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Etiqueta: Cártel de Sinaloa

  • “El Chapo” pide a corte de EUA contactar a Sheinbaum para gestionar su traslado a México

    “El Chapo” pide a corte de EUA contactar a Sheinbaum para gestionar su traslado a México

    Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Joaquín Guzmán Loera envió una nueva carta al tribunal de Nueva York en la que denuncia presuntas violaciones a sus derechos y solicita cumplir su condena en territorio mexicano.

    El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a recurrir a la justicia estadounidense para intentar modificar las condiciones de su encarcelamiento. A través de una carta enviada a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el narcotraficante solicitó que las autoridades judiciales de Estados Unidos establezcan contacto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para explorar la posibilidad de que sea trasladado a México y cumpla su sentencia en una prisión nacional.

    La misiva, fechada el pasado 2 de junio, constituye la decimotercera carta que Guzmán envía al tribunal desde la prisión federal ADX Florence, en Colorado, considerada una de las cárceles de máxima seguridad más estrictas del mundo. El capo sinaloense permanece recluido ahí desde 2019, cuando fue condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

    En el documento, redactado a mano, Guzmán Loera insistió en que durante su proceso de extradición a Estados Unidos se cometieron presuntas irregularidades y vulneraciones a sus derechos. Según argumentó, no recibió un trato justo antes de comparecer ante la justicia estadounidense, por lo que considera que existen elementos para revisar su situación legal.

    Además de solicitar apoyo para una eventual extradición inversa, el exjefe criminal pidió que se restablezcan las visitas familiares y cuestionó las condiciones en las que permanece recluido. También afirmó contar con representación legal y aseguró que sus escritos buscan fortalecer las acciones emprendidas por su defensa ante los tribunales federales.

    Uno de los apartados más polémicos de la carta contiene señalamientos sobre la violencia atribuida al Cártel de Sinaloa. Guzmán sostuvo que fue responsabilizado injustamente por hechos ocurridos durante años de confrontación criminal y aseguró que parte de esa violencia fue provocada por decisiones gubernamentales de administraciones pasadas. Asimismo, agradeció al juez Brian Cogan por considerar su estado de salud en futuras revisiones judiciales.

    Hasta el momento, ni el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ni las autoridades judiciales estadounidenses han emitido una respuesta pública sobre la nueva petición del narcotraficante, cuya condena sigue vigente y sin modificaciones.

  • Sheinbaum revienta narrativa de Calderón: “No fue guerra contra el narco, fue alianza con el Cártel de Sinaloa”

    Sheinbaum revienta narrativa de Calderón: “No fue guerra contra el narco, fue alianza con el Cártel de Sinaloa”

    La presidenta vinculó los nuevos casos de corrupción en la extinta Policía Federal con la red encabezada por Genaro García Luna y aseguró que existen pruebas suficientes de la colaboración entre autoridades y el crimen organizado durante el sexenio panista.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una dura crítica al gobierno de Felipe Calderón, al asegurar que la llamada “guerra contra el narcotráfico” en realidad estuvo marcada por una presunta colaboración entre autoridades federales y el Cártel de Sinaloa. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria afirmó que existen elementos suficientes para sostener que la estrategia de seguridad del sexenio panista favoreció a un grupo criminal mientras se combatía a organizaciones rivales.

    “Más que una guerra contra el narco, decidieron asociarse a un cártel”, sentenció Sheinbaum al referirse a las investigaciones de corrupción que derivaron en sanciones contra Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la desaparecida Policía Federal, y Damián Canales Mena, ex titular de la División de Inteligencia, ambos relacionados con irregularidades en contratos de tecnología de espionaje y el presunto desvío de más de 65 millones de dólares.

    La mandataria sostuvo que estos casos forman parte de una trama más amplia vinculada con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Según explicó, tras dejar el cargo, García Luna creó empresas privadas dedicadas a la venta de tecnología y equipos de seguridad que posteriormente fueron adquiridos por diversas dependencias gubernamentales.

    Sheinbaum señaló que las investigaciones revelaron presuntas irregularidades en esas operaciones, pues algunos equipos nunca fueron entregados o fueron vendidos a precios inflados. “Cuando se revisaron los contratos, se encontró que el equipo no llegaba o se pagaba al triple, cuádruple o incluso al quíntuple de su valor real”, afirmó. Estas prácticas, agregó, forman parte de las indagatorias que actualmente buscan recuperar recursos públicos desviados durante esos años.

    La titular del Ejecutivo también destacó que la resolución emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es apenas una parte de las investigaciones que continúan abiertas. Además, adelantó que algunos empresarios involucrados en estas operaciones deberán reintegrar recursos al Estado mexicano como resultado de los procedimientos administrativos y judiciales en curso.

    Finalmente, Sheinbaum rechazó los señalamientos de corrupción dirigidos contra los gobiernos de la Cuarta Transformación y sostuvo que existe una diferencia clara entre ambas administraciones. “Hay mucha desfachatez en acusar corrupción cuando fueron gobiernos profundamente corruptos”, declaró, al insistir en que su administración actúa cuando detecta irregularidades y mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con los presuntos actos de corrupción heredados de los sexenios anteriores.

  • Fuerzas Especiales refuerzan seguridad en Sinaloa

    Fuerzas Especiales refuerzan seguridad en Sinaloa

    Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el operativo ante un aumento alarmante de la violencia en la región.

    El coronel Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, visitaron Culiacán con una misión clara: supervisar las acciones de seguridad en Sinaloa. Esta inspección surge tras el despliegue de 90 elementos de fuerzas especiales, conocidos como “Los Murciélagos”, que llegaron a la ciudad para combatir la creciente violencia.

    El operativo se llevó a cabo el 3 de junio, cuando los soldados despegaron de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía. Arribaron a Culiacán en un avión Boeing 737/800, listos para colaborar en la seguridad. Según información oficial, la coordinación entre distintas instituciones busca fortalecer las capacidades operativas en la región.

    La situación en Sinaloa es crítica. En mayo, el estado registró 522 homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año, con un aumento evidente en junio. Solo el día 2 de ese mes, se abrieron diez carpetas de investigación por homicidio doloso en Culiacán y Mazatlán. Las autoridades encontraron cuerpos en varias colonias, lo que refleja la severidad del problema.

    Los altos mandos militares recorrieron las calles de Culiacán para evaluar la situación de seguridad. Se enfocaron en implementar medidas de disuasión y prevención, tanto en patrullajes como en la asistencia a las autoridades locales. Actualmente, las fuerzas federales se encuentran trabajando junto a los gobiernos estatal y municipal, dentro de un Grupo Interinstitucional.

    El incremento de violencia se ha vinculado a una crisis política en la región. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios estatales de conspiración con el Cártel de Sinaloa, conocido por sus vínculos con el narcotráfico. Uno de los señalados es el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal de su cargo debido a la situación.

    Durante una visita de funcionarios federales a Culiacán, se aseguró que el Gobierno de México se mantiene presente y comprometido con la seguridad de las familias sinaloenses. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que se han intensificado los esfuerzos ante la violencia generada por luchas internas entre cárteles.

    La respuesta militar incluye la incautación de miles de armas y 70 toneladas de droga, así como la detención de casi 2,400 personas por delitos graves en la entidad. La situación exige medidas contundentes para restaurar la paz y la seguridad en Sinaloa.

  • Azucena Uresti critica a la oposición por no defender a Maru Campos

    Azucena Uresti critica a la oposición por no defender a Maru Campos

    La periodista enfatiza la presión del gobierno federal y llama a la oposición a aprovechar la situación.

    Azucena Uresti alzó la voz en defensa de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Uresti criticó a la oposición por no apoyarla adecuadamente ante la presión del gobierno federal. En una reciente videocolumna, la periodista subrayó que Campos solo era conocida en su estado hasta que Morena la puso en el centro de atención.

    Uresti expresó que la situación de Maru Campos es crítica, con tres procesos abiertos en menos de una semana: un caso de secuestro, una comparecencia ante el Ministerio Público y un posible juicio político. Según Uresti, esta acelerada atención contrasta con la lentitud en las investigaciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    La periodista también mencionó que las acciones en contra de Campos presentan una oportunidad para que la oposición se posicione. Sin embargo, criticó su falta de respuesta ante esta situación. Uresti argumentó que la oposición tiene en sus manos un “regalo” que podría ser aprovechado para atraer la atención y el apoyo de los ciudadanos.

    Azucena Uresti asegura que si la oposición actúa correctamente, podría reforzar su credibilidad. Sin embargo, ha declarado que, hasta ahora, han desperdiciado esta oportunidad crítica para conectarse con el electorado y construir un discurso sólido y atractivo para el futuro.

  • Fijarán fecha para comparecencia de exsecretario de Seguridad de Sinaloa vinculado al narcotráfico

    Fijarán fecha para comparecencia de exsecretario de Seguridad de Sinaloa vinculado al narcotráfico

    Gerardo Mérida, exfuncionario del estado de Sinaloa, enfrenta graves cargos en EUA por su relación con el Cártel de Sinaloa. La fiscalía busca agilizar el proceso judicial.

    La fiscalía de Estados Unidos ha solicitado una fecha para la comparecencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Mérida enfrentará cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Su detención se llevó a cabo el 11 de mayo en Arizona, tras entregarse a las autoridades.

    En una carta dirigida al tribunal, los fiscales, liderados por Jay Claxton, pidieron programar una audiencia inicial. Esta solicitud busca dar paso a los procedimientos judiciales en su caso de crimen organizado. Mérida está vinculado a “Los Chapitos”, la famosa célula del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

    La carta menciona que están disponibles para una audiencia inicial en varias fechas de junio, a partir del 3 al 12. El pasado 15 de mayo, Mérida ya se presentó ante la jueza Sarah Netburn. Desde entonces, permanece en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York.

    Se le acusa de recibir sobornos de “Los Chapitos” a cambio de protección para sus operaciones. Los fiscales afirman que Mérida recibía dos millones de pesos mensualmente. A cambio, alertaba a “Los Chapitos” sobre redadas policiales en sus laboratorios. Esto les permitía mover drogas y equipos antes de que las autoridades llegaran.

    Además, el Departamento de Justicia de EUA expresó su interés en negociar con Mérida antes del juicio. Estas negociaciones suelen resultar en declaraciones de culpabilidad a cambio de penas más suaves. Las partes están listas para iniciar estas conversaciones y han solicitado extender los plazos del juicio rápido.

    Cabe destacar que Mérida ya se declaró no culpable de los cargos en su primera audiencia. La nueva solicitud de la fiscalía indica su intención de buscar soluciones alternas al juicio, un proceso común en casos como este. La fecha de la próxima audiencia aún está por confirmarse, pero los fiscales están ansiosos por avanzar en este caso que ha atraído atención internacional.

  • Enrique Inzunza pide licencia al Senado tras acusaciones de EUA

    Enrique Inzunza pide licencia al Senado tras acusaciones de EUA

    El senador morenista decidió apartarse temporalmente de las sesiones extraordinarias mientras la FGR revisa los señalamientos enviados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    Luego de varios días de presión política, mediática y señalamientos provenientes de Estados Unidos, el senador de Morena, Enrique Inzunza, anunció que solicitará licencia temporal al Senado de la República en medio de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre supuestos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado.

    El legislador aseguró que la decisión responde a lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por sectores de la derecha y medios de comunicación opositores, luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntamente participar en una red de protección política vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

    A través de redes sociales, Inzunza afirmó que acudió desde el miércoles a la sede del Senado para cumplir con las sesiones extraordinarias, pero finalmente decidió separarse temporalmente de sus funciones legislativas. El morenista sostuvo que continuará apoyando a su bancada “desde fuera del pleno” y adelantó que será su suplente, Omar López Campos, quien tome su lugar durante las discusiones parlamentarias.

    La polémica escaló después de que el gobierno de Estados Unidos solicitara acciones urgentes contra 10 funcionarios y mandos de seguridad de Sinaloa, entre ellos el propio Inzunza y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Ambos comparecieron recientemente ante la FGR para rendir entrevista ministerial como parte de la investigación iniciada por las acusaciones enviadas desde Nueva York.

    Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha hecho públicas pruebas contundentes sobre los señalamientos. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la FGR realice una investigación propia antes de aceptar cualquier narrativa impulsada desde Washington. La mandataria insistió en que México no actuará únicamente por presiones políticas o mediáticas provenientes del extranjero.

    Enrique Inzunza también aseguró que enfrentará personalmente el proceso y rechazó escudarse en el fuero legislativo. “Seré abogado de mí mismo”, declaró el senador, quien afirmó confiar en su trayectoria y “honradez personal”. Mientras tanto, el caso continúa elevando la tensión política entre sectores de oposición, medios conservadores y el oficialismo, en medio de un contexto donde cada acusación proveniente de Estados Unidos se convierte rápidamente en espectáculo mediático.

  • Vinculan a proceso a exfuncionarios de Morelos por vínculos con delincuencia organizada

    Vinculan a proceso a exfuncionarios de Morelos por vínculos con delincuencia organizada

    La Fiscalía General de la República investiga una presunta red de protección criminal en el oriente de Morelos relacionada con extorsión y operaciones del crimen organizado.

    Cinco funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos fueron vinculados a proceso por un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, tras ser acusados de presunta delincuencia organizada y extorsión, dentro de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

    De acuerdo con las investigaciones federales, los imputados estarían relacionados con una estructura criminal que operaba en la zona oriente de Morelos y que presuntamente mantenía nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Autoridades del gabinete de Seguridad señalaron que la indagatoria apunta a posibles acuerdos entre operadores criminales y actores políticos locales.

    Según la carpeta de investigación, el presunto líder regional identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, habría financiado campañas políticas de algunos exfuncionarios para garantizar libertad de operación e impunidad en actividades ilícitas dentro de la entidad. La FEMDO presentó ante el juez diversos datos de prueba que fueron considerados suficientes para dictar la vinculación a proceso.

    Durante la audiencia judicial, el juez Edgar Alejandro Domínguez Villapudua determinó imponer prisión preventiva oficiosa a los cinco acusados y fijó un plazo de 15 días para que la Fiscalía concluya la investigación complementaria. La próxima audiencia quedó programada para el 11 de junio.

    Como parte de las diligencias, autoridades federales mantienen bajo análisis más de 20 teléfonos celulares asegurados durante los operativos y detenciones. Los dispositivos podrían aportar información relevante sobre presuntas redes de comunicación, financiamiento y operación entre funcionarios y grupos criminales.

    El caso se suma a las investigaciones federales que buscan desarticular posibles esquemas de protección política ligados a organizaciones delictivas en distintas regiones del país. Mientras avanzan las indagatorias, la FGR continuará recabando pruebas para fortalecer la carpeta judicial presentada ante el juez federal.

  • Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua, fue accionista de una firma vinculada al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública aclara su situación.

    El subsecretario del Sistema Penitenciario estatal, Ricardo Fernández Acosta, se encuentra en el centro de la controversia. Se reveló que fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra, una empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió un comunicado en el que niega que haya celebrado contratos con esta empresa. Además, enfatizó que hasta el momento, Fernández no enfrenta ninguna acusación formal o investigación en su contra.

    La SSPE reconoció que Fernández fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra. Sin embargo, aclaró que la relación comercial ocurrió antes de que se uniera al Sistema Penitenciario estatal. El subsecretario ha afirmado que intentó desvincularse de la empresa, lo que le provocó dificultades económicas.

    A pesar de la polémica, Ricardo Fernández continúa desempeñándose en su cargo con el objetivo de asegurar la gobernabilidad en los centros de reinserción del estado. La empresa en cuestión está implicada en el tráfico de drogas y lavado de dinero, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.

    La situación de Fernández ha generado preocupación y cuestionamientos. A medida que el caso avanza, se espera que surjan nuevas revelaciones sobre su pasado empresarial y su desempeño actual en el gobierno.

  • Subsecretario de Seguridad y mano derecha de Maru Campos, ligado a empresa del Cártel de Sinaloa

    Subsecretario de Seguridad y mano derecha de Maru Campos, ligado a empresa del Cártel de Sinaloa

    Ricardo Fernández Acosta, subsecretario de Seguridad y encargado del sistema penitenciario de Chihuahua, figura como socio y administrador de una empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red financiera del Cártel de Sinaloa.

    El gobierno de Maru Campos vuelve a quedar bajo la lupa. Ahora, uno de sus funcionarios más cercanos en materia de seguridad, Ricardo Fernández Acosta, fue exhibido como socio de una empresa vinculada por autoridades estadounidenses a operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal.

    Se trata de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, la compañía estaría conectada con una red encabezada por Alfredo Orozco Romero, identificado como operador financiero ligado al cártel. Documentos del Registro Público de Comercio revelan que Fernández Acosta aparece como socio desde febrero de 2022 y llegó incluso a presidir el Consejo de Gerentes de la empresa, con facultades para administrar y dirigir sus operaciones.

    El funcionario estatal intentó deslindarse con una explicación que terminó generando más dudas que respuestas. “Me estafaron”, aseguró en entrevista, argumentando que pensó que se trataba únicamente de una empresa de seguridad privada. También afirmó que intentó salir de la sociedad, aunque reconoció haber fungido como representante legal de la compañía y dijo no saber que aún aparece oficialmente como socio. Todo muy conveniente: encargado de las cárceles estatales, pero supuestamente sin enterarse de con quién hacía negocios.

    La situación se agrava porque Fernández Acosta no reportó esta ni otras empresas en sus declaraciones patrimoniales, pese a que registros oficiales lo vinculan con al menos cuatro sociedades adicionales. Además, en su declaración de 2025 aparecieron ingresos superiores a 190 millones de pesos atribuidos a su cargo público, cifra que después justificó diciendo que fue “un error de la secretaria”. Sí, claro: casi 200 millones de pesos “por accidente”.

    El historial del funcionario muestra que ha ocupado cargos estratégicos en seguridad desde gobiernos anteriores, pero fue durante la administración de Maru Campos cuando tomó mayor relevancia dentro de la estructura estatal. Actualmente se desempeña como encargado del Sistema Penitenciario de Chihuahua bajo las órdenes del secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez.

    El escándalo golpea nuevamente a la administración panista, justo cuando crecen los cuestionamientos por la relación de funcionarios estatales con agencias estadounidenses y por el manejo de la seguridad en Chihuahua. Mientras el gobierno de Maru Campos presume estrategias como el Proyecto Centinela, las investigaciones y revelaciones sobre sus colaboradores comienzan a pintar un panorama cada vez más incómodo para Palacio de Gobierno.

    Con información de Julieta Cruz y Angélica Vázquez para El Universal

  • La Marina detiene a 13 presuntos miembros de “Los Chapitos” en Sinaloa

    La Marina detiene a 13 presuntos miembros de “Los Chapitos” en Sinaloa

    Los marinos repelieron un ataque armado en la autopista Tepic-Mazatlán. Decomisaron un arsenal que incluye fusiles, chalecos tácticos y explosivos.

    El personal de la Secretaría de Marina (Semar) arrestó a 13 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Los detenidos pertenecen de forma específica a la facción de “Los Chapitos”. El arresto ocurrió en el municipio de Rosario, Sinaloa, luego de que los uniformados respondieran a un ataque a balazos.

    Los marinos vigilaban la autopista Tepic-Mazatlán como parte de sus recorridos de seguridad cotidianos. De pronto, un grupo de pobladores de la zona comenzó a dispararles a solo 15 kilómetros de la caseta de cobro de Rosario. Por fortuna, el equipo naval reaccionó rápido para proteger sus vidas y controlar la situación.

    Tras el enfrentamiento, los oficiales lograron neutralizar el peligro sin reportar heridos. En el lugar, capturaron a los 13 sospechosos y les quitaron una gran cantidad de equipo militar. El decomiso incluyó 12 armas largas, casi dos mil cartuchos útiles y 96 cargadores.

    Además, las autoridades encontraron tres artefactos explosivos de fabricación casera, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas para chalecos. Todo este arsenal representaba un peligro real para las familias que transitan por las carreteras del estado.

    Finalmente, los marinos entregaron a los detenidos y el armamento al Ministerio Público Federal. Ahora, los fiscales integrarán la carpeta de investigación para determinar la situación legal de los sospechosos y asegurar la paz en la región.