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Etiqueta: Carlos Mendoza

  • Lula demostró que sí se le puede ganar a Trump

    Lula demostró que sí se le puede ganar a Trump

    La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil es mucho más que un triunfo electoral: es un mensaje para toda América Latina. La izquierda puede remontar, resistir a la ultraderecha y derrotar a los proyectos políticos que buscan someter a nuestros pueblos.

    Lula quedó en segundo lugar en la primera vuelta, pero logró remontar y ganar el balotaje con el 51.79 % de los votos. Derrotó a Flávio Bolsonaro, representante de una derecha que mantiene vínculos políticos con Donald Trump y los sionistas israelíes y forma parte de una corriente ultraconservadora que pretende recuperar el control de la región.

    También fue una victoria frente al poder de las grandes plataformas digitales y la desinformación. La campaña de Lula denunció un trato desigual por parte de Meta, acusación que la empresa rechazó y después terminó aceptando. Más allá de esa controversia, el resultado demuestra que las redes sociales no tienen la última palabra cuando existe organización popular y una estrategia de comunicación digital de izquierda que puede romper cualquier cerco de bots y desinformación.

    Lula no viene de las élites: fue obrero metalúrgico y dirigente sindical. Su historia representa a millones de trabajadoras y trabajadores que aspiran a vivir con dignidad. Sus políticas sociales, los programas contra la pobreza y la ampliación de oportunidades educativas demostraron que gobernar desde la izquierda significa poner en el centro a quienes históricamente han sido olvidados.

    Por eso su triunfo importa tanto. En tiempos en que Trump y la ultraderecha internacional intentan imponer su agenda, Brasil demuestra que los pueblos pueden defender su soberanía y elegir un camino distinto.

    La victoria de Lula no resuelve todos los desafíos de Brasil, pero sí deja una lección para quienes luchamos por una América Latina más justa: sí se le puede ganar a Trump, sí se le puede derrotar a la ultraderecha y sí existe una alternativa desde la izquierda.

    ¡Viva Brasil! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Y que viva una América Latina libre, soberana y con justicia social!

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  • Carlos Gutiérrez Mancilla: el porrismo como forma de hacer política

    Carlos Gutiérrez Mancilla: el porrismo como forma de hacer política

    Hay políticos que buscan convencer con argumentos y otros que parecen creer que la mejor manera de demostrar poder es mediante los insultos, los empujones y la intimidación. Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI, parece encajar en esta segunda categoría.

    Sus recientes enfrentamientos con figuras de otras fuerzas políticas, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, Arturo Ávila y Jorge Álvarez Máynez, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta necesaria: ¿en qué momento la política dejó de ser un espacio para debatir y se convirtió en un espectáculo de confrontaciones físicas?

    Porque una cosa es defender una postura con firmeza y otra muy distinta es recurrir a la agresión para intentar imponerse. El porrismo no es valentía, ni los golpes son argumentos.

    También debemos hablar de la cultura machista que atraviesa estas conductas. Durante décadas se ha asociado la masculinidad con imponerse por la fuerza, intimidar al adversario y demostrar que nadie puede cuestionar al hombre que ocupa una posición de poder. Esa lógica también se reproduce en la política y debe ser cuestionada, sin importar quién la ejerza o contra quién se dirija.

    Un representante popular no debería necesitar recurrir a la violencia para demostrar autoridad. Su responsabilidad es legislar, proponer soluciones y representar a la ciudadanía, no convertir las diferencias políticas en riñas.

    Y que Mancilla pertenezca al PRI tampoco es un detalle menor en términos simbólicos. El partido que gobernó México durante décadas carga con una historia de autoritarismo, corporativismo y prácticas de control político. Sería injusto afirmar que todos sus militantes actúan de la misma manera, pero sí es legítimo cuestionar cuando sus representantes reproducen comportamientos que recuerdan aquellas “viejas” formas de ejercer el poder.

    La democracia mexicana ha costado décadas de luchas sociales y políticas. No podemos normalizar que quienes ocupan cargos públicos regresen a la lógica de la intimidación y la fuerza.

    Además, cuando las dirigencias toleran estas conductas o evitan establecer límites claros, también deben responder por la cultura política que permiten dentro de sus organizaciones.

    México necesita legisladores que discutan los problemas del país, no políticos que conviertan cada desacuerdo en un ring. La ciudadanía merece propuestas sobre seguridad, empleo, salud y servicios públicos, no espectáculos de agresividad partidista.

    Y esto debe exigirse por igual a todas las fuerzas políticas: ningún partido tiene derecho a justificar la violencia cuando la ejerce uno de los suyos. La tribuna es para las ideas, no para los golpes.

    Carlos Gutiérrez Mancilla puede defender al PRI y confrontar a sus adversarios todo lo que quiera. Lo que no debería hacer es confundir la representación popular con el porrismo.

    Porque la política democrática consiste en convencer, no intimidar; en debatir, no agredir; en transformar la realidad, no reproducir las prácticas autoritarias del pasado.

    México necesita representantes del pueblo, no porros con fuero.

  • Los dos expresidentes

    Los dos expresidentes

    Hay imágenes que, por sí solas, parecen resumir una época. Esta semana México tuvo dos imágenes particularmente contrastantes de dos expresidentes: por un lado, Felipe Calderón, reapareciendo públicamente en el Foro América Libre, un encuentro de la derecha latinoamericana, hablando de democracia, libertad y de los supuestos riesgos que enfrenta México.

    Horas después, una imagen recorrió el país: la estatua de Calderón, que ya se encontraba derribada en el Complejo Cultural Los Pinos, terminó decapitada por extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, quienes habían protestado previamente contra el expresidente.

    Del otro lado, prácticamente al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador reaparecía públicamente para presentar su nuevo libro, Pueblo, una obra en la que vuelve a reflexionar sobre la historia política de México y sobre el proyecto que encabezó durante su sexenio.

    Dos expresidentes.  Dos escenarios. Dos formas completamente distintas de reaparecer ante el país. Dos legados

    Quizá por eso las dos imágenes resultan tan poderosas.

    Mientras uno aparece en un foro de la derecha internacional hablando sobre los peligros que, según él, enfrenta la democracia mexicana; su propia figura escultórica termina convertida en el símbolo de lo que representó su sexenio para el pueblo de México.

    El otro aparece con un libro titulado Pueblo, reivindicando precisamente al sujeto político que colocó en el centro de su discurso durante décadas y que lo acompañó durante toda su vida política.

    El juicio de la historia es contundente, Calderón sigue condenado por aliarse al narco y desatar una guerra sinsentido con miles de muertos inocentes, robarse la presidencia con un fraude asqueroso, pero además por dejar a millones en la pobreza (incluidos los 44 mil del SME), y continuar saqueando nuestro país y entregando nuestros recursos a las empresas extranjeras.

    En cambio, con el buen AMLO el dictamen es todo lo contrario (por más que salgan bots y derechosos resentidos a decir lo contrario). Existe un reconocimiento del pueblo de México a esa persona que con sus políticas sacó a más de 13 millones de la pobreza y que nos ha devuelto la dignidad con el reforzamiento y extensión de nuestros derechos humanos, porque mi presi siempre lo tuvo claro, la felicidad es un derecho del pueblo.

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  • 23 de septiembre: la memoria de Madera y las luchas que transformaron a México

    23 de septiembre: la memoria de Madera y las luchas que transformaron a México

    Hay fechas que no aparecen en los calendarios oficiales con la misma fuerza que otras, pero que resultan indispensables para entender la historia contemporánea de México. El 23 de septiembre de 1965 es una de ellas.

    Ese día, en Ciudad Madera, Chihuahua, un grupo de jóvenes estudiantes, maestros y campesinos integrantes del Grupo Popular Guerrillero, encabezado por Arturo Gámiz y Pablo Gómez, intentó tomar el cuartel militar de la localidad.

    La acción fracasó. Murieron ocho integrantes del grupo y seis militares, de acuerdo con la documentación del Archivo General de la Nación. Pero lo ocurrido aquella mañana trascendió el enfrentamiento y se convirtió en un referente para los movimientos armados que surgirían posteriormente en distintas regiones del país.

    Para comprender Madera hay que mirar mucho más atrás que aquella madrugada. Un país que había cerrado muchas puertas. México se presentaba internacionalmente como una nación estable, producto de la Revolución de 1910 y con instituciones consolidadas. Pero debajo de esa imagen existían profundas contradicciones.

    En distintas regiones persistían conflictos agrarios, cacicazgos, concentración de tierras y abusos contra comunidades campesinas. En Chihuahua, diversos grupos habían recurrido durante años a gestiones legales y políticas para obtener soluciones a sus demandas, mientras denunciaban despojos y abusos vinculados con caciques y compañías madereras.

    Al mismo tiempo, durante los años cincuenta y sesenta, México había vivido importantes movimientos estudiantiles, obreros, magisteriales, campesinos y médicos.

    Y ahí está una de las claves para entender Madera. No surgió de la nada. Fue producto de un contexto en el que determinados grupos llegaron a considerar que las vías institucionales no estaban ofreciendo respuestas.

    Madera abrió una etapa. El asalto al cuartel de Ciudad Madera es considerado por diversos investigadores como un punto de partida del movimiento armado socialista mexicano contemporáneo. A partir de entonces aparecieron diferentes organizaciones armadas en distintas regiones del país.

    Y después vendrían acontecimientos que marcarían todavía más profundamente a una generación: el movimiento estudiantil de 1968, la masacre de Tlatelolco, el Halconazo de 1971 y la llamada Guerra Sucia.

    Es imposible contar la historia de los movimientos armados sin contar también la historia de la represión. Y es imposible contar la historia de la represión sin escuchar las razones, demandas y experiencias de quienes fueron perseguidos.

    ¿Y qué tiene que ver todo esto con la democracia? Mucho.

    Pero no porque los movimientos armados, por sí mismos, hayan construido la democracia mexicana. La historia es mucho más compleja.

    La democratización de México fue resultado de décadas de luchas sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, feministas, indígenas, partidistas y ciudadanas, además de reformas electorales e institucionales.

    Pero sería un error negar que las décadas de represión también dejaron una profunda huella en la conciencia política del país. La existencia de presos políticos, desapariciones, torturas, asesinatos y persecución política obligó a generaciones posteriores a plantearse una pregunta fundamental: ¿Qué clase de democracia puede existir si el Estado no tolera la disidencia?

    Conmemorar el 23 de septiembre no significa decir que la violencia política sea lo más deseable ni que tomar las armas sea el único camino que deba seguir una sociedad democrática.

    Significa reconocer que hubo mexicanos que llegaron a considerar que las instituciones no les dejaban otra alternativa. Y significa preguntarnos por qué llegaron a pensar eso.

    Ese es quizá uno de los grandes aprendizajes que nos deja Madera. La democracia no se construye solamente votando. También se construye garantizando que quien protesta pueda hacerlo. Que quien exige tierra pueda ser escuchado. Que quien denuncia corrupción pueda hablar. Que quien piensa diferente no sea perseguido. Que una comunidad pueda defender sus derechos. Que un estudiante pueda organizarse. Que un trabajador pueda sindicalizarse. Que un periodista pueda investigar. Que una familia pueda exigir verdad y justicia.

  • La Independencia hoy

    La Independencia hoy

    Cada septiembre, México se llena de banderas, música, luces tricolores y discursos sobre nuestros héroes nacionales. Recordamos a Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Guerrero y a tantos hombres y mujeres que participaron en una de las mayores transformaciones políticas de nuestra historia.

    Gritamos ¡Viva México! y celebramos la Independencia. Pero quizá valdría la pena preguntarnos algo más: ¿qué significa hoy ser un país independiente?

    Porque la Independencia no fue solamente la ruptura con la Corona española. Fue también la aspiración de que los mexicanos y mexicanas pudiéramos decidir nuestro propio destino.

    Y esa aspiración ha tenido que defenderse una y otra vez. Después de consumada la Independencia llegaron nuevas amenazas. México enfrentó intervenciones extranjeras, invasiones, guerras y presiones de potencias que pretendían decidir sobre nuestro territorio y nuestro gobierno.

    Fuimos invadidos por Estados Unidos en el siglo XIX. Perdimos más de la mitad del territorio nacional. Después enfrentamos -alentada por los conservadores mexicanos- la segunda intervención francesa y la imposición de un imperio encabezado por Maximiliano.

    Y en cada uno de esos momentos apareció una misma pregunta: ¿México sería dueño de su propio destino o permitiría que las potencias extranjeras decidieran por nosotros?

    La respuesta de personajes como Benito Juárez fue contundente: México debía ser una nación soberana. Por eso resulta imposible entender nuestra historia nacional sin hablar de la lucha antiimperialista.

    Porque México no construyó su identidad únicamente enfrentándose al colonialismo español. También tuvo que defenderse de los proyectos expansionistas de otras potencias. Y esa historia sigue siendo relevante.

    Hoy las formas de dominación son diferentes. Ya no necesariamente llegan ejércitos extranjeros a ocupar nuestras plazas. La presión puede aparecer mediante intereses económicos, dependencia tecnológica, organismos financieros, campañas de desinformación, amenazas comerciales, presiones diplomáticas o intentos de intervenir en las decisiones internas de los países.

    El imperialismo del siglo XXI puede utilizar otras herramientas, pero mantiene una vieja lógica: que las naciones poderosas puedan imponer condiciones a las naciones que consideran débiles.

    Por eso hablar de soberanía en pleno 2026 no es un asunto del pasado. Es un asunto completamente actual. México tiene derecho a definir su política energética, económica, migratoria, social y de seguridad. Tiene derecho a relacionarse con Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, Asia y el resto del mundo desde la cooperación y el respeto mutuo, no desde la subordinación.

    Un México soberano puede comerciar con el mundo, recibir inversión extranjera, establecer alianzas internacionales y cooperar con otros países. La diferencia está en que cooperar no significa obedecer. Relacionarse con otras naciones no significa renunciar a la dignidad nacional.

    Y quizá ese sea uno de los grandes aprendizajes que nos deja nuestra historia. La soberanía no se hereda para siempre.  Se defiende todos los días.

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  • No, los programas sociales no son dinero tirado a la basura

    No, los programas sociales no son dinero tirado a la basura

    Hay una frase que se ha vuelto demasiado cómoda entre ciertos comentaristas, opinadores y sectores de la oposición: “los programas sociales son dinero tirado a la basura”. La repiten como si fuera una verdad económica, cuando en realidad es una vieja idea política clasista disfrazada de análisis.

    No, compañeras y compañeros: darle una pensión a una persona adulta mayor no es tirar dinero a la basura. Darle una beca a un joven tampoco. Apoyar a una persona con discapacidad no es desperdiciar recursos públicos. Y mucho menos es “regalar dinero”.

    En el periodo neoliberal durante décadas nos acostumbraron a pensar que el gobierno podía decidir quién recibía ayuda y quién no. Los programas sociales podían desaparecer, cambiar de nombre o convertirse en instrumentos de presión política dependiendo de quién estuviera en el poder.

    Porque cuando un gobierno le decía a una persona: “te doy esto porque yo quiero y porque me vas a apoyar con tu voto y activismo político”, el ciudadano terminaba dependiendo de la voluntad del político. Eso es precisamente lo que debería preocuparnos cuando hablamos de clientelismo y de administración de la pobreza.

    Hoy la lógica es distinta: los apoyos forman parte de una política de bienestar que busca garantizar derechos y reducir desigualdades. El propio CONEVAL ha señalado que la política social debe analizarse desde un enfoque de derechos y que los programas están vinculados con derechos sociales y bienestar económico.

    Entonces dejemos de hablar de los beneficiarios como si fueran una masa de personas esperando que el gobierno les aviente dinero. Hablemos de personas. La abuela que después de toda una vida de trabajo recibe una pensión y puede comprar sus cosas. La joven que puede continuar estudiando gracias a una beca. La persona con discapacidad que recibe un ingreso que le permite enfrentar parte de sus gastos. El campesino que obtiene apoyo para continuar trabajando su tierra. La familia que puede enfrentar un periodo complicado sin caer inmediatamente en una situación todavía más precaria.

    Por eso la discusión no debería reducirse a cuánto dinero se entrega. La pregunta correcta es: ¿qué está haciendo el Estado para que una persona pueda vivir con mayor dignidad?

    Y ahí entran muchas otras cosas: educación pública, salud, infraestructura, empleo, salario, vivienda, pensiones, becas, apoyo al campo, cuidados y desarrollo regional.

    Un programa social aislado jamás va a resolver la desigualdad. Pero tampoco podemos pretender combatir la desigualdad quitando los programas sociales. Es como decir que para combatir la pobreza hay que quitarle a los pobres los pocos mecanismos de protección que tienen. No tiene sentido.

    También resulta curioso que quienes hoy se escandalizan porque el Estado destina recursos a las personas en situación de vulnerabilidad rara vez hayan tenido la misma indignación frente a otros privilegios, rescates financieros o beneficios otorgados históricamente a grandes grupos económicos.

    Si los recursos públicos se utilizan para garantizar derechos, reducir desigualdades y ampliar oportunidades, estamos hablando de política social. Y si además esos programas tienen reglas, padrones, mecanismos de operación y procesos de evaluación, no estamos hablando de dinero aventado a lo loco. Estamos hablando de política pública.

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  • En la izquierda luchamos por la riqueza

    En la izquierda luchamos por la riqueza

    Hay algo profundamente revelador en algunas de las campañas mediáticas que, una y otra vez, buscan convertir a los hijos de Andrés Manuel López Obrador en protagonistas de una especie de novela negra nacional.

    A Andy lo persiguen con una intensidad que pocas veces se observa cuando se trata de otros apellidos de la política mexicana. Fotografías, viajes, restaurantes, ropa, amistades, propiedades, visas y hasta detalles de su vida personal terminan convertidos en titulares que parecen tener un objetivo más político que periodístico: construir la idea de que todo aquel que provenga de la izquierda debe vivir en la austeridad absoluta o, de lo contrario, será acusado de hipócrita.

    Y aquí hay que hacer una precisión fundamental: si existe una conducta ilegal, corrupción o tráfico de influencias, que se investigue y se sancione. Nadie debería estar por encima de la ley por ser hijo de un expresidente, militante de Morena o integrante de cualquier otro partido.

    Pero una cosa es investigar y otra muy distinta es construir una narrativa donde el pecado parece ser simplemente tener dinero. Porque ahí aparece uno de los argumentos más tramposos de la derecha: decir que quienes somos de izquierda queremos que la gente sea pobre.

    No. La izquierda no romantiza la pobreza. La izquierda quiere acabar con ella. La diferencia es enorme.

    Romantizar la pobreza sería decirle a una familia que debe conformarse con no tener agua potable, con una vivienda precaria, con un salario que no alcanza, con una escuela sin condiciones o con servicios de salud deficientes porque “así vive el pueblo”.

    Eso no es izquierda. Eso sería crueldad. Lo que históricamente hemos planteado desde la izquierda es exactamente lo contrario: que todas las personas tengan derecho a vivir bien. Que una familia trabajadora pueda comprar una casa digna. Que una joven pueda estudiar en una buena universidad. Que un campesino pueda vivir de su tierra. Que un trabajador tenga un salario suficiente.

    Que una persona pueda viajar, conocer el mundo, comer bien, vestir bien y tener acceso a la tecnología sin que todo eso sea patrimonio exclusivo de quienes nacieron en una familia privilegiada. Queremos riqueza.

    Pero aquí está la diferencia fundamental: queremos una sociedad rica, no una sociedad con unos cuantos multimillonarios rodeados de millones de personas empobrecidas. Queremos que la prosperidad se democratice.

    Y por eso resulta tan curioso cuando algunos sectores conservadores intentan presentar cualquier aspiración material de la izquierda como una contradicción. ¿Acaso alguien que defiende la justicia social debe pedir perdón por querer vivir bien? ¿Acaso defender a los trabajadores significa que los trabajadores tienen que permanecer pobres para demostrar que son auténticos? ¿Acaso luchar contra la desigualdad significa que nadie puede aspirar a tener una casa bonita, un buen automóvil, viajar o construir un patrimonio?

    Por supuesto que no. El problema nunca ha sido que una persona tenga dinero. El problema es cómo se obtiene ese dinero, si existe corrupción, si hay abuso del poder, si se utilizan recursos públicos para beneficio privado o si las reglas son distintas para unos y para otros. Y eso debe aplicarse a todos.

    Lo mismo para un hijo de López Obrador que para un hijo de cualquier empresario, gobernador, expresidente o dirigente político. Porque si de verdad queremos combatir la corrupción, necesitamos reglas universales, no campañas selectivas.

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  • Doble nacionalidad, doble lealtad

    Doble nacionalidad, doble lealtad

    La propuesta de Claudia Sheinbaum para impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República o por una gubernatura ha provocado, como era previsible, una tormenta política. Ya aparecieron quienes hablan de discriminación, de restricciones a los derechos políticos y hasta de una supuesta persecución contra los mexicanos que también tienen otra nacionalidad.

    Pero hay una pregunta que deberíamos hacernos antes de repetir esos argumentos: ¿por qué tendría que ser controversial exigir una sola nacionalidad para quien aspire a dirigir un Estado?

    La presidenta Sheinbaum planteó esta posibilidad después de referirse, entre otros asuntos, al caso del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. La propuesta todavía tendría que convertirse en una iniciativa y pasar por el proceso legislativo correspondiente; es decir, no estamos hablando de una prohibición vigente, sino de una reforma constitucional que está siendo analizada.

    Y aquí conviene separar dos cosas: tener doble nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en traidora ni significa que responderá a intereses extranjeros. Sería absurdo afirmar eso. Millones de mexicanos tienen otra nacionalidad por razones familiares, migratorias o de nacimiento y siguen teniendo un profundo vínculo con México. Pero una cosa es tener doble nacionalidad y otra muy distinta es aspirar a ejercer el máximo poder político de la nación.

    La Presidencia de México no es cualquier cargo. Quien ocupa ese puesto toma decisiones sobre seguridad nacional, política exterior, relaciones comerciales, migración, energía y defensa de los intereses mexicanos frente a otras potencias. Por eso resulta legítimo preguntarnos si quien gobierna debe tener una vinculación jurídica y política exclusiva con México.

    Y no es una discusión imaginaria. Colombia nos está poniendo sobre la mesa un caso que vale la pena observar. El presidente electo Abelardo de la Espriella cuenta con nacionalidad estadounidense, situación que ya provocó un intenso debate en aquel país sobre los posibles conflictos de interés y sobre las lealtades que puede implicar tener ciudadanía de otra nación. Incluso juristas colombianos han discutido públicamente las consecuencias de esa condición.

    Y aquí está el punto central: no se trata de afirmar que alguien con ciudadanía estadounidense necesariamente obedecerá a Washington. Se trata de evitar que exista siquiera la posibilidad de un conflicto de intereses en quien tendrá que defender los intereses de México. Porque la política internacional no funciona con ingenuidad.

    Estados Unidos, particularmente, utiliza sus herramientas económicas, diplomáticas, migratorias y jurídicas para defender sus intereses. México lo sabe perfectamente. Por eso, cuando hablamos de la persona que tendrá en sus manos la representación del Estado mexicano, la discusión sobre posibles vínculos jurídicos con otra nación no debería ser tabú.

    De hecho, hay algo paradójico en todo esto. A los mexicanos se nos exige constantemente demostrar lealtad a nuestro país. Se cuestiona a quien tiene negocios en el extranjero, cuentas en otros países o relaciones políticas internacionales. Pero cuando se plantea que quien aspire a ser presidente o gobernador tenga una sola nacionalidad, algunos descubren de repente que la soberanía nacional es un concepto incómodo.

    No lo es. La soberanía también significa establecer reglas para quienes pretenden ejercer el poder en nombre de una nación.

    Y quienes se escandalizan porque una reforma de este tipo podría afectar los derechos políticos de algunos ciudadanos deberían recordar que los derechos políticos, como cualquier derecho, pueden estar sujetos a requisitos constitucionales cuando se trata de ocupar determinadas responsabilidades públicas.

    En tiempos donde las presiones extranjeras sobre los gobiernos latinoamericanos son cada vez más evidentes, más que una discusión sobre documentos de identidad, estamos hablando de soberanía.

    Y en materia de soberanía, vale más prevenir un conflicto de intereses que lamentarlo cuando ya sea demasiado tarde. México necesita gobernantes que tengan claro para quién trabajan.  Para México. Nada más.

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  • La visa gringa no es una medalla

    La visa gringa no es una medalla

    Hay algo profundamente colonial en la manera en que en México seguimos hablando de una visa estadounidense. Como si fuera un diploma. Como si fuera un certificado de buena conducta. Como si tenerla significara que Washington te considera una persona honorable, confiable, decente y políticamente respetable. Y si te la quitan, entonces, de pronto, aparece la sospecha: algo habrás hecho. Ese es precisamente el juego político que Estados Unidos ha aprendido a explotar.

    La reciente revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, volvió a ponerlo de manifiesto. El hijo del expresidente AMLO informó que Estados Unidos canceló su visa y acusó que la decisión tenía un carácter político. Washington, por su parte, defendió su facultad para cancelar visas, pero no hizo pública una explicación específica sobre el caso.

    Y ahí está el asunto. Una visa no es una sentencia judicial. No es una investigación. No es una orden de aprehensión. No es una declaración de culpabilidad. Y, sobre todo, no es una medalla de honor que Estados Unidos pueda entregar o retirar para decirle al mundo quién es bueno y quién es malo.

    Pero en México hemos permitido que se construya esa percepción. Cuando un político obtiene la visa estadounidense, algunos medios lo presentan casi como si hubiera recibido la bendición de Washington. “Ya tiene visa.” “Estados Unidos no le ha retirado la visa.”

    Y entonces comienza el juego de las interpretaciones. Porque en el imaginario político mexicano una visa estadounidense se convirtió en una especie de certificado de legitimidad. Qué absurdo. Estados Unidos no es el Ministerio de la Verdad. Y Marco Rubio no es el sacerdote encargado de repartir indulgencias diplomáticas.

    El problema no es que Estados Unidos tenga derecho, conforme a sus leyes, a decidir quién entra a su territorio. Por supuesto que lo tiene. Todos los Estados tienen políticas migratorias y mecanismos para negar o cancelar permisos de entrada.

    El problema aparece cuando ese instrumento administrativo comienza a utilizarse como mensaje político. Porque entonces la visa deja de ser solamente un documento migratorio. Se convierte en un garrote. Una señal. Un “te estamos observando”. Un “podemos afectarte”.  Un “podemos hacer que esto tenga un costo político”.

    Y ahí cambia completamente la discusión. Porque Washington sabe perfectamente cómo funciona la política mexicana. Sabe que una cancelación de visa puede convertirse en noticia nacional. Sabe que determinados sectores políticos van a celebrarlo. Sabe que algunos medios lo presentarán como una especie de prueba de culpabilidad. Y sabe que habrá quienes conviertan un trámite migratorio en un juicio moral.

    Eso es lo verdaderamente poderoso. No la visa.  El significado político que nosotros mismos le hemos otorgado. La curiosa soberanía que termina en la garita.

    Hay otra contradicción todavía más interesante. Hay mexicanos que pasan años denunciando cualquier supuesto abuso del Estado mexicano contra sus adversarios políticos, pero cuando Estados Unidos utiliza sus instrumentos migratorios contra alguien que no les gusta, celebran. De pronto, la soberanía desaparece. La independencia nacional se convierte en un detalle. Y Washington adquiere una autoridad moral que nadie le otorgó. “Estados Unidos le quitó la visa.” Entonces algunos celebran.

    Como si Estados Unidos hubiera dictado sentencia. Como si hubiera descubierto la verdad absoluta. Como si la política exterior estadounidense estuviera guiada exclusivamente por la justicia universal. Vamos a calmarnos tantito.

    Estamos hablando del mismo país que durante décadas utilizó su política exterior para intervenir en América Latina, respaldar gobiernos autoritarios cuando le resultaba conveniente y utilizar sanciones, bloqueos, restricciones migratorias y mecanismos financieros como instrumentos de presión.

    ¿De verdad vamos a fingir que sus decisiones siempre están desprovistas de intereses políticos? No.

    Una potencia también hace política. Y las visas pueden formar parte de esa política. De una política imperialista hay que decirlo y verlo con esos ojos.

    Por lo que debemos concluir que una visa estadounidense no debe ser un símbolo de dignidad para nadie. Ni para Andy. Ni para una gobernadora. Ni para un empresario. Ni para una periodista. Ni para un expresidente. Ni para un ciudadano común.

    Y tampoco debería ser motivo de vergüenza perderla. Si alguien comete un delito, que responda ante la justicia. Si alguien tiene vínculos con organizaciones criminales, que se investigue y se pruebe. Si alguien incurre en corrupción, que se documente. Pero si el único argumento es “Estados Unidos le quitó la visa”, entonces no tenemos una acusación. Tenemos un permiso migratorio cancelado. Y nada más.

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  • Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Hay un sector en México que solo cree en la libertad cuando le conviene. Es el de los grandes consorcios mediáticos que, durante décadas, confundieron un privilegio empresarial con un derecho humano.

    Bastó que se publicaran los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias para que comenzara el espectáculo. Las mismas voces de siempre anunciaron la llegada de la dictadura. Hablaron de censura, de mordazas, de persecución y del supuesto fin de la libertad de expresión. Parecía que el Estado había prohibido el periodismo crítico, cuando en realidad se estaba hablando de algo mucho más sencillo: reconocer que quienes consumen radio y televisión también tienen derechos.

    La reacción fue tan exagerada como reveladora. Porque cuando alguien afirma que proteger a las audiencias equivale a censurar a los medios, en realidad está diciendo que cualquier límite a su poder le resulta intolerable.

    Durante años nos quisieron vender una idea bastante peculiar del derecho de las audiencias: “si no te gusta, cambia de canal”. Una respuesta tan cómoda como absurda.

    Siguiendo esa lógica, si una empresa vende alimentos contaminados bastaría con recomendar a la gente que compre en otro lado. Si un banco engaña a sus clientes, el problema sería de quienes firmaron el contrato. Si una farmacéutica miente sobre un medicamento, la solución sería dejar de comprarlo.

    No funciona así. Los derechos existen precisamente para equilibrar relaciones de poder.

    Las audiencias no son simples consumidores cautivos. Son personas con derecho a distinguir información de opinión, a saber cuándo un contenido es publicidad, a exigir mecanismos para presentar inconformidades y a esperar estándares mínimos de responsabilidad en los contenidos que reciben.

    Eso no elimina la libertad de expresión. La fortalece.

    Porque una democracia necesita medios críticos, sí, pero también necesita ciudadanos protegidos frente a prácticas engañosas.

    Resulta curioso que quienes hoy levantan la bandera de la libertad guardaran un silencio casi absoluto cuando durante décadas unos cuantos grupos empresariales concentraban buena parte de la radio y la televisión nacionales. Aquella concentración nunca les pareció un problema para el pluralismo. Tampoco parecían demasiado preocupados cuando los intereses comerciales definían qué temas merecían cobertura y cuáles desaparecían del debate público.

    No deja de sorprender que algunos editorialistas describan cualquier regulación como una agresión a la democracia, mientras en otros ámbitos defienden sin reparo la regulación de mercados, empresas o plataformas digitales. Parece que las reglas solo son aceptables cuando se aplican a otros.

    El fondo del debate nunca fue la libertad de expresión. Es el poder.

    Porque los derechos de las audiencias significan que los medios dejan de ser la única parte con voz. Significan reconocer que la ciudadanía no está obligada a aceptar pasivamente información confusa, publicidad disfrazada de noticia o contenidos que incumplen las obligaciones previstas en la ley.

    Y eso incomoda. No porque impida hacer periodismo. Sino porque reduce la idea, instalada durante años, de que un concesionario puede actuar sin responder ante nadie más que sus anunciantes.

    La libertad de expresión merece ser defendida siempre, especialmente frente al poder político. Pero precisamente por su importancia no debería utilizarse como escudo para rechazar cualquier discusión sobre responsabilidad, transparencia o derechos de las audiencias.

    Quizá esa sea la mayor ironía de toda esta polémica. Quienes hoy aseguran defender la libertad de expresión parecen mucho más preocupados por conservar sus viejos privilegios que por reconocer los derechos de quienes los escuchan, los ven y, al final del día, hacen posible su existencia: las audiencias.

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