El presunto operador del CJNG, cercano a “El Mencho”, logró frenar temporalmente su entrega a Estados Unidos mientras enfrenta un juicio de amparo desde prisión federal.
La justicia mexicana inició formalmente el proceso de extradición contra Audías Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los operadores más cercanos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, un amparo concedido por un juez federal frenó momentáneamente su posible entrega a autoridades de Estados Unidos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), un juez con sede en el Reclusorio Sur notificó a Flores Silva sobre la solicitud de detención provisional con fines de extradición. El gobierno estadounidense cuenta ahora con un plazo de 60 días para presentar formalmente la petición de entrega.
De acuerdo con autoridades judiciales, El Jardinero es requerido por una Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, desde 2021, acusado de delitos relacionados con narcotráfico. Las investigaciones estadounidenses lo ubican como una pieza clave dentro de la estructura del CJNG e incluso como uno de los posibles sucesores de “El Mencho”.

No obstante, la defensa de Flores Silva promovió un juicio de amparo y obtuvo una suspensión por parte del Juzgado Segundo de Distrito, medida que impide, por ahora, que sea trasladado o entregado a Estados Unidos hasta que se resuelva el recurso legal interpuesto.
El presunto criminal fue detenido el pasado 27 de abril por elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en la comunidad de El Mirador, en Nayarit. Su captura ocurrió sin enfrentamientos armados, luego de que intentara esconderse dentro de un tubo de drenaje para evadir a las autoridades federales.
La detención de El Jardinero representó un golpe importante contra el CJNG, organización considerada una de las más violentas y poderosas del país. Mientras avanza el proceso judicial, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses mantienen el seguimiento del caso, que podría convertirse en una nueva disputa legal internacional en materia de extradición y combate al narcotráfico.

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