Mientras acusa recortes presupuestales, la gobernadora de Chihuahua multiplicó el gasto en Comunicación Social. Diversos señalamientos apuntan a que los recursos públicos se utilizan para premiar medios afines y castigar las voces críticas.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta nuevas críticas luego de que se revelara que su administración habrá destinado más de 3 mil 342 millones de pesos a Comunicación Social entre septiembre de 2021 y diciembre de 2026. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal, el presupuesto para este rubro pasó de 185.2 millones de pesos, aprobados originalmente por el Congreso para 2026, a 838.2 millones, un incremento de 352.6%, pese al discurso de austeridad y a las constantes quejas por supuestos recortes federales.
El crecimiento del gasto ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para influir en la cobertura mediática. Según la información difundida, el dinero se destina a convenios publicitarios con televisoras, estaciones de radio, medios impresos, portales digitales, agencias de marketing, empresas de relaciones públicas, productoras audiovisuales e incluso operadores de redes sociales, mediante adjudicaciones directas y sin mecanismos públicos de verificación sobre el alcance real de las audiencias.
Los señalamientos apuntan a que esta estrategia habría servido para favorecer a medios y comunicadores afines, mientras se limita el espacio para las voces críticas. Diversos analistas advierten que este modelo de asignación de publicidad oficial puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta, al condicionar la independencia editorial mediante recursos públicos y afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.
Las críticas también contrastan con el desempeño de la administración estatal en otros rubros. Mientras el presupuesto destinado a comunicación crece año con año, opositores y organizaciones civiles sostienen que persisten rezagos en salud, educación, infraestructura y atención a la Sierra Tarahumara, además de cuestionar la falta de nuevas obras hospitalarias y educativas durante el actual sexenio.
El caso reabre el debate sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de presión política. Especialistas han insistido en que la asignación de estos recursos debe regirse por criterios transparentes, objetivos y verificables para evitar que el dinero público se convierta en un instrumento para premiar la cobertura favorable, castigar el periodismo crítico y limitar la libertad de expresión.
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