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Etiqueta: Amparo

  • SCJN rechaza atraer amparo de Fofo Márquez tras agresión a mujer

    SCJN rechaza atraer amparo de Fofo Márquez tras agresión a mujer

    Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó no atraer el amparo interpuesto por el creador de contenido, quien busca anular su sentencia por tentativa de feminicidio.

    -Mateo Segura

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió rechazar la atracción del amparo directo promovido por la defensa del influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido en el entorno digital como Fofo Márquez. Con este recurso legal, el creador de contenido buscaba anular o reducir la sentencia a 17 años y seis meses de prisión que le fue dictada en enero de 2025 por el delito de tentativa de feminicidio.

    El caso había llegado al máximo tribunal después de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito solicitara su intervención para establecer criterios claros sobre cuándo una agLaresión física debe ser considerada formalmente como tentativa de feminicidio. Tras la negativa de las autoridades, el procedimiento judicial continuará su curso en el tribunal correspondiente y la condena impuesta permanecerá vigente.

    El proceso en su contra inició tras su detención en abril de 2024 por haber agredido a una mujer de nombre Edith en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan. Además de la pena privativa de la libertad que cumple actualmente en el penal, el juzgado ordenó el pago de una multa superior a los 277 mil pesos como medida de reparación del daño.

  • Niegan amparo a Omar Bravo; seguirá su proceso en penal de Puente Grande

    Niegan amparo a Omar Bravo; seguirá su proceso en penal de Puente Grande

    Un juez de Distrito negó el amparo que la defensa de Omar Bravo, exfutbolista de Chivas y de la Selección Mexicana, quien había promovido contra el auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. 

    Con esta resolución, el exdelantero continuará en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande, en Jalisco, mientras avanza su proceso penal.

    Este era el último recurso legal que le quedaba pendiente por resolver al exjugador, luego de que en abril pasado se le negara otro amparo con el que buscaba enfrentar el juicio bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

    El proceso contra Omar Bravo comenzó en octubre de 2025, cuando fue detenido en Zapopan por elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia. 

    La acusación en su contra es por abuso sexual infantil agravado, derivada de una denuncia presentada por una menor de edad, identificada como su exhijastra durante el tiempo en que sostuvo una relación con la madre de la presunta víctima. 

    Posteriormente, en abril de 2026, un juez de control ya había resuelto prorrogar la prisión preventiva por seis meses adicionales, dejando dicha medida vigente al menos hasta el 5 de octubre de 2026, una vez concluido el periodo de investigación complementaria. 

    Daniela Bravo, hermana del exfutbolista, ha sostenido públicamente que la denuncia estaría relacionada con conflictos personales y económicos con la expareja de Omar, asegurando que existen elementos para desacreditar las acusaciones en su contra. 

    Tras esta negativa, la defensa de Omar Bravo podría interponer un recurso de revisión para que el caso sea remitido a alguno de los tribunales colegiados de distrito en materia penal. 

    Mientras tanto, el exjugador permanece recluido en Puente Grande y el proceso judicial continúa su curso para determinar su responsabilidad en los hechos imputados.

  • Niegan amparo a exfuncionario de Diconsa: seguirá preso por caso ligado al fraude de Segalmex

    Niegan amparo a exfuncionario de Diconsa: seguirá preso por caso ligado al fraude de Segalmex

    Un tribunal federal rechazó concederle un amparo a Artemio Gutiérrez Rodríguez, señalado por delincuencia organizada y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la trama de corrupción que sacudió a Segalmex.

    La justicia federal asestó un nuevo golpe a uno de los implicados en el escándalo de Segalmex. Un tribunal colegiado negó el amparo solicitado por Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe operativo de Diconsa Querétaro, quien buscaba revertir la medida cautelar que lo mantiene en prisión preventiva por su presunta participación en una red de corrupción relacionada con el desvío de recursos públicos.

    Los magistrados determinaron que los argumentos presentados por el exfuncionario carecían de sustento suficiente para modificar la resolución judicial. Gutiérrez Rodríguez alegó que el juez de amparo no valoró adecuadamente pruebas relacionadas con su arraigo familiar y social, además de cuestionar que la posesión de varios inmuebles fuera utilizada como elemento para acreditar riesgo de fuga. Sin embargo, el tribunal concluyó que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar su comparecencia durante el proceso penal.

    De acuerdo con la investigación federal, el exservidor público está vinculado al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, una de las líneas de investigación derivadas del multimillonario fraude detectado en Segalmex. Las autoridades sostienen que formó parte de una estructura integrada por funcionarios encargados de autorizar compras, contratos y movimientos presupuestales que habrían permitido la simulación de operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

    El expediente señala que esta presunta red operó mediante convenios y pedidos relacionados con la adquisición de productos alimentarios. Entre ellos destaca una operación vinculada a toneladas de azúcar a granel, cuya requisición habría sido firmada por el propio Artemio Gutiérrez como parte de sus funciones en Diconsa Querétaro. Según la acusación, estos actos permitieron generar movimientos financieros destinados a dar apariencia de legalidad a recursos de origen presuntamente ilícito.

    Los magistrados también consideraron que existe riesgo de sustracción de la justicia debido a inconsistencias en el arraigo del acusado y a la gravedad de los delitos imputados. La resolución confirma así que el exfuncionario continuará enfrentando el proceso penal privado de la libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los mayores casos de corrupción registrados en la administración pública reciente.

    El caso vuelve a poner sobre la mesa el tamaño del saqueo atribuido a Segalmex, una trama que involucró a funcionarios, contratos irregulares y millones de pesos cuyo destino aún sigue siendo motivo de investigación. Mientras algunos responsables buscan salir de prisión mediante recursos legales, los tribunales comienzan a cerrarles la puerta.

  • Exfutbolista Aquivaldo Mosquera busca frenar investigación de la FGR por presunto fraude fiscal

    Exfutbolista Aquivaldo Mosquera busca frenar investigación de la FGR por presunto fraude fiscal

    El ex capitán del América promovió un amparo contra la Fiscalía General de la República mientras avanzan las indagatorias por presuntas irregularidades fiscales cometidas entre 2014 y 2019.

    El exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se revelara que promovió un amparo contra la Fiscalía General de la República, institución que mantiene abierta una investigación en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal desde 2022.

    De acuerdo con reportes judiciales, el exdefensa de las Águilas del América busca detener las acciones derivadas de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos y del Sistema Financiero. Las autoridades indagan supuestas irregularidades fiscales relacionadas con diversos ejercicios entre 2014 y 2019, periodo en el que el exjugador habría presentado inconsistencias ante el fisco mexicano.

    El recurso legal fue presentado inicialmente ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; sin embargo, dicha instancia se declaró incompetente para resolver el caso y lo remitió al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal. A su vez, este órgano judicial manifestó diferencias respecto al criterio utilizado por el juzgado anterior, lo que ha retrasado una resolución definitiva sobre el proceso.

    Hasta el momento, no existe una orden de aprehensión contra Aquivaldo Mosquera ni una determinación judicial firme en torno al amparo promovido por el exfutbolista. Será en los próximos días cuando las autoridades federales definan qué instancia continuará con el análisis del caso y las posibles acciones legales derivadas de la investigación fiscal.

    Cabe recordar que en marzo pasado el colombiano acudió personalmente a instalaciones de la FGR para atender un citatorio relacionado con la indagatoria. En aquel momento, Mosquera aseguró públicamente que nunca había tenido problemas con el Servicio de Administración Tributaria y rechazó cualquier señalamiento relacionado con evasión o adeudos fiscales.

    El caso ha generado fuerte atención mediática debido a la trayectoria del ex defensa sudamericano, quien se convirtió en referente histórico del Club América y una de las figuras más reconocidas del futbol mexicano durante la década pasada. Ahora, su nombre aparece ligado a una investigación financiera que sigue avanzando en tribunales federales.

  • Juez concede amparo a “El Jardinero” para evitar extradición inmediata a EUA

    Juez concede amparo a “El Jardinero” para evitar extradición inmediata a EUA

    El presunto operador del CJNG, cercano a “El Mencho”, logró frenar temporalmente su entrega a Estados Unidos mientras enfrenta un juicio de amparo desde prisión federal.

    La justicia mexicana inició formalmente el proceso de extradición contra Audías Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los operadores más cercanos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, un amparo concedido por un juez federal frenó momentáneamente su posible entrega a autoridades de Estados Unidos.

    Durante una audiencia realizada por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), un juez con sede en el Reclusorio Sur notificó a Flores Silva sobre la solicitud de detención provisional con fines de extradición. El gobierno estadounidense cuenta ahora con un plazo de 60 días para presentar formalmente la petición de entrega.

    De acuerdo con autoridades judiciales, El Jardinero es requerido por una Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, desde 2021, acusado de delitos relacionados con narcotráfico. Las investigaciones estadounidenses lo ubican como una pieza clave dentro de la estructura del CJNG e incluso como uno de los posibles sucesores de “El Mencho”.

    No obstante, la defensa de Flores Silva promovió un juicio de amparo y obtuvo una suspensión por parte del Juzgado Segundo de Distrito, medida que impide, por ahora, que sea trasladado o entregado a Estados Unidos hasta que se resuelva el recurso legal interpuesto.

    El presunto criminal fue detenido el pasado 27 de abril por elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad de El Mirador, en Nayarit. Su captura ocurrió sin enfrentamientos armados, luego de que intentara esconderse dentro de un tubo de drenaje para evadir a las autoridades federales.

    La detención de El Jardinero representó un golpe importante contra el CJNG, organización considerada una de las más violentas y poderosas del país. Mientras avanza el proceso judicial, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses mantienen el seguimiento del caso, que podría convertirse en una nueva disputa legal internacional en materia de extradición y combate al narcotráfico.

  • Silvano Aureoles logra amparo para reponer investigación sobre falsificación de su firma

    Silvano Aureoles logra amparo para reponer investigación sobre falsificación de su firma

    El exgobernador, señalado por desvíos millonarios y hoy prófugo, logra que se revise si falsificaron su firma en el recurso que frenó su captura.

    El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consiguió un amparo que obliga a reponer el procedimiento judicial para investigar la presunta falsificación de su firma en un recurso que le había permitido evadir la acción de la justicia.

    Un Tribunal Colegiado determinó que hubo violaciones al debido proceso y ordenó que una perito en grafoscopía y documentoscopía analice si la firma utilizada en el amparo realmente corresponde al exmandatario. Es decir, se reabre una pieza clave de un caso que huele a maniobra para ganar tiempo.

    La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, por un presunto desfalco superior a 3 mil millones de pesos destinados a cuarteles de seguridad. Mientras tanto, Aureoles sigue sin dar la cara ante la justicia.

    El fallo revoca la decisión de una jueza que había desechado su petición. Para los magistrados, el proceso estuvo mal llevado; para la opinión pública, el caso exhibe cómo los recursos legales pueden convertirse en tabla de salvación para políticos señalados por corrupción.

    El historial no ayuda: Aureoles ignoró una audiencia clave en 2025, lo que derivó en su condición de prófugo. En paralelo, cuatro de sus excolaboradores ya enfrentan proceso penal, lo que refuerza la gravedad del entramado que se investiga.

    La resolución no lo absuelve, pero sí le da oxígeno a una defensa cuestionada.

  • SCJN alista depuración: más de 14 mil expedientes de amparo podrían ser destruidos

    SCJN alista depuración: más de 14 mil expedientes de amparo podrían ser destruidos

    El máximo tribunal dio 60 días para reclamar documentos antes de su eliminación, garantizando que se conserven solo archivos con valor jurídico, social o histórico.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que 14 mil 273 expedientes de juicios de amparo, correspondientes al periodo de 1995 a 2011, podrían ser destruidos como parte de un proceso de depuración documental. Ante ello, el Alto Tribunal llamó a las partes involucradas a reclamar sus documentos en un plazo máximo de 60 días.

    De acuerdo con el Aviso 1-2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la medida aplicará únicamente a archivos que no cuenten con valor histórico, jurídico o social, y que hayan sido previamente evaluados. Quedan excluidos de esta disposición aquellos expedientes relacionados con derechos humanos, seguridad nacional o criterios obligatorios.

    La Corte detalló que la lista de expedientes susceptibles de baja será difundida durante 30 días naturales en su portal oficial. En ese periodo, las personas con interés jurídico podrán iniciar el trámite para recuperar documentos originales, siempre que acrediten su vínculo con los casos correspondientes.

    Para realizar la solicitud, los interesados deberán acudir al Archivo Central del máximo tribunal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o bien enviar una petición vía correo electrónico con los datos del expediente. Posteriormente, deberán formalizar el trámite ante la instancia correspondiente.

    La SCJN advirtió que, una vez publicada la lista, los solicitantes contarán con un plazo adicional de 60 días naturales para completar el proceso. En caso de no hacerlo, los documentos serán eliminados de forma definitiva, conforme al Acuerdo General 8/2019 que regula la conservación de archivos judiciales.

    Este proceso busca optimizar el resguardo documental y garantizar que los archivos judiciales relevantes se conserven, al tiempo que se eliminan aquellos sin valor, bajo criterios técnicos y legales establecidos por el máximo tribunal del país.

  • SCJN perfila revés legal a Cabeza de Vaca: Batres propone negar amparo y validar captura

    SCJN perfila revés legal a Cabeza de Vaca: Batres propone negar amparo y validar captura

    El proyecto que se discutirá en el pleno plantea dejar firme la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el exgobernador de Tamaulipas.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negar el amparo solicitado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que quedaría validada la orden de aprehensión girada en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    El proyecto, que será analizado en sesión pública, deriva de denuncias presentadas en 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), que dieron paso a la solicitud de declaratoria de procedencia ante la Cámara de Diputados, aprobada en abril de 2021. Con ello, se abrió la vía para investigar penalmente al entonces gobernador de Tamaulipas.

    En agosto de 2022, una sala de la Corte invalidó una orden previa al considerar que hubo invasión de facultades del Congreso local. Sin embargo, una vez que el político dejó el cargo en octubre de 2022, el Ministerio Público solicitó nuevamente la captura, la cual fue concedida por un juez federal especializado.

    El exmandatario promovió un amparo indirecto que inicialmente le fue concedido por un juzgado de distrito en Tamaulipas. Esa resolución fue revocada para reponer el procedimiento, pero al emitirse una nueva sentencia, se volvió a otorgar la protección federal. Ante ello, autoridades promovieron recursos de revisión.

    A petición de la FGR, el pleno de la SCJN atrajo el asunto y lo registró como amparo en revisión 435/2025. La propuesta de Batres plantea revocar el amparo y dejar firme la orden de aprehensión emitida por un juez con sede en el Estado de México, lo que reconfiguraría el panorama legal del exgobernador.

  • Sancionan a juez que favoreció a Cabeza de Vaca; un año inhabilitado por faltas graves

    Sancionan a juez que favoreció a Cabeza de Vaca; un año inhabilitado por faltas graves

    El Tribunal de Disciplina Judicial determinó que el juzgador incurrió en irregularidades sistemáticas al otorgar suspensiones que evitaron la detención del exgobernador de Tamaulipas.

    La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) inhabilitó por un año al juez federal Fernando “A”, tras acreditar faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional relacionadas con resoluciones que beneficiaron al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

    De acuerdo con el organismo, el procedimiento derivó de una queja presentada en abril de 2024 por un diputado federal, en la que se denunciaron actos y omisiones que afectaron la administración de justicia. La Comisión concluyó que el juez emitió resoluciones en contravención expresa de la ley e ignoró constancias esenciales dentro de los expedientes.

    El presidente de la Comisión, Rufino H. León Tovar, precisó que la sanción no responde a un criterio jurisdiccional, sino a la emisión de fallos contrarios al marco legal. Entre las irregularidades se encuentra la concesión de una suspensión definitiva con efectos restitutorios para que una autoridad municipal expidiera una constancia de residencia sin verificar requisitos legales.

    Asimismo, el juez otorgó suspensiones provisionales y definitivas para impedir la separación del cargo de un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas y frenar procedimientos administrativos en su contra. En otro amparo, concedió protección contra una orden de aprehensión y evitó que se suspendieran derechos político-electorales del quejoso o se le considerara prófugo.

    El TDJ determinó que las conductas no fueron hechos aislados, sino actuaciones sistemáticas con errores inexcusables, incluso en desacato a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impactando otros procesos jurisdiccionales.

    La resolución establece que el juez queda inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales. León Tovar subrayó que estas acciones lesionan la confianza pública en el Poder Judicial y advirtió que no habrá impunidad ni privilegios cuando se transgreda la ley.

  • Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    Duarte busca frenar su encierro: nuevo amparo reaviva disputa judicial por extradición

    El exgobernador de Chihuahua intenta detener su prisión preventiva y una eventual extradición, mientras jueces federales se declaran incompetentes para resolver su recurso legal.

    El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, promovió un nuevo juicio de amparo con el objetivo de frenar su reclusión en el penal del Altiplano y evitar una posible extradición, en el marco del proceso penal que enfrenta por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

    Actualmente, Duarte permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, luego de que en diciembre pasado una jueza de control federal lo vinculó a proceso, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación.

    La nueva demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, en la Ciudad de México, en contra de María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En su escrito, el exmandatario reclamó la orden de aprehensión, la privación de la libertad y la extradición.

    No obstante, el juez Adolfo Christian Castro Solís se declaró incompetente para conocer del asunto. De acuerdo con la resolución, el recurso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua, el cual también rechazó asumir competencia y lo turnó a su homólogo capitalino.

    El juzgador explicó que los argumentos expuestos apuntan a que el amparo debe resolverse por un juzgado federal con sede en Toluca, por lo que calificó como un error administrativo el envío del expediente a la Ciudad de México y ordenó su remisión al Estado de México. En caso de que persista la falta de acuerdo entre juzgados, será un Tribunal Colegiado el encargado de determinar quién debe resolver el caso.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Duarte habría intentado ocultar más de 73 millones 925 mil pesos, presuntamente desviados del erario estatal durante su gestión como gobernador entre 2010 y 2016, mediante un esquema de lavado de dinero, lo que sustenta la acusación en su contra.