Ariadna Montiel aseguró que los exgobernadores panistas buscan blindar políticamente a Ernesto Ruffo Appel, mientras insistió en que las investigaciones deben resolverse en los tribunales y no en reuniones partidistas.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, criticó la reunión realizada en Guadalajara, donde el expresidente Vicente Fox y un grupo de exgobernadores del PAN expresaron su respaldo a Ernesto Ruffo Appel, al considerar que se trató de un intento por desacreditar las investigaciones en su contra. La dirigente sostuvo que el encuentro no aportó pruebas para refutar las indagatorias, sino únicamente declaraciones de respaldo político.
A través de un comunicado, Montiel afirmó que la reunión “no es una defensa desinteresada del Estado de derecho”, sino un acto de protección de la llamada “vieja mafia del poder” para absolver políticamente a Ruffo antes de que concluya el proceso judicial. Señaló que los panistas recurrieron a expresiones como “meto las manos al fuego”, sin presentar elementos que desmintieran las investigaciones relacionadas con Ingemar, empresa en la que participaba el exgobernador de Baja California.
La dirigente morenista también rechazó la narrativa que, dijo, pretende presentar a Ruffo Appel como uno de los fundadores de la democracia mexicana. Aseguró que la llegada del PAN al gobierno de Baja California en 1989 marcó el inicio de acuerdos entre las cúpulas panistas y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por lo que acusó que hoy los mismos grupos buscan proteger a uno de sus integrantes.
Montiel añadió que el encuentro encabezado por Vicente Fox refleja la continuidad de las alianzas políticas entre el PAN y el PRI, al señalar que antes se reunían para negociar el poder y ahora para respaldar a un exgobernador investigado. En ese sentido, afirmó que la trayectoria política o la amistad entre dirigentes no pueden sustituir el trabajo de la Fiscalía ni las decisiones de los tribunales.
Finalmente, subrayó que Ernesto Ruffo Appel no es investigado por su militancia panista, sino por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles vinculada con Ingemar. Recordó que la investigación se originó tras el aseguramiento de 129 carrotanques con alrededor de 15 millones de litros de combustible, y sostuvo que exigir que un personaje con poder responda ante la justicia no constituye persecución política, sino la aplicación de la ley.
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