El periodista cuestionó la captura del exgobernador y puso en duda el peso de las evidencias, en una postura que vuelve a colocar el caso Ayotzinapa en el terreno de la opinión mediática.
Ciro Gómez Leyva volvió a encontrar motivos para cuestionar a la FGR, esta vez por la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con Ayotzinapa.
Desde Grupo Fórmula, el periodista cuestionó que las autoridades actúen 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas y calificó la captura como una historia “difícil de creer”. Incluso ironizó con que la Fiscalía presume haber detenido a un “pez gordo” que, según su planteamiento, estuvo durante años al alcance de las autoridades.
Pero mientras Ciro parece descubrir ahora que la justicia puede tardar años en avanzar, la FGR sostiene que existen elementos para acusar a Aguirre de haber ordenado ocultar o destruir videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala y del sistema C4, materiales que podrían aportar información sobre el operativo contra los estudiantes.
El periodista también cuestionó que dichas grabaciones sean presentadas actualmente como evidencia relevante, al recordar que durante las primeras investigaciones se había puesto en duda su utilidad por la calidad de las imágenes. La pregunta es si las pruebas dejaron de ser importantes o si simplemente ahora resultan incómodas para quienes aparecen señalados, aunque esa respuesta tendrá que determinarla un juez y no un conductor de televisión.
Gómez Leyva también puso bajo sospecha los testimonios de exfuncionarios utilizados por la Fiscalía y cuestionó que algunos hayan obtenido beneficios judiciales. Sin embargo, el punto central permanece: Aguirre lleva apenas el inicio de un nuevo proceso y todavía debe determinarse su responsabilidad penal.
Mientras tanto, Ciro ya emitió sentencia mediática sobre la actuación de la Fiscalía. El problema es que, a diferencia de un noticiero, los tribunales no resuelven los casos a fuerza de opiniones, sarcasmos ni editoriales al aire. La justicia tendrá ahora que establecer qué ocurrió con las evidencias de Ayotzinapa y quiénes fueron responsables de su eventual ocultamiento.
