La Fiscalía General de la República solicitó 23 órdenes de aprehensión contra una presunta red de contrabando de combustibles, pero un juez federal del antiguo Poder Judicial las negó, alegando falta de pruebas suficientes.
Un juez de distrito rechazó 23 órdenes de aprehensión pedidas por la Fiscalía General de la República contra una presunta red de huachicol fiscal. La decisión, fechada el 22 de junio, generó cuestionamientos sobre el avance del caso.
El juez Mario Elizondo Martínez, con sede en el Estado de México, argumentó que el Ministerio Público no fundamentó adecuadamente sus pruebas. Consideró que las inferencias presentadas no acreditaban los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
La red investigada está vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado como uno de los líderes de la organización. La Fiscalía lo relaciona con el traslado ilegal de combustible desde la refinería de Deer Park, en Texas, hacia territorio mexicano.
Tras el primer rechazo, la Fiscalía reformuló la acusación semanas después. Esta vez incluyó a Ruffo Appel y logró que otra jueza autorizara las capturas contra 25 personas en total.
El exgobernador fue detenido y enviado a prisión preventiva en el Cefereso “El Altiplano”, junto con otros siete implicados. Actualmente permanecen pendientes 17 órdenes de aprehensión más dentro del mismo expediente.
El caso forma parte de una de las investigaciones más grandes sobre contrabando de hidrocarburos en México. Todo comenzó en julio de 2025, cuando autoridades aseguraron 33 ferrotanques cargados con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila.
El episodio reaviva el debate sobre los criterios judiciales al momento de resolver casos de corrupción de cuello blanco. Analistas insisten en que este tipo de decisiones exponen los retos que enfrenta el sistema de justicia mexicano.
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