Hasta el momento, Santiago Creel no ha firmado los decretos aprobados la noche del viernes y madrugada del sábado de 20 reformas legislativas por los senadores en el patio de la vieja casona de Xicoténcatl por que lo que Legisladores de Morena acusaron al presidente de la Cámara de Diputados.
La firma de Creel es necesaria para que los decretos de las 20 reformas puedan ser enviados al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y puedan tener efecto legal.
Por tanto, el senador de Morena, César Cravioto, exhortó al diputado Santiago Creel, a que “no partidice” su función como presidente de la Cámara de Diputados y firme los proyectos que fueron aprobados al final del periodo de sesiones, para que se puedan enviar al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Sabemos que no votaron a favor en la Cámara de Diputados; sabemos que no quisieron (los de oposición) ni siquiera votarlas en la Cámara de Senadores, pero su función debe ser institucional”, dijo Cravioto.
El legislador recordó que la oposición anunció que presentará recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que calificó como “una gran aliada de la derecha”; sin embargo, reiteró que Creel Miranda debe firmar los documentos, porque de lo contrario tampoco podrán ser impugnadas las reformas.
La oposición ha señalado que buscará impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 18 de las 20 formas aprobadas, excepto la que desaparece al Instituto de Salud del Bienestar, y la relativa a la Ley 3 de 3, para que deudores de pensiones alimentarias no puedan ocupar cargos públicos.
El Senado de la República, en una histórica sesión llevada a cabo en la Antigua Casona de Xicoténcatl, sede alterna al pleno, aprobó la primera Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), la cual fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dentro de las nuevas implementaciones se incluye la suma de la letra “H” de Humanidades, transformando al Conacyt en el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), por lo que este no desaparece ni se extingue, sino que se renueva reforzando su calidad de entidad especializada responsable de la política nacional, coordinadora del sector de HCTI y asesora del Ejecutivo federal.
Con la aprobación de esta legislación se busca garantizar el acceso al derecho humano a la ciencia y el conocimiento, al incorporar un enfoque humanístico que enmarca y guía el avance científico y el desarrollo tecnológico a favor del bienestar social y el cuidado ambiental.
La propuesta fue realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a petición del mandatario nacional, y con esta se promoverá una ciencia soberana y su aplicación para incidir en la habilitación de los derechos individuales y colectivos de las personas para vivir con bienestar.
La Ley fue remitida por la Cámara de Diputados el pasado 26 de abril para su análisis y aprobación con el objetivo de fortalecer al Conacyt y a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina.
Con la creación de esta primera Ley General, México rompe el paradigma que, en los últimos tres sexenios, permitió el uso de recursos públicos para financiar una gran cantidad de proyectos privados que simularon investigación y desarrollo tecnológico, y que, a pesar de haber autorizado la transferencia de más de 45 mil millones de pesos a empresas trasnacionales, México redujo 16 escaños en eficiencia tecnológica.
En un comunicado el Gobierno de México aseguró que con esta legislación “el país podrá recuperar el quehacer en las HCTI, y las y los mexicanos podrán gozar de los beneficios derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.
La nueva Ley General en materia de HCTI garantiza libertades de cátedra, investigación y expresión, y mandata al Estado el financiamiento público y sostenido a la ciencia básica, de frontera y aplicada.
La Ley también considera el principio de progresividad y no regresión del presupuesto federal para las HCTI, asegurando que los recursos asignados a la investigación humanística, científica y tecnológica nunca sea menor al del año previo.
Sobre las becas, la Ley se establece que sean universales y se entreguen de manera directa a todas las y los estudiantes de posgrado públicos de investigación; además, garantiza apoyos a quienes deseen especializarse en áreas imprescindibles para el país, como la salud, la agricultura y otras áreas fundamentales para el desarrollo.
En cuanto a los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la Ley General regula un programa público conforme a su propio objeto y garantiza los apoyos económicos a los miembros adscritos al sector público. No desdeña la investigación que se hace en las universidades privadas, sino que promueve que éstas entreguen estímulos similares a sus trabajadores.
“La nueva Ley General en materia de HCTI es resultado del conjunto de esfuerzos y la participación de más de 70 mil personas e instituciones, de las comunidades académicas, científicas y tecnólogas, así como de instituciones de educación superior (IES) y del sector público y privado, así como organizaciones de base social y comunitaria que participaron en distintos foros, mesas de trabajo y diálogo desde 2018. Pero, sobre todo, representa un triunfo del pueblo mexicano al respaldar a un gobierno y a representantes populares de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión, que avanzan con la convicción de llevar a cabo acciones sustantivas para hacer de las HCTI herramientas a favor del bien común”, aseguró el Gobierno mexicano.
En la conferencia matutina, Adán Augusto calló a los personajes conservadores, quienes critican las iniciativas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin ni siquiera leerlas.
“Bueno yo lo primero que sugeriría a los personeros de Claudio X. González es que lean las iniciativas o lean que fue lo que los legisladores aprobaron en las pasadas sesiones desde nuestro punto de vista no se violentó el proceso legislativo”, dijo en la mañanera.
Asimismo, agregó que las iniciativas que el ejecutivo envía pasan por un largo proceso antes de que puedan ser votadas en el Pleno, en cambio las que proponen los diputados se van directamente al Pleno sin todo este proceso en el camino.
“Las iniciativas que el ejecutivo envía lleva toda una ruta de tramitología que pasa por el dictaminen para que pueda ser votada en el pleno y cuando se trata de iniciativas que presentan los diputados hay algo que le llaman dispensa de tramite hay fallos incluso de la Suprema Corte que valida que tratándose de iniciativas de legisladores pues haber dispensa de tramite y puedan pasar directamente al pleno”, explicó el titular de la Segob.
En este mismo contexto añadió que algunas iniciativas como la modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología se aprobó en la Cámara de Diputados para después ser presentada por legisladores.
Esta iniciativa se discutió y se votó en las comisiones para que después pudiera pasar al Pleno donde la mayoría de los legisladores voto a favor de la reforma.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial, con 457 votos a favor y 27 abstenciones, de reformas y adiciones al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por tala ilegal y castigar hasta con 16 años de cárcel, así como cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (518 mil 700 pesos), ese delito.
El proyecto remitido al Senado prevé la imposición de seis a 12 años de prisión a quien transporte, comercie, enajene, distribuya, compre, adquiera, almacene, resguarde, posea o transforme productos forestales maderables en un volumen mayor a dos metros cúbicos, sin acreditar su legal procedencia.
No obstante, las penas aumentarían hasta cuatro años, para alcanzar 16 como máximo, en caso de que las materias primas forestales o productos forestales maderables provengan de un área natural protegida.
La reforma establece asimismo pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de hasta 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (311 mil, 220 pesos) a quien desmonte o destruya la vegetación forestal, o cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.
Dicha pena se incrementaría hasta cuatro años más, para sumar 13 años, cuando la tala ilegal afecte un área natural protegida.
“Cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego o cualquier otro medio violento contra las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se le impondrá pena de tres a doce años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la UMA”, señala.
El articulado prevé, sin embargo, que no se aplicará pena alguna a quien incurra en las conductas señaladas ni a quien transporte leña o madera muerta cuando realice la actividad para uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana a la que pertenezca.
En su exposición de motivos, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el comercio ilegal de recursos naturales es tan grave como el crimen organizado trasnacional con ganancias de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares en todo el mundo.
La madrugada de este viernes 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Minera.
El proyecto aprobado, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de concesiones para minería y agua de las leyes.
Minera
De Aguas Nacionales
Del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Con 290 votos, la reforma fue aprobada en lo general, tuvo 186 en contra y una abstención; mientras que en lo particular se admitió con 251 votos en pro, 209 en oposición y una abstinencia.
¿Qué dice la Ley Minera?
La reforma aprobada incluye los siguientes puntos:
Recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación
Regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería
Castigar la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua
No se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; y las que se den en otras áreas serán vía licitación
Se reduce el plazo de las concesiones de 50 a 30 años
Se prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública
Establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de, al menos, el 5 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada
Lo que se busca con esta ley es terminar con la extracción intensa de los recursos minerales, el despojo territorial y el desplazamiento forzado; fortalecer las medidas de seguridad para las personas trabajadoras de las minas y regular de manera adecuada la concesión minera y el consumo de agua.
En sesión solemne, el Senado otorgó esta tarde la Medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista, Elena Poniatowska Amor, por su contribución a las letras mexicanas y por hacer visible situaciones sociales e históricas de nuestro país.
El presidente del Senado, Alejandro Armenta, impuso la máxima condecoración que entrega la Cámara Alta a los más destacados mexicanos, la cual fue concedida por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Ahora en 2023, cuando cumplo 91 años, y todavía subo la escalera de la canción, que dice que para subir al cielo, se necesita una escalera grande y otra chiquita, el Senado de la República me concede la enorme, la enorme distinción, entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No”, dijo Poniatowska en su discurso.
Entre los invitados a la ceremonia en la antigua sede del Senado estuvieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador; el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
Elena Poniatowska arribó al salón de sesiones acompañada de la actriz Jesusa Rodríguez y el comité de recepción para la escritora galardonada estuvo integrado, entre otros senadores por Manuel Velasco, del PVEM; Lilly Téllez, del PAN; y Margarita Valdés, Morena.
La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, presentó en una reunión de trabajo a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Minera.
Buenrostro detalló que la iniciativa contempla un nuevo paquete de obligaciones a las compañías mineras.
Por ejemplo, contempla que las mineras deberán hacer un estudio de impacto social de sus actividades, aplicar medidas de prevención y mitigación. Además, las concesiones podrán ser canceladas en caso de que no se cuente con los permisos vigentes para el uso del agua o si existe un riesgo de contaminación al ecosistema.
Otra cuestión contemplada en la iniciativa de Ley Minera es que las compañías deberán contar con un ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad por cada siete trabajadores, en el caso de las minas de carbón, y uno por cuarenta en el caso de los otros tipos de minas.
Raquel Buenrostro también mencionó que la reforma prevé garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas por medio de consultas públicas, que se deberán llevar a cabo antes de que se otorgue un permiso o concesión minera, y que el costo de dicha reforma deberá ser cubierto por la empresa interesada en solicitar la autorización.
Este lunes, las comisiones unidas de Energía y Economía de la Cámara de Diputados empezarán a discutir el proyecto de dictamen a la reforma de Ley Minera, con la expectativa de que el jueves se pueda votar en el Pleno.
Este martes 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional para reducir la edad mínima para ocupar los cargos de diputado o diputada federal, senador o senadora de la República y secretario o secretaria de Estado.
Con 439 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones dieron luz verde a el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución, el cual establece que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años, y en el caso de Secretario de Estado pase de 30 a 25 años.
⭕️#ÚltimaHora | La @Mx_Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución, para establecer que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años, y en el caso de Secretario de Estado pase de 30 a 25 años https://t.co/mg4YGb7XNP
Las y los legisladores concordaron que la juventud “no es sinónimo de inexperiencia” y resaltaron que todos los jóvenes tienen el derecho a votar y ser votados.
Por su parte, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, reiteró la necesidad de reducir las edades para ocupar cargos públicos, debido a que considera que este requisito violaba el derecho de las juventudes a tener actividad política.
“No es posible que de las 500 diputadas y diputados que somos en este momento no seamos ni diez diputadas y diputados federales con menos de 30 años, estamos excluyendo a casi el 30% de la población mexicana por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica”, sostuvo la legisladora morenista durante la discusión del dictamen.
A través de un comunicado, Morena Ciudad de México respaldó la propuesta de la diputada federal del partido, para permitir que toda mexicana o mexicano con 18 años cumplidos pueda ser diputada o diputado.
El partido considera que debido a que actualmente miles de jóvenes participan en los procesos democráticos del país, estos deben de tener el derecho de ser votados ya que su voz y acciones repercutirán favorablemente en la sociedad.
“Hoy en día alrededor de cuatro millones de jóvenes en México ya pueden votar, por lo que en congruencia es hora de que también puedan ser votados”, indica el documento emitido por Morena CDMX.
Asimismo, aseguraron que con la iniciativa, la cual busca reformar los artículos 55, 91 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se eliminará cualquier acto discriminatorio hacia las juventudes que buscan formar parte del quehacer legislativo.
“Exhortamos al Pleno de la Cámara de Diputados para que apruebe la propuesta de la legisladora federal de nuestro Movimiento porque con ello se fortalecerá el camino de la representación política de las personas jóvenes en la integración de la Cámara de Diputados y de los congresos locales”, aseguró el partido.
En este mismo contexto, recordaron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que “los jóvenes están conformando el futuro económico y social de sus respectivos países, cambiando el mundo y trabajando arduamente para promover la ciudadanía mundial y sociedades más conectadas. Por esta razón, es crucial que su potencial no pase desapercibido”.
Al finalizar, Morena CDMX reiteró que concuerdan con lo que dice la ONU, los jóvenes son el futuro, por lo que ven bien que estos tengan la oportunidad de formar parte del Poder Legislativo para trabajar por el cambio verdadero en nuestro país.
