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El gobierno panista de Chihuahua ha destinado hasta 16 millones de pesos a la consultora de Arturo Sarukhán, exembajador y figura ligada al calderonismo, para influir en la percepción del estado en Washington.

El gobierno de María Eugenia Campos, en Chihuahua, mantiene bajo contrato a la consultora Sarukhan and Associates LLC, propiedad del exembajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, a quien se le han pagado ya millones de pesos para operar la estrategia política, mediática y de cabildeo del estado en territorio estadounidense.

De acuerdo con una investigación de Arturo Daen para Sin Embargo, el contrato multianual vigente hasta 2027 contempla pagos de alrededor de 28 mil dólares mensuales, lo que elevaría el monto total a cerca de 968 mil dólares (aprox. 16 millones de pesos). Hasta abril de este año, la administración estatal ya había desembolsado al menos 9 millones de pesos.

El convenio no se limita a promoción económica: incluye tareas de cabildeo político, manejo de percepción internacional, relación con medios extranjeros y hasta la construcción de “narrativas positivas” sobre el gobierno estatal. En otras palabras, Chihuahua paga por maquillar su imagen en el extranjero mientras la gobernadora enfrenta señalamientos por opacidad y privilegios.

Entre las funciones asignadas destacan también la organización de viajes de la propia Maru Campos y su gabinete a Washington, así como la creación de “redes de aliados” políticos y mediáticos. Todo ello con el argumento de fortalecer la cooperación en temas como seguridad, migración y comercio, aunque la propia Constitución establece que esos asuntos requieren coordinación federal, no improvisación estatal.

La operación se realiza bajo la justificación de una supuesta “imperiosa necesidad” de contar con un experto internacional. Sin embargo, el perfil del contratado no es menor: Sarukhán fue operador de Felipe Calderón en 2006, embajador en EUA durante el sexenio calderonista y figura recurrente en gobiernos panistas y priistas, siempre orbitando contratos públicos.

El caso exhibe un patrón incómodo: mientras Maru Campos presume austeridad y orden, su gobierno gasta millones en consultorías extranjeras para “mejorar su imagen”, como si la realidad de Chihuahua pudiera corregirse con marketing político desde Washington. En los hechos, la gobernadora panista parece más interesada en exportar narrativa que en resolver los problemas locales.

En paralelo, Sarukhán mantiene presencia en medios donde critica a gobiernos mexicanos recientes, como Latinus, lo que abre dudas sobre la coherencia de su papel como asesor de un gobierno estatal mexicano. La contradicción es evidente: quien cobra del erario de Chihuahua también opina públicamente sobre la política nacional con evidente carga ideológica.

El contrato deja una pregunta de fondo: ¿Chihuahua necesita gobernanza o relaciones públicas de lujo pagadas en dólares? Porque mientras la administración de Maru Campos invierte en “imagen internacional”, en casa crecen las críticas por opacidad, gastos discrecionales y decisiones que priorizan la política de escaparate sobre la gestión real del estado.