Etiqueta: Contaminación

  • Grupo México deja pendiente pago de 500 mdp por contaminación del Río Sonora

    Grupo México deja pendiente pago de 500 mdp por contaminación del Río Sonora

    A 12 años del derrame minero, comunidades afectadas siguen denunciando contaminación y exigen agua limpia, atención médica y una reparación ambiental efectiva.

    Grupo México mantiene pendiente un pago de 500 millones de pesos destinado a atender los daños provocados por el derrame de 2014 en el Río Sonora. La empresa debía cubrir el monto final de un acuerdo firmado con el Gobierno de México en diciembre de 2025, pero dejó pasar el plazo establecido para abril de este año.

    El convenio contempló un total de mil 500 millones de pesos, de los cuales la compañía ya entregó mil millones. Los recursos restantes están destinados a la construcción de plantas de tratamiento y potabilización de agua para comunidades que, más de una década después del desastre ambiental, continúan denunciando afectaciones y desconfianza en el suministro.

    El derrame ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando alrededor de 40 mil metros cúbicos de sustancias provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, alcanzaron los ríos Sonora y Bacanuchi. El desastre afectó ocho municipios y alrededor de 25 mil habitantes, en lo que especialistas han señalado como uno de los peores episodios de contaminación minera en México.

    Y el problema no quedó en el pasado. Muestreos realizados en 2026 detectaron metales pesados por encima de los límites permitidos, entre ellos arsénico, plomo, cadmio, cromo y selenio. Ante ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezada por Alicia Bárcena, destinó 654 millones de pesos para un programa de remediación que contempla trabajos entre septiembre y diciembre.

    Mientras el pago de Grupo México permanece pendiente, las comunidades afectadas continúan exigiendo agua limpia, atención integral a la salud, reparación ambiental y transparencia en los acuerdos con la empresa. Organizaciones locales advierten que, a 12 años del derrame, la contaminación y sus consecuencias siguen formando parte de la vida cotidiana de miles de habitantes.

    El caso también vuelve a poner bajo la lupa a Germán Larrea, propietario de Grupo México y uno de los hombres más ricos de México. Pese a los años de reclamos por el Río Sonora y otros accidentes vinculados con sus empresas, las comunidades continúan esperando una reparación que consideran completa y efectiva.

  • Fujimori defiende a Coca-Cola pese a que se apropia del agua, genera plásticos y deteriora la salud

    Fujimori defiende a Coca-Cola pese a que se apropia del agua, genera plásticos y deteriora la salud

    La presidenta peruana elogió el reciclaje de la empresa y respaldó una inversión superior a mil millones de dólares, pero omitió los antecedentes de sobreexplotación de agua, contaminación por plástico y los riesgos asociados al consumo frecuente de bebidas azucaradas.

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, salió en defensa de Coca-Cola mientras la empresa enfrenta cuestionamientos por el uso de agua, la generación de residuos plásticos y los efectos de sus bebidas sobre la salud. Durante una visita a una planta de Arca Continental Lindley, la mandataria destacó una inversión superior a mil millones de dólares, de los cuales 500 millones serán destinados a infraestructura y equipamiento de unas 370 mil bodegas

    Frente a las críticas, Fujimori aseguró: “Esta empresa tiene un gran programa de reciclaje” y sostuvo que el uso de agua no representa un problema porque la planta está cerca del mar y cuenta con agua de subsuelo y desalinizadoras. El discurso de Fujimori, sin embargo, deja fuera los antecedentes internacionales de la compañía. Un informe de Naciones Unidas documenta casos de disminución de mantos acuíferos alrededor de plantas embotelladoras de Coca-Cola en India.

    En Kala Dera, por ejemplo, el nivel del agua subterránea cayó de 3.94 metros en la década previa a la llegada de la planta a 25.3 metros durante los primeros 10 años de operación. El mismo reporte registra descensos de 7.9 metros en Mehdigani y problemas de contaminación y salinización del agua en Plachimada.

    Tampoco basta con presumir programas de reciclaje para ocultar el problema del plástico. Coca-Cola fue identificada por sexto año consecutivo como la principal empresa contaminante por residuos plásticos en la auditoría global de Break Free From Plastic de 2023, realizada con 8 mil 804 voluntarios en 41 países, quienes documentaron más de 537 mil piezas de plástico; de ellas, 33 mil 820 correspondieron a Coca-Cola. Además, la organización señaló que la empresa abandonó en 2024 su objetivo de alcanzar 25% de envases reutilizables para 2030.

    El problema tampoco termina en el ambiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el consumo de bebidas azucaradas está asociado con aumento de peso, obesidad y un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer. La propia OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres y advierte que las bebidas azucaradas aportan grandes cantidades de calorías con poco valor nutricional

    Frente a estos antecedentes, la defensa de Fujimori resulta especialmente cuestionable: su gobierno de derecha privilegia la inversión y los intereses empresariales, mientras presenta el reciclaje y la generación de empleos como argumento suficiente para minimizar impactos ambientales y sanitarios que organismos internacionales y comunidades han denunciado durante años.

  • ESTALLA CRISIS DE AGUA EN GUADALAJARA; CIUDADANOS EXIGEN ALERTA SANITARIA POR CONTAMINACIÓN

    ESTALLA CRISIS DE AGUA EN GUADALAJARA; CIUDADANOS EXIGEN ALERTA SANITARIA POR CONTAMINACIÓN

    Colectivos entregaron 184 muestras de agua presuntamente contaminada y denunciaron la presencia de bacterias, metales pesados y toxinas. Acusan que las autoridades han reaccionado tarde mientras miles de familias siguen recibiendo agua de mala calidad.

    La inconformidad por la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara se elevó cuando colectivos ciudadanos y organizaciones sindicales presentaron 184 muestras recolectadas en 90 colonias para exigir una declaratoria de alerta sanitaria.

     Los manifestantes denunciaron que, mientras las quejas van en aumento, el gobierno de Pablo Lemus ha respondido con lentitud a un problema que consideran de salud pública.

    Las pruebas fueron recolectadas en botellas de plástico con agua de apariencia turbia y fueron entregadas a las autoridades sanitarias con la exigencia de llevar a cabo análisis oficiales.  

    Los ciudadanos, sostuvieron que estudios independientes detectaron bacterias, metales pesados así como otros contaminantes, por lo que cuestionaron que la administración estatal no haya actuado con mayor rapidez para garantizar agua segura a la población.

    Las denuncias se volvieron de mayor relevancia porque coinciden con investigaciones académicas que advierten sobre la presencia de toxinas capaces de provocar daños hepáticos, renales y gastrointestinales. 

    Los colectivos aseguran que el gobierno de Jalisco ha privilegiado los discursos antes que las soluciones concretas, mientras miles de familias continúan expuestas a un servicio que genera dudas. 

    El hecho se vuelve alarmante al considerar que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en pacientes con enfermedad renal crónica. La falta de acciones contundentes refleja una indiferencia de las autoridades ante un problema que podría tener consecuencias graves para la salud de la población. 

  • Hasta 500 toneladas de CO₂: vuelos privados de Infantino en el Mundial exhiben contradicción climática de la FIFA

    Hasta 500 toneladas de CO₂: vuelos privados de Infantino en el Mundial exhiben contradicción climática de la FIFA

    Mientras la FIFA presume compromisos ambientales, especialistas cuestionan el uso constante de vuelos privados y el enorme impacto de carbono generado por el Mundial de 2026.

    La intensa agenda del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial 2026 ha reavivado las críticas contra el organismo rector del futbol por su aparente falta de compromiso con la crisis climática. En apenas una semana, el dirigente italosuizo ha sido visto en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City y Houston, desplazándose entre sedes separadas por miles de kilómetros.

    La polémica no se centra únicamente en su presencia constante en los estadios, sino en el uso recurrente de jets privados para cumplir con esa agenda. De acuerdo con el medio de investigación Josimar, Infantino recorrió cerca de 600 mil kilómetros en avión privado durante los tres años previos a septiembre de 2024, una práctica que vuelve a estar bajo escrutinio debido a las dimensiones históricas del torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

    Con la expansión del Mundial de 32 a 48 selecciones y el aumento de 64 a 104 partidos, expertos advierten que el modelo adoptado por la FIFA incrementa significativamente la dependencia del transporte aéreo. La empresa especializada en huella ambiental Greenly estimó que una sola hora de vuelo en un jet privado puede generar emisiones equivalentes a las que produce una persona promedio en un año completo. Bajo ese cálculo, los desplazamientos de Infantino durante el torneo podrían representar entre 300 y 500 toneladas de CO₂.

    Para David Gogishvili, investigador de la Universidad de Lausana, el caso del dirigente refleja un problema estructural. El especialista sostiene que distribuir los encuentros en 16 estadios a lo largo de tres países convierte al Mundial en un evento altamente dependiente de los vuelos, considerados uno de los medios de transporte más contaminantes. En la misma línea, organizaciones ambientalistas como Greenpeace USA han señalado que este tipo de prácticas envían un mensaje contradictorio en medio de los efectos del calor extremo que ya afectan a jugadores y aficionados.

    La FIFA, por su parte, ha defendido que sus directivos utilizan vuelos comerciales o privados según criterios de eficiencia y costos. Sin embargo, las críticas también apuntan al futuro de la competencia. El Mundial Femenil de Brasil 2027 y la edición masculina de 2030, que se disputará entre Europa, África y Sudamérica, podrían elevar aún más el impacto ambiental asociado a los desplazamientos internacionales.

    El debate sobre la sostenibilidad del futbol global cobra fuerza mientras la FIFA impulsa torneos cada vez más extensos y dispersos geográficamente. Para especialistas en medio ambiente, el verdadero desafío no es únicamente reducir emisiones, sino replantear un modelo que, aseguran, privilegia el espectáculo y los negocios por encima de los compromisos climáticos que el propio organismo dice promover.

  • Alcaldía Coyoacán abandona lago de Huayamilpas; hallan patos enfermos y agua contaminada

    Alcaldía Coyoacán abandona lago de Huayamilpas; hallan patos enfermos y agua contaminada

    La PAOT exhibió que la alcaldía encabezada por Giovani Gutiérrez se deslindó del deterioro ambiental del parque, aunque tiene responsabilidad directa sobre su preservación.

    El abandono ambiental en la alcaldía Coyoacán volvió a quedar en evidencia. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) denunció que el lago del parque Huayamilpas presenta graves niveles de contaminación, fauna enferma y falta total de mantenimiento, mientras las autoridades de la demarcación niegan tener responsabilidad sobre el sitio.

    De acuerdo con el informe de la PAOT, el lago presenta condiciones eutróficas, un fenómeno provocado por el exceso de nutrientes y residuos en el agua que genera un ambiente tóxico para la vida silvestre. Durante recorridos de inspección fueron detectados 13 patos, de los cuales al menos tres mostraban signos visibles de enfermedad, además de alimentarse entre basura y restos de comida en mal estado.

    El organismo ambiental también documentó la presencia de tortugas y ardillas obligadas a convivir con recipientes llenos de agua sucia, tortillas remojadas y desperdicios dispersos alrededor del lago. Mientras el deterioro ambiental avanza, usuarios del parque denunciaron que la alcaldía sí destinó recursos a remodelar la cancha de futbol cercana, dejando completamente abandonada el área ecológica.

    La PAOT solicitó información oficial a la alcaldía de Coyoacán sobre las acciones de preservación y mantenimiento del lago; sin embargo, la administración respondió que el sitio “no era de su competencia”. No obstante, la representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en la Ciudad de México desmintió esa versión y confirmó que la demarcación encabezada por el panista Giovani Gutiérrez sí tiene la obligación legal de custodiar y preservar el parque Huayamilpas.

    Las inspecciones se realizaron tras exhortos emitidos por el Congreso de la Ciudad de México, luego de múltiples denuncias ciudadanas por contaminación y posibles riesgos sanitarios en la zona. La PAOT adelantó que continuará con las investigaciones y promoverá medidas correctivas para atender las condiciones ambientales del lago, proteger a la fauna y evitar afectaciones a la salud pública.

    En paralelo, la procuraduría informó sobre dos denuncias presentadas ante la Fiscalía capitalina por presuntos actos de maltrato animal relacionados con la aparición de cadáveres de mascotas en el bosque de Nativitas, en Xochimilco. Ambos casos continúan en fase de investigación y forman parte de las acciones impulsadas por el Congreso local para atender delitos ambientales y crueldad animal en la capital.

    Con información de Sandra Hernández para La Jornada.

  • San Luis Potosí con sequía, incendios y contaminación bajo Ricardo Gallardo

    San Luis Potosí con sequía, incendios y contaminación bajo Ricardo Gallardo

    Por Nathael Pérez 

    La Cascada de Tamul, principal atractivo turístico de la Huasteca Potosina ubicada en el cañón de Santa María, municipio de Aquismón, se quedó completamente seca durante el puente del Día del Trabajo de 2026. La desaparición del caudal fue resultado de la sequía prolongada en la región, temperaturas que superaron los 40 grados centígrados, y la extracción masiva de agua para el riego agrícola sobre el río Gallinas. El poco flujo del río se estaba filtrando en el subsuelo por sótanos y grietas localizadas un kilómetro antes de llegar al voladero, lo que impidió que el agua alcanzara la caída.

    La Comisión Nacional del Agua (Conagua) había ordenado la suspensión del riego agrícola desde el 27 de abril, aunque la medida resultó insuficiente frente a las condiciones extremas. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue señalado por el director de Turismo municipal de Aquismón, quien denunció que las medidas de acción se tomaron con retraso, perdiendo tiempo valioso, y advirtió que cada día sin corriente hacía más difícil y tardada la recuperación del caudal. Aunque la cascada comenzó a recuperarse en la madrugada del 6 de mayo de 2026, el episodio evidenció la fragilidad del ecosistema ante la presión agrícola, el cambio climático y una gestión hídrica reactiva. Sin embargo, este es solo uno de los problemas ambientales que enfrenta San Luis Potosí.

    Acuíferos sobreexplotados y la peor crisis hídrica en décadas

    El problema del agua en San Luis Potosí va mucho más allá de Tamul. Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) advirtieron que aproximadamente el 80% del agua consumida en el estado proviene del subsuelo, y que la mala distribución de pozos, la sobreexplotación y la falta de controles han provocado serios problemas ambientales: mala calidad del agua no apta para consumo humano, subsidencia del suelo y hundimientos en edificios históricos del centro de la capital. En marzo de 2023 estalló la crisis hídrica en la zona metropolitana: las presas San José, El Peaje, El Potosino y El Realito quedaron fuera de servicio por falta de lluvias, con niveles del 0.2% de su capacidad. Para diciembre de 2023, el gobernador Gallardo Cardona emitió formalmente la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural por sequía. A inicios de 2024, la Conagua registraba sequía en el 100% del territorio potosino

    Temporada de incendios sin precedente: segundo lugar nacional en superficie devastada

    El deterioro forestal en San Luis Potosí también ha alcanzado cifras históricas. En lo que va de 2026, la entidad acumuló más de 22 mil 700 hectáreas afectadas por 70 incendios forestales, una cifra que no solo superó con creces las 16 mil 000 hectáreas dañadas en todo 2025, sino que posicionó al estado como el segundo lugar nacional en superficie devastada por incendios, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). La combinación de sequías prolongadas, altas temperaturas, prácticas agrícolas de tala y quema, y la expansión de asentamientos humanos han acelerado procesos de deforestación principalmente en selvas, matorral xerófilo y pastizales naturales. El estado, que ocupa el quinto lugar nacional en diversidad de especies animales y vegetales, ve amenazado ese patrimonio natural ante la falta de estrategias efectivas de prevención y combate al fuego.

    Contaminación industrial y pasivos ambientales sin remediar

    La SEMARNAT ubica a San Luis Potosí entre los diez estados más contaminados del país, con al menos 59 sitios contaminados documentados y otros 42 puntos calificados como pasivos ambientales por contaminación no atendida. La UASLP ha identificado que la entidad destaca a nivel nacional por la existencia de confinamientos de residuos peligrosos altamente tóxicos, así como por actividades de minería, metalurgia, plantas cementeras y termoeléctricas, uso de plaguicidas, combustión de biomasa e informalidad en centros ladrilleros que impactan el aire, el suelo y el agua. En la zona de Villa de la Paz y Matehuala, décadas de actividad minera han dejado suelos y acuíferos con concentraciones de arsénico, plomo, cadmio, zinc y cobre muy por encima de los límites permitidos. La zona metropolitana de la capital concentra al menos 21 de estos sitios, muchos de ellos sin plan de remediación aprobado.

    Incendio en Polímeros Nacionales: aire tóxico y señalamientos a la autoridad

    El 8 de abril de 2026, un incendio en la bodega de Polímeros Nacionales, en la Zona Industrial de la capital potosina, consumió cerca de 800 toneladas de polímeros en una superficie de cuatro mil metros cuadrados y dejó pérdidas estimadas entre 70 y 100 millones de pesos. Investigadores del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud (Ciacyt) de la UASLP advirtieron que durante el evento se liberaron compuestos químicos y material particulado PM2.5 y PM10 —así como ozono— en concentraciones no aptas para la salud humana, que se mantuvieron presentes en distintos puntos de la zona metropolitana incluso horas después de controlado el siniestro. Además,  en lo que va de 2026 se han registrado al menos cuatro o cinco incendios relevantes en la zona industrial, algunos relacionados con materiales peligrosos como baterías de litio, y que resulta urgente reforzar la vigilancia sobre las más de 600 empresas asentadas en el corredor manufacturero.

    El panorama ambiental de San Luis Potosí durante la administración de Ricardo Gallardo Cardona revela una entidad que acumula crisis sobre crisis. Especialistas de la UASLP identifican cuatro grandes amenazas que se retroalimentan: la crisis hídrica, la contaminación del aire, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El estado ya no tiene selvas, lo que representa una pérdida irreversible de ecosistemas únicos. Los años 2023, 2024 y 2025 fueron particularmente secos, con temperaturas récord y una drástica disminución del caudal de ríos y presas. La administración de Gallardo ha enfrentado cuestionamientos por su lentitud de respuesta, la falta de supervisión industrial efectiva y la priorización del desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera sobre la gestión ambiental. 

  • Nuevo León asfixiado: el legado de Samuel García

    Nuevo León asfixiado: el legado de Samuel García

    Por: Nathael Pérez

    Desde que Samuel García asumió la gubernatura de Nuevo León, el estado enfrenta una grave crisis de contaminación del aire que ha detonado protestas ciudadanas y alertas sanitarias. Ante una pésima gestión, los niveles de partículas contaminantes se mantienen elevados y el problema escaló hasta investigaciones de The Guardian

    La crisis de contaminación en Nuevo León se agravó desde el inicio del actual gobierno estatal, pues los registros de calidad del aire muestran que, de manera recurrente, la zona metropolitana de Monterrey presenta concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 por encima de los límites recomendados para la salud humana. En distintos periodos, estos niveles han duplicado e incluso triplicado los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, con impactos directos en enfermedades respiratorias y en la salud.

    Lejos de, a diferencia de otras urbes, ser episodios aislados, los días con mala o muy mala calidad del aire son el único resultado constante de este gobierno. Plataformas internacionales de monitoreo documentan que la población de Monterrey y municipios industriales como Santa Catarina, García y Cadereyta respira aire contaminado durante buena parte del año, situación que especialistas califican como un riesgo crónico para la salud.

    La inconformidad social no tardó en crecer, ya que desde 2022 se multiplicaron las quejas ciudadanas y, para 2024 y 2025, las protestas tomaron las calles. Colectivos ambientales y vecinos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno con consignas como “sin aire no hay futuro”, exigiendo sanciones reales a las industrias contaminantes, información transparente y acciones inmediatas ante las respuestas gubernamentales insuficientes.

    La ineptitud gubernamental no se quedó en el estado, sino que escaló el ámbito internacional al llegar hasta el periódico gringo The Guardian, medio que recientemente expuso la gravedad de la contaminación industrial en Nuevo León, incluidos altos niveles de metales pesados en zonas cercanas a áreas habitacionales y escuelas. Su artículo denunció cómo Monterrey se convirtió en el ejemplo perfecto donde el crecimiento industrial avanza sin controles ambientales a costa de la salud y bienestar de la población.

    Aunque el gobierno de Smog García anunció agencias, comisiones y acuerdos con el sector privado, los resultados son prácticamente imperceptibles. Activistas y especialistas coinciden en que las medidas llegaron tarde, carecen de fuerza coercitiva y no han logrado reducir la contaminación. Mientras tanto, la ciudadanía sigue respirando aire sucio y acumulando afectaciones a la salud.

    La desconexión entre el gobierno y la realidad de la población también se reflejó en la polémica protagonizada por Mariana Rodríguez. En medio de una contingencia ambiental, la influencer y esposa del gobernador promovió en redes sociales el uso de un purificador de aire Dyson como solución al problema. El mensaje fue duramente criticado por trivializar una emergencia ambiental que afecta a millones de personas que no pueden “comprar” aire limpio en la ciudad con el peor aire en toda América Latina.

    A más de tres años del inicio del actual gobierno, Nuevo León sigue atrapado en una crisis ambiental sin salida y Samuel García parece importarle poco, apostando a que pasearse en un Tesla basta para salvar al estado del smog. El caso ya es observado desde el extranjero y la realidad es innegable: muchos anuncios, pocas acciones efectivas y un aire cada vez más irrespirable.

  • Europa promete limpiar su aire, pero reserva su derecho a comprar contaminación

    Europa promete limpiar su aire, pero reserva su derecho a comprar contaminación

    Tras una maratónica negociación de casi 24 horas, la Unión Europea acordó reducir 90% sus emisiones para 2040, aunque con una polémica cláusula que permitirá “comprar” hasta un 10% de contaminación. El pacto, celebrado como ambicioso, también deja ver la flexibilidad que exigieron países como Italia para no comprometer su competitividad.

    Tras casi un día completo de negociaciones, los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico y polémico para reducir en 90% las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) para 2040, con respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, el pacto incluye una cláusula que permitirá a los Estados comprar créditos internacionales para emitir hasta un 10% más, siempre que inviertan en proyectos de mitigación ambiental fuera del bloque.

    El nuevo marco, aprobado pese a la resistencia de Italia y el rechazo de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, fue celebrado por la Comisión Europea como una muestra de “liderazgo y ambición” climática rumbo a la próxima COP30, que se realizará en Belém, Brasil. No obstante, diplomáticos y expertos advierten que la flexibilidad acordada podría reducir el objetivo real de recorte hasta un 80%.

    El esquema, conocido como formato “5%+5%”, permite que los países utilicen el primer 5% de flexibilidad directamente, mientras el segundo está sujeto a una cláusula de revisión basada en la evolución tecnológica y las condiciones económicas. En la práctica, esto significa que un Estado podrá emitir más CO₂ si financia iniciativas ecológicas como reforestación o energías renovables, en un mecanismo que muchos califican como “comprar el derecho a contaminar”.

    La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió el acuerdo asegurando que el objetivo del 90% “sigue siendo vinculante”, aunque reconoció que la cláusula permite ajustar metas nacionales “en pro de la competitividad europea”. Fuentes diplomáticas señalaron que Italia presionó para incluir estas flexibilidades, buscando proteger su industria frente a los costos de la transición verde.

    El texto final, que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, contó con el apoyo de 12 países que se mostraron “muy unidos” en torno al liderazgo climático, entre ellos España, Suecia, Países Bajos, Alemania y Finlandia. Pese a las críticas, Bruselas considera que este acuerdo consolida a la Unión Europea como la región más avanzada en materia de acción climática, aunque el costo ambiental de su flexibilidad aún está por verse.

  • Grupo México evade responsabilidad por contaminación del Río Sonora desde 2014

    Grupo México evade responsabilidad por contaminación del Río Sonora desde 2014

    A pesar de los graves daños ambientales y sanitarios, la empresa de Germán Larrea insiste en que la remediación está completa, mientras el río mantiene altos niveles de metales pesados y la población sufre consecuencias de salud.

    Desde el 6 de agosto de 2014, cuando un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado afectó al Río Sonora y al afluente Bacanuchi, Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, ha buscado evadir su obligación de remediar los daños ambientales y compensar a las comunidades afectadas, de acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea. 

    La empresa sostiene que “ha completado debidamente todas las actividades relacionadas con la remediación y compensación”, argumento que contradicen estudios del IMTA y reportes de la Secretaría de Salud de Sonora, que documentan la presencia de cinco metales pesados –arsénico, cobre, manganeso, níquel y plomo– en agua, suelo y organismos humanos, generando riesgos de cáncer, daño renal y enfermedades terminales.

    El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y Semarnat, mantiene un diálogo con la minera para garantizar la limpieza integral del río, la construcción de hospital y laboratorio toxicológico, y la instalación de 30 plantas potabilizadoras que aseguren agua limpia a las comunidades. Aunado a ello, se exige seguimiento médico a 24 mil personas expuestas a metales pesados durante 11 años, así como la correcta disposición de sedimentos contaminados.

    En el Informe 2024 de Grupo México presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía minimiza el impacto legal y ambiental, argumentando que las denuncias penales y civiles carecen de sustento, mientras mantiene litigios y retrasos en la ejecución de acciones correctivas. La empresa incluso desestima los hallazgos del IMTA, que confirman la contaminación persistente y la exposición toxicológica de la población.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador inició acciones legales contra Grupo México en 2023, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la empresa debe cumplir con todas las medidas necesarias, incluyendo remediación, agua potable, atención médica y saneamiento de los ríos contaminados, con supervisión directa de las comunidades afectadas.

    A más de diez años del derrame, las comunidades de Sonora siguen esperando justicia ambiental y reparación integral, mientras Grupo México continúa priorizando su rentabilidad sobre la salud pública y el equilibrio ecológico de la región.