El predio de Los Fuertes ya estaba registrado a favor del Gobierno estatal desde 2012, pero diez años después fue comprado a una inmobiliaria. Dos documentos cuestionados habrían permitido concretar la operación.
El Gobierno de Puebla pagó 86 millones 552 mil pesos por un terreno que la Federación ya le había donado, de acuerdo con documentos revisados por Los Reporteros MX. La compra se realizó el 31 de octubre de 2022, durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, a través del Fideicomiso Banco Estatal de Tierra (BET), que adquirió el predio a la empresa Inmobiliaria 2015.
El terreno tiene una superficie de 12 mil 855.64 metros cuadrados y se ubica en la zona de Los Fuertes. Actualmente alberga el nuevo Congreso del Estado. La operación está bajo cuestionamiento porque existían registros oficiales de la donación federal y porque dos documentos utilizados para justificar la compra habrían presentado información irregular sobre el inmueble.
De 9 millones a una compra de 86.5 millones
El precio del terreno aumentó considerablemente en 15 años. En 2007 fue vendido por 9 millones de pesos y, en 2009, Inmobiliaria 2015 lo adquirió por 13 millones. En octubre de 2022, el Gobierno de Puebla pagó 86 millones 552 mil pesos, equivalentes a aproximadamente 6 mil 730 pesos por metro cuadrado.
El 19 de octubre de 2022, el Comité Técnico del BET aprobó las gestiones para comprar el predio. Doce días después, su director general, Ernesto Vargas Melchor, formalizó la adquisición mediante un cheque. Posteriormente, el inmueble pasó a propiedad del Gobierno estatal.
Un año antes, en 2021, la madre de Jorge Estefan Chidiac se incorporó como accionista de Inmobiliaria 2015, según documentos asentados ante la Notaría 29. Su incorporación buscaba asegurar la firma del contrato con el Gobierno estatal, mientras Estefan Chidiac y Domingo Antonio Fernández Brito mantenían el control de las decisiones.
La Federación ya había donado el terreno
El 16 de enero de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo para entregar al Gobierno de Puebla terrenos de la zona de Los Fuertes, a solicitud del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. El objetivo era construir el Parque Metropolitano.
Al día siguiente se firmó el contrato de donación. El documento quedó registrado tanto en el Registro Público de la Propiedad de Puebla, el 18 de enero de 2012, como en el Registro Público de la Propiedad Federal, el 8 de octubre del mismo año, bajo el folio real 374627.
La donación establecía que el terreno debía utilizarse para el Parque Metropolitano y que, si se destinaba a otro propósito, la Federación podía reclamarlo.
Si el terreno ya había sido donado y estaba registrado a favor del Gobierno estatal, ¿por qué en 2022 se pagaron 86.5 millones de pesos a una empresa privada por ese mismo inmueble?
Dos documentos bajo sospecha
La documentación del caso señala dos instrumentos que habrían permitido concretar la compraventa, pese a los antecedentes de la donación federal.
1. Un levantamiento topográfico con medidas cuestionadas.
El documento fue elaborado el 12 de septiembre de 2022 por el área de Topografía y Geodesia del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP).
Según los documentos revisados, las medidas y colindancias del terreno fueron modificadas para evitar que se encimara en los registros con el predio que la Federación había donado al Gobierno estatal.
En esta presunta irregularidad se señala a Lizeth Delfino Domínguez, directora general del IRCEP; Sandra Escalona Vargas, directora de Catastro, y Ernesto Vargas Melchor, director general del BET. La alteración habría permitido que el inmueble superara la revisión de sus dimensiones antes de la compra.
2. Un certificado que reportó el terreno sin gravámenes.
El 26 de octubre de 2022, la registradora Irene Magaña Mejía emitió un certificado de libertad de gravamen. Según la información aportada al reportaje, el documento es cuestionable porque el propio instituto registral tenía antecedentes de la donación federal.
En conjunto, ambos documentos habrían permitido avanzar con la compra sin resolver la contradicción entre los registros existentes y la operación que pretendía realizar el Gobierno estatal.
En esta operación existieron posibles actos de dolo y omisiones por parte de Delfino Domínguez, Escalona Vargas, Vargas Melchor e Igor Emilio Ferrer Acuña, entonces responsable de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado. La hipótesis es que estas actuaciones ocasionaron un daño al erario y beneficiaron a particulares.
Los controles del Gobierno que no detectaron las irregularidades
Antes de comprar un terreno, las dependencias estatales deben verificar sus medidas, colindancias, situación registral y propiedad. También corresponde al área de Bienes Muebles e Inmuebles llevar el control del patrimonio público, mientras que el director del BET debe presentar al Comité Técnico la documentación que justifique la adquisición.
Sin embargo, ninguna de estas revisiones impidió la operación. Catastro habría validado las medidas cuestionadas y el área encargada del patrimonio estatal no habría advertido que el terreno ya contaba con antecedentes de donación a favor del Gobierno.
El acta del Comité Técnico señala que la compra fue aprobada con base en la información presentada por el director del BET. Si los documentos contenían datos incorrectos, los integrantes del comité pudieron haber autorizado el gasto sin conocer las inconsistencias del predio.
La pregunta central es por qué las dependencias responsables no detectaron la situación jurídica del terreno antes de comprometer 86.5 millones de pesos de recursos públicos.
Un funcionario estatal que ahora trabaja con Chedraui
Cuando se realizó la compra, Igor Emilio Ferrer Acuña era responsable de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno de Puebla, el área encargada de vigilar el patrimonio estatal.
Actualmente, Ferrer Acuña ocupa la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por José Chedraui Budib, cuyo nombre también aparece en la estructura empresarial del Grupo Alsagi, descrita en el primer capítulo de esta investigación. La relación se establece a través del macroholding del grupo, en el que figura Jomapa, empresa que también fue mencionada en la entrega anterior.
Los antecedentes de Ferrer Acuña también fueron cuestionados en 2021, cuando el medio e-consulta reportó irregularidades en la compra de un horno crematorio para el panteón La Piedad, en Puebla.
Según esa investigación periodística, el equipo fue facturado en 2.99 millones de pesos, aunque su valor se estimaba en alrededor de 800 mil pesos. La adquisición se realizó mediante Ecoproject, una empresa intermediaria señalada en el reportaje como presuntamente fantasma.
El terreno terminó convertido en el nuevo Congreso de Puebla
En 2023, durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, se construyó en el predio el nuevo edificio del Congreso de Puebla.
Sin embargo, la donación federal establecía que el terreno debía destinarse al Parque Metropolitano. Por ello, su uso para construir el recinto legislativo abre otra interrogante: ¿puede la Federación reclamar el terreno y lo construido en él? La respuesta depende de las condiciones de la donación y de la determinación de las autoridades competentes.
En la siguiente entrega, Los Reporteros MX revisará cómo se utilizaron los recursos públicos para construir el nuevo Congreso y qué decisiones permitieron levantar la obra en un terreno cuya compra y situación jurídica están bajo cuestionamiento.
