Hay gobiernos que simplemente administran el calendario y hay momentos políticos que terminan por definir una época. México vive uno de esos instantes decisivos: por primera vez en más de dos siglos de historia independiente, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal. El dato sacude nuestra memoria histórica, pero su verdadero valor rebasa la anécdota biográfica o la fecha electoral; habla de un país que transformó la manera en que entiende el poder y, sobre todo, a quienes les pertenece ejercerlo. Para las mujeres que consagramos nuestra vida a la función pública y al servicio de la nación, este parteaguas marca una ruta sin retorno.
La llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República no fue un hecho aislado ni un regalo de quienes durante años concentraron las decisiones del país. Es parte de un cambio que comenzó hace ocho años y que puso en el centro otras prioridades y una idea distinta de gobierno: escuchar y atender a las mayorías. Durante décadas, los espacios donde se tomaban las decisiones más importantes estuvieron alejados de muchas mexicanas y mexicanos. Hoy, que una niña mexicana pueda crecer sabiendo que la Presidencia de la República también puede ser ocupada por una mujer, rompe con una idea que durante generaciones parecía inamovible. No se trata solamente de quién ocupa la banda presidencial, sino de que las nuevas generaciones sepan que ningún cargo, por importante que sea, tiene dueño y que las mujeres también pueden llegar a los lugares donde se decide el rumbo de México.
Reconocer con orgullo que hoy una mujer ocupa la Presidencia de México no significa darle un cheque en blanco ni dejar de señalar lo que debe hacerse mejor. La igualdad no necesita elogios por el simple hecho de ser mujer; necesita mujeres capaces de gobernar con firmeza, tomar decisiones difíciles, rendir cuentas y responder ante quienes les dieron su confianza, sin olvidar jamás la verdad, la honestidad, el respeto y la lealtad al pueblo de México.
A una Presidenta no se le demuestra lealtad con silencios ni con aplausos incondicionales, sino acompañando el proyecto de país, señalando lo que debe corregirse y exigiendo resultados. Al final, su legado no dependerá solamente de haber abierto una puerta que durante mucho tiempo estuvo cerrada para las mujeres, sino de lo que logre hacer desde ella: defender la soberanía de México, cuidar el dinero público y conseguir que las decisiones del gobierno se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias.
Para entender si ese cambio existe, hay que mirar más allá de los discursos y revisar los resultados. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, entre 2018 y 2024 alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, mientras la población en situación de pobreza pasó de 41.9 a 29.5 por ciento. También 13 millones de mexicanos se incorporaron a la clase media. Estas son cifras que pueden parecer lejanas detrás de una pantalla, pero estas se traducen en familias que hoy tienen mayores posibilidades de cubrir sus necesidades y construir un patrimonio.
El salario mínimo pasó de 248.93 pesos en 2024 a 315 pesos en 2026 y acumula, según el informe, un incremento real de 153% desde 2019. A ello se suma una red de programas de bienestar que en 2026 alcanza a 42 millones de personas y un sistema de becas que beneficia a 19.5 millones de estudiantes de escuelas públicas. Pero para millones de familias, esto representa un ingreso adicional, una oportunidad educativa o la posibilidad de que un hijo permanezca en la escuela.
En cuanto hace a un aspecto económico, México registró una inversión extranjera directa de 41 mil millones de dólares en 2025, alcanzó 22.8 millones de empleos formales en julio de 2026 y mantuvo niveles de desempleo históricamente bajos. Las exportaciones llegaron a cerca de 665 mil millones de dólares en 2025 y el Plan México contempla 14 Polos de Desarrollo Económico para impulsar inversión, industria y empleo. El reto ahora es que ese crecimiento no se quede en los indicadores macroeconómicos y termine reflejándose en mejores salarios, más oportunidades y mayor bienestar para las comunidades.
En el sector salud también existen avances, ya que durante estos dos primeros años se pusieron en operación 32 hospitales, además de nuevas obras y ampliaciones que buscan aumentar la capacidad de atención. De igual forma en cuanto hace a vivienda, se reportan 518 mil casas contratadas, así como la reestructuración de créditos que durante años resultaron prácticamente impagables para millones de familias. Estas son medidas que se toman para que el Estado vuelva a ser capaz de responder cuando una familia necesita atención médica, una vivienda o una oportunidad para salir adelante.
Pero ningún proyecto de transformación puede considerarse completo si la gente no puede vivir tranquila. Por eso en el tema de seguridad, el Gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026, además de miles de personas detenidas y armas aseguradas. Y claro que son resultados importantes, pero no suficientes para un México, donde todavía hay regiones sometidas por la violencia y muchas familias que viven con temor. La seguridad no se mide únicamente en estadísticas: se mide cuando una madre puede dejar salir a su hija, cuando un comerciante puede abrir su negocio, cuando una persona puede regresar a casa sin preguntarse si llegará con vida, cuando la gente camina tranquila sin temor a ser violentada.
Como jueza lo constato todos los días: la legitimidad de un régimen no se defiende con discursos ni con buenas voluntades, sino con hechos y resoluciones que transformen la vida diaria de la gente común. Detrás de cada expediente, de cada audiencia, de cada resolución, hay familias mexicanas que no piden favores ni dádivas, sino estricto debido proceso, respuesta pronta de sus autoridades y castigo efectivo a los culpables.
El verdadero patriotismo dentro de la función pública exige que las garantías consagradas en el texto constitucional dejen de ser postulados teóricos y se conviertan en realidades materiales que protejan al débil frente al abusivo.
Por eso, reconocer lo avanzado no significa cerrar los ojos frente a lo que falta. La violencia que persiste en distintas regiones, la impunidad, los delitos cometidos contra las mujeres y la necesidad de fortalecer nuestro sistema de justicia siguen siendo deudas que no pueden esperar. Una transformación verdadera necesita instituciones fuertes, operadores honestos y decisiones técnicamente sólidas. Necesita también ciudadanos que no renuncien a su derecho de exigir cuentas, incluso cuando coincidan con el rumbo del gobierno.
Una mujer en Palacio Nacional adquiere su máxima dimensión histórica cuando ese liderazgo se traduce en ministerios públicos eficaces, en una disminución real de la violencia contra las mujeres, en acceso equitativo a la salud y la educación y en oportunidades que permitan a las familias vivir con dignidad. Porque el mayor triunfo de este tiempo histórico no radica únicamente en contar con una primera Presidenta, sino en lograr que, después de su sexenio, el ejercicio del poder en manos de una mujer se asuma como una normalidad democrática indiscutible.
Sí, son dos años de una Presidencia firme, ocho años de una transformación que modificó la conversación pública y una patria que todavía tiene deudas históricas por saldar. Apoyar lo que ha funcionado no obliga a callar frente a lo que debe corregirse. Al contrario: exigir mejores resultados también es una forma de defender a México.
Porque la verdadera transformación no termina cuando cambia quien ocupa la Presidencia. Apenas comienza cuando los ciudadanos pueden mirar a su gobierno y decir, mi vida ha cambiado para bien. Ya que como bien sentenció la jurista Ruth Bader Ginsburg: “Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones”.
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