La FGR presentó testimonios que apuntan a presuntas relaciones con organizaciones delictivas y a una supuesta orden para desaparecer evidencias sobre la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por desaparición forzada y obstrucción de la justicia, se presentaron testimonios que lo vinculan presuntamente con grupos criminales que operaban en la entidad y con acciones para ocultar evidencias del caso Ayotzinapa.
De acuerdo con las declaraciones de testigos colaboradores citadas por la FGR, Aguirre habría tenido conocimiento de los vínculos de su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez con el crimen organizado y habría expresado preocupación por la información que éste conocía sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una de las declarantes sostuvo que los estudiantes fueron considerados integrantes de un grupo rival de Guerreros Unidos.
Durante una audiencia de más de siete horas, los fiscales también presentaron la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que la organización habría aportado recursos a la campaña electoral de Aguirre. La FGR también señaló que el exmandatario conocía la presencia de distintos grupos criminales en Guerrero, entre ellos Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana.
Otro de los señalamientos se relaciona con José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala. Según la acusación presentada ante el juez, Aguirre habría conocido sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos y, pese a ello, habría pasado por alto sus antecedentes.
Las declaraciones también apuntan a una posible desaparición de evidencias. Una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero relató que Aguirre le preguntó por las grabaciones de las cámaras que registraron los hechos ocurridos frente al tribunal y manifestó preocupación porque su sobrino conocía lo sucedido. La FGR sostiene que el exgobernador habría ordenado a su entonces procurador, Iñaki Blanco, y a su sobrino desaparecer las evidencias relacionadas con el ataque.
Los señalamientos forman parte de la investigación presentada por la FGR y deberán ser valorados durante el proceso judicial. Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y renunció tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, uno de los episodios más graves de violencia y desaparición forzada en la historia reciente de México.
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