Una comisión de investigación de la ONU acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en Cisjordania, además de señalar que continúan actos genocidas en Gaza pese al alto el fuego. Sin embargo, las denuncias, condenas y llamados al respeto del derecho internacional por parte de la Organización no han conseguido detener la violencia.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas denunció que las fuerzas israelíes han cometido exterminio, tortura, violencia sexual y ataques contra civiles palestinos en los territorios ocupados. El informe también advierte sobre la destrucción de viviendas y el desplazamiento forzado, prácticas que, según la investigación, forman parte de una estrategia más amplia contra la población palestina.
Las cifras expuestas en el documento dimensionan la gravedad de la situación: entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2026, 1,080 palestinos murieron y 10 mil 940 resultaron heridos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a manos de fuerzas israelíes. Además, las operaciones militares iniciadas en enero de 2025 provocaron el desplazamiento de más de 34 mil personas, mientras una operación reciente en Hebrón habría obligado a unas 2 mil a abandonar sus hogares.
En Gaza, la comisión sostiene que continúan actos genocidas pese al alto el fuego anunciado en octubre de 2025. De acuerdo con el informe, hasta el 30 de septiembre de 2026 los ataques israelíes posteriores a la tregua habían causado casi 1,500 muertes y más de 5 mil personas heridas. Las denuncias también señalan el uso de armamento pesado en zonas densamente pobladas y ataques que han afectado a mujeres y menores.
Pero mientras la ONU acumula informes, condenas y llamados para que Israel cese las agresiones, la violencia continúa y las medidas anunciadas no han logrado garantizar la protección de la población palestina. La crítica inevitable es qué capacidad real tiene el organismo para hacer cumplir el derecho internacional si sus advertencias son ignoradas una y otra vez. Denunciar es necesario, pero, frente a una crisis que sigue cobrando vidas, la comunidad internacional también enfrenta el desafío de convertir sus pronunciamientos en mecanismos efectivos de rendición de cuentas y protección civil.
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