Luego de que un juez federal negó el amparo solicitado por Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), en el caso Axe Ceremonia que provocó las muertes de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, la promotora Eco Live se pronunció a 9 meses de lo ocurrido para asumir responsabilidad.
El recurso de amparo promovido por OCESA el pasado 14 de enero buscaba que un juez federal otorgará protección legal para modificar su situación jurídica, lo que habría impedido que la Fiscalía la señalará formalmente como imputada en la investigación. Sin embargo, la jueza a cargo determinó que no existían elementos para conceder la medida, por lo que la imputación permanece firme y el caso continuará su curso ante un Juez de Control.
Un segundo amparo tramitado por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del festival, fue también rechazado por la misma autoridad judicial, reafirmando que ambas compañías están sujetas a la investigación penal en curso.
La resolución judicial se produce nueve meses después de la tragedia, en un proceso marcado por litigios, recursos y una exigencia social y de las familias de las víctimas por avances en la investigación. Abogados de los familiares han denunciado que los recursos legales promovidos por OCESA y Lobo se presentaron incluso antes de que la imputación fuera oficializada por la Fiscalía, lo que ha generado sospechas sobre una posible filtración de información que habría beneficiado a las empresas para intentar blindarse jurídicamente.
Por su parte, la promotora Eco Live, responsable directa de la producción del festival, rompió el silencio antes de la resolución y afirmó en un comunicado su “plena disposición” para colaborar con las autoridades y con las familias de las víctimas, aunque no había hecho público este posicionamiento hasta ahora. Sin embargo, se cuestiona el momento de este pronunciamiento, pues expone una posible estrategia mediática y de relaciones públicas coincidente con los movimientos procesales de las otras empresas involucradas.
Aunque la negación del amparo no equivale a una sentencia condenatoria, sí representa un avance para la Fiscalía en su intención de llevar a cabo audiencias iniciales y sustentar la imputación por homicidio culposo contra las empresas organizadoras. Tras esta determinación, el proceso penal puede continuar con las diligencias previstas para avanzar hacia la judicialización del caso.
El fallo impide que la empresa organizadora evada su responsabilidad legal por el fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrido en el festival de 2025.
La justicia federal negó un amparo a la empresa Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA), con el que buscaba revertir su imputación por homicidio en el caso de la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival Axe Ceremonia, celebrado en abril de 2025 en el Parque Bicentenario, en la Ciudad de México.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal resolvió que Ocesa deberá mantener su calidad jurídica de imputada, por lo que seguirá formando parte de las cinco empresas señaladas dentro de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la cual se encuentra en proceso de ser judicializada ante un Juez de Control.
De acuerdo con el expediente 68/2026, la jueza negó la protección de la justicia federal solicitada por Ocesa el pasado 14 de enero, fecha en la que el Ministerio Público capitalino modificó su estatus legal, tras considerar su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante el evento masivo.
Este revés legal se suma al amparo promovido por Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., empresa encargada de la seguridad del festival, a la que también se le negó dicha protección, fortaleciendo la línea de investigación de la Fiscalía.
El caso mantiene bajo la lupa a las empresas involucradas en la organización y operación del Axe Ceremonia, en un proceso que busca esclarecer responsabilidades penales por la muerte de los comunicadores y evitar que el caso quede en la impunidad.
Familiares de Berenice y Miguel, fotoperiodistas muertos durante el colapso de una grúa en el Festival Ceremonia, acusan que OCESA ha maniobrado legalmente para deslindarse del caso; el director ejecutivo, el poderoso empresario Alejandro Soberón, niega que la empresa haya colaborado con la organización del evento.
Por Martha Rojas
Miguel Rojas Hernández perdió la vida durante una cobertura que realizaba en el Festival AXE CEREMONIA. Tenía 26 años, estudiaba en las FES Aragón de la UNAM y su sueño era convertirse en fotoperiodista profesional.
Pero estos sueños y su vida quedaron frustrados la tarde del 5 de abril de 2025, cuando una estructura de 2.5 toneladas, le cayó encima, a él y a otra de sus colegas, Berenice Aguilar.
A casi un año de la tragedia, familiares y amigos de Miguel señalan que la poderosa empresa de espectáculos OCESA así como otros implicados, entre ellos la promotora cultural ECO LIVE y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo SA de CV, habrían maniobrado legalmente para evitar el proceso dar carpetazo al caso con un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, para los familiares de Miguel la impartición de justicia va más allá de la reparación del daño. Consiste, según expresan sus representantes legales a Los Reporteros MX, de que los responsables asuman públicamente su responsabilidad.
Diana, hermana de Miguel, señala que, en distintas ocasiones la investigación ha sido pospuesta. En primer lugar, porque familiares de Berenice, quien también murió en el lugar, interpusieron un amparo para que la audiencia final se pospusiera hasta que OCESA y Servicios de Protección Privada Lobo SA de C fueran imputadas e investigadas.
Sin embargo, representantes legales de la familia de Miguel exponen que las audiencias pueden continuar aún si OCESA no ha sido imputada en el caso.
Una diferencia legal que abre la pregunta ¿están encubriendo a alguien?
En entrevista con Los Reporteros MX, la familia de Miguel Rojas desmintió que OCESA haya logrado un acuerdo monetario fuera de los juzgados.
Lo que piden es que el caso continúe sin demoras legales que obstaculicen el avance de la investigación.
Por otra parte, familiares de Berenice Giles piden que no se omita en dicho proceso la probable responsabilidad de la organizadora de eventos más importante en América Latina.
Soberón Kuri, el poderoso empresario detrás de OCESA
El viernes 23 de enero de 2026, la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados notificó que OCESA, propiedad de Luis Alejandro Soberón Kuri, y su filial Servicios de Protección Privada Lobo SA de C, fueron imputadas por el caso.
Un vocero de la organizadora señaló que dicha imputación aún no había sido notificada, sin embargo, admitió que forman parte de las investigaciones por la muerte de Miguel y Berenice.
Familiares de los deudos coinciden en que la promotora ha desplegado un ejército legal y monetario para desligarse del caso.
Después de que la muerte de Miguel y Berenice fue confirmada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, OCESA se desentendió del festival y limitó su participación a “difusor de publicidad”.
En una primera fase de la investigación, la Fiscalía General de Justicia habría respaldo la versión, pero luego de algunos meses y ante los señalamientos de encubrimiento, la dependencia optó por imputar a la promotora.
En un primer comunicado la FGJ indicó que las responsables directas del montaje de la grúa, así como de la aplicación del Programa de Protección Civil serían Agencia de los Socios SAPI de CV (Grupo ECO) y Operadora Eclectic S.A de CV.
En total la Fiscalía imputaría a ocho personas físicas y tres morales por el colapso de la estructura en el Ceremonia.
Según acusan familiares de ambas víctimas, OCESA habría desplegado todas sus influencias y recursos para salir bien librada del caso y continuar con sus operaciones.
Y es que, por años, OCESA ha controlado la industria del entretenimiento a través de diversas compañías que van desde la promotoría, la seguridad privada, hasta la publicidad y la venta de boletos.
Alejandro Soberón Kuri fundó OCESA (Operadora de Centro de Espectáculos) cuando tenía 30 años.
Se trata de un empresario, de bajo perfil, que figura como presidente y director general de OCESA y de varias filiales dedicadas a la seguridad privada y la promoción de eventos.
Soberón también es miembro de los consejos de administración de América Móvil, liderado por Carlos Slim; Grupo Financiero Banamex, dirigido por Fernando Chico Pardo, y de asociaciones civiles como Fundación Carlos Slim, Fundación Coca-Cola o Fundación IMSS.
Además, el también novio de la actriz Shasa Sokol es miembro del patronato de instituciones médicas y hasta de organizaciones pro bosque de Chapultepec.
Soberón ha mantenido una participación silenciosa pero influyente en distintas esferas de la vida pública y empresarial. Con el tiempo, OCESA se convirtió en la mayor promotora de espectáculos, pero su fama ha estado acompañada de acusaciones de sobreventa de boletos, negligencias y corrupción.
Además, la empresa sería señalada en Estados Unidos y México por prácticas monopólicas.
La última acusación gira en torno a la preventa de boletos para BTS. ARMY y Jorge Maynez presentaron una denuncia ante PROFECO acusando que la promotora realizó la preventa con precios inflados que violaban el derecho de los consumidores.
En distintas ocasiones han sido los propios consumidores quienes se han quejado de que las preventas organizadas por OCESA muestran precios inflados y que son adquiridos por revendedores que vuelven a sobreinflar y falsificar boletos.
Por su parte Ticketmaster se mantiene alejado de sus contadores con ventas en línea y un servicio impersonal.
Ambas han cancelado eventos sin reembolsar a los consumidores el dinero del boleto.
Se trata de acusaciones que han sido investigadas por la PROFECO y el ya extinto COFECE, pero que de una u otra forma han sido cerradas o dictaminadas en favor de OCESA gracias al poder de sus accionistas.
En total, la PROFECO ha reunido 4 mil 746 denuncias contra la promotora por distintos eventos, pero ninguna ha tenido consecuencias significativas para la empresa que dirige Soberón.
Una de ellas fue la interpuesta por la diputada morenista Laura Pérez Segura, quien exhortó a la PROFECO a investigar y sancionar la presunta relación de OCESA con la mafia de revendedores de boletos.
Pero el poder económico e institucional de la promotora se hace evidente, impidiendo que las averiguaciones progresen.
La Fiscalía General de Justicia capitalina inicia acciones legales contra dos empresas por el trágico fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas durante un evento musical.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha dado un paso significativo en la investigación sobre la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. Este triste suceso ocurrió durante el festival Axe Ceremonia 2025.
Desde el pasado 20 de enero, la FGJCDMX imputó formalmente a las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A de C.V. (Ocesa) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A de C.V. por el delito de homicidio. Esta decisión surge luego de que un cuerpo de abogados, en representación de la familia de Berenice, insistiera en incluir a las empresas en la investigación.
El Ministerio Público, a cargo de Mercedes Karina Granados, comenzó a investigar a Ocesa y Lobo desde el 14 de enero. Gracias a la intervención de tres jueces distintos, la FGJCDMX fue obligada a incorporar a ambas empresas en la carpeta de investigación. Ahora, cinco empresas y ocho personas físicas enfrentan acusaciones.
En un emotivo video, el padre de Berenice expresó sus preocupaciones. Afirmó que existen grupos que buscan desvirtuar su lucha y que tienen otros intereses. Esta declaración pone de relieve la angustia y la necesidad de justicia que siente la familia.
Por su parte, Ocesa emitió un comunicado donde aclara su situación. Aunque mencionan que están dentro de la investigación por el festival Ceremonia, aseguran que aún no han sido imputados oficialmente por las autoridades.
Este caso y sus repercusiones continúan generando atención y debate en la sociedad, recordando la importancia de la seguridad en eventos masivos y la protección de aquellos que documentan la realidad.
Tras meses de investigación, la Fiscalía capitalina considera que cuenta con elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión y evitar la impunidad en el caso.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este martes que está próxima a solicitar a un juez las órdenes de aprehensión relacionadas con la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes fallecieron tras la caída de una grúa de elevación durante el Festival Axe Ceremonia.
La fiscal Bertha Alcalde detalló que una de las familias de las víctimas solicitó acelerar la judicialización y que, tras meses de trabajo, consideran que existen elementos suficientes para formular imputaciones. “Estamos determinados a que no haya impunidad en este caso”, afirmó.
Familiares y amigos de Berenice Giles habían denunciado retrasos e irregularidades en la investigación. En julio, Luis Giles, padre de la fotoperiodista, criticó la falta de avances claros, mientras que el abogado de la familia, Fabián Victoria, acusó a la Fiscalía de proteger a Ocesa,laempresa organizadora del festival.
Al respecto, la Fiscal aseguró que la investigación ha sido amplia, objetiva y sin encubrir a nadie. “Se han realizado más de 130 entrevistas, peritajes y múltiples actos de investigación. No vamos a fabricar culpables, pero tampoco vamos a encubrir a nadie”, enfatizó.
Sobre la petición de imputar a Ticketmaster, empresa responsable de accesos y boletaje, Alcalde aclaró que no tuvo relación directa con la grúa que colapsó, y que las imputaciones se realizarán únicamente con base en pruebas sólidas, sin ceder a presiones externas ni intentos de deslindar responsabilidades sin sustento.
La empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., quienes operaban el Parque Bicentenario acaban de perder su concesión después de que el pasado 5 de abril, dos fotoperiodistas, Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, perdieran la vida tras la caída de una grúa que estaba mal asegurada, mientras ellos cubrían el evento.
La declaratoria ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en donde se detalla que incumplieron con las medidas de seguridad obligatorias para los asistentes y que esto no fue reportado a las autoridades correspondientes. Así que ahora, el Parque Bicentenario ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, pasará a la Secretaría de Cultura, la que desarrollará un nuevo proyecto cultural dentro de las 55 hectáreas que correspondían a la concesión.
En el Diario Oficial de la Federación, se aclara que este rescate implica todos los bienes del Parque; los equipos e instalaciones que están relacionados con la concesión recientemente retirada, regresan al dominio público de la Federación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se encuentran resguardando el lugar.
La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, celebró el rescate del Parque Bicentenario y aseguró que se enfocará en brindar un espacio que beneficie al público y que cumpla todas las normas de Protección Civil.
Luego del trágico accidente en el festival Axe Ceremonia, que provocó la muerte de dos fotógrafos por el desplome de una estructura en el Parque Bicentenario, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno retirará la concesión de ese espacio público para que sea operado por la Secretaría de Cultura federal en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.
“Sobre el Parque Bicentenario se está haciendo todo para retirar la concesión. Hay algunos temas jurídicos que está viendo la Consejera Jurídica y la Secretaria de Sedatu y el Indaabin, pero se va a retirar la concesión”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional, dejando claro que no habrá impunidad ni continuidad en un modelo privatizador heredado del pasado neoliberal.
El parque, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue concesionado a una empresa privada casi al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, decisión que la mandataria consideró sin sentido, al tratarse de un espacio público en la capital del país. “Queremos que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura, porque no tiene sentido que haya concesión”, puntualizó.
El incidente que precipitó la revisión de dicha concesión ocurrió el 6 de abril de 2025, cuando una estructura metálica que era trasladada por una grúa se desplomó a un costado del escenario principal del festival musical, causando la muerte de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, ambos fotógrafos que cubrían el evento.
Tras el accidente, la alcaldía Miguel Hidalgo suspendió el festival e inició un proceso de verificación del lugar, que incluía la revisión de permisos, condiciones de operación y medidas de seguridad. Sin embargo, la tragedia exhibió las deficiencias del modelo de concesión y la falta de supervisión efectiva sobre empresas privadas que lucran con espacios públicos.
Diego Jiménez Labora, fundador del festival Axe Ceremonia, enfrenta una situación crítica. Un juez federal le negó la suspensión definitiva de su amparo. Esto significa que podría ser detenido en cualquier momento por la Fiscalía de la Ciudad de México.
La investigación se centra en el trágico incidente del 5 de abril, donde fallecieron los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) es la encargada de esclarecer los hechos.
Jiménez Labora solicitó un juicio de amparo el mes pasado. Inicialmente, logró una suspensión provisional que lo protegía de la detención. Sin embargo, el pasado 8 de mayo, el juez Décimo Primero de Distrito, José Alberto Rodríguez Rivera, revocó esta protección.
Desde el incidente, el empresario ha sido criticado por su falta de respuesta. Eliminó imágenes y mensajes relacionados con el festival de sus redes sociales. Su regreso a Instagram, tres días después de la tragedia, no ha calmado las críticas. En su mensaje, se comprometió a colaborar con las autoridades y afrontar la situación con responsabilidad.
Diego Jiménez Labora es ingeniero industrial y fundador del Grupo ECO, que organiza varios festivales en el país.
La FGJCDMX ahora tiene la autoridad para actuar. La comunidad espera respuestas. La detención de Jiménez Labora podría ser inminente, y la presión sobre él aumenta. La tragedia en Axe Ceremonia sigue dejando huellas profundas en la búsqueda de justicia.
Con tan solo 9 mil pesos, Diego Jiménez Labora, organizador del Festival Axe Ceremonia y fundador del Grupo ECO, podría evitar ser detenido mientras avanzan las investigaciones por la muerte de dos jóvenes fotoperiodistas de la UNAM.
Un juez suplente del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal concedió a Jiménez Labora una suspensión provisional, por lo que tendrá un máximo de cinco días hábiles para cubrir el pago requerido.
La medida fue otorgada por el mismo secretario en funciones que anteriormente protegió a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, de una posible orden de aprehensión por presunto desvío de recursos a través de cuarteles de policía.
El caso que involucra al empresario ocurrió el pasado 5 de abril, cuando Miguel Ángel Rojas y Citlalli Berenice Rivera, estudiantes de la FES Aragón, asistieron al festival para cubrirlo como fotoperiodistas independientes. Durante el evento, fueron aplastados por una grúa de tijera, lo que derivó en su muerte.
Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación sobre el manejo de la tragedia, bajo la dirección de Bertha María Alcalde Luján. Sin embargo, la suspensión otorgada podría frenar temporalmente la aplicación de prisión preventiva oficiosa, que correspondería al tipo penal que se le imputaría al empresario.
De obtener posteriormente una suspensión definitiva, el proceso judicial enfrentaría nuevos obstáculos para hacer justicia a los jóvenes fotoperiodistas.
“La investigación va muy avanzada”, aseguró la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, sobre el caso de los fotoperiodistas que murieron en el AXE Ceremonia 2025.
También afirmó que la institución que dirige está en contacto con las familias de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas para determinar las acciones a seguir.
📹 #Vídeo | La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, adelantó que van muy avanzadas las investigaciones de la tragedia en el festival Axe Ceremonia donde dos fotoperiodistas perdieron la vida.
Fue el pasado 5 de abril cuando, en el Parque Bicentenario, se reportó el fallecimiento de los dos estudiantes de la FES Aragón durante una cobertura que realizaban para medios independientes.
De acuerdo con las imágenes difundidas del accidente, ambos amigos fueron aplastados por un oso gigante montado sobre una plataforma de tijera, el cual fungía como punto de reunión para los asistentes.
Al respecto, los encargados no detuvieron los conciertos que se llevaban a cabo ese día y expulsaron a quienes documentaron el incidente, según denunciaron otros miembros de la prensa.
Por estas irregularidades, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga a las siguientes empresas:
La que presentó el Plan de Protección Civil
La que tiene la concesión del parque
La que organizó e hizo el montaje de estructuras
La que colocó las grúas de tijera
La situación de todas estas subsidiarias y de la empresa matriz que las contrató para el festival AXE Ceremonia está sujeta a lo que arrojen las más de 35 entrevistas realizadas y los más de 20 peritajes en materias como seguridad industrial, medicina forense y criminalística durante el proceso, por lo que no se vislumbra que salgan impunes.
