La crisis del proceso de admisión 2026 de la UNAM escaló a un nuevo nivel luego de que miles de aspirantes que sí obtuvieron un lugar rechazaran someterse al “examen de control”, al considerar que la institución pretende corregir sus errores trasladando las consecuencias a quienes cumplieron con las reglas.
La crisis provocada por el proceso de admisión 2026 a la UNAM sigue exhibiendo una preocupante cadena de decisiones improvisadas. Ahora, miles de aspirantes que fueron aceptados mediante el examen virtual se niegan a presentar una segunda evaluación presencial, argumentando que la universidad pretende poner en duda un resultado que ella misma validó. Su reclamo es sencillo: si ya fueron declarados seleccionados, no corresponde a ellos pagar el costo de las fallas institucionales.
La polémica estalló después de que la comisión encargada de revisar el proceso recomendara aplicar un examen de control a cerca de 58 mil aspirantes, de los cuales casi 22 mil ya habían sido aceptados. Aunque la Rectoría insiste en que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de un mecanismo para verificar que quienes obtuvieron los mejores resultados realmente realizaron la prueba sin ayuda externa, la medida ha sido interpretada por muchos jóvenes como una descalificación anticipada y una presunción de culpabilidad sin pruebas individuales.
Lo ocurrido refleja un problema mucho más profundo que un simple error. pues la UNAM terminó atrapada entre dos grupos de aspirantes inconformes: quienes denuncian irregularidades que los dejaron fuera y quienes exigen que se respeten los resultados que ya les otorgaron un lugar. En ambos casos, la universidad proyecta la imagen de una institución incapaz de garantizar un proceso de admisión transparente, confiable y técnicamente sólido, generando incertidumbre para decenas de miles de jóvenes cuyo futuro académico quedó sujeto a decisiones cambiantes.
Si la máxima casa de estudios no contaba con la certeza de que un examen virtual podía desarrollarse con absoluta integridad, nunca debió convertirlo en el eje de su proceso de admisión. Hoy, en lugar de asumir plenamente las consecuencias de una estrategia que mostró graves debilidades, la solución parece consistir en trasladar la carga a los propios aspirantes, incluso a quienes ya habían sido reconocidos como ganadores del proceso. En una institución que presume excelencia académica, la confianza en sus mecanismos de selección debería ser incuestionable, no un asunto que termine resolviéndose con nuevas pruebas, protestas y un desgaste innecesario para quienes solo buscaban ejercer su derecho a estudiar.
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