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Etiqueta: Carlos Mendoza

  • La Independencia hoy

    La Independencia hoy

    Cada septiembre, México se llena de banderas, música, luces tricolores y discursos sobre nuestros héroes nacionales. Recordamos a Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Guerrero y a tantos hombres y mujeres que participaron en una de las mayores transformaciones políticas de nuestra historia.

    Gritamos ¡Viva México! y celebramos la Independencia. Pero quizá valdría la pena preguntarnos algo más: ¿qué significa hoy ser un país independiente?

    Porque la Independencia no fue solamente la ruptura con la Corona española. Fue también la aspiración de que los mexicanos y mexicanas pudiéramos decidir nuestro propio destino.

    Y esa aspiración ha tenido que defenderse una y otra vez. Después de consumada la Independencia llegaron nuevas amenazas. México enfrentó intervenciones extranjeras, invasiones, guerras y presiones de potencias que pretendían decidir sobre nuestro territorio y nuestro gobierno.

    Fuimos invadidos por Estados Unidos en el siglo XIX. Perdimos más de la mitad del territorio nacional. Después enfrentamos -alentada por los conservadores mexicanos- la segunda intervención francesa y la imposición de un imperio encabezado por Maximiliano.

    Y en cada uno de esos momentos apareció una misma pregunta: ¿México sería dueño de su propio destino o permitiría que las potencias extranjeras decidieran por nosotros?

    La respuesta de personajes como Benito Juárez fue contundente: México debía ser una nación soberana. Por eso resulta imposible entender nuestra historia nacional sin hablar de la lucha antiimperialista.

    Porque México no construyó su identidad únicamente enfrentándose al colonialismo español. También tuvo que defenderse de los proyectos expansionistas de otras potencias. Y esa historia sigue siendo relevante.

    Hoy las formas de dominación son diferentes. Ya no necesariamente llegan ejércitos extranjeros a ocupar nuestras plazas. La presión puede aparecer mediante intereses económicos, dependencia tecnológica, organismos financieros, campañas de desinformación, amenazas comerciales, presiones diplomáticas o intentos de intervenir en las decisiones internas de los países.

    El imperialismo del siglo XXI puede utilizar otras herramientas, pero mantiene una vieja lógica: que las naciones poderosas puedan imponer condiciones a las naciones que consideran débiles.

    Por eso hablar de soberanía en pleno 2026 no es un asunto del pasado. Es un asunto completamente actual. México tiene derecho a definir su política energética, económica, migratoria, social y de seguridad. Tiene derecho a relacionarse con Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, Asia y el resto del mundo desde la cooperación y el respeto mutuo, no desde la subordinación.

    Un México soberano puede comerciar con el mundo, recibir inversión extranjera, establecer alianzas internacionales y cooperar con otros países. La diferencia está en que cooperar no significa obedecer. Relacionarse con otras naciones no significa renunciar a la dignidad nacional.

    Y quizá ese sea uno de los grandes aprendizajes que nos deja nuestra historia. La soberanía no se hereda para siempre.  Se defiende todos los días.

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  • No, los programas sociales no son dinero tirado a la basura

    No, los programas sociales no son dinero tirado a la basura

    Hay una frase que se ha vuelto demasiado cómoda entre ciertos comentaristas, opinadores y sectores de la oposición: “los programas sociales son dinero tirado a la basura”. La repiten como si fuera una verdad económica, cuando en realidad es una vieja idea política clasista disfrazada de análisis.

    No, compañeras y compañeros: darle una pensión a una persona adulta mayor no es tirar dinero a la basura. Darle una beca a un joven tampoco. Apoyar a una persona con discapacidad no es desperdiciar recursos públicos. Y mucho menos es “regalar dinero”.

    En el periodo neoliberal durante décadas nos acostumbraron a pensar que el gobierno podía decidir quién recibía ayuda y quién no. Los programas sociales podían desaparecer, cambiar de nombre o convertirse en instrumentos de presión política dependiendo de quién estuviera en el poder.

    Porque cuando un gobierno le decía a una persona: “te doy esto porque yo quiero y porque me vas a apoyar con tu voto y activismo político”, el ciudadano terminaba dependiendo de la voluntad del político. Eso es precisamente lo que debería preocuparnos cuando hablamos de clientelismo y de administración de la pobreza.

    Hoy la lógica es distinta: los apoyos forman parte de una política de bienestar que busca garantizar derechos y reducir desigualdades. El propio CONEVAL ha señalado que la política social debe analizarse desde un enfoque de derechos y que los programas están vinculados con derechos sociales y bienestar económico.

    Entonces dejemos de hablar de los beneficiarios como si fueran una masa de personas esperando que el gobierno les aviente dinero. Hablemos de personas. La abuela que después de toda una vida de trabajo recibe una pensión y puede comprar sus cosas. La joven que puede continuar estudiando gracias a una beca. La persona con discapacidad que recibe un ingreso que le permite enfrentar parte de sus gastos. El campesino que obtiene apoyo para continuar trabajando su tierra. La familia que puede enfrentar un periodo complicado sin caer inmediatamente en una situación todavía más precaria.

    Por eso la discusión no debería reducirse a cuánto dinero se entrega. La pregunta correcta es: ¿qué está haciendo el Estado para que una persona pueda vivir con mayor dignidad?

    Y ahí entran muchas otras cosas: educación pública, salud, infraestructura, empleo, salario, vivienda, pensiones, becas, apoyo al campo, cuidados y desarrollo regional.

    Un programa social aislado jamás va a resolver la desigualdad. Pero tampoco podemos pretender combatir la desigualdad quitando los programas sociales. Es como decir que para combatir la pobreza hay que quitarle a los pobres los pocos mecanismos de protección que tienen. No tiene sentido.

    También resulta curioso que quienes hoy se escandalizan porque el Estado destina recursos a las personas en situación de vulnerabilidad rara vez hayan tenido la misma indignación frente a otros privilegios, rescates financieros o beneficios otorgados históricamente a grandes grupos económicos.

    Si los recursos públicos se utilizan para garantizar derechos, reducir desigualdades y ampliar oportunidades, estamos hablando de política social. Y si además esos programas tienen reglas, padrones, mecanismos de operación y procesos de evaluación, no estamos hablando de dinero aventado a lo loco. Estamos hablando de política pública.

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  • En la izquierda luchamos por la riqueza

    En la izquierda luchamos por la riqueza

    Hay algo profundamente revelador en algunas de las campañas mediáticas que, una y otra vez, buscan convertir a los hijos de Andrés Manuel López Obrador en protagonistas de una especie de novela negra nacional.

    A Andy lo persiguen con una intensidad que pocas veces se observa cuando se trata de otros apellidos de la política mexicana. Fotografías, viajes, restaurantes, ropa, amistades, propiedades, visas y hasta detalles de su vida personal terminan convertidos en titulares que parecen tener un objetivo más político que periodístico: construir la idea de que todo aquel que provenga de la izquierda debe vivir en la austeridad absoluta o, de lo contrario, será acusado de hipócrita.

    Y aquí hay que hacer una precisión fundamental: si existe una conducta ilegal, corrupción o tráfico de influencias, que se investigue y se sancione. Nadie debería estar por encima de la ley por ser hijo de un expresidente, militante de Morena o integrante de cualquier otro partido.

    Pero una cosa es investigar y otra muy distinta es construir una narrativa donde el pecado parece ser simplemente tener dinero. Porque ahí aparece uno de los argumentos más tramposos de la derecha: decir que quienes somos de izquierda queremos que la gente sea pobre.

    No. La izquierda no romantiza la pobreza. La izquierda quiere acabar con ella. La diferencia es enorme.

    Romantizar la pobreza sería decirle a una familia que debe conformarse con no tener agua potable, con una vivienda precaria, con un salario que no alcanza, con una escuela sin condiciones o con servicios de salud deficientes porque “así vive el pueblo”.

    Eso no es izquierda. Eso sería crueldad. Lo que históricamente hemos planteado desde la izquierda es exactamente lo contrario: que todas las personas tengan derecho a vivir bien. Que una familia trabajadora pueda comprar una casa digna. Que una joven pueda estudiar en una buena universidad. Que un campesino pueda vivir de su tierra. Que un trabajador tenga un salario suficiente.

    Que una persona pueda viajar, conocer el mundo, comer bien, vestir bien y tener acceso a la tecnología sin que todo eso sea patrimonio exclusivo de quienes nacieron en una familia privilegiada. Queremos riqueza.

    Pero aquí está la diferencia fundamental: queremos una sociedad rica, no una sociedad con unos cuantos multimillonarios rodeados de millones de personas empobrecidas. Queremos que la prosperidad se democratice.

    Y por eso resulta tan curioso cuando algunos sectores conservadores intentan presentar cualquier aspiración material de la izquierda como una contradicción. ¿Acaso alguien que defiende la justicia social debe pedir perdón por querer vivir bien? ¿Acaso defender a los trabajadores significa que los trabajadores tienen que permanecer pobres para demostrar que son auténticos? ¿Acaso luchar contra la desigualdad significa que nadie puede aspirar a tener una casa bonita, un buen automóvil, viajar o construir un patrimonio?

    Por supuesto que no. El problema nunca ha sido que una persona tenga dinero. El problema es cómo se obtiene ese dinero, si existe corrupción, si hay abuso del poder, si se utilizan recursos públicos para beneficio privado o si las reglas son distintas para unos y para otros. Y eso debe aplicarse a todos.

    Lo mismo para un hijo de López Obrador que para un hijo de cualquier empresario, gobernador, expresidente o dirigente político. Porque si de verdad queremos combatir la corrupción, necesitamos reglas universales, no campañas selectivas.

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  • Doble nacionalidad, doble lealtad

    Doble nacionalidad, doble lealtad

    La propuesta de Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República o por una gubernatura ha provocado, como era previsible, una tormenta política. Ya aparecieron quienes hablan de discriminación, de restricciones a los derechos políticos y hasta de una supuesta persecución contra los mexicanos que también tienen otra nacionalidad.

    Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de repetir esos argumentos: ¿por qué tendría que ser controversial exigir una sola nacionalidad para quien aspire a dirigir un Estado?

    La presidenta Sheinbaum planteó esta posibilidad después de referirse, entre otros asuntos, al caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. La propuesta todavía tendría que convertirse en una iniciativa y pasar por el proceso legislativo correspondiente; es decir, no estamos hablando de una prohibición vigente, sino de una reforma constitucional que está siendo analizada.

    Y aquí conviene separar dos cosas: tener doble nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en traidora ni significa que responderá a intereses extranjeros. Sería absurdo afirmar eso. Millones de mexicanos tienen otra nacionalidad por razones familiares, migratorias o de nacimiento y siguen teniendo un profundo vínculo con México. Pero una cosa es tener doble nacionalidad y otra muy distinta es aspirar a ejercer el máximo poder político de la nación.

    La Presidencia de México no es cualquier cargo. Quien ocupa ese puesto toma decisiones sobre seguridad nacional, política exterior, relaciones comerciales, migración, energía y defensa de los intereses mexicanos frente a otras potencias. Por eso resulta legítimo preguntarnos si quien gobierna debe tener una vinculación jurídica y política exclusiva con México.

    Y no es una discusión imaginaria. Colombia nos está poniendo sobre la mesa un caso que vale la pena observar. El presidente electo Abelardo de la Espriella cuenta con nacionalidad estadounidense, situación que ya provocó un intenso debate en aquel país sobre los posibles conflictos de interés y sobre las lealtades que puede implicar tener ciudadanía de otra nación. Incluso juristas colombianos han discutido públicamente las consecuencias de esa condición.

    Y aquí está el punto central: no se trata de afirmar que alguien con ciudadanía estadounidense necesariamente obedecerá a Washington. Se trata de evitar que exista siquiera la posibilidad de un conflicto de intereses en quien tendrá que defender los intereses de México. Porque la política internacional no funciona con ingenuidad.

    Estados Unidos, particularmente, utiliza sus herramientas económicas, diplomáticas, migratorias y jurídicas para defender sus intereses. México lo sabe perfectamente. Por eso, cuando hablamos de la persona que tendrá en sus manos la representación del Estado mexicano, la discusión sobre posibles vínculos jurídicos con otra nación no debería ser tabú.

    De hecho, hay algo paradójico en todo esto. A los mexicanos se nos exige constantemente demostrar lealtad a nuestro país. Se cuestiona a quien tiene negocios en el extranjero, cuentas en otros países o relaciones políticas internacionales. Pero cuando se plantea que quien aspire a ser presidente o gobernador tenga una sola nacionalidad, algunos descubren de repente que la soberanía nacional es un concepto incómodo.

    No lo es. La soberanía también significa establecer reglas para quienes pretenden ejercer el poder en nombre de una nación.

    Y quienes se escandalizan porque una reforma de este tipo podría afectar los derechos políticos de algunos ciudadanos deberían recordar que los derechos políticos, como cualquier derecho, pueden estar sujetos a requisitos constitucionales cuando se trata de ocupar determinadas responsabilidades públicas.

    En tiempos donde las presiones extranjeras sobre los gobiernos latinoamericanos son cada vez más evidentes, más que una discusión sobre documentos de identidad, estamos hablando de soberanía.

    Y en materia de soberanía, vale más prevenir un conflicto de intereses que lamentarlo cuando ya sea demasiado tarde. México necesita gobernantes que tengan claro para quién trabajan.  Para México. Nada más.

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  • La visa gringa no es una medalla

    La visa gringa no es una medalla

    Hay algo profundamente colonial en la manera en que en México seguimos hablando de una visa estadounidense. Como si fuera un diploma. Como si fuera un certificado de buena conducta. Como si tenerla significara que Washington te considera una persona honorable, confiable, decente y políticamente respetable. Y si te la quitan, entonces, de pronto, aparece la sospecha: algo habrás hecho. Ese es precisamente el juego político que Estados Unidos ha aprendido a explotar.

    La reciente revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, volvió a ponerlo de manifiesto. El hijo del expresidente AMLO informó que Estados Unidos canceló su visa y acusó que la decisión tenía un carácter político. Washington, por su parte, defendió su facultad para cancelar visas, pero no hizo pública una explicación específica sobre el caso.

    Y ahí está el asunto. Una visa no es una sentencia judicial. No es una investigación. No es una orden de aprehensión. No es una declaración de culpabilidad. Y, sobre todo, no es una medalla de honor que Estados Unidos pueda entregar o retirar para decirle al mundo quién es bueno y quién es malo.

    Pero en México hemos permitido que se construya esa percepción. Cuando un político obtiene la visa estadounidense, algunos medios lo presentan casi como si hubiera recibido la bendición de Washington. “Ya tiene visa.” “Estados Unidos no le ha retirado la visa.”

    Y entonces comienza el juego de las interpretaciones. Porque en el imaginario político mexicano una visa estadounidense se convirtió en una especie de certificado de legitimidad. Qué absurdo. Estados Unidos no es el Ministerio de la Verdad. Y Marco Rubio no es el sacerdote encargado de repartir indulgencias diplomáticas.

    El problema no es que Estados Unidos tenga derecho, conforme a sus leyes, a decidir quién entra a su territorio. Por supuesto que lo tiene. Todos los Estados tienen políticas migratorias y mecanismos para negar o cancelar permisos de entrada.

    El problema aparece cuando ese instrumento administrativo comienza a utilizarse como mensaje político. Porque entonces la visa deja de ser solamente un documento migratorio. Se convierte en un garrote. Una señal. Un “te estamos observando”. Un “podemos afectarte”.  Un “podemos hacer que esto tenga un costo político”.

    Y ahí cambia completamente la discusión. Porque Washington sabe perfectamente cómo funciona la política mexicana. Sabe que una cancelación de visa puede convertirse en noticia nacional. Sabe que determinados sectores políticos van a celebrarlo. Sabe que algunos medios lo presentarán como una especie de prueba de culpabilidad. Y sabe que habrá quienes conviertan un trámite migratorio en un juicio moral.

    Eso es lo verdaderamente poderoso. No la visa.  El significado político que nosotros mismos le hemos otorgado. La curiosa soberanía que termina en la garita.

    Hay otra contradicción todavía más interesante. Hay mexicanos que pasan años denunciando cualquier supuesto abuso del Estado mexicano contra sus adversarios políticos, pero cuando Estados Unidos utiliza sus instrumentos migratorios contra alguien que no les gusta, celebran. De pronto, la soberanía desaparece. La independencia nacional se convierte en un detalle. Y Washington adquiere una autoridad moral que nadie le otorgó. “Estados Unidos le quitó la visa.” Entonces algunos celebran.

    Como si Estados Unidos hubiera dictado sentencia. Como si hubiera descubierto la verdad absoluta. Como si la política exterior estadounidense estuviera guiada exclusivamente por la justicia universal. Vamos a calmarnos tantito.

    Estamos hablando del mismo país que durante décadas utilizó su política exterior para intervenir en América Latina, respaldar gobiernos autoritarios cuando le resultaba conveniente y utilizar sanciones, bloqueos, restricciones migratorias y mecanismos financieros como instrumentos de presión.

    ¿De verdad vamos a fingir que sus decisiones siempre están desprovistas de intereses políticos? No.

    Una potencia también hace política. Y las visas pueden formar parte de esa política. De una política imperialista hay que decirlo y verlo con esos ojos.

    Por lo que debemos concluir que una visa estadounidense no debe ser un símbolo de dignidad para nadie. Ni para Andy. Ni para una gobernadora. Ni para un empresario. Ni para una periodista. Ni para un expresidente. Ni para un ciudadano común.

    Y tampoco debería ser motivo de vergüenza perderla. Si alguien comete un delito, que responda ante la justicia. Si alguien tiene vínculos con organizaciones criminales, que se investigue y se pruebe. Si alguien incurre en corrupción, que se documente. Pero si el único argumento es “Estados Unidos le quitó la visa”, entonces no tenemos una acusación. Tenemos un permiso migratorio cancelado. Y nada más.

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  • Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Hay un sector en México que solo cree en la libertad cuando le conviene. Es el de los grandes consorcios mediáticos que, durante décadas, confundieron un privilegio empresarial con un derecho humano.

    Bastó que se publicaran los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias para que comenzara el espectáculo. Las mismas voces de siempre anunciaron la llegada de la dictadura. Hablaron de censura, de mordazas, de persecución y del supuesto fin de la libertad de expresión. Parecía que el Estado había prohibido el periodismo crítico, cuando en realidad se estaba hablando de algo mucho más sencillo: reconocer que quienes consumen radio y televisión también tienen derechos.

    La reacción fue tan exagerada como reveladora. Porque cuando alguien afirma que proteger a las audiencias equivale a censurar a los medios, en realidad está diciendo que cualquier límite a su poder le resulta intolerable.

    Durante años nos quisieron vender una idea bastante peculiar del derecho de las audiencias: “si no te gusta, cambia de canal”. Una respuesta tan cómoda como absurda.

    Siguiendo esa lógica, si una empresa vende alimentos contaminados bastaría con recomendar a la gente que compre en otro lado. Si un banco engaña a sus clientes, el problema sería de quienes firmaron el contrato. Si una farmacéutica miente sobre un medicamento, la solución sería dejar de comprarlo.

    No funciona así. Los derechos existen precisamente para equilibrar relaciones de poder.

    Las audiencias no son simples consumidores cautivos. Son personas con derecho a distinguir información de opinión, a saber cuándo un contenido es publicidad, a exigir mecanismos para presentar inconformidades y a esperar estándares mínimos de responsabilidad en los contenidos que reciben.

    Eso no elimina la libertad de expresión. La fortalece.

    Porque una democracia necesita medios críticos, sí, pero también necesita ciudadanos protegidos frente a prácticas engañosas.

    Resulta curioso que quienes hoy levantan la bandera de la libertad guardaran un silencio casi absoluto cuando durante décadas unos cuantos grupos empresariales concentraban buena parte de la radio y la televisión nacionales. Aquella concentración nunca les pareció un problema para el pluralismo. Tampoco parecían demasiado preocupados cuando los intereses comerciales definían qué temas merecían cobertura y cuáles desaparecían del debate público.

    No deja de sorprender que algunos editorialistas describan cualquier regulación como una agresión a la democracia, mientras en otros ámbitos defienden sin reparo la regulación de mercados, empresas o plataformas digitales. Parece que las reglas solo son aceptables cuando se aplican a otros.

    El fondo del debate nunca fue la libertad de expresión. Es el poder.

    Porque los derechos de las audiencias significan que los medios dejan de ser la única parte con voz. Significan reconocer que la ciudadanía no está obligada a aceptar pasivamente información confusa, publicidad disfrazada de noticia o contenidos que incumplen las obligaciones previstas en la ley.

    Y eso incomoda. No porque impida hacer periodismo. Sino porque reduce la idea, instalada durante años, de que un concesionario puede actuar sin responder ante nadie más que sus anunciantes.

    La libertad de expresión merece ser defendida siempre, especialmente frente al poder político. Pero precisamente por su importancia no debería utilizarse como escudo para rechazar cualquier discusión sobre responsabilidad, transparencia o derechos de las audiencias.

    Quizá esa sea la mayor ironía de toda esta polémica. Quienes hoy aseguran defender la libertad de expresión parecen mucho más preocupados por conservar sus viejos privilegios que por reconocer los derechos de quienes los escuchan, los ven y, al final del día, hacen posible su existencia: las audiencias.

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  • Exámenes de admisión, inteligencia artificial, trampas, neoliberalismo y más

    Exámenes de admisión, inteligencia artificial, trampas, neoliberalismo y más

    Hoy el debate gira en torno al examen de admisión de la UNAM. Videos, denuncias y testimonios sobre el uso de inteligencia artificial para responder preguntas, dudas sobre la seguridad del sistema y críticas a la empresa contratada para diseñar y aplicar la evaluación han ocupado las redes sociales durante días. La universidad ya anunció investigaciones y revisiones del proceso.

    Pero quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. Porque el verdadero problema no es que la inteligencia artificial haya encontrado la manera de vulnerar un examen.

    El verdadero problema es que seguimos creyendo que un examen de unas cuantas horas puede decidir el futuro académico de cientos de miles de jóvenes. La IA no inventó la crisis, la hizo evidente.

    Durante décadas se nos ha vendido la idea de que los exámenes de admisión son instrumentos objetivos, neutrales y meritocráticos. No lo son.

    Un examen estandarizado mide la capacidad para responder un cuestionario bajo determinadas condiciones. No mide creatividad. No mide pensamiento crítico. No mide vocación. No mide disciplina. No mide liderazgo. No mide compromiso social. Mucho menos determina quién será un mejor médico, ingeniera, abogada, historiador o científico.

    Lo que sí hace es clasificar, ordenar, excluir. Esa ha sido siempre su función.

    El argumento oficial sostiene que las universidades públicas no tienen suficientes lugares para atender toda la demanda y, por tanto, deben seleccionar.

    Ese problema es real. Pero convertir una limitación presupuestal en una supuesta prueba de mérito es una decisión política.

    Cuando miles de jóvenes quedan fuera cada año, el mensaje implícito no es únicamente que “no alcanzaron el puntaje”. También se normaliza la idea de que la educación superior es un privilegio escaso y no un derecho que el Estado debe garantizar progresivamente.

    Ahí aparece la lógica neoliberal. No porque exista un examen en sí mismo, sino porque la escasez termina administrándose mediante mecanismos de competencia individual en lugar de resolverse con una expansión suficiente de la educación pública.

    El resultado es conocido. Quien puede pagar cursos especializados, simuladores, asesorías privadas o plataformas digitales llega con ventaja. Quien estudió en escuelas con mayores recursos también parte desde una posición distinta.

    Y quien no aprueba suele escuchar que “no se esforzó lo suficiente”, como si todas las personas hubieran competido desde el mismo punto de partida.

    La meritocracia suele olvidar las desigualdades. Por eso tampoco sorprende que alrededor de estos exámenes haya florecido toda una industria: Cursos, guías, plataformas, aplicaciones, escuelas privadas que prometen “asegurar el ingreso” y un largo etc.

    La educación pública termina alimentando un mercado privado construido alrededor de la exclusión. Paradójicamente, cuanto más difícil es entrar a una universidad pública, más rentable se vuelve preparar a quienes intentan hacerlo.

    La inteligencia artificial solo agregó un nuevo ingrediente a esa ecuación. Si una herramienta tecnológica es capaz de responder un examen diseñado para medir conocimientos, quizá también está revelando que ese instrumento evalúa habilidades que hoy pueden automatizarse con relativa facilidad.

    Las universidades tienen el enorme desafío de repensar sus mecanismos de ingreso en un mundo donde la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana.

    Eso implica fortalecer la integridad académica, revisar los procesos tecnológicos y garantizar que cualquier empresa contratada para desarrollar estas plataformas cumpla con los más altos estándares de seguridad y transparencia.

    Pero también implica algo mucho más profundo. Preguntarnos si el examen estandarizado sigue siendo el mejor camino para decidir quién merece estudiar. Porque el conocimiento ya no consiste únicamente en memorizar información.

    Hoy importa comprender, argumentar, crear, investigar, resolver problemas y trabajar de manera colaborativa. Nada de eso cabe completamente en una hoja de respuestas.

    La discusión no debería agotarse en descubrir quién hizo trampa. Debería llevarnos a cuestionar un modelo de selección que desde hace décadas deja fuera a cientos de miles de jóvenes, no necesariamente porque carezcan de talento, sino porque el sistema educativo no ha crecido al ritmo de las necesidades del país.

    Lo verdaderamente importante será decidir si queremos seguir defendiendo un mecanismo de exclusión diseñado para administrar la escasez o construir un sistema universitario capaz de garantizar que el derecho a la educación no dependa de un examen de unas cuantas horas.

    Porque cuando el principal filtro para acceder a un derecho es sobrevivir a una prueba estandarizada, quizá el problema nunca fue la inteligencia artificial. Quizá el problema siempre fue el examen.

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  • Los nacos sí votan

    Los nacos sí votan

    Cada cierto tiempo, cuando los resultados de una elección no complacen a ciertos sectores, reaparece la misma idea con distinto disfraz: que no todas las personas deberían tener derecho a votar. Que habría que exigir determinado nivel de estudios, cierto ingreso económico, una prueba de conocimientos o cualquier otro filtro para decidir quién merece participar en la vida democrática.

    En otras palabras, la vieja aspiración de que solo voten “los correctos”, y es curioso. Quienes se llenan la boca hablando de libertad son los primeros en querer restringir el derecho político más importante de una sociedad democrática. No les molesta el voto; les molesta que vote quien no piensa como ellos.

    Detrás de estos planteamientos no hay preocupación por la democracia. Hay clasismo. Porque cuando dicen que “la gente ignorante no debería votar”, rara vez se refieren al empresario que comparte teorías conspirativas, al político corrupto con varios posgrados o al analista que vive equivocado. No. Casi siempre el destinatario de ese desprecio tiene un rostro muy específico: el trabajador, la empleada doméstica, el campesino, el albañil, la comerciante, la persona que no fue a la universidad, quien vive en una colonia popular o quien habla con un acento distinto al suyo.

    En México existe una palabra que esas élites utilizan con absoluta naturalidad para expresar ese desprecio: “naco”. “Naco” no describe una conducta. Describe, en su imaginario, una condición social. Es la manera socialmente aceptable de insultar a quien consideran inferior.

    Por eso el problema nunca fue la supuesta capacidad para votar. El problema es que millones de personas a las que históricamente despreciaron hoy tienen el mismo peso político que ellos frente a la urna. Eso les resulta insoportable.

    La democracia nació precisamente para romper con la idea de que el poder debía pertenecer únicamente a una élite ilustrada, aristocrática o adinerada. Durante siglos se negó el voto a quienes no tenían propiedades, a las mujeres, a las personas racializadas y a las clases trabajadoras. Siempre hubo argumentos aparentemente racionales para justificar esa exclusión.

    Que no estaban preparados. Que eran manipulables. Que no entendían los asuntos públicos. Que votarían con el estómago. Las excusas cambian. El prejuicio permanece.

    Lo verdaderamente peligroso es que estas ideas ya no circulan únicamente en conversaciones privadas o en publicaciones aisladas de redes sociales. Poco a poco han encontrado eco en comentaristas, influencers y personajes públicos que presentan el elitismo como si fuera sentido común.

    No soportan que una persona que limpia oficinas tenga exactamente el mismo valor electoral que un empresario. Les parece una anomalía que un joven de una comunidad indígena tenga el mismo peso político que un conductor de televisión o un financiero.

    Toda experiencia antidemocrática comienza definiendo quién merece ser considerado un ciudadano pleno y quién no. Primero se cuestiona su capacidad. Después se limita su participación. Finalmente se le excluye por completo.

    Defender el sufragio universal no significa creer que todas las personas están siempre bien informadas. Nadie lo está. Todos tenemos sesgos, preferencias e intereses. La solución nunca ha sido quitar derechos, sino garantizar más educación, más información, más debate público y mejores condiciones para ejercer una ciudadanía crítica.

    Los derechos no son premios por aprobar un examen. Son la base de una sociedad democrática.

    Y si algo ha demostrado la historia de México es que las grandes transformaciones no llegaron por concesión de las élites. Llegaron cuando quienes durante décadas fueron ignorados comenzaron a organizarse, participar y decidir.

    Eso también ocurre en las urnas. Así que sí. Los nacos sí votan. Las trabajadoras del hogar votan. Los campesinos votan. Los obreros votan. Las personas indígenas votan. Los estudiantes votan. Las personas adultas mayores votan. Las personas LGBTTTIQA+ votan.  Las personas con discapacidad votan. Las mujeres votan. Los jóvenes votan. Y afortunadamente lo hacen.

    Porque una democracia donde solo votan los privilegiados deja de ser democracia para convertirse en un club privado con pretensiones de república. A algunos les incomoda que el pueblo decida. A nosotros nos preocuparía mucho más que dejara de hacerlo.

  • Lindsey Graham: cuando el halcón deja de volar

    Lindsey Graham: cuando el halcón deja de volar

    La muerte del senador republicano Lindsey Graham marca el final de una de las carreras políticas más influyentes —y más polémicas— de la derecha estadounidense. Graham falleció a los 71 años tras una enfermedad repentina, según informó su oficina. Pero la muerte de un político no obliga a maquillar su legado.

    En política, el respeto a la vida humana no significa renunciar al juicio histórico. Y el juicio sobre Lindsey Graham difícilmente puede separarse de las guerras que promovió, de las sanciones económicas que defendió y de la visión del mundo que ayudó a consolidar desde Washington.

    Graham fue uno de los grandes halcones de la política exterior estadounidense. Durante décadas defendió una idea simple y profundamente peligrosa: que Estados Unidos tiene el derecho —e incluso la obligación— de intervenir militarmente en cualquier rincón del planeta cuando sus intereses así lo dicten.

    Apoyó invasiones. Respaldó bombardeos. Impulsó sanciones que afectaron a poblaciones enteras. Promovió una política internacional basada más en la fuerza que en la diplomacia.

    No es casualidad que fuera uno de los principales promotores del endurecimiento contra Irán, Rusia y otros países considerados adversarios de Washington. Tampoco es casualidad que, hasta sus últimos días, siguiera defendiendo una política exterior agresiva y una mayor presión militar sobre los rivales de Estados Unidos.

    Su discurso iba mucho más allá del conservadurismo tradicional. En múltiples ocasiones normalizó una retórica donde la guerra aparecía como la solución natural a los conflictos internacionales y donde la supremacía estadounidense justificaba prácticamente cualquier acción. Ese tipo de pensamiento ha provocado millones de víctimas alrededor del mundo.

    No se trata únicamente de decisiones militares. También hablamos de bloqueos económicos, intervenciones políticas, desestabilización de gobiernos y una visión según la cual algunos países tienen derecho a decidir el destino de otros.

    Ese es el verdadero rostro del imperialismo contemporáneo. Y Lindsey Graham fue uno de sus defensores más visibles.

    En el plano interno tampoco fue una figura moderada. Respaldó a Donald Trump durante la transformación del Partido Republicano hacia posiciones cada vez más radicalizadas, a pesar de haber sido uno de sus críticos más severos años antes.

    También defendió posiciones duramente cuestionadas en materia migratoria, derechos de las personas LGBT+, acceso al aborto y seguridad nacional. Muchas de sus declaraciones alimentaron un clima político donde el adversario dejó de ser un interlocutor para convertirse en un enemigo.

    Cuando la política deja de reconocer la humanidad del otro, comienza a acercarse peligrosamente a las lógicas fascistas. Donde se desarrollan discursos de nacionalismo extremo, la glorificación de la fuerza, la construcción permanente de enemigos internos y externos, y la idea de que la seguridad justifica restringir derechos y libertades.

    Lindsey Graham contribuyó a normalizar buena parte de esa narrativa. Por eso, más que preguntarnos cómo murió, conviene preguntarnos qué deja detrás. Porque las personas pasan. Las ideas permanecen.

    Y el verdadero riesgo no es la desaparición de un senador, sino la permanencia de una doctrina que sigue creyendo que la paz puede construirse a través de la guerra, que la democracia puede exportarse con bombas y que la hegemonía de una potencia vale más que la soberanía de los pueblos.

    La historia juzgará a Lindsey Graham no por los homenajes oficiales ni por las banderas a media asta. Lo hará por las consecuencias de las políticas que defendió. Y esas consecuencias todavía siguen pesando sobre millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos.

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  • ¿Por qué perdió México ante Inglaterra?

    ¿Por qué perdió México ante Inglaterra?

    La selección mexicana mostró algo que durante muchos años no había tenido: carácter. Peleó, compitió, hizo sufrir a uno de los favoritos incluso cuando el marcador parecía sentenciado. Pero el fútbol de élite no premia el esfuerzo; premia los proyectos bien construidos. Y ahí es donde México volvió a fracasar.

    En la cancha hubo errores evidentes. Faltó imaginación para romper una defensa ordenada. El ataque dependió demasiado de impulsos individuales y nunca encontró variantes cuando el rival cerró espacios. Tácticamente el equipo tardó en reaccionar y defensivamente hubo desconcentraciones imperdonables en la marca que terminaron costando goles. Esos errores existen y deben señalarse.

    Pero quedarse únicamente con el análisis del partido sería engañarnos otra vez. México no perdió este Mundial por noventa minutos malos. Lo perdió durante años. Lo perdió cuando el fútbol dejó de ser un proyecto deportivo para convertirse exclusivamente en un negocio.

    Porque mientras las grandes potencias invierten en formación, infraestructura, desarrollo de talento y competencia, aquí seguimos administrando un mercado cautivo.

    La abolición del ascenso y descenso fue quizá el golpe más duro para la competitividad del fútbol mexicano. Se eliminó el miedo al fracaso. Se acabó la urgencia por mejorar. Muchos clubes entendieron que ya no era indispensable competir para permanecer; bastaba con cumplir los requisitos administrativos y financieros.

    ¿Para qué invertir en fuerzas básicas si el descenso ya no existe? ¿Para qué arriesgar con jóvenes si es más sencillo traer futbolistas extranjeros de nivel mediocre que, además, generan comisiones para representantes y directivos?

    Nadie discute que los extranjeros enriquecen una liga cuando elevan su nivel. El problema es que en México llegan demasiados jugadores que no son mejores que el talento nacional. Ocupan plazas, frenan procesos y reducen oportunidades para futbolistas mexicanos que necesitan minutos para desarrollarse.

    Después nos preguntamos por qué en la Selección faltan laterales, centrales o extremos capaces de competir al máximo nivel. La respuesta juega todos los fines de semana… sentado en la banca. 

    Y mientras eso ocurre, las televisoras y los grupos empresariales siguen controlando buena parte del ecosistema del fútbol mexicano. Durante décadas el balón dejó de ser solamente un deporte para convertirse en un producto televisivo. Los horarios responden al rating. Los calendarios a los contratos. Las decisiones deportivas a los intereses comerciales. Los dueños poseen varios equipos. Los conflictos de interés se normalizan. Las multipropiedades sobreviven.

    Y la Federación Mexicana de Fútbol parece mucho más preocupada por vender derechos comerciales que por construir un modelo deportivo capaz de competir con las mejores selecciones del mundo.

    Cada fracaso mundialista promete una “reestructuración histórica”. Cambian nombres, cambian entrenadores, cambian directores deportivos; pero nunca cambia el modelo. Porque tocar el modelo significa afectar negocios y eso nadie quiere hacerlo.

    Resulta mucho más sencillo culpar al entrenador de turno o al delantero que falló una oportunidad que preguntarse quién diseñó este sistema donde la rentabilidad importa más que la competencia.

    Mientras Argentina exporta futbolistas formados en una estructura competitiva y Europa convierte a sus ligas en laboratorios de desarrollo, México presume estadios llenos, contratos millonarios y balances financieros saludables.

    El negocio funciona. El fútbol, no. Quizá por eso este Mundial deja una sensación distinta, no porque México estuviera cerca de eliminar a Inglaterra, sino porque quedó claro que los jugadores pelearon con las herramientas que tenían.

    El problema no fueron únicamente ellos, el problema empieza mucho antes de que ruede el balón. Empieza en las oficinas donde se decidió cancelar el ascenso y descenso, empieza cuando se privilegió el espectáculo sobre la formación, empieza cuando se entendió al aficionado como consumidor y no como parte de una cultura deportiva, empieza cuando la Federación olvidó que el objetivo de una liga profesional no es únicamente producir ganancias, también debe producir futbolistas.

    Y mientras esa lógica no cambie, seguiremos haciendo lo mismo cada cuatro años: cambiar de entrenador, buscar culpables en la cancha y convencernos de que el próximo Mundial será diferente. No lo será, porque México no necesita otro director técnico, necesita recuperar el fútbol de quienes hicieron del negocio su cancha favorita.

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