Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido por autoridades mexicanas. El recurso de amparo fue solicitado el pasado 4 de abril, tres meses después de dejar el cargo, y fue concedido por un juez el 21 de abril, con una fianza de 16 mil pesos, de acuerdo con información de El Sol de México.
El exfuncionario alega posibles violaciones a sus derechos constitucionales. Además, el juez solicitó información a instancias judiciales en Tabasco para verificar si existe alguna orden de aprehensión en su contra. La próxima audiencia está fijada para el 20 de agosto.
Pese a esta suspensión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que Hernán N salió del país el 26 de enero y ya se emitió una solicitud de búsqueda internacional ante Interpol.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, reservó su declaración patrimonial por cinco años, tras ser aprobado por unanimidad por el Comité de Transparencia estatal.
De acuerdo con El Universal, medio que tiene acceso al expediente, señala que el texto, fechado el 9 de abril de 2024, argumenta que la publicación de sus datos pondría en riesgo su vida. Bermúdez, también identificado como “El Comandante H”, renunció en enero y hoy se encuentra prófugo.
En la resolución SSyPC/CT/RES/023/2024, el comité justifica que divulgar los nombres de policías y sus bienes facilitaría su localización, aumentando el riesgo de que sean identificados, coaccionados o sobornados por el crimen organizado.
Además, el documento se ampara en la Ley General de Transparencia y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sanciona con hasta ocho años de prisión la difusión ilegal de datos reservados. Bermúdez permanece bajo la protección de esta clasificación, aunque enfrenta acusaciones por vínculos con el crimen organizado.
Iván y Ovidio Guzmán López, conocidos como Los Chapitos, lideraban una red que traficaba armas, explosivos y cartuchos desde Estados Unidos hacia México para fabricar armamento en talleres clandestinos, reveló la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), citadas en una investigación de Gustavo Castillo para La Jornada, indican que desde 2018, esta célula operaba bajo el mando de Martín León Romero, quien colaboraba con ciudadanos estadounidenses que compraban armas en Tucson, Arizona, para luego ingresarlas ilegalmente por Nogales, Sonora.
León Romero fue detenido en diciembre de 2024 y vinculado a proceso en Hermosillo. La FGR emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas, incluido el boxeador Julio César Chávez Carrasco, hijo del ex campeón mundial, presuntamente involucrado en el esquema.
El grupo reclutaba a más personas para comprar armas en línea usando tarjetas de crédito de terceros, recibiendo los envíos en domicilios de Estados Unidos antes de trasladarlos a México. Las armas y municiones eran revisadas, empacadas y enviadas principalmente a Culiacán, Sinaloa, para ser entregadas a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Entre el armamento asegurado se encontraron granadas de 44 mm y lanzagranadas M203 de 40 mm. En 2019, en Estados Unidos se aseguraron 97 mil cartuchos y 19 armas, imputando a 14 personas por tráfico ilegal de armas.
Las investigaciones por delitos relacionados con posesión ilegal de armas en Sinaloa crecieron casi 700% en los primeros cinco meses de 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con una investigación de Aldo Canedo para El Sol de México, entre enero y junio de 2024 se iniciaron 121 carpetas de investigación, mientras que en 2025 la cifra escaló a 957 casos. Estos delitos incluyen portar armas sin permiso, posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, acopio de armamento y posesión ilegal de municiones, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El aumento coincide con la “guerra interna” en el Cártel de Sinaloa, donde facciones rivales, lideradas por Los Chapitos e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, disputan el control desde septiembre de 2024. Esta confrontación ha dejado más de 1,500 homicidios dolosos en Culiacán y sus alrededores.
A pesar del despliegue de más de 10 mil militares, los enfrentamientos persisten, con reportes frecuentes de tiroteos en colonias como San Juan, Guadalupe Victoria y Las Lomas de Guadalupe, afectando a civiles, incluidos niños y trabajadores.
En fechas recientes, balas perdidas han herido a menores y adultos en lugares públicos y domicilios, evidenciando la gravedad y el impacto del conflicto armado en la población civil.
Las autoridades federales han desmantelado seis narcolaboratorios en Culiacán, golpeando al cártel de Sinaloa. En estos laboratorios se encontraron más de cuatro toneladas de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia supera los mil 350 millones de pesos.
Los operativos fueron liderados por elementos navales, en colaboración con la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Este esfuerzo forma parte de la estrategia para combatir el tráfico y la producción de drogas sintéticas.
Hasta ahora, 2025 ha visto el desmantelamiento de 50 laboratorios clandestinos y la incautación de 420 toneladas de sustancias químicas por parte de la Secretaría de Marina-Armada de México.
El Gabinete de Seguridad informó que los laboratorios estaban ubicados en la comunidad de Montelargo. En el lugar, se aseguraron 4 mil 800 kilos de metanfetamina y 47 mil 550 litros de sustancias químicas.
Las autoridades también confiscaron 12 reactores de mil litros, 14 condensadores, cuatro mezcladoras de mil litros y una centrifugadora de 25 kilogramos. Todo el material fue entregado al Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.
Este operativo muestra un avance significativo en la lucha contra la delincuencia organizada en el país.
Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del “Chapo” Guzmán y líderes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, han contratado al abogado Jeffrey Lichtman para su defensa en Estados Unidos, ante una eventual detención o entrega voluntaria. Lichtman también representa a Ovidio Guzmán, quien recientemente se declaró culpable en ese país.
🚨 HIJOS MAYORES DE 'EL CHAPO' PREPARAN DEFENSA EN EEUU ANTE DETENCIÓN O ENTREGA
Iván y Alfredo Guzmán Salazar ya contrataron al mismo abogado que ha seguido la estrategia de la negociación con el caso de Ovidio y Joaquín y Guzmán López.#Expedientes de @arturoangel20 en… pic.twitter.com/sq5hV1l3o2
— Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) July 15, 2025
Según unos expedientes que presentó el periodista Arturo Ángel en el programa “Así las Cosas” de W Radio, el abogado confirmó que representa a varios miembros de la familia Guzmán, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López, Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Aclaró que no hay conflicto legal entre los casos y que se respetará la confidencialidad de cada cliente.
Lichtman, conocido por sus declaraciones polémicas, recientemente generó tensiones con la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de acusarla de ser “el brazo de relaciones públicas” del Cártel de Sinaloa, por su postura frente al caso de Ovidio. La mandataria calificó sus dichos como irrespetuosos y anunció acciones legales por difamación.
Al menos 74% del armamento ilegal que llega a México entra por la frontera norte, principalmente desde Texas, Arizona y California, revelan informes oficiales de México y Estados Unidos. A pesar de esta evidencia, el gobierno estadounidense ha recortado personal y presupuesto a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), debilitando el combate al tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos, según información publicada en el diario El País, en un artículo de Elia Castillo Jiménez y Patricia San Juan Flores.
Especialistas y autoridades mexicanas denuncian que, aunque ambas naciones conocen las rutas y orígenes del armamento, EE.UU. no implementa medidas efectivas para frenar el contrabando. Alejandro Celorio, excoordinador de la estrategia legal mexicana contra fabricantes estadounidenses de armas, critica la falta de acción: “El gobierno de EU sabe bien de dónde vienen las armas, pero no hace nada”.
Los datos coinciden: Texas concentra el 43% del armamento ilegal rastreado, seguido por Arizona con 22%. La mayoría de las armas decomisadas se encuentran en estados con fuerte presencia de cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, clasificados como organizaciones terroristas por Donald Trump.
Por otro lado, el presidente Trump impulsa recortes que reducirán en dos tercios el personal de la ATF y disminuirán su presupuesto en un 25%, mientras flexibiliza la compra de armas y elimina controles clave. Esto, advierten activistas como John Lindsay Poland, aumenta la capacidad de los cárteles para armarse y mina la seguridad regional.
A pesar del conocimiento detallado sobre las rutas y la procedencia del armamento, México enfrenta un panorama complicado para lograr justicia o un mayor control, dado el contexto político en Estados Unidos y la falta de voluntad para frenar el tráfico, el cual sigue siendo un tema pendiente que atraviesa la relación bilateral, con consecuencias directas en la violencia y la seguridad en ambos lados de la frontera.
Jeffrey Lichtman, el abogado que logró que Ovidio Guzmán se declarara culpable en EE.UU. a cambio de colaborar con información sobre el Cártel de Sinaloa, se ha vuelto el centro de la polémica tras arremeter contra el gobierno mexicano y la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El defensor penal, conocido por representar a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel, acusó a México de ignorar a otros narcotraficantes protegidos localmente. Sheinbaum respondió que sus declaraciones son irrespetuosas y rechazó cualquier vínculo de su gobierno con el crimen organizado. Lichtman, lejos de recular, usó sus redes sociales para acusar a la mandataria de encabezar un “gobierno corrupto”.
Apparently the president of Mexico @Claudiashein is displeased with my truthful comments about her corrupt office and government. She can call as many hastily convened press conferences as she likes, but the people of Mexico (and myself) know that she acts more as the public… pic.twitter.com/D4wLWqdU5X
Lichtman es considerado uno de los abogados más influyentes de Nueva York. SegúnThe National Trial Lawyers, ha litigado en casos de alto perfil y es reconocido por su estilo agresivo y preparación minuciosa. Entre sus clientes hay desde capos del narco hasta raperos, políticos, jueces y celebridades.
También representa a Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, cuyo proceso aún no se resuelve. Lichtman ha declarado que evaluará si este caso puede culminar con un acuerdo similar, aunque advirtió que es “completamente diferente” y tomará más tiempo.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, calificó como “falsas e inverosímiles” las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien acusó a México de supuestamente proteger a Ismael “El Mayo” Zambada.
A través de su cuenta de X, Godoy señaló que los señalamientos “quebrantan los límites éticos y jurídicos de la profesión” y pidió respeto para la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una líder admirada y con más del 70% de aprobación ciudadana.
Por ser absolutamente falsas e inverosímiles, las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, merecen el repudio nacional. Reflejan un grotesco e imperdonable, quebrantamiento de los límites éticos y jurídicos de la profesión.
— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) July 12, 2025
El abogado Jeffrey Lichtman lanzó las acusaciones durante una conferencia de prensa el pasado 12 de julio, tras la audiencia en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos en una corte de Chicago. En su intervención, sugirió que la extradición de su cliente respondía a una estrategia del gobierno mexicano para proteger a “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, lo que desató críticas y desmentidos desde el gobierno federal.
Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declaró culpable ante una corte en Illinois por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa, como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que incluye su cooperación total a cambio de una posible reducción de sentencia.
El líder de “Los Chapitos” aceptó entregar 80 millones de dólares y proporcionar información veraz que podría impactar en juicios criminales, civiles o administrativos. También renunció a apelar cualquier parte del proceso y reconoce que su condena podría conllevar la deportación inmediata si no es ciudadano estadounidense.
El pacto detalla que Ovidio operaba como colíder del Cártel de Sinaloa entre 2008 y 2023, supervisando el tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos y Canadá. Las drogas eran transportadas por medios aéreos, marítimos y subterráneos, incluso mediante túneles transfronterizos.
La acusación también lo vincula con el uso de violencia y corrupción: secuestros, asesinatos, sobornos y ataques armados contra fuerzas del orden y rivales. Se le atribuyen los homicidios de tres personas entre 2018 y 2021. Coordinaba además con sus hermanos y otros colaboradores la producción y distribución de drogas.
El acuerdo contempla una posible cadena perpetua, aunque la cooperación podría reducir su sentencia. La Fiscalía evalúa su historial criminal como bajo, pero debido a la gravedad de los delitos, el nivel de sentencia se ubica en el máximo.
La declaración de culpabilidad de Ovidio podría convertirse en un golpe estructural contra el Cártel de Sinaloa, al abrir rutas de información clave sobre el tráfico de fentanilo y sus vínculos financieros y políticos.
