Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa demandaron este martes que se concrete la extradición de Tomas Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel.
En una protesta en el contexto del próximo octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes, sus familiares demandaron en las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el canciller Marcelo Ebrard acelere los trámites necesarios para que regrese al país Zerón de Lucio y enfrente ante la justicia mexicana las acusaciones relacionadas con su presunta participación en los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la procuración de justicia en la desaparición de 43 normalistas.
Melitón Ortega, padre de uno de los alumnos desaparecidos, manifestó que el proceso de extradición de Zerón inició hace más de tres años, pero no aha tenido avances, pese a que hace unas semanas se detuvo al ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, señalado junto con Zerón y otros funcionarios de ser artífices de la llamada “verdad histórica”.
Acompañados de estudiantes y distintas organizaciones, Los familiares de los normalistas bloquearon temporalmente las entradas de la sede de la SRE. Algunos de los manifestantes realizaron pintas en las fachadas de la Cancillería y luego se retiraron del lugar.
Un Juez federal giró nuevas órdenes de aprehensión en contra de José Luis Abarca, expresidente Municipal de Iguala, Guerrero, su esposa María Ángeles Pineda, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas y también contra Felipe Flores Velázquez, quien fuera el jefe de la Policía Municipal durante el Gobierno de AbarcaVelázquez.
Las órdenes de aprehensión contra Abarca y su exjefe de policía fueron libradas el pasado 16 de septiembre por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, dentro de la causa penal 15/2022, como resultado de las investigaciones que ha realizado la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Ojo: @A_Encinas_R lamentó que un juez absolviera a José Luis Abarca; aseguró que se trata del mismo que liberó a otros 77 presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. https://t.co/wf17tNwp1Hpic.twitter.com/neqqOG065j
Por otra parte, una de las ordenes fue contra su esposa María de los Ángeles Pineda, pero sólo por el delito de delincuencia organizada.
Todas las órdenes de captura fueron cumplimentadas por elementos de la Fiscalía General de la República en los centros penitenciaros en los que se encuentra cada uno de los implicados.
Cabe recalcar que las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, fueron notificadas por la FGR del nuevo proceso penal que enfrenta José Luis Abarca luego de que un juez federal absolviera al experredista, a su esposa María de los Ángeles y a Felipe Flores de la absolución en el proceso penal que se les seguía por la desaparición de los normalistas, debido a que a criterio del juez, no se encontraron elementos para imputarles el delito de secuestro agravado en contra de las víctimas.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Este jueves, durante la sección Cero Impunidad, de la Conferencia Matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, mencionó al juez federal con sede en Tamaulipas, que absolvió a José Luis Abarca del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 co participes, no saldrán de prisión (…) También informar que se va a proceder a interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales”.
Explicó
Agregó que el mencionado juez, acumula en total 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos y se impugnará legalmente para que no haya impunidad.
#Vídeo | @RicardoMeb adelantó que se interpondrá una queja en contra de juez federal que absolvió a José Luis Abarca y a otros 19 implicados en el caso #Ayotzinapa, además de que se impugnarán los fallos.
“Informar también, en relación al caso Ayotzinapa, con relación al informe que presentó en días pasados la comisión presidencial, que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército Mexicano, al momento se han ejecutado tres de ellas, hay tres detenidos, entre ellos el comandante del 27 batallón de infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala”.
Detalló Mejía Berdeja
La tarde de ayer, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración del Gobierno de México, condenó la decisión del juez y adelantó que la Fiscalía General de la República tiene los elementos necesarios para impugnar el fallo.
“Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”.
Lamentó Encinas.
Ojo: @A_Encinas_R lamentó que un juez absolviera a José Luis Abarca; aseguró que se trata del mismo que liberó a otros 77 presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. https://t.co/wf17tNwp1Hpic.twitter.com/neqqOG065j
Ojo: @SSPCMexico libera a 2, 685 personas de manera anticipada; entre ellos indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, con discapacidad y víctimas de tortura. https://t.co/PwsiteYW7ypic.twitter.com/6xZNlOA1ef
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró que el juez en Tamaulipas que liberó a 77 personas relacionadas al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es el mismo que absolvió a José Luis Abarca, también implicado en el hecho.
“Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
El funcionario manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos suficientes para apelar al que consideró como “desafortunado” acto de impunidad.
Además, Alejandro Encinas comentó que espera se ejecuten a la brevedad las órdenes de aprehensión por la desaparición de los normalistas, que fueron liberadas hace algunas semanas.
Lo dicho. Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos
“Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de Ayotzinapa”, puntualizó.
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Un juez federal con sede en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, absolvió al ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, del caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El juez señaló que no hay existencia de evidencia de que el ex edil haya participado plenamente en el crimen de estado perpetrado la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando los estudiantes fueron interceptados y posteriormente separados para su asesinato.
El abogado Luis Arguelles, defensa legal del ex alcalde de Iguala, mencionó a medios nacionales que la absolución de las acusaciones son debido a que no existen pruebas que vinculen a su cliente con el crimen de estado.
Agregó que Abarca igualmente fue “acusado injustamente” del caso y mencionó que no podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que se descarta que se abra un nuevo proceso por el asunto.
Pese a esto, Abraca, de sustracción perredista, no saldrá libre, una vez que igualmente es acusado por otros delitos como su relación con el crimen organizado y operación con recursos de precedencia ilícita.
La sentencia dictada por el juez no es definitiva, ya que la Fiscalía General de la República puede apelar la decisión ante un Tribunal Unitario de Circuito, aunque la FGR aún no ha emitido posicionamiento alguno al respecto.
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El secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, precisó la publicación del periódico El País en el que lo señalan de haber participado en la en reuniones de autoridades por el Caso Ayotzinapa y resaltó que efectivamente, participó en reuniones después de haber sido trasladado de Guerrero a Michoacán y posteriormente enviado a Iguala por la crisis de la desaparición de los 43 normalistas.
“La minuta confirma que yo iba por parte de Gendarmería y no como Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero. Como el mismo documento señala, no tuve intervención alguna durante las reuniones”, escribió García Harfuch en un hilo de Twitter.
El funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX, precisó que a partir del 8 de septiembre estuvo comisionado en Michoacán, y fue hasta inicios del mes de octubre de 2014, cuando le instruyeron trasladarse a Iguala, Guerrero, junto con personal de la División de Gendarmería.
La documentación publicada por @elpaismexico corrobora lo que desde un inicio he manifestado. El 06 de septiembre de 2014, recibí instrucciones de trasladarme a Michoacán para apoyar a la recién creada División de Gendarmería. 🧵
Este lunes, el diario El País publicó una nota periodística titulada “Documentos del Ejército sitúan a García Harfuch en Iguala en dos reuniones de autoridades por el Caso Ayotzinapa”. En el que describe que minutas en su poder señalan la asistencia del entonces comisario de la Gendarmería a las juntas, el 7 y 8 de octubre de 2014, resaltando que el actual funcionario de la CDMX mantiene que desde septiembre de ese año “ya estaba en Michoacán”.
Cuestionado por su papel en el caso estos años, el actual jefe de policía de Ciudad de México ha repetido en varias ocasiones que para cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes normalistas, él había dejado Guerrero y “ya estaba en Michoacán”.
El País publicó que a la junta de autoridades del 7 de octubre, que inició a las 10.15 de la mañana, acudieron en total 18 personas. Además de Zerón y Harfuch, allí estaban el general Alejandro Saavedra, jefe del Ejército en Guerrero en la época, el procurador de justicia del Estado, Iñaki Blanco, el jefe de la Unidad Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez, o el jefe de la policía de investigación de la PGR, Carlos Gómez Arrieta. También estuvo Bernardo Cano, asistente de Zerón, convertido recientemente en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso.
García Harfuch tuiteó después de la audiencia del exprocurador Jesús Murillo Karam con un mensaje en su cuenta de Twitter, negando cualquier participación en la construcción de la verdad histórica. “Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, fue involucrado este sábado en el caso Ayotzinapa por el ex procurador Jesús Murillo Karam, quien realizó este 20 de agosto su audiencia inicial en el Reclusorio Norte, tras se detención relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Murillo Karam celebró “cónclaves” con altos mandos de la Secretaría de la Marina (Semar) y la entonces vigente Policía Federal (PF), entre ellos García Harfuch, quien en ese entonces era comisionado de la corporación policiaca en el estado de Guerrero.
Durante la relatoría de los hechos de este sábado, en donde se acusó a Murillo Karam de “fraguar la verdad histórica” y tortura de los detenidos en torno al caso, la agente de la fiscalía contó que Bernardo Cano Muñozcano, quien fungió como secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se convirtió en testigo colaborador de la FGR y fue quien contó de la reunión entre mandos federales y estatales en la que habrian participado tanto Murillo Karam como García Harfuch.
En el marco del día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su solidaridad con las madres y padres de personas desaparecidas, además de ratificar su compromiso de instrumentar políticas públicas y medidas para su prevención, erradicación, investigación y sanción con el fin de que la afectación de los derechos humanos no quede impune.
“México enfrenta una aguda crisis de desaparición forzada. Hasta la fecha se han registrado más de 100 mil personas desaparecidas, sin embargo, se estima que estas cifras podrían ser mayores”, escribió la CNDH en un comunicado.
En los países tercermundistas la desaparición forzada es una constante para difundir miedo entre la población y esta práctica no se limita a los parientes de una persona, sino que perjudica a toda una comunidad, por ello hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para resaltar la importancia de erradicar esta problemática.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial, ya no ocurre en países tercermundistas sino en todo el planeta, esto normalmente ocurre producto de las dictaduras militares en algún país.
Los principales afectados por la desaparición forzada son los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los abogados y los testigos.
También preocupa la impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Cabe recordar que cientos de miles de individuos han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el planeta.
¿Quiénes son los más afectados?
Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos a manos del crimen organizado o de grupos terroristas.
Incluso las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas, aunque la muerte no sea el desenlace.
Un claro ejemplo son los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no solo ellos fueron las víctimas, sino sus familias que durante años no saben que ocurrió con sus hijos.
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“…ya dimos un paso más, lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia, no nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron esos hechos del 26 de septiembre del 2014, pero sí queremos saber la verdad…”. Cristina Bautista, madre de Benjamín.
“La verdad es mi verdad”. Jesús Murillo Karam.
Los medios corporativos, sus voceros y políticos de la oposición se han dedicado a afirmar, sin ningún sustento como usualmente lo hacen, que el informe presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Gobernación, y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa1 (CoVAJ), Alejandro Encinas, no aporta ninguna novedad con respecto a la llamada “verdad histórica”.
Sin embargo, tal aseveración tiene como único propósito distorsionar la realidad y confundir a la población ya que el informe de la CoVAJ Ayotzinapa es muy claro al asegurar categóricamente lo siguiente: la desaparición de los 43 jóvenes constituyó un crimen de Estado, en ningún momento los muchachos estuvieron juntos, se realizó un operativo para dispersarlos y desaparecerlos en grupos, los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, en los hechos no solamente participaron delincuentes del grupo “guerreros unidos” sino también agentes de diversas policías, así como autoridades de distintos niveles del Estado Mexicano.
Es importante destacar que la diferencia más notable entre el informe presentado por la CoVAJ y la llamada “verdad histórica” queda expuesta a partir de que ésta se armó mediante testimonios obtenidos bajo tortura, con el objeto de evitar la investigación profunda. Asimismo, que la Comisión pretende el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la justicia, por lo que su reciente informe da cuenta de los avances en el logro de esos propósitos. Como lo afirmó Encinas: No estamos cerrando —como alguien lo ha señalado— la investigación, sino que, toda esa investigación, continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables.
El subsecretario de Gobernación aportó destacados elementos al realizar una detallada explicación del multicitado informe el viernes 26 en la conferencia matutina del presidente. Afirmó que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca (A1 en el informe) quien está actualmente preso, fue quien ordenó el asesinato de los estudiantes con la participación de dirigentes de “guerreros unidos”en coordinación con otras autoridades, lo cual forma parte de la investigación que aún se realiza.
Por otra parte, Encinas señaló que la …verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen… Y reiteró … particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas… Con estas aseveraciones se confirma que en la creación de la versión oficial, promovida por el gobierno de Peña Nieto, la responsabilidad puede llegar incluso al propio expresidente.
Por otra parte, considero que en sus presentaciones el subsecretario Encinas no ha sido todo lo enfático que debiera, tal vez para evitar un conflicto abierto contra algunos jueces, en acusar el papel de los representantes del poder judicial como el principal obstáculo en la investigación. En el informe de la CoVAJ bajo el título Judicialización se describen las dificultades que han enfrentado.
Los obstáculos han consistido en lo siguiente: 1) radicación de los procesos judiciales en siete juzgados de siete entidades del país; 2) los padres de los estudiantes han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una jurisdicción única para el caso, lo cual no ha sido atendido; 3) dos sistemas procesales distintos, inquisitivo y acusatorio; 4) criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley.
En cuanto a la actuación de los jueces, el informe identifica por sus propios nombres y juzgados a los siguientes destacando sus decisiones: Juez Samuel Ventura Ramos. a) liberación de 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sufrido tortura, sin haberle dado vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura; b) le ha restado valor a las pruebas obtenidas por cooperación internacional como las escuchas que realizó la DEA en Chicago; c) liberación de Xóchitl N, radio operadora del C4 en Iguala la noche del 26 de septiembre.
Juez Enrique Beltrán Santes. Desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad, negándose a aceptar que por seguridad en las diligencias se distorsionen voz e imagen ya que “no escucha con claridad”.
Juez José Álvaro Vargas Ornelas. Negativa a atender los asuntos que se le presentan bajo la justificación de “falta de competencia territorial”. Juez César Chávez Souverbille. No asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
Juez Gabriel Domínguez Barrios. Liberó con fianza de 10 mil pesos a un sospechoso que había sido deportado de EUA, detenido en la frontera norte, con lo que se permitió su evasión de nueva cuenta. Juez Oscar Alejandro López Cruz. Considera que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
La Magistrada Lambertina Galeana ordenó la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala argumentando que las imágenes no eran claras por “problemas técnicos”.
En el caso de la Fiscalía General de la República tras un largo proceso de investigación la CoVAJ le proporcionó información de ubicación y movimientos de Juan Salgado Guzmán, operador de “guerreros unidos” en el norte de Guerrero y el sur del Estado de México. Un fallido operativo realizado con el propósito de su detención, en septiembre del 2021, derivó en un enfrentamiento en el que existieron diversas irregularidades como falta de planeación y uso excesivo de fuerza, lo que derivó en que una vez sometido Salgado fuese ejecutado.
Cabe recordar que López Obrador coincidió con el ministro Saldívar acerca de la necesidad de llevar a cabo el saneamiento del poder judicial, en el que por cierto se encuentran estratégicamente ubicados los principales aliados de los opositores a la 4T, aunque hasta la fecha no se observa ningún avance en aquel sentido. Solo por citar un tema el 5 de septiembre próximo se votará en el pleno de la SCJN si se declara inconvencional la prisión efectiva oficiosa. AMLO ha señalado que es fundamental la existencia de esa figura en ciertos delitos. Incluso, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirma que acabar con la prisión preventiva, pondría fin a la estrategia de seguridad. No perdamos de vista la actuación del poder judicial en este asunto.
Ante la creciente recurrencia al tema del lawfare o sea persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política, que se ha aplicado en otros países latinoamericanos en contra de líderes de izquierda y gobiernos populares, más recientemente a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, es menester no perder de vista la actuación de Ministros, Magistrados y Jueces de nuestro país. En este contexto Fernando Buen Abad, doctor en Filosofía, en entrevista el 24 de agosto con Julio Hernández Astillero, afirmó que en el “imaginario” de Claudio X. González está el “sueño” de alguna especie de “golpeo judicial” contra AMLO a partir del tema del gasto en obra pública, por ejemplo. Aquí el enlace de ese encuentro https://youtu.be/K1uSmOL-K6Q
No quiero dejar de mencionar que en la sección del informe “La Verdad histórica: una acción concertada desde el aparato organizado del poder”, luego de referir los participantes en su implementación, iniciando con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el párrafo siguiente enlista nombres de los señalados como enlaces operativos para desarrollar la investigación y ahí se menciona al entonces Comisario Estatal de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch.
El ahora secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la CDMX, se deslindó de haber participado en reuniones relacionados con los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, dado que ya no se encontraba en Guerrero pues a principios de ese mes había sido comisionado al estado de Michoacán. En ese sentido y para confirmar lo dicho por García Harfuch el abogado Cesar Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, en su cuenta de Twitter @cesargutipri ofreció detalles con fechas y números de oficio, incluso, que confirman lo anterior.
Les dejo el enlace del artículo La realidad respecto Omar García Harfuch y su participación en el caso Ayotzinapa, publicado el 22 de agosto por el abogado Gutiérrez en el sitio de noticias por internet Te informo 24 horas. En referencia a la campaña en contra de García Harfuch, desplegada por los medios corporativos y destacados comentaristas, en este artículo señala que es “curioso” (entrecomillado mío) que los periodistas de investigación (como Anabel Hernández) no se tomen la molestia de revisar documentos que son de dominio público, por lo que afirma que más que un ataque al secretario de Seguridad Ciudadana lo es a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. https://t.co/Fe4Q9qchAP
Concluyo con lo planteado al final del informe de la CoVAJ Ayotzinapa: … La creación de la ´verdad histórica´ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el nivel más alto del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Esta tarde se llevó a cabo una marcha a un mes de cumplirse el 8vo aniversario por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Los padres y amigos de los normalistas partieron desde el Ángel de la Independencia hacia el anti monumento ubicado en Paseo de la Reforma y Juárez.
Los manifestantes continúan pidiendo justicia por la desaparición de los estudiantes, se prevé que al término de la marcha dirijan un mensaje a unos días de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, mencionara que se trató de un crimen de estado, además de la captura del ex procurador, Jesús Murillo Karam.
Padres exigen justicia
A partir del informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, se confirmó la participación activa de elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y “esa será una de las rutas que seguirán los padres de familia para saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En conferencia mediante la página de Facebook de Tlachinollan, señaló que “se corrobora, y el informe da la razón a los padres de familia, que desde las primeras horas de la desaparición de sus hijos, a los padres de familia ya les estaba llegando información de que los jóvenes habían sido detenidos por elementos del 27 Batallón” de Infantería.
En ese momento yo no lo creí, agregó el abogado, “pensé que los policías municipales son los que habían cometido las desapariciones. Después los padres de familia fueron por cuenta propia al 27 Batallón, pretendiendo ingresar, porque tuvieron información de la participación de soldados del 27 Batallón, y hasta se les criticó por acudir al lugar”.
Me parece que el capitán José Martínez Crespo “fue el 30 de septiembre supuestamente a ayudar en las búsquedas, encabezando una unidad militar, por unas colonias de Iguala; anduvo con nosotros ayudando, y hoy recuerdan esto los padres de familia, y les da mucho coraje, dicen que fue una burla de las autoridades, y los padres sabían que los militares tenían responsabilidad, que estaban implicados, y lo ocultaron” los militares.
Incluso el general Salvador Cienfuegos, acotó, siempre lo negó “y por eso se requiere una investigación exhaustiva, pero lo que se requiere es proceder, y actuar, porque si solo se queda en el informe, no tiene mucho de solución, porque los padres van a continuar en la lucha, y como todos los años va a hacer movilizaciones”.
Hay tres jóvenes identificados “pero de los demás no sabemos; el informe tiene avances importantes, lo haremos nuestro, y lo impulsaremos en diversas rutas, como las acciones penales que se ejerciten; que hay que hacer búsqueda en determinados lugares y lo vamos a hacer; y con algunos testigos colaboradores, para que se rompan los pactos del silencio”.
Rosales Sierra consideró que hay tres aspectos importantes en el informe: “Primero que la agresión a los estudiantes es un crimen de Estado, y que lo reconozca el gobierno federal, es muy significativo, por que anteriormente se tenía que acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reconocer esta grave violación”.
Los padres de familia y las organizaciones sociales lo manifestaban así, “pero el anterior gobierno no lo reconoció; sabiendo que en La desaparición de los 43 estudiantes participaron policías municipales de cuatro municipios de la zona norte de Guerrero, además de policías estatales, federales y el ejército mexicano, que también generó todo un debate”.
Recordemos, insistió, “que el general Salvador Cienfuegos, en cadena nacional negó que haya participado, y cuando se requirió información al ejército Mexicano, lo hizo de manera parcial, negando que estuvieron en los eventos; pero poco a poco se fue comprobando, y hoy se sabe que fue una agresión directa, en la desaparición de los estudiantes hubo participación de elementos del 27, y del 48 Batallón, y 35 Zona Militar, hay pruebas de que están implicados en la desaparición de manera directa”.
Ya no es una participación “de omisión o encubrimiento, sino que han administrado acerbo probatorio importante, y el informe también dice que la agresión a los estudiantes, fue una violación grave a los derechos humanos de gran envergadura, y que se dio en distintos lugares como el Periférico norte de Iguala; el Palacio de Justicia, el Crucero de Santa Teresa; la Caseta de Iguala; y la zona industrial donde fue asesinado Julio César Mondragón Fontes, y de otros escenarios más”
Fue una operación de gran magnitud, “en donde necesariamente para agredir a 43 jóvenes, y dejar más de 25 heridos, y unos 180 estudiantes que estaban siendo perseguidos la noche del 26 en Iguala, ameritó la participación masiva de fuerzas de seguridad, de la delincuencia organizada, y por supuesto del ejército mexicano”.
Esto no se pudo cometer “como decía el gobierno anterior, por un grupo delictivo actuando por cuenta propia, que perpetró este hecho, y hoy el informe revela que fue una operación a gran escala”.
Hay un cuarto punto polémico incómodo para los padres de familia “que tiene que ver con el paradero de los jóvenes; el gobierno dice que no hay pruebas que están con vida; pero tampoco hay pruebas científicas indubitable de que los estudiantes hayan sido ultimados”.
Hay pruebas preliminares que tendrían que ser objeto de una investigación “solo se tienen algunos elementos de prueba técnica, sujetas a corroboración; para los padres fue muy duro, pero también hay líneas que dan esperanza; el informe puede ayudar que las investigaciones pueden dar mayor celeridad; los padres van a seguir pidiendo el esclarecimiento de estos hechos.
“Estamos lejos de que este informe constituya un pleno esclarecimiento de los hechos; ya se identificó a tres estudiantes, pero no del resto, y tampoco hay claridad de lo que pasó con ellos, hay pruebas técnicas, pero todavía tienen mucha debilidad, no hay certeza”, concluyó.
Antes al mediodía, se llevó a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo, en donde nuevamente contingentes de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y organizaciones sociales, demandaron justicia.
Este viernes, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esto para dar un resumen del informe realizado por la actual administración sobre el caso Ayotzinapa.
Hace algunos días, el propio presidente pidió a Encinas Rodríguez presentarse en la conferencia matutina, debido a que al parecer algunos miembros de la prensa y ciudadanos en general, no habían leído el mencionado informe y sus anexos.
El Subsecretario de Derechos Humanos mostró una tabla en donde se expone y comparan las diferencias entre la “verdad histórica” y las actuales indagatorias que realiza la Secretaría de Gobernación para la impartición de justicia.
“Hay 13 fuentes de información básicas, que es toda la información y documentación proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, La Procuraduría y la Fiscalía del Estado de Guerrero, La Procuraduría y la Fiscalía General de la República, los informes GIEI, Centro Geo del Conacyt, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 115 testimonios de personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos”.
Entre las diferencias con la verdad histórica y el actual informe, destaca que los estudiantes fueron separados luego de ser ilegalmente detendios, además de que no iban a “sabotear” el informe de María de los Ángeles Pineda Villa, directora del DIF local, sino que se dirigían a la toma de autobuses para ir a la Ciudad de México a la conmemoración del 2 de octubre.
“Evidentemente se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cocula”.
Agregó.
#ConferenciaPresidente | @A_Encinas_R expuso conclusiones del informe Ayotzinapa, señalando que hubo participación de elementos del Ejército, que en todo momento las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos, y que se trató de un "Crimen de Estado". pic.twitter.com/eNwGvqxavM
Alejandro Encinas mencionó que al día de hoy, 26 de agosto del 2022, se han realizado 105 acciones de búsqueda en campo en 711 días de jornadas de trabajo en 7 municipios de Guerrero, con apoyo de la tecnología LIAR de para la exploración de territorio además de radares, drones, cámaras térmicas, y espectrales, binomios caninos, modelos matemáticos, maquinaria y demás equipo.
Entre las conclusiones destacó que en efecto la desaparición de los 43 estudiantes fue in crimen de Estado, en el que participaron integrantes de “guerreros Unidos”, agentes de diversas instituciones del estado además de que las autoridades de los más altos niveles fueron omisas ante los hechos.
Además de que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, ya que los testimonios y evidencias demuestran que los 43 fueron arteramente ultimados y desaparecidos y que es necesario continuar con la búsqueda en: la Ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.
