El exfutbolista seguirá en prisión preventiva mientras avanza el juicio, debido a la gravedad del delito y riesgos procesales identificados por la autoridad.
Un juez determinó que el exdelantero Omar Bravo deberá continuar en prisión preventiva, tras rechazar la solicitud de su defensa para llevar el proceso en libertad. El exjugador enfrenta acusaciones por abuso sexual infantil agravado, por lo que permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el juicio.
La resolución se sustenta en la gravedad del delito y en la evaluación de riesgos procesales, por lo que el juzgador consideró que no existen condiciones para modificar la medida cautelar. De esta forma, Bravo podría permanecer en prisión hasta por dos años, mientras avanzan las etapas del proceso penal.
De acuerdo con las investigaciones, el exfutbolista habría cometido abusos en múltiples ocasiones contra una adolescente, quien era hija de su entonces pareja, lo que agrava la acusación conforme a la legislación vigente. Los hechos habrían ocurrido meses antes de su detención en octubre de 2025 en Jalisco.
La Fiscalía de Jalisco también señaló que existen indicios sobre posibles casos adicionales, por lo que las indagatorias continúan abiertas. Tras su captura, Bravo fue presentado ante un juez de control, quien inicialmente dictó la prisión preventiva oficiosa como medida para garantizar su permanencia en el proceso.
Con la reciente ratificación de esta medida, el caso entra en una fase clave donde se desahogarán pruebas, testimonios y peritajes que determinarán la responsabilidad penal del exjugador, quien fuera figura de equipos como Chivas, Cruz Azul y la Selección Mexicana.
Una investigación con más de 60 entrevistas revela testimonios de mujeres que denuncian agresiones y conductas inapropiadas del fallecido líder sindical.
Diversas mujeres han presentado denuncias por abuso sexual y conductas inapropiadas contra César Chávez, figura histórica del movimiento campesino en Estados Unidos y fundador del sindicato “Unión de Campesinos”. Los testimonios salieron a la luz tras décadas en una investigación publicada por The New York Times, la cual reúne más de 60 entrevistas y documentos históricos que detallan los señalamientos ocurridos.
Las denunciantes señalan que la posición de liderazgo de Chávez influyó en sus decisiones en el momento de los hechos. Los casos descritos habrían ocurrido en oficinas sindicales, eventos y viajes. Entre los testimonios destaca el de Dolores Huerta, cofundadora del sindicato, quien afirmó haber sufrido agresiones sexuales en la década de 1960, incluyendo situaciones de presión y actos sin consentimiento dentro de una relación jerárquica.
Otros testimonios incluyen los de mujeres que eran menores de edad al momento de los hechos. Ana Murguia relató que los abusos comenzaron cuando tenía 13 años en instalaciones del complejo “La Paz”, lo que derivó en afectaciones a su salud mental. Por su parte, Debra Rojas denunció tocamientos inapropiados desde los 12 años y un encuentro sexual a los 15 en el contexto de actividades sindicales. También Esmeralda López señaló una propuesta de carácter sexual en 1988 vinculada a apoyo profesional,la cual rechazó.
Tras la difusión de la investigación, organizaciones como el sindicato UFW y la Fundación César Chávez anunciaron medidas como la cancelación de actos conmemorativos y la apertura de canales confidenciales para recibir testimonios. Asimismo, actores políticos emitieron posicionamientos, mientras que la familia de Chávez expresó respeto hacia las denunciantes y solicitó privacidad.
El decreto publicado amplía la definición de abuso sexual y clarifica el concepto de consentimiento. Las sanciones para los agresores se mantienen y se añaden medidas de prevención y reparación integral para las víctimas.
El Diario Oficial de la Federación dio a conocer un nuevo decreto que reforma el Código Penal Federal en México. Esta iniciativa, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la respuesta legal ante el abuso sexual. La reforma, aprobada por el Congreso en febrero y que entra en vigor el 14 de marzo, redefine el delito de abuso sexual.
Con la nueva normativa, se considera abuso sexual a cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento de la víctima. Esto incluye tocamientos, exhibiciones y cualquier acción que implique la coerción de la víctima a mostrar su propio cuerpo.
Un aspecto clave de esta reforma es la clarificación del consentimiento. Ahora, se establece que el consentimiento no se puede asumir por el silencio, la inacción o la falta de resistencia. Además, queda claro que el consentimiento es inválido si ha sido obtenido mediante amenazas, violencia o engaño.
Las penas para quienes cometan este delito se mantienen entre tres y siete años de prisión, junto con multas económicas significativas. Pero el decreto también introduce medidas educativas para los agresores, obligándolos a participar en talleres enfocados en la igualdad de género y el respeto hacia las mujeres.
Otra novedad importante es que el delito se perseguirá de oficio. Esto significa que las autoridades pueden actuar sin necesidad de una denuncia previa de la víctima. Las circunstancias que aumenten la gravedad de la pena también fueron definidas de manera más clara. Por ejemplo, si el agresor tiene una relación de confianza con la víctima, la pena puede incrementarse.
Además, si quienes cometen el delito son funcionarios públicos o profesionales, podrán ser destituidos e inhabilitados para ejercer. Se contempla también la obligación de reparar integralmente el daño a la víctima, lo que incluye atención psicológica hasta que haya una recuperación completa.
Con esta reforma, México da un paso adelante en la lucha contra el abuso sexual, buscando no solo castigar a los agresores, sino también apoyar a las víctimas en su proceso de sanación.
Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia incluyen el testimonio de una mujer que asegura que Jeffrey Epstein la llevó con Trump cuando era menor; la Casa Blanca rechaza las acusaciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó nuevos documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, los cuales incluyen acusaciones no corroboradas contra el presidente Donald Trump por parte de una mujer que asegura haber sido víctima de abuso cuando era menor de edad.
Los archivos recién divulgados forman parte de interrogatorios realizados por agentes federales a la presunta víctima, quien fue entrevistada en cuatro ocasiones. Sin embargo, previamente solo se había difundido una de esas declaraciones, en la cual no se mencionaba al actual mandatario estadounidense.
En los testimonios ahora revelados, la mujer afirma que Epstein la trasladó a Nueva York cuando tenía entre 13 y 15 años, donde la llevó a un “edificio muy alto” y la presentó con Donald Trump. Según su relato, el empresario habría intentado abusar sexualmente de ella.
La denunciante relató que, durante el presunto ataque, mordió a Trump para defenderse, tras lo cual —según su versión— el entonces magnate reaccionó violentamente y ordenó a su personal expulsarla del lugar.
Ante la difusión de los documentos, la Casa Blanca rechazó categóricamente las acusaciones. La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, calificó las declaraciones como “acusaciones completamente infundadas y sin ninguna prueba creíble”.
El caso ha reavivado la controversia en Washington, donde legisladores republicanos y demócratas exigen más explicaciones sobre la tardía publicación de los archivos del caso Epstein. De hecho, integrantes del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aprobaron citar a la fiscal responsable del proceso para esclarecer por qué algunos documentos fueron retenidos.
La polémica surge luego de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley que obligaba a divulgar completamente los archivos del caso Epstein, fijando como fecha límite el 19 de diciembre. No obstante, el Departamento de Justicia incumplió el plazo y comenzó a liberar los documentos hasta finales de enero, lo que generó fuertes críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El tribunal impuso una de las penas más altas en Tamaulipas tras acreditarse abusos reiterados entre 2021 y 2024, siendo la víctima hija de su pareja sentimental.
Un tribunal de juicio oral en Tampico dictó una sentencia de 172 años y nueve meses de prisión contra Eduardo “R” por los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en perjuicio de una adolescente.
Además se estableció el pago de una multa superior a 26 mil pesos y la reparación del daño por más de 76 mil pesos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, el agresor era pareja sentimental de la madre de la víctima y, mediante amenazas, cometió los abusos en repetidas ocasiones entre el 20 de julio de 2021 y el 2 de septiembre de 2024.
Los hechos ocurrieron de manera sistemática hasta que la adolescente decidió denunciar la situación ante las autoridades. La entonces agente del Ministerio Público, Gabriela Silva Carrizales, integró la carpeta de investigación y presentó pruebas que el tribunal consideró contundentes para acreditar la responsabilidad del acusado.
Aunque se incorporan agravantes como abuso de poder, uso de sustancias, y se elimina cualquier interpretación del silencio como consentimiento, la disminución de penas ha generado críticas y abrió la puerta a nuevas propuestas para endurecer las sanciones.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición legal de abuso sexual para asegurar que el consentimiento sea claro y explícito. Sin embargo, el pleno redujo las penas de prisión a quién cometa el delito.
La reforma, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal para describir el abuso sexual de manera más amplia, donde se establece que el delito comprende “cualquier acto sexual realizado sin consentimiento”, lo que incluye tocamientos, caricias o exhibiciones sexuales, y que el silencio, la ausencia de resistencia física o la pasividad nunca podrán interpretarse como consentimiento.
También se aclara que no hay consentimiento cuando la voluntad ha sido anulada por violencia, intimidación, engaño, amenazas o abuso de autoridad. Señalando que con esta definición más precisa, se evitan “vacíos legales que históricamente han favorecido la impunidad”.
Entre las agravantes establecidas se incluyen el abuso de poder, el uso de drogas o alcohol para anular la voluntad de la víctima y el hecho de que el agresor sea servidor público, profesionista o ministro de culto. Además, la reforma dispone que el delito se perseguirá de oficio.
Sin embargo, la reforma aprobada también redujo el rango de penas de prisión, pasando de una sanción de 6 a 10 años a un nuevo rango de 3 a 7 años, lo que fue defendido por la mayoría bajo el argumento de evitar el “populismo punitivo”. Se sostiene que las penas pueden incrementarse cuando se acrediten agravantes.
Por su parte, el Partido del Trabajo (PT), anunció su intención de presentar una iniciativa para elevar las sanciones, al considerar que las agravantes establecidas no compensan suficientemente la reducción y que la modificación podría enviar un mensaje ambiguo sobre la gravedad del delito.
La Iglesia Católica en Estados Unidos ha enfrentado una serie de acuerdos multimillonarios por casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otros miembros del clero, que suman miles de millones de dólares en compensaciones para víctimas, tras décadas de denuncias, se han expuesto sistemáticas falencias institucionales y de protección.
La Diócesis Católica Romana de Camden, en el sur de Nueva Jersey, acordó pagar 180 millones de dólares como parte de un plan de quiebra para resolver demandas por abusos sexuales de clérigos que datan de hace décadas. El acuerdo, que aún requiere aprobación del tribunal, llegó luego de años de resistencia por parte de la diócesis y de la flexibilización de los plazos de prescripción que permitió reabrir casos antiguos.
En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles acordó un pago récord de 880 millones de dólares a más de mil víctimas, cifra que elevó sus desembolsos totales a más de 1 500 millones tras acuerdos anteriores con sobrevivientes de abusos.
La Arquidiócesis de Nueva Orleans, una de las más antiguas del país, se declaró en bancarrota en 2020 ante más de 500 demandas presentadas tras la eliminación de plazos de prescripción en Louisiana, y en diciembre de 2025 logró un acuerdo aprobado por un juez federal para pagar al menos 230 millones de dólares.
Los casos de abuso sexual por parte del clero católico en Estados Unidos han implicado no sólo la comisión de delitos graves, sino también esfuerzos institucionales por encubrir, trasladar o silenciar a los acusados, lo que generó que las víctimas enfrentaran enormes obstáculos para acceder a la justicia.
Las demandas han obligado a múltiples diócesis a solicitar quiebras para manejar el volumen de reclamaciones, haciendo visibles las profundas fallas de protección dentro de las instituciones religiosas del país.
Sin embargo, estas transacciones no sustituyen la exigencia de responsabilidad moral y judicial plena, ni garantizan cambios estructurales efectivos más allá de las indemnizaciones. Los procesos han privilegiado soluciones contables y financieras sobre medidas de transparencia, expulsión de abusadores y reformas internas profundas que impidan la repetición de estos crímenes.
La reforma aprobada por unanimidad eleva penas por abuso sexual, persigue de oficio delitos clave y cierra vacíos legales que favorecían la impunidad.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas contra la violencia de género que endurece sanciones, persigue de oficio delitos sexuales y precisa conceptos fundamentales como acto sexual y consentimiento, con el objetivo de cerrar brechas legales y fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
Entre los cambios centrales, se incrementa la pena mínima por abuso sexual de dos a cuatro años de prisión, con multas de hasta 113 mil pesos, y se establece como reparación del daño obligatoria la atención psicológica especializada para la víctima, además de la asistencia del agresor a talleres de reeducación con perspectiva de género. La reforma define el acto sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, evitando interpretaciones discrecionales.
También se incorpora el consentimiento como eje del acto sexual, el cual puede retirarse en cualquier momento. Se aclara que el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no constituyen consentimiento cuando exista intimidación, amenazas, abuso de confianza o autoridad, o situación de vulnerabilidad.
El paquete legal persigue de oficio el “grooming” —acoso sexual contra menores mediante medios tecnológicos—, crea el tipo penal de violencia familiar entre pareja y amplía la violencia familiar para sancionar conductas en relaciones de noviazgo. Además, faculta al Ministerio Público para dictar medidas de protección en casos de violencia vicaria y solicitar su ratificación judicial.
Al presentar el dictamen, la diputada Cecilia Badillo Obregón (Morena) reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayando que la reforma responde al abuso cotidiano en espacios públicos, transporte, escuelas, centros laborales y el hogar. Destacó que “no quedará a la interpretación de ningún juez machista”, al cubrir vacíos que favorecían la impunidad.
Finalmente, se endurecen sanciones en la Ley de Cultura Cívica por vejaciones, intimidación o maltrato dentro del ámbito familiar, al advertir que estas conductas pueden escalar a violencias más graves.
El Senado aprueba cambios clave para definir y castigar el abuso sexual. Ahora, el silencio de la víctima no cuenta como consentimiento, y las autoridades investigarán sin necesidad de denuncia formal.
El Senado aprobó una reforma importante este martes, pues los senadores cambiaron los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. Todos los 97 votos apoyaron la medida. Esto ocurre un mes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentara acoso en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La nueva ley pone el consentimiento en el foco principal. Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó el cambio, y aseguró que ya basta de excusas como el silencio o la falta de resistencia, pues muchas víctimas se congelan por miedo o intimidación. La reforma reconoce eso y protege a quienes viven esa realidad dura.
Un acto sexual ahora incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones explícitas, dado que ya la ley define el abuso sexual como cualquier acto sin consentimiento y sin llegar a la cópula. Esto aplica en espacios públicos o privados, además de que la víctima puede verse obligada a observar o realizar el acto sobre el agresor, un tercero o ella misma.
Además, el delito se persigue por oficio, ya que las autoridades iniciarán la investigación sin una denuncia formal. Gina Campuzano, senadora, compartió una visión personal, pues añadió que quien vive violencia sabe que el cuerpo se bloquea por miedo. La ley ahora reconoce esa reacción humana y común.
Las sanciones incluyen de tres a siete años de prisión, así como una multa de 200 a 500 veces el valor diario de la UMA, lo que equivale a unos 56 mil 570 pesos. Estas penas buscan disuadir a los agresores y apoyar a las víctimas en su recuperación.
La pena sube hasta nueve años en casos graves. Por ejemplo, si usan violencia física o psicológica o si actúan dos o más personas, o en caso de lugares aislados o poco accesibles. La relación con la víctima agrava el castigo, como parentesco, lazos sentimentales, laborales o educativos.
Otros agravantes incluyen abusos por funcionarios públicos o ministros de culto, y en caso de que la víctima esté bajo efectos de alcohol, fármacos o narcóticos, la pena aumenta. Lo mismo aplica si está embarazada.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un conjunto de reformas que buscan reforzar la protección y la atención a mujeres que enfrentan violencia en la Ciudad de México. Se trata de cambios al Código Penal y a diversas leyes locales que endurecen sanciones por violencia familiar, acoso y abuso sexual, además de incorporar nuevas obligaciones para hoteles y establecimientos con el fin de prevenir delitos de género.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Durante el anuncio, Brugada explicó que una de las prioridades es diferenciar claramente la violencia familiar de la violencia de género, para dejar de ocultar las agresiones contra mujeres dentro de un concepto general que dificulta su denuncia y posterior seguimiento. Motivo por el que afirmó que la ciudad debe nombrar la violencia, sancionarla y garantizar que ninguna agresión quede en silencio.
📹 #Vídeo | Esta mañana la Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), presenta las iniciativas en contra de la violencia de género que presentará al Congreso capitalino. pic.twitter.com/44ucGdJ7g4
De igual manera, la mandataria recordó que gran parte de los ataques sexuales ocurre dentro del entorno familiar, por lo que insistió en romper la idea de que “lo privado” debe quedarse puertas adentro. También refrendó su compromiso con los 10 acuerdos nacionales presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia contra las mujeres, destacando que la ciudad ya trabaja en ocho de ellos.
La Jefa de Gobierno (@ClaraBrugadaM) asegura que todas las manifestaciones de ideas son bienvenidas a la Ciudad de México pero hace un llamado a que estas sean pacíficas, principalmente hoy que es el dia de erradicación contra la Violencia de Género y para ello no debe haber… pic.twitter.com/5CbdNlkq6t
Entre las reformas planteadas se incluye la tipificación autónoma del acoso sexual digital, reconociendo que la violencia también se ejerce en espacios virtuales. Además, se impulsa la creación de procesos de reeducación para agresores, junto con sanciones económicas y penales.
Brugada explicó que en la CDMX, 7 de cada 10 victimas por violencia familiar, son mujeres, además alertó que se estima que el 57% de las capitalinas han sufrido violencia en su contra. pic.twitter.com/rY6i8X1xf5
Respecto a los establecimientos mercantiles y turísticos, el gobierno propone nuevas reglas para prevenir feminicidios, trata y violencia sexual dentro de hoteles y moteles. Las medidas contemplan sistemas obligatorios de videovigilancia conectados al C5, botones de emergencia, registros confiables de huéspedes, capacitación con perspectiva de género para el personal y protocolos de actuación ante señales de riesgo. También se exigirá registrar la relación entre adultos y menores que ingresen a estos lugares, así como el uso de identificación oficial válida.
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Las multas se elevarán y podrían llegar a la clausura temporal o definitiva en casos de reincidencia o delitos graves, incluidos feminicidios, transfeminicidios, trata infantil o violencia relacionada. En situaciones extremas, podría aplicarse la extinción de dominio.
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La fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, acompañó la presentación y destacó que estos cambios permitirán fortalecer la investigación y sanción de delitos contra mujeres. Además, subrayó la disminución de feminicidios en los últimos años y el incremento en órdenes de aprehensión por violación.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
La consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, explicó que la reforma fue construida en coordinación con dependencias, cámaras empresariales y representantes del sector turístico, dado que más del 15% de feminicidios registrados en la ciudad han ocurrido en hoteles.
El paquete de reformas fue también respaldado por legisladoras, entre ellas la diputada Cecilia Vadillo, quien aseguró que desde el Congreso local se dará acompañamiento para su aprobación. Con estas medidas, el gobierno capitalino busca avanzar hacia una ciudad donde las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo.
