Una balacera la mañana de este jueves en la alcaldía Cuauhtémoc vislumbró un panorama preocupante donde la extorsión y los robos están a la orden del día mientras su alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, prefiere hacer tiktoks mostrando como, supuestamente, arregla baches.
La mañana de este jueves, la colonia Juárez no despertó con el aroma del café de especialidad, sino con el olor a pólvora.
Un operativo “quirúrgico” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para capturar a presuntos extorsionadores en la calle Río Ebro terminó en una balacera que dejó un policía herido y cuatro detenidos.
El mensaje es claro: en la Cuauhtémoc, los criminales ya no solo cobran piso, ahora también disparan.
Mientras tanto, desde la oficina de la alcaldía se insiste en la narrativa de “limpiar el desastre heredado”, pero los datos duros no se editan como videos de 30 segundos.
De enero a octubre de este año, la Cuauhtémoc registró 614 delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta de toda la capital, muy por encima del promedio de la Ciudad de México, que ronda los 274, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A ello se suman las denuncias recientes de locatarios del Mercado 2 de Abril, en la colonia Guerrero, quienes acusan cobros de piso de hasta 30 mil pesos de entrada, pagos mensuales de 5 mil y hasta un “aguinaldo” criminal de 15 mil pesos.
Una economía paralela que florece mientras la autoridad posa para la cámara.
Rojo de la Vega ha sido señalada por priorizar su branding personal sobre una estrategia de seguridad real, territorial y permanente. Y la balacera de este jueves vuelve a evidenciar lo que ya se percibe a simple vista: a los delincuentes no les intimidan los discursos motivacionales ni los TikToks bien iluminados.
La ciudadanía de Cuauhtémoc reclama una alcaldesa que camine la calle y enfrente al crimen, no una que la use como escenografía para sus redes sociales.
La instalación de tótems metálicos en la alcaldía Cuauhtémoc, liderada por Alessandra Rojo de la Vega, se encuentra bajo escrutinio por falta de transparencia en su costo y contratos.
En el centro de la Ciudad de México, una nueva instalación metálica ha capturado la atención de transeúntes y políticos por igual. Diez tótems metálicos, diseñados con inspiración en la famosa escultura de la Diana Cazadora, se han levantado en las aceras, camellones y parques de la alcaldía Cuauhtémoc, pero su llegada no ha estado exenta de polémica.
Ante la solicitud de la información sobre los costos y contratos de estos nuevos elementos urbanos, la Unidad de Transparencia de la alcaldía declaró que no posee documentación relacionada con estos tótems para el año fiscal 2025, a pesar de que su presencia ya es evidente en muchos lugares.
La preocupación principal gira en torno a la opacidad de este proyecto: no se han presentado permisos ni un desglose claro de gastos, lo que ha levantado sospechas entre vecinos, quienes se preguntan por el verdadero propósito y beneficio de estas estructuras. Además, los congresistas de la Ciudad de México han exigido explicaciones detalladas sobre estos gastos.
Este debate no ocurre en el vacío, pues hace solo unos meses, Rojo de la Vega ordenó el retiro de una escultura de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro en la colonia Tabacalera, lo que provocó una ola de críticas y reclamaciones. Este antecedente ha exacerbado la desconfianza pública hacia las intervenciones en el espacio urbano.
Además, la disputa política no se limita a los tótems, pues los legisladores de Morena cuestionan otras acciones de Rojo de la Vega, promoviendo medidas para fiscalizar su gestión. Los vecinos y líderes comunitarios también se han sumado a la discusión, preguntando por qué se destinan fondos significativos a un proyecto cuya utilidad es incierta.
Este episodio en la Cuauhtémoc pone de manifiesto la necesidad de transparencia en el manejo de recursos públicos, especialmente en una demarcación tan diversa y vibrante. Claridad y diálogo podrían ser las claves para resolver las tensiones actuales y asegurar una administración más abierta y efectiva.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acumula señalamientos por despidos injustificados, presunta opacidad en contratos y operativos de “mano dura” contra comerciantes.
A poco más de un año de haber asumido la titularidad de la alcaldía Cuauhtémoc, la gestión de Alessandra Rojo de la Vega se ha consolidado no solo por sus denuncias contra administraciones pasadas, sino por una serie de controversias internas y externas que han marcado su ejercicio.
El estilo de gobierno, caracterizado por represón y operativos sin aviso previo, ha generado un clima de tensión constante con sindicatos, comerciantes y adversarios políticos, quienes acusan a la alcaldesa de autoritarismo y de utilizar el aparato administrativo con fines de revancha o control político.
Conflicto laboral y acusaciones de despidos masivos injustificados
El escándalo más persistente de su administración ha sido el conflicto laboral con el personal de base y sindicalizado de la demarcación.
Bajo la bandera de combatir la corrupción y la figura del “aviador” heredado de gestiones anteriores, Rojo de la Vega implementó una reestructuración de personal que se tradujo, de acuerdo a denuncias sindicales, en la separación o reubicación forzosa de cientos de trabajadores.
Los empleados afectados han acusado a la alcaldesa de realizar despidos injustificados por motivos políticos, argumentando que las bajas se concentraron en personal con afiliación o simpatía hacia el partido opositor que gobernó la demarcación previamente.
Estas decisiones han derivado en múltiples manifestaciones, paros laborales y la interrupción de servicios, lo que ha puesto en evidencia la inestabilidad interna en el funcionamiento operativo de la alcaldía.
Uso de recursos y señalamientos por presunta opacidad
Su administración ha enfrentado críticas por el manejo discrecional de recursos. Un foco de controversia ha sido la contratación y adjudicación de servicios de seguridad privada y vigilancia.
Se ha señalado una presunta falta de transparencia en la selección de proveedores para estos servicios, sugiriendo que los montos contratados no siempre se justifican con la mejora real de la seguridad en la demarcación.
Una investigación realizada por Los Reporteros Mx reveló graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras. La alcaldesa presumió los “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación. Entre estos estaban la instalación de 51 mil luminarias, adquisición de 53 patrullas nuevas y recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas. Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Choques por el reordenamiento urbano y abuso de autoridad
La política de “mano dura” en el reordenamiento del espacio público ha sido otra fuente constante de escándalos.
Los operativos de desalojo de comerciantes informales, especialmente en las colonias Juárez, Centro, y Tepito, han sido frecuentes y polémicos. Comerciantes ambulantes y organizaciones vecinales han denunciado que estos operativos se llevan a cabo con exceso de fuerza, intimidación y sin agotar las vías de diálogo o de reubicación formal.
En varios incidentes documentados, se han reportado confiscaciones de mercancía y enfrentamientos directos entre el personal de la alcaldía y los vendedores, lo que ha escalado las tensiones sociales.
Y como si todo lo anterior no bastara para el expediente de escándalos, recientemente la alcaldesa “invitó amablemente” a comerciantes de La Lagunilla a formar parte de la famosa marcha de la supuesta Generación Z, ese evento que buscó venderse como espontáneo pero que tuvo más producción que un espectáculo del Ajusco.
Incluso se señaló que la movilización habría sido financiada para quedar bien con su conocido aliado, Ricardo Salinas Pliego. Un cierre digno para una administración que, en vez de gobernar, parece empeñada en competir por el premio a la mejor telenovela política del año.
Al final, Alessandra Rojo de la Vega parece empeñada en demostrar que, si no puede gobernar con resultados, al menos puede gobernar con escándalos. Su administración avanza como sus operativos: sin aviso, sin consenso y con más ruido que claridad. Rojo de la Vega domina el espectáculo, lástima que la alcaldía no necesita una influencer, sino una administradora.
La gestión de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc se ha visto empañada por la opacidad en la adquisición de su nuevo parque vehicular de seguridad.
La administración de Rojo de la Vega presumió, a través de un gran despliegue mediático, la integración de supuestamente 53 nuevas unidades tipo patrullas.
Sin embargo, una investigación realizada por LosReporteros Mx revela graves contradicciones, omisiones y una evidente manipulación de cifras.
Entre acusaciones de ser víctima de una “cacería política”, Alessandra Rojo de la Vega ha defendido los “logros” de su gestión. No obstante, existe una baja percepción de resultados reales, lo que ha obligado a su equipo a maquillar las cifras para justificar lo que la alcaldesa no logra explicar.
El 8 de noviembre de 2025, por ejemplo, Rojo de la Vega presentó su primer informe de Gobierno ante una audiencia convocada en el Frontón México.
Acompañada por figuras como el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, la alcaldesa presumió, entre otros puntos, los siguientes “logros” que beneficiarían, según ella, a los más de 545 mil habitantes de esa demarcación:
Instalación de 51 mil luminarias.
Adquisición de 53 patrullas nuevas.
Recuperación de 20 mil metros cuadrados de vía pública.
Pero la alcaldesa de oposición olvidó mencionar un detalle fundamental: las patrullas no son propiedad de la alcaldía; son arrendadas.
Por si fuera poco, documentos oficiales de la propia alcaldía se contradicen sobre el número exacto de unidades y su costo real.
Documentos emitidos por la alcaldía Cuauhtémoc vía Transparencia, y firmados por Erick Herrera Martell, director de la Unidad de Transparencia, revelan que la administración maquilló las cifras, dejando al aire varios millones de pesos provenientes de la renta del parque vehicular.
En un primer documento oficial, la alcaldía admitió haber arrendado (no comprado) 44 patrullas, incluyendo 28 motocicletas KTM.
La alcaldía afirmó haber gastado 8 millones 730 mil 565 pesos por las 44 unidades, una cifra que es matemáticamente imposible si se utiliza su propio desglose de rentas mensuales.
De hecho, la suma correcta de los once meses, basada en sus propios datos de renta, asciende a más de 10 millones de pesos, lo que abre una duda que taladra a los habitantes de la demarcación: ¿cuál fue el destino y la justificación de ese presupuesto?
Lo escandaloso no es solo el error de suma, sino que el discurso de la alcaldesa, que presume luchar por la justicia presupuestaria, se contradice con una realidad administrativa costosa: el arrendamiento de vehículos con opción a compra o devolución es un mecanismo que genera jugosas ganancias para automotrices y financieras.
Y es que, al término de su gestión, la alcaldía Cuauhtémoc se quedará sin las patrullas o, peor aún, deberá erogar más dinero para comprarlas, dejando un pasivo a la siguiente administración.
Pero eso no es todo.
Un segundo documento, también firmado por Erick Herrera, agrava la situación al contradecir al primer documento y duplicar el costo.
Dicho documento afirma que se adquirieron 53 unidades tipo patrulla (9 más que la cifra anterior). Y afirma que el costo total fue de 20 millones 319 mil 26 pesos.
Por si fuera poco, el proceso de adquisición es todo un enigma. Y es que la administración de Rojo de la Vega no se molesta en aclarar si se llevó a cabo un proceso de licitación pública.
Existe una diferencia de 11 millones 588 mil 461 pesos entre el gasto reportado en el primer documento (asumiendo los 8.7 millones) y el segundo documento (20.3 millones). Y asoma la negra duda: ¿La renta o adquisición de las otras nueve unidades costó más de once millones de pesos, duplicando el gasto por apenas un 20% más de unidades?
Lamentablemente, a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega parece no importarle aclarar estas flagrantes contradicciones financieras. Y tampoco parece importarle la opinión de quienes gobiernan. Y es que el 57.7% de los habitantes mayores de 18 años en Cuauhtémoc manifiestan sentirse inseguros.
El alcalde de Miguel Hidalgo se encuentra en medio de una tormenta política. Las tensiones con Morena ponen en jaque su liderazgo y la confianza de quienes lo eligieron.
La turbulencia rodea al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, luego de que Morena pidiera su separación temporal. Las acusaciones por organizar la marcha de la “Generación Z” han encendido el debate político. Mientras tanto, Tabe se mantiene firme, negándose a ceder a lo que describe como acoso político.
El conflicto se desató tras la marcha del 15 de noviembre. Durante esta, los enfrentamientos dejaron un saldo alarmante: 100 policías heridos, 20 ciudadanos lesionados y 40 detenidos. La reacción de Morena fue inmediata, apuntando a Tabe y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, como supuestos instigadores.
El senador de Morena, Adán Augusto López, fue claro al señalar la presunta participación de Tabe. Las acusaciones no se detuvieron ahí. En el Congreso local, los legisladores morenistas rodearon a Rojo de la Vega, sosteniendo carteles que acusaban abiertamente. Para Tabe, este ambiente se asemeja a un “linchamiento sin diálogo”, lo cual lo ha llevado a evitar su comparecencia presupuestal.
Además, el problema se exacerbó cuando el 26 de noviembre, Tabe denunció cambios inesperados en la sede de la reunión presupuestal. Señaló restricciones de acceso para sus colaboradores y la prensa, describiendo la situación como una táctica de intimidación. Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto, argumentó que la decisión de cambiar la sede fue para evitar que Tabe transformara la sesión en un espectáculo.
La posición de Tabe es clara: no se dejará doblegar. Sin embargo, el conflicto no solo lo afecta a él. También pone en juego el voto de confianza de los más de 137 mil ciudadanos que respaldaron su gestión. La solicitud de Morena para que se separe del cargo, mientras se investigan los hechos, deja claro que la tensión no cederá pronto. La sombra de la controversia sigue presente, cuestionando cada paso del alcalde en su camino político.
Lo que presenciamos hace unos días en la supuesta “Marcha de la Generación Z” no fue una protesta, sino una operación política con fines de desestabilización.
A través de diferentes investigaciones periodísticas, ha salido a la luz que la organización de estas movilizaciones, que se presumen independientes, en realidad, ha sido operada por un grupo de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX, un sector que históricamente ha estado asociado a redes de poder y, en ocasiones, a episodios de violencia.
Los nombres de ciertos personajes, vinculados al PRI y al PAN, llaman poderosamente la atención:
El primero de ellos es Rubén Jiménez Barrios, líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI en la CDMX. Este sujeto es identificado como el principal operador de la marcha que dejó a más de 100 policías heridos. La antigüedad de Jiménez Barrios en el control del comercio informal y sus vínculos con hechos de violencia, en el pasado, lo colocan como una figura clave en la logística de este tipo de acciones.
Hay comerciantes que señalan que fueron obligados a participar, y que, de hecho, la orden de que acudieran a la marcha provino directamente de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
A esto, desde luego, hay que sumar que Edson Andrade Lechuga, uno de los principales impulsores de la marcha de la “Generación Z”, fue contratado directamente por el Partido Acción Nacional, en febrero de 2025, y a quien le fueron pagados más de 2 millones de pesos.
Pero eso no es todo.
También hay funcionarios activos de las alcaldías y miembros del PAN señalados por coordinar directamente las acciones violentas.
Uno de los señalados es Roberto Arceo Trujillo, subdirector B en la alcaldía Miguel Hidalgo y miembro de una organización de comerciantes. Este personaje, de acuerdo con los señalamientos de los propios comerciantes, habría coordinado a diferentes grupos de golpeadores para confrontar a la policía capitalina. Lo más preocupante es su estrecha relación con el panista Mauricio Tabe, titular de la alcaldía Miguel Hidalgo. Las imágenes son absolutamente reveladoras y evidencian la constante presencia de Roberto Arceo Trujillo en eventos públicos y reuniones en nombre de la alcaldía.
Otro de los personajes señalados es Alberto González Mancilla, quien protagonizó el acto de saltar la valla en el Zócalo y llegar a Palacio Nacional.
Este sujeto es identificado como un trabajador en el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en la CDMX. Por si fuera poco, Alberto González Mancilla, que fue candidato a consejero regional y capacitador electoral del PAN, no tiene ningún empacho en exhibir una militancia activa en el Partido Acción Nacional.
Todo se conecta. Todo es evidente.
Lamentablemente, el caso de la “Marcha de la Generación Z” ilustra la perniciosa persistencia de redes clientelares y el uso político de grupos de choque por parte del PRI y del PAN, en la Ciudad de México.
Infelizmente, a los líderes de ese partido, a Jorge Romero y Alejandro Moreno, no les importan las graves consecuencias que han tenido sus acciones en contra de la democracia y la legitimidad de la protesta social.
Aunque la protesta puede haber contenido demandas juveniles legítimas, la infiltración y el liderazgo de operadores políticos y grupos clientelares desvirtúan su carácter social.
El dato de que comerciantes fueron obligados a acudir por la alcaldesa de Cuauhtémoc revela un mecanismo de movilización inducida típico del clientelismo político.
Es terrible que el control sobre el comercio informal (licencias, permisos, espacios) sea utilizado como una herramienta de coacción para asegurar la asistencia a eventos políticos o, en este caso, la participación en acciones de protesta.
Una cosa queda clara: este evento no fue ningún movimiento espontáneo. Lamentablemente, ha sido una prueba más de la instrumentalización de la precariedad económica para funestos fines partidistas.
La comunidad cubana en México exigió la reinstalación de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, retiradas de la alcaldía Cuauhtémoc, y rechazó la propuesta de Alessandra Rojo de la Vega de fundirlas para erigir un monumento en honor a Carlos Manzo.
La comunidad cubana en México reaccionó a la propuesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien planteó fundir las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara para construir un nuevo monumento dedicado a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.
La Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí” calificó la iniciativa como parte de “planes siniestros” y reiteró su exigencia de que ambas piezas sean devueltas y reinstaladas en el espacio público del que fueron retiradas. El grupo detalló que tenía prevista una reunión con el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (COMAEP), cita que finalmente no ocurrió.
“El objetivo es indagar sobre la situación de las estatuas de Fidel y el Che y seguir en la batalla por la devolución, reinstalación y, sobre todo, impedir los siniestros planes de la alcaldesa”, expresó la asociación.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el tema ya está siendo revisado por el gobierno capitalino. Recordó que la Secretaría de Cultura envió un oficio sobre las esculturas cuando fueron retiradas, y que ahora corresponde a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dar seguimiento.
Rojo de la Vega ha defendido públicamente que las figuras representan a “dictadores y asesinos”, y sostuvo que Manzo merece un homenaje visible en la Ciudad de México.
Mientras tanto, las estatuas permanecen resguardadas por la alcaldía Cuauhtémoc, en medio de una disputa política y simbólica que continúa escalando.
Alessandra Rojo de la Vega enfrenta acusaciones de coacción. Videos revelan amenazas a comerciantes para forzar su asistencia a marchas. Ella niega todo, pero la polémica crece.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, niega cualquier vínculo con el bloque negro en marchas. Ella asegura que no financia nada ilegal.
Desde el inicio de la comparecencia, el clima fue tenso. Diputados de Morena levantaron carteles con denuncias en contra de la alcaldesa, lo que provocó una confrontación directa. En lugar de calmar la situación, Rojo de la Vega optó por responder con afirmaciones de que no había financiado actos de violencia, aunque sus opositores pedían pruebas tangibles.
Además, ella pide más presupuesto para su alcaldía. Rojo de la Vega reclama un aumento del 85 por ciento. La funcionaria argumenta que el modelo actual ignora la realidad de millones de personas.
Ahora, videos recientes exponen un lado oscuro. Un clip muestra a un ayudante de la alcaldesa amenazando a elementos de seguridad. Él grita “van a morir” en una convocatoria, creando un ambiente violento en las protestas.
Además de eso, acusan a su equipo de presionar a vendedores. Su administración obliga a asistir a la marcha de Generación Z. Si no van, pierden permisos o apoyos. Familias humildes sienten el miedo en sus hogares y mercados por estas amenazas.
Rojo de la Vega desmiente estas coacciones. La alcaldesa mantiene su postura y reafirma que nunca obliga a nadie. Pero los videos que circulan en redes generan dudas. La gente de la demarcación busca respuestas claras de quien se supone debe velar por sus intereses.
En el debate, ella defiende el resguardo de estatuas. Rojo de la Vega guarda las de Fidel Castro y el “Che” Guevara. La panista culpa a pasadas administraciones corruptas. Los vecinos esperan decisiones justas sobre estos símbolos.
Al final, la alcaldesa habla de prosperidad. Ella quiere pasar de la miseria a algo mejor, pero las acusaciones empañan su imagen. Los ciudadanos merecen mayor transparencia en el poder.
Legisladores de Morena acusan a las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo de usar recursos públicos para movilizar a grupos que detonaron la violencia durante la manifestación de la Generación Z.
El Congreso de la Ciudad de México encendió las alertas al señalar directamente a los alcaldes panistas Alessandra Rojo de la Vega y Mauricio Tabe por presuntamente financiar y movilizar grupos violentos en la marcha de la Generación Z. De acuerdo con Morena, ambos habrían utilizado recursos públicos y presión política sobre comerciantes para llevarlos a la protesta del sábado, donde se registraron agresiones a policías y daños en la vía pública.
En medio de la polémica, Rojo de la Vega subió a sus redes una fotografía acompañada del mensaje: “éstos deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos… no los detenidos tras los desmanes”, lo que elevó aún más la tensión en el debate legislativo.
Tras más de cuatro horas de discusión, el pleno aprobó un exhorto para que la Contraloría y la Fiscalía capitalina profundicen en las investigaciones, y pidió que ambos alcaldes se separen del cargo mientras avanzan las pesquisas. También se planteó crear una comisión especial que dé seguimiento a los hechos violentos.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, advirtió que estas conductas podrían derivar en juicio político, al revelar los nombres de operadores que supuestamente movilizaron a comerciantes mediante amenazas de retirarles sus espacios de venta. Entre ellos, destacaron figuras ligadas al PRI y al PAN, señaladas por coordinar agresiones o intentar romper cercos de seguridad en el Zócalo.
El exhorto —rechazado obviamente por el PAN— también llamó a las dirigencias nacionales de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a condenar la violencia registrada en la manifestación.
Con información de Sandra Hernández para La Jornada
