La gobernadora panista llegó escoltada por la dirigencia nacional del PAN para denunciar una supuesta persecución política, aunque evitó comparecer ante el Ministerio Público federal por el operativo donde participaron agentes estadounidenses.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, convirtió su visita a la Fiscalía General de la República en un acto político y mediático luego de acudir acompañada por dirigentes y operadores del PAN para responder al citatorio relacionado con el operativo realizado en marzo pasado en Chihuahua, donde participaron agentes de la CIA.
Aunque el citatorio indicaba que debía comparecer en las oficinas federales de Ciudad Juárez, Maru Campos decidió acudir a instalaciones de la FGR en la colonia Doctores de la Ciudad de México únicamente para entregar un escrito y lanzar acusaciones sobre una supuesta persecución política. La mandataria aseguró que las autoridades federales buscan “fabricarle un caso” y acusó al Ministerio Público de actuar de manera “tramposa” al citarla bajo calidad de testigo.
El acto rápidamente se transformó en un mitin panista. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró frente a simpatizantes y medios de comunicación que “nadie le va a tocar ni un pelo” a la gobernadora y advirtió que “cientos de miles de personas” saldrán a defenderla. Más que una comparecencia jurídica, la escena terminó pareciendo un intento de victimización política en medio de las investigaciones federales.
El abogado panista Roberto Gil Zuarth confirmó que Campos Galván no rindió declaración ante el Ministerio Público al considerar que el citatorio carecía de sustento legal. Sin embargo, la polémica creció debido a que el caso involucra la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, un tema delicado relacionado con soberanía, seguridad nacional y posibles acuerdos irregulares entre autoridades locales y agencias extranjeras.
Las críticas contra Maru Campos también se intensificaron por intentar convertir un procedimiento ministerial en un espectáculo político respaldado por el PAN. Mientras la mandataria habla de persecución, diversos sectores han cuestionado la presencia de elementos de inteligencia de Estados Unidos en Chihuahua y exigen claridad sobre el nivel de participación que tuvo su gobierno en dichos operativos.
La controversia ocurre en medio de crecientes señalamientos contra la administración estatal por presuntos vínculos con personajes relacionados con el duartismo y estructuras de seguridad cuestionadas. Ahora, el caso de la CIA añade un nuevo frente de desgaste para una gobernadora que prefirió rodearse de dirigentes partidistas antes que responder directamente ante las autoridades federales.
