Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aceptó la última solicitud de Elektra para obtener uno de sus amparos en el pago de impuestos, esta vez por una deuda de mil 431 millones de pesos vencida en el ejercicio fiscal. 2008.
El ministro Aguilar Morales se apropió cuatro solicitudes similares a ésta. Fuentes del máximo tribunal confirmaron que el despacho del senador panista Santiago Creel Miranda viene planteando estos temas a los ministros.
“El ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de Grupo Elektra, sociedad anónima bursátil de capital variable, por conducto de su apoderada legal, para conocer del juicio de amparo directo 320/2023”, señala el acuerdo publicado en los estrados de la SCJN.
Se prevé que la segunda sala discuta este miércoles, en sesión privada, si aprueba la propuesta del ministro Aguilar para atraer el caso.
El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego busca dejar su red óptica como garantía de pago ante la deuda fiscal que tiene Totalplay por 859 millones 382 mil 529 derivados de la falta de paga del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no aceptaría esto como pago.
Totalplay presentó un amparo ante la SCJN para utilizar su red de fibra óptica como garantía para el pago de una deuda que supera los 859 millones 382 mil pesos.
Ana Margarita Ros Farjat es la encargada de revisar este amparo. La empresa de Ricardo Salinas Pliego, magnate y deudor fiscal permanente ofreció colocar también en embargo administrativo licencias y software, que la autoridad tributaria consideró activos intangibles que no podían aceptarse como prenda a cambio de un pago futuro a la deuda.
Se encontró que la red de fibra óptica no cumple con los requisitos de la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación “por estar instalada en el territorio de la República Mexicana y por no tener una descripción específica como unidad de medida, peso, o cantidad, ya que su existencia se ha manifestado de manera genérica”.
Y aunque todavía no se publica el proyecto de la ministra Ríos Farjat, trascendió este buscaría negar el amparo y avalar la constitucionalidad del artículo impugnado del Código Fiscal de la Federación.
Fue en 2016 cuando comenzó el litigio, la Administradora de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos encontró que la empresa de Salinas debía el ISR desde 2012, el cual se expresa como un crédito fiscal.
Esta comenzó con un monto de 257 millones 896 mil 362 pesos, sin embargo, debido a la inflación esta aumentó hasta 859 millones 382 mil 529 pesos.
El proyecto de la ministra Farjat está propuesto para ser discutido el próximo miércoles la Primera Sala de la Corte.
El amparo del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vacaserá revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, teniendo como presentador al juez Mauricio Fernández De la Mora, lo que reactivará la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, revoca la sentencia que le había concedido amparo a García Cabeza de Vaca, y con el cual se había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra.
El referido juicio de amparo deberá reiniciarse a la luz de este nuevo fallo, manteniendo la vigencia de la orden de aprehensión contra el citado exgobernador.
Fue el 27 de febrero pasado que el exgobernador de Acción Nacional obtuvo un amparo para cancelar la orden de aprehensión en su contra.
Cabe decir que contra García Cabeza de Vaca hay cuatro denuncias: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ordenan detener la distribución y entrega de Libros de Texto Gratuitos en acatamiento a una suspensión temporal dictada por el juez octavo de distrito en materia de amparo.
Tras dictaminar un oficio, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Seiem, Israel Fernández Clamont, se ordenó a las autoridades escolares detener la distribución de los libros de texto gratuitos, que desde el pasado 25 de agosto se encuentran en los planteles de educación básica. Dicho dictamen fue interpuesto tras promover un amparo por parte de Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) tras el asesoramiento del abogado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, ex diputado local del PAN y actual representante de este partido ante el Instituto Electoral del Estado de México.
El documento señala que dentro del juicio de amparo No.1255/2023-V, se solicita que se giren instrucciones a quien corresponda para efecto de que se manera inmediata se dejen de distribuir los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se dicte una suspensión definitiva”.
Padres de familia consideran que los contenidos de los nuevos Libros de Texto Gratuito: “No son adecuados para las edades de nuestros hijos” y sostienen que “La educación debe estar basada en la ciencia y no en ideologías”.
Un juez federal le otorgó una suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez contra los comentarios y señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La senadora panista y aspirante a la candidatura de la oposición por el Frente Conservador reclamó las declaraciones hechas por el mandatario mexicano en su contra al considerar que las descalificaciones van en perjuicio de los derechos humanos.
Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, a través del amparo 1179/202, otorgó elfreno judicial después de haber sostenido la audiencia el viernes pasado.
La medida cautelar pide que AMLO se abstenga de realizar manifestaciones con “malicia efectiva” contra la aspirante presidencial del Frente Conservador.
Asimismo, se ordena a eliminar de las cuentas de Twitter, YouTube, Facebook y de las conferencias matutinas, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales que aluden a la senadora del PAN.
“Se concede la suspensión definitiva para los efectos y motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese; y electrónicamente a la quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita”, señala el documento.
Según el juez, con dicha medida se pretende “garantizar” la defensa de una persona que tiene derecho a que resguarde su información privada.
Un juez de Distrito del Estado de Chihuahua otorgó una suspensión de amparo en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la CC que interpuso la administración de María Eugenia Campos, gobernadora panista de la entidad. El recurso fue promovido por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.
“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá los efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin prejuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, se lee en la resolución de la Corte.
El diputado informó que, tras la suspensión otorgada este miércoles por el juez Cuarto de Distrito del Estado de Chihuahua, la SEP tiene que frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en la entidad, así como de reimprimir los libros del ciclo escolar anterior.
Tras esta situación, se espera el resultado de la controversia constitucional, presentada por el Gobierno de Chihuahua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP.
El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz otorgó una suspensión provisional al exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, para que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que lo mantiene en el penal de Almoloya de Juárez.
La audiencia del exfiscal general de Veracruz, se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de agosto a las 10:00 am. en los juzgados de control de Coatepec, de acuerdo con el oficio de amparo que se le otorgó.
Con dicho recurso, el fiscal podría salir del penal Almoloya de Juárez donde se encuentra actualmente recluido para llevar su proceso penal con otra medida cautelar, como el arresto domiciliario, al igual que el caso de la jueza Angélica Sánchez.
Roberto Santos Maldonado Morales, juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, y la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, recibieron la notificación.
“Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz: Fije una audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta en la que decrete el cese de la prisión preventiva oficiosa en favor del aquí quejoso”, se lee en la resolución.
En dicha resolución, ambas partes podrán debatir la imposición de cualquier otra medida cautelar contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y conforme con lo establecido en los artículos 161. Además, en el caso de Jorge Winckler se pide que se desahoguen los medios de prueba presentados por el imputado, ahora quejoso.
Asimismo, se añadió que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se decretó en su caso sin tomar en cuenta que dicha medida fue declarada inconvencional.
“Con todo, la mera solicitud de la fiscalía de imponer al imputado como medida cautelar la prisión oficiosa no constituye una razón jurídica válida y suficiente para justificar tal actuación. De modo que, con independencia de lo que se alega por cuanto al fondo del asunto en los conceptos de agravio, en uso de la apariencia del buen derecho, la imposición de la medida cautelar impuesta al quejoso, en sí misma considerada, por el momento, resulta desproporcionada”, señala el texto.
Jorge Winckler, exfiscal del estado de Veracruz, se encuentra privado de la libertad en el penal de Almoloya de Juárez ya que está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas.
Una vez más la Corte salvando a los delincuentes, en esta ocasión la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros logró evitar la extradición del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien está acusado del delito de obstrucción de la justicia en caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
“Se concede de oficio la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, que no se ejecute el acto reclamado”, se lee en el amparo 690/2023 emitido por Sánchez Cisneros, detenido apenas el viernes pasado en Cuernavaca.
La extradición la concedió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Estados Unidos.
Por lo que, tras esto, Uriel Carmona quedará “bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto”.
Carmona es señalado por presuntamente tener estrecha coordinación con las autoridades norteamericanas para cometer movimientos financieros irregulares y adquisición de propiedades en ese país.
José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, obtuvo un amparo para efectos de que un juez de procesos penales del Estado de México se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de cambio de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Velázquez solicitó el cambio de medida cautelar alegando problemas de salud diversos, asimismo que la prisión provisional no puede ser superior a dos años y pidió llevar su proceso en prisión domiciliaria portando brazalete electrónico, lo que le fue negado por el secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en resolución del 12 de mayo de 2023 en la que señaló que existe un riesgo de sustracción de la justicia del imputado.
Por lo anterior, el experredista reclamó vía amparo la resolución mencionada al titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, quien determinó que se transgredieron los derechos humanos de Abarca Velázquez y sus garantías de protección; en relación con el derecho a no ser privado de su libertad arbitrariamente; al control judicial de la privación de la libertad; a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.
Maya Arias ordenó al secretario en funciones de juez citar a las partes procesales a nueva audiencia y dictar una nueva resolución en la que “inicialmente deberá considerar que la sola existencia las sentencias emitidas en los casos TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO, constituye una variación objetiva a las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta al quejoso”.
El medio Polemon dio a conocer que el ministro Luis María Aguilar Morales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN)aceptó atraer al máximo tribunal del país el caso con el que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Elektra, busca evitar el pago de impuestos.
Según el medio, el ministro hizo suyas dos solicitudes de Elektra que buscan evitar que Elektra pague los impuestos que debe desde hace más de 12 años.
Por ello, será tarea de la Segunda Sala de la Corte la que decida si acepta la petición del ministro de intervenir y así poner fin al juicio fiscal que Salinas ha logrado alargar más de una década.
La primera solicitud es un amparo que busca evitar el pago de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe desde el 2011, más actualizaciones, recargos y multas.
La segunda se trata sobre el ejercicio de facultad de atracción 152/2023 promovido ante la SCJN. Esto es en contra del fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el cual el 30 de noviembre del año pasado reiteró que procede el pago de impuestos.
Elektra ha buscado por varias instancias y recursos legales tratando de evitar el pago de impuestos adeudados. En 2016 promovió un recurso de revocación, que perdió.
Por ello buscó apelar al TFJA, que en octubre de 2020 ratificó que la compañía tenía que pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
