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  • PAN quiere hacer su marcha para defender a Maru Campos tras caso CIAGATE en Chihuahua

    PAN quiere hacer su marcha para defender a Maru Campos tras caso CIAGATE en Chihuahua

    Mientras crecen los señalamientos por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, el PAN ya prepara una marcha nacional para blindar políticamente a Maru Campos y victimizarse ante el escándalo.

    El PAN decidió cerrar filas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de las acusaciones por presuntos vínculos y permisividad con agentes de la CIA en territorio mexicano. En lugar de aclarar el tema de soberanía nacional, la dirigencia panista optó por el viejo manual del espectáculo político: organizar una “megamarcha” para hacerse las víctimas y fingir músculo ciudadano.

    El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, adelantó que el partido prepara lo que calificó como “la marcha más grande de la historia” para respaldar a la mandataria estatal. Eso sí, todavía “sin confirmar nada”, aunque ya prometieron movilizar a toda la estructura panista nacional. Porque cuando se trata de defender privilegios y escándalos incómodos, el PAN sí sabe operar rápido.

    Las declaraciones llegan después de la llamada Marcha por la Soberanía realizada por Morena el pasado 16 de mayo en Chihuahua, donde militantes y simpatizantes exigieron juicio político contra Maru Campos por la presencia de agentes estadounidenses en la entidad. El tema pegó fuerte entre la ciudadanía y encendió las alarmas en el panismo, que ahora intenta convertir el problema en una guerra de marchas y acarreados.

    Por su parte, la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez Hernández, confirmó que el partido analiza una “contramarcha” para demostrar respaldo ciudadano a la gobernadora. Según dijo, varios ciudadanos preguntaron si el PAN respondería a la protesta morenista. Y claro, en el universo panista, la mejor manera de responder cuestionamientos sobre soberanía es organizar eventos políticos y tomarse fotos entre aplausos.

    Durante una conferencia en el Congreso estatal, legisladores del PAN también acusaron agresiones contra civiles y medios durante la movilización de Morena. Además, anunciaron respaldo jurídico para funcionarios señalados de presuntamente boicotear la protesta, entre ellos Mario Mata Carrasco. Mientras tanto, Daniela Álvarez lanzó acusaciones contra Morena por supuestamente usar programas sociales para reunir firmas contra Maru Campos, aunque evitó hablar del tema central: qué hacían agentes extranjeros operando en Chihuahua y quién autorizó su presencia.

    El panismo chihuahuense intenta apagar el incendio político con discursos patrioteros y movilizaciones “históricas”, pero cada declaración parece confirmar que están más preocupados por salvar la imagen de Maru Campos que por responder a las dudas sobre soberanía nacional. Porque cuando la polémica toca al PAN, de pronto los que antes gritaban “traición a la patria” ahora organizan marchas para defenderla.

  • Ya son más de 100 mil chihuahuenses que firmaron para que Maru Campos deje el cargo

    Ya son más de 100 mil chihuahuenses que firmaron para que Maru Campos deje el cargo

    La presión contra la gobernadora de Chihuahua sigue creciendo mientras ciudadanos cuestionan la presunta injerencia de agencias extranjeras en tareas de seguridad estatal y el papel de la polémica Torre Centinela.

    La crisis política de la gobernadora panista Maru Campos continúa escalando y ya rebasó las redes sociales para convertirse en un fuerte reclamo ciudadano. Una petición publicada en Change.org ya acumula más de 100 mil firmas de chihuahuenses que exigen su separación del cargo, en medio de la controversia conocida como el “CIAGate”, relacionada con presuntos vínculos y colaboración con agencias de seguridad de Estados Unidos.

    El descontento creció tras los señalamientos sobre la supuesta presencia de agentes extranjeros en operativos e instalaciones estatales de seguridad, particularmente alrededor de la llamada Plataforma Centinela y la polémica Torre Centinela, proyecto multimillonario que el gobierno estatal presentó como la gran apuesta tecnológica contra la inseguridad, pero que ahora muchos ciudadanos observan más como un monumento al derroche y a la opacidad.

    Quienes respaldan la petición demandan que la mandataria explique públicamente cuál fue el alcance de la colaboración con autoridades estadounidenses y si existió intercambio de información sensible o participación extranjera en tareas que corresponden al Estado mexicano. Para miles de ciudadanos, el tema dejó de parecer cooperación internacional y comenzó a verse como una preocupante subordinación política disfrazada de estrategia de seguridad.

    Mientras tanto, desde el gobierno estatal y sectores cercanos al PAN intentan contener la crisis asegurando que no existe una resolución judicial en contra de Campos Galván. Sin embargo, el desgaste político es evidente y cada nueva revelación alimenta la inconformidad social. Lo que vendieron como modernización de la seguridad pública terminó convertido en un escándalo nacional que sigue acumulando críticas.

    En redes sociales, las burlas contra la administración estatal tampoco se han hecho esperar. Usuarios ironizan que la gobernadora parece más preocupada por quedar bien con intereses extranjeros que por resolver los problemas de violencia, agua, transporte y salud que enfrentan diariamente las familias chihuahuenses. Otros incluso califican a la Torre Centinela como “el Big Brother más caro del norte”, mientras las cifras de inseguridad continúan golpeando al estado.

    Aunque la petición de Change.org no tiene efectos legales inmediatos, sí refleja el tamaño del descontento ciudadano que enfrenta la mandataria panista. Y mientras las firmas siguen aumentando, en Palacio de Gobierno cada vez resulta más complicado fingir que el escándalo no está pasando factura política a Maru Campos y a su administración.

  • Renuncia otro fiscal de Maru Campos ligado a caso “CIAGATE” en Chihuahua

    Renuncia otro fiscal de Maru Campos ligado a caso “CIAGATE” en Chihuahua

    La investigación interna confirmó la presencia de ciudadanos estadounidenses en instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua antes de un operativo en la sierra de Morelos.

    El escándalo por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua ya cobró otra renuncia dentro de la Fiscalía estatal. Guillermo Arturo Zuany Portillo dejó su cargo como Fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, luego de que avanzaran las investigaciones internas sobre la presencia de extranjeros vinculados a acciones contra un supuesto “narcolaboratorio”.

    La salida del funcionario ocurrió horas después de que la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva confirmara en una indagatoria interna que personas estadounidenses ingresaron a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro antes del despliegue realizado entre el 17 y el 19 de abril en la sierra de El Pinal, municipio de Morelos.

    De acuerdo con reportes locales, Zuany Portillo presentó su renuncia tanto a la gobernadora Maru Campos como al encargado de despacho de la Fiscalía, Francisco Sáenz Soto. El ahora exfuncionario también encabezó anteriormente la Agencia Estatal de Investigación, una de las principales áreas operativas de seguridad en el estado.

    La investigación interna apunta a que diversos funcionarios habrían tenido conocimiento previo sobre la presencia de estos agentes extranjeros dentro de las instalaciones oficiales. El caso escaló políticamente luego de que surgieran versiones sobre presuntas operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en territorio mexicano, situación que ya provocó reacciones a nivel federal.

    La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó recientemente que agentes extranjeros operen libremente en México y recordó que toda colaboración con Estados Unidos debe apegarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Además, señaló que cualquier participación de agencias estadounidenses fuera de los acuerdos oficiales representa una violación a la soberanía nacional.

    Mientras continúan las investigaciones dentro de la Fiscalía de Chihuahua, el caso comienza a exhibir posibles responsabilidades administrativas y políticas relacionadas con la autorización o encubrimiento de la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad realizados en territorio mexicano.