Etiqueta: Amparo

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.

  • No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada

    No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo. El caso detonante fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala. La FGR intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.

    Cabe mencionar que la impugnación de la FGR —promovida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero— fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.

    Aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52. Y es que la ministra Lenia Batres sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”. Esto significa que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto, pero por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.

    Algunos especialistas sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles. Y si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna. La “Cosa Juzgada”, en ese sentido, es el ancla que evita el caos jurídico.

    El rechazo de siete ministros al párrafo 52 muestra una resistencia interna contra la posibilidad de abrir juicios pasados.

  • Amparo obliga al gobierno a revelar fecha exacta de detención de Zhenli Ye Gon

    Amparo obliga al gobierno a revelar fecha exacta de detención de Zhenli Ye Gon

    Un juez federal consideró que el dato solicitado es clave para garantizar el debido proceso en el caso del empresario, preso en el Altiplano por delitos de alto impacto.

    Zhenli Ye Gon obtuvo un amparo que obliga al Estado mexicano a entregarle la fecha exacta en la que fue detenido en Estados Unidos, información que, de acuerdo con un juez federal, es “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal” que enfrenta tanto en aquel país como en México.

    La resolución fue emitida por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, quien determinó que la información solicitada durante meses a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser proporcionada al quejoso. Actualmente, Ye Gon se encuentra recluido en el Cefereso No. 1, Altiplano.

    Aunque el fallo no precisa públicamente cuál es la trascendencia jurídica específica del dato, el juzgador subrayó que contar con esta información es fundamental para que el acusado tenga las herramientas necesarias para enfrentar el poder punitivo del Estado, especialmente en un proceso penal de alta complejidad.

    Zhenli Ye Gon fue detenido en julio de 2007 en Estados Unidos y entregado a México en octubre de 2016, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Su caso alcanzó notoriedad internacional luego de que autoridades mexicanas aseguraran 207 millones de dólares en efectivo en una de sus residencias ubicadas en Lomas de Chapultepec.

    En su resolución, el juez sostuvo que las autoridades señaladas debieron canalizar la solicitud directamente al juez del proceso penal, ya que la información forma parte del expediente y es relevante para resolver la situación jurídica del procesado. De no hacerlo, señaló, se vulnera el artículo 17 constitucional, que obliga a todas las autoridades a privilegiar la justicia sustantiva sobre formalismos administrativos.

    Con información de La Jornada

  • Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya en caso Agronitrogenados

    Tribunal niega amparo a Emilio Lozoya en caso Agronitrogenados

    La justicia federal confirmó que la reparación parcial del daño por parte de Alonso Ancira no exime al ex director de Pemex de responder por presunto lavado de dinero y corrupción.

    El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal rechazó otorgar el amparo a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien buscaba suspender el proceso en su contra por la compra irregular de la planta Agronitrogenados. Lozoya alegaba que el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya había cubierto la reparación del daño, beneficiándolo indirectamente.

    El magistrado Ezequiel Altamirano Roches explicó que la solidaridad entre coimputados no puede asumirse automáticamente: “Debe garantizarse la totalidad de la reparación del daño, y Ancira aún no ha completado los pagos pactados”. Hasta ahora, Ancira ha cubierto alrededor de 110 millones de dólares de los 216 millones comprometidos.

    La FGR mantiene que Lozoya habría recibido un soborno de 3.4 millones de dólares de Ancira para facilitar la compra de la planta por 275 millones de dólares, dinero que posiblemente destinó a la compra de una residencia en Lomas de Bezares, CDMX, valuada en 34 millones de pesos.

    La negativa del amparo permitirá que se celebre la audiencia intermedia, reabierta por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en marzo de 2024, donde se definirá la imputación formal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Altamirano Roches aclaró que Lozoya aún conserva la posibilidad de acceder a acuerdos reparatorios, pero la protección judicial no depende de los pagos parciales de Ancira.

    Si no se completa la reparación del daño total, Lozoya podría enfrentar nuevamente la detención, mientras la justicia mexicana continúa evaluando su participación en la compra irregular de la planta y el presunto lavado de dinero.

  • Contralmirante Farías insiste en un nuevo amparo para frenar orden de captura

    Contralmirante Farías insiste en un nuevo amparo para frenar orden de captura

    El exalto mando de la Semar, señalado por liderar una red de huachicol fiscal, busca detener la acción penal pese a ser considerado prófugo desde agosto.

    El contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada y de encabezar una red de huachicol fiscal, promovió un nuevo juicio de amparo para intentar frenar la orden de aprehensión vigente en su contra. El militar, prófugo desde agosto, busca evitar ser capturado por los presuntos delitos vinculados al tráfico ilegal de hidrocarburos.

    El recurso fue presentado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México y dirigido a la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Farías reclamó la orden de arresto y cualquier acto que pudiera afectar su libertad. Sin embargo, el juez Rubén Darío Noguera Gregoire le dio cinco días para aclarar su demanda, precisando exactamente qué actos desea combatir; de no hacerlo, el amparo será desechado.

    Este no es su primer intento. Hace unos meses, el contralmirante ya había promovido otro amparo, pero fue rechazado por la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, quien negó la suspensión definitiva al considerar que no había materia legal para otorgarla.

    La situación de Farías se agravó en noviembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó nuevamente una orden de aprehensión, luego de que el marino faltara por segunda ocasión a una comparecencia ante un juez federal del Altiplano. La FGR busca acusarlo formalmente de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

    Farías Laguna fue señalado como pieza clave en una red que permitió el contrabando de millones de litros de combustible desde Estados Unidos mediante 32 barcos. En septiembre, 14 integrantes de esta estructura —incluyendo a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como empresarios aduanales y funcionarios de Aduanas— fueron detenidos y vinculados a proceso por delincuencia organizada e ilícitos relacionados con hidrocarburos.

    Con información de César Arellano para La Jornada

  • FGR desestima amparo y reafirma la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez

    FGR desestima amparo y reafirma la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez

    La FGR confirma que perseguirá a exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco por sus vínculos con el crimen organizado.

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha desestimado el amparo presentado por Hernán Bermúdez Requena. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aclaró que esta medida legal no detendrá la orden de aprehensión en su contra.

    Bermúdez enfrenta serias acusaciones por su supuesta participación en delitos como la delincuencia organizada y secuestro agraviado. Las evidencias apuntan a que estuvo involucrado en actividades ilícitas que afectaron gravemente la seguridad pública en Tabasco, por lo que la FGR continúa trabajando para asegurar su captura y llevarlo ante la justicia.

    La FGR también reafirmó su compromiso en la lucha contra la impunidad: “No habrá protección legal que impida que los responsables rindan cuentas”, destacó en un comunicado. Con esta postura, el gobierno federal envía un claro mensaje: no tolerará la corrupción ni el crimen organizado.

    Este caso ha captado la atención pública por la conexión del exfuncionario con operaciones criminales. Las autoridades mantienen un monitoreo constante para impedir cualquier intento de eludir la justicia. La lucha sigue firme, y la sociedad espera respuestas firmes de las instituciones encargadas de protegerla.

  • Hernán “N” busca anular su orden de aprehensión mediante un amparo

    Hernán “N” busca anular su orden de aprehensión mediante un amparo

    Hernán “N” enfrenta serios cargos, pero intenta eludir la justicia con un amparo. Su historia revela la complejidad de la lucha contra el crimen en México.

    Hernán ‘N’, más conocido como El Abuelo, ha logrado un amparo que le da un respiro frente a las autoridades. Este exsecretario de seguridad de Tabasco, que supuestamente lidera “La Barredora” , busca anular su orden de aprehensión por secuestro y delincuencia organizada.

    La Fiscalía General de la República (FGR) aún no captura a El Abuelo, a pesar de una orden emitida por un juez federal. El juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite el amparo solicitado por El Abuelo el 25 de septiembre. Aunque no aclaró si detuvo la orden de captura.

    El Abuelo, quien fue expulsado de Paraguay, ahora enfrenta múltiples cargos en México. Entre ellos, se destaca su supuesta participación en delitos graves como la extorsión y el tráfico de personas. Su grupo criminal, “La Barredora”, ha crecido en poder a través de alianzas y disputas territoriales, especialmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Recientemente, un juez en Tabasco otorgó a El Abuelo una suspensión definitiva que protege su casa. Esta medida impide que las autoridades la aseguren o destruyan. El juez exige que el inmueble permanezca intacto, lo que le da un respiro en medio de la presión legal.

    Las investigaciones sobre su organización revelan un trasfondo de violencia y criminalidad en Tabasco. La Barredora no solo se involucra en el tráfico de drogas, sino también en el control de antros y bares. Su lucha por el territorio se intensifica, mientras buscan fortalecer sus operaciones en la región.

    El futuro de El Abuelo sigue siendo incierto. Con la justicia pisándole los talones, su estrategia parece ser de resistencia y evasión. Este caso refleja la batalla constante entre las autoridades y el crimen organizado en México.

  • La SCJN protege los derechos de una madre y su hijo

    La SCJN protege los derechos de una madre y su hijo

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga un amparo para garantizar la pensión de viudez y orfandad a una familia de Veracruz.

    En una decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a un amparo que beneficia a una madre y su hijo en Veracruz. La Ministra Yasmín Esquivel fue clave en esta resolución que destaca los derechos sociales.

    El caso, reflejado en el Amparo Directo en Revisión 4551/2025, aborda la pensión de viudez y orfandad. La Corte determinó que las normas de la Ley del Seguro Social, vigentes desde 1973, no ponen en riesgo el sistema de seguridad social. Esta ley sostiene que las pensiones deben calcularse según las semanas cotizadas por el trabajador fallecido. Así, se busca proteger los derechos de las familias.

    La Ministra Esquivel argumentó que la ley no discrimina. En su contenido, se presentan diferentes criterios para acceder a una pensión según el tipo de incapacidad del trabajador. La SCJN concluyó que esto respeta el derecho a la igualdad.

    El amparo se otorgó con atención al interés superior del menor, considerado fundamental en este tipo de decisiones. La SCJN pidió al Tribunal Laboral Federal tener en cuenta todas las semanas cotizadas por el trabajador, incluyendo las inscripciones retroactivas. Este paso es vital para determinar si se logra el requisito de 150 semanas para obtener la pensión deseada.

    La decisión de la Corte ofrece esperanza y resguardo a las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido.

  • Senado realizará audiencias públicas sobre reforma en materia de amparo

    Senado realizará audiencias públicas sobre reforma en materia de amparo

    Foros del 29 y 30 de septiembre permitirán escuchar especialistas y sociedad civil, aunque la oposición advierte riesgos de simulación y falta de inclusión real.

    El Senado de la República aprobó la realización de audiencias públicas sobre la reforma en materia de amparo, con el objetivo de recopilar opiniones de expertos y representantes de organizaciones sociales antes de discutir la iniciativa presidencial. Los foros se llevarán a cabo los próximos 29 y 30 de septiembre, lo que obligó al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, a posponer la aprobación de la reforma prevista para los primeros días de la semana entrante.

    El PAN confirmó su participación en los debates, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) anunció que asistirá pero organizará un foro paralelo el lunes para conocer directamente el sentir ciudadano. Por su parte, el PRI rechazó el mecanismo, calificándolo de “simulación” y expresó que las audiencias fueron convocadas de manera exprés y sin voluntad real de escuchar voces críticas.

    López Hernández defendió la decisión de realizar las audiencias, señalando que aunque las propuestas son perfectibles, desde su perspectiva no se requieren cambios de fondo, pero se debe garantizar la expresión de opiniones de distintas comisiones. El acuerdo resalta que estos foros buscan reducir la polarización y fortalecer el marco jurídico del amparo, promoviendo un debate sustentado en argumentos legales y experiencias prácticas.

    Sin embargo, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que las audiencias podrían convertirse en un acto simbólico donde Morena imponga su mayoría, mientras Clemente Castañeda de MC insistió en la necesidad de un debate amplio que permita corregir posibles deficiencias de la reforma.

    Analistas señalan que la convocatoria exprés y la organización improvisada ponen en riesgo la inclusión de voces críticas y podrían limitar la construcción de consensos verdaderos, cuestionando la transparencia y seriedad del ejercicio legislativo.

    Las audiencias se perfilan como un primer paso formal para la revisión de la reforma en amparo, pero la oposición y la sociedad civil mantienen reservas sobre la autenticidad del proceso y la posibilidad de modificaciones sustantivas antes de su aprobación.

    Con información de Georgina Salieran y Andrea Becerril para La Jornada