El dirigente del PAN cerró filas con el exgobernador de Baja California, investigado por presuntos delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, y descalificó el caso antes de que concluya el proceso judicial.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo una videollamada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, para expresarle su respaldo frente a la investigación que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. En lugar de dejar que las autoridades esclarezcan el caso, el líder panista salió a cuestionar el trasfondo político de las indagatorias.
Romero aseguró que Acción Nacional acompañará a Ruffo durante el procedimiento legal y calificó la investigación como un posible ataque político contra la oposición, pese a que las acusaciones siguen bajo revisión judicial. El dirigente no presentó en la conversación elementos que demostraran que el proceso responde a una persecución política.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuenta con peritajes, entrevistas y otras diligencias relacionadas con la empresa Ingemar, investigada por su posible vínculo con operaciones de contrabando de hidrocarburos. Ruffo ha rechazado los señalamientos y sostiene que el caso tiene motivaciones políticas, pero su inocencia tampoco puede darse por establecida antes de que concluya el proceso.
El exmandatario permanece en prisión domiciliaria en Ensenada, luego de que una resolución judicial modificara la medida cautelar que lo mantenía en el penal del Altiplano. El cambio estuvo relacionado con consideraciones sobre su edad y estado de salud, pero no significa que haya sido exonerado de los delitos que se le imputan.
La escena deja una pregunta incómoda para el panismo: ¿por qué su dirigencia presenta como persecución política una investigación que todavía debe resolverse en tribunales? Romero parece tener más prisa por desacreditar las indagatorias que por esperar sus resultados. Mientras tanto, el PAN vuelve a cerrar filas con uno de los suyos y convierte un caso judicial en bandera partidista.
