era procedente”, afirmó.

    La mandataria subrayó que su gobierno mantendrá una política de respeto al Estado de derecho, en la que nadie esté por encima de la ley, y reiteró que las decisiones del Poder Judicial deben cumplirse sin excepciones, independientemente del perfil económico o político de los contribuyentes involucrados.