El gobierno priísta de Manolo Jiménez Salinas destina cientos de millones de pesos para promocionar su imagen mientras víctimas, hospitales y servicios públicos quedan en el abandono. En Coahuila sobra dinero para anuncios, pero falta para responder a la ciudadanía.
El gobierno de Coahuila vive en la polémica por destinar más de 600 millones de pesos a publicidad oficial. Mientras el estado enfrenta problemas de seguridad, baches, carreteras en mal estado y más reclamos ciudadanos, el mandatario priísta parece más preocupado por aparecer en anuncios, espectaculares, redes sociales y transporte público.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas sólo recibirá 27 millones de pesos. La diferencia es brutal, puesto que hay mucho más dinero para promocionar la imagen del gobernador que para atender a ciudadanos afectados por desapariciones, homicidios y feminicidios.
No es la primera vez que Manolo Jiménez es señalado por derrochar dinero en propaganda, pues desde el inicio de su gestión en 2024 gastó más de 900 millones de pesos en campañas interminables, publicaciones pagas en redes sociales así como en anuncios en camiones.
Incluso su gasto en Facebook generó cuestionamientos al ver que sí había recursos para promocionar eventos y obras, mientras los problemas en calles, hospitales y servicios básicos van en aumento.
Sus redes sociales se llenaron de reclamos contra un gobierno que pertenece a un partido que intenta sobrevivir entre migajas y derrochando cientos de millones de pesos, y que sólo le obsesiona cuidar su “imágen pública”.
Las y los coahuilenses han señalado que Manolo sólo vive de la propaganda en vez de dar soluciones reales. Cuando un estado invierte más dinero en anuncios y deja en el olvido a las víctimas y necesidades más urgentes, queda exhibido que el dinero público termina “tirado a la basura” en vez de cuidar el bienestar de quien realmente lo necesita.
Alejandro “Alito” Moreno reapareció en Estados Unidos con discursos sobre democracia y autoritarismo, pero las críticas se hicieron presentes por intentar limpiar la imagen de un PRI debilitado y marcado por corrupción, desgaste y pérdida de credibilidad ante millones de mexicanos.
El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, volvió hacer lo que mejor sabe: montar un espectáculo político lejos de México mientras lo que queda de su partido se termina de hundir entre el rechazo y desprestigio.
Desde Washington, se presentó como “defensor de la democracia”, y su intento de discurso no sonó a convicción, sino a una campaña desesperada para mantenerse vigente.
El dirigente priista quiso vender la imagen de un opositor “valiente”, pero su credibilidad ya está hecha pedazos. Hablar de instituciones fuertes resultó una burla viniendo de alguien que lidera un partido señalado de corrupción y manipulación. Alito intentó dar clases de democracia cuando ni siquiera ha podido limpiar la imagen del PRI.
Su reunión con la venezolana María Corina Machado pareció una sesión de propaganda personal. Moreno aprovechó la tragedia en Venezuela para emitir mensajes alarmistas y tratar de posicionarse como líder internacional de la oposición.
Lo más contradictorio fue que Alito habló de crimen organizado y autoritarismo como si el PRI no hubiera sido señalado por redes de corrupción, impunidad y gobiernos marcados por escándalos.
Más que defender a México, Alito Moreno quiere defender una supervivencia política mientras se cree el salvador de la democracia. No cabe duda de que el PRI sigue siendo el recuerdo vivo de la vieja política que el país está dejando atrás.
Las investigaciones detectaron retiros indebidos de cuentas, uso irregular de datos personales y conciliaciones falsas; las sanciones incluyen multas económicas y expulsión del servicio público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que cuatro ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y del Banco del Bienestar fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas tras acreditarse diversas faltas administrativas graves relacionadas con corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
De acuerdo con la dependencia federal, las resoluciones fueron emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa luego de las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en ambas instituciones. La secretaría aseguró que las sanciones forman parte de la política de combate a la corrupción impulsada por el gobierno federal y advirtió que “violar la ley tiene consecuencias”.
En el caso del SAT, las autoridades detectaron que un exservidor público habría participado en la asignación irregular de citas para trámites fiscales, utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución. Por estos hechos, Víctor R., ex subadministrador de Servicios al Contribuyente, fue sancionado con una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos.
Las sanciones más severas se aplicaron dentro del Banco del Bienestar, donde se acreditaron irregularidades cometidas por tres ex trabajadores. Dos de ellos fueron señalados por el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los cuentahabientes, operaciones que superaron los 275 mil pesos. Otro implicado realizó conciliaciones financieras con información falsa, según detalló la investigación.
Por estos hechos, Juan D., ex subjefe de área; Orlando P., ex auxiliar de sucursal; y Marco M., ex asistente administrativo, recibieron inhabilitaciones de hasta 10 años, además de multas económicas que van desde los 25 mil hasta los 250 mil pesos. Las autoridades señalaron que los sancionados todavía pueden impugnar las resoluciones, aunque aseguraron que defenderán cada expediente con pruebas y apego a la ley.
La Secretaría Anticorrupción subrayó que cualquier servidor público involucrado en actos de corrupción “traiciona la confianza del pueblo” y debe enfrentar consecuencias legales y administrativas. Asimismo, llamó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades dentro de las instituciones públicas para fortalecer la vigilancia y la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Los discursos de confrontación así como promesas recicladas, el PAN en Guanajuato volvió a refugiarse en forma de campaña ante el miedo a Morena para ocultar décadas de pendientes, violencia y desgaste político.
El Partido Acción Nacional dejó ver nuevamente su peor cara en Guanajuato, es decir, el de un partido aferrado al poder que ya no ofrece ni soluciones, sino grilla y amenazas disfrazadas de unidad. Mientras “miles” de militantes quieren “fuera” a Morena, la dirigencia panista ha evitado hablar de problemas que siguen afectando al estado: inseguridad, desapariciones y una crisis que durante años no han podido resolver durante su gestión en la entidad que es de hace décadas.
Una concentración de militantes blanquiazules en León pareció más desesperación que unión. Jorge Romero y Ricardo Anaya, así como Libia Denisse, se dedicaron a presumir un supuesto “corazón azul”, como si repetir consignas pudiera eliminar y olvidarse del desgaste de un partido que lleva años aferrado a una administración que arrastra conflictos sin resultados.
El PAN ha intentado vender estabilidad, pero Guanajuato sigue siendo noticia nacional por la violencia y el miedo cotidiano.
El discurso de Ricardo Anaya se basa en ataques y acusaciones reflejando su intento de estrategia de siempre: su tono amenazante para evitar que la ciudadanía cuestione por qué, después de tanto tiempo gobernando, el PAN no ha logrado regresar la tranquilidad a miles de familias.
Los blanquiazules guanajuatenses, han querido mostrar “fortaleza” rumbo a 2027, pero lo que hacen es todo lo contrario, terminan exhibiendo temor a enfrentar el fastidio y la molestia de que la gente ya no cree en ellos por no ser reales.
Guanajuato no necesita más gritos de guerra partidista, lo que necesita son resultados que el PAN, hasta ahora, no ha podido ni podrá entregar.
La Fiscalía mantiene investigaciones por irregularidades en obras públicas, pagos indebidos y presuntos daños al erario durante el gobierno de Ignacio Peralta.
El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega García, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, luego de que un juez encontrara elementos suficientes para continuar las investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos durante la administración priista de 2016 a 2021.
La resolución judicial establece que ambos ex funcionarios enfrentarán el proceso en libertad, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de hasta cinco meses. Durante ese periodo, tanto la defensa como la parte acusadora podrán presentar pruebas adicionales relacionadas con las irregularidades detectadas en auditorías y revisiones financieras realizadas por el gobierno estatal.
Entre las principales acusaciones destacan presuntas anomalías por casi 100 millones de pesos destinados a la construcción del Centro de Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia del Estado (C5i) y a la remodelación del Palacio de Gobierno de Colima. De acuerdo con las investigaciones, la administración encabezada por Peralta Sánchez adquirió una deuda superior a los 500 millones de pesos para ambas obras, aunque las auditorías únicamente lograron justificar alrededor de 400 millones.
Las autoridades también detectaron pagos presuntamente irregulares por asesorías inexistentes durante 2018. Según las investigaciones, el gobierno estatal habría pagado cerca de 97 millones de pesos a una empresa por servicios de consultoría, pese a que un año antes se destinó apenas un millón de pesos al mismo concepto. Estas inconsistencias forman parte de las denuncias presentadas por la actual administración estatal encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
Por su parte, Carlos Noriega García ya enfrenta una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos en Colima, debido a acusaciones relacionadas con un presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto Estatal de Pensiones. Además, existe otra denuncia penal contra Ignacio Peralta por ordenar en 2021 el pago anticipado de casi mil millones de pesos a bancos derivados de un empréstito de corto plazo, mientras se anunciaba la suspensión del pago de nómina a miles de trabajadores estatales.
Tras la audiencia, Ignacio Peralta aseguró que el proceso “era algo esperado” y sostuvo que demostrará haber actuado conforme a la ley durante su gestión. Sin embargo, el caso representa uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes en la historia reciente de Colima y mantiene bajo escrutinio el manejo financiero del anterior gobierno priista.
Recientemente, en redes sociales, el PRI ha propuesto que “los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado sean inhabilitados de por vida”, lo cual llama la atención: ¿por qué, durante tantos años de gobierno, no decidieron ponerlo en práctica?
El #PRIPropone que los funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado, como los 10 morenistas de Sinaloa señalados por Estados Unidos, sean inhabilitados de por vida.
Es más, ¿cómo un partido con un historial vinculado al crimen organizado se atreve a proponer esto? Aquí, una lista de políticos del PRI vinculados al crimen organizado que no hubieran podido continuar ejerciendo después de haber sido señalados.
Mario Villanueva Madrid — Gobernador de Quintana Roo (1993–1999)
Villanueva habría recibido sobornos del Cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, a cambio de brindar protección institucional y garantizar el tránsito de cargamentos. Al término de su mandato en 1999, y ante la inminencia de una orden de aprehensión, el exgobernador se dio a la fuga, convirtiéndose en uno de los primeros casos de un mandatario estatal prófugo por delitos relacionados con narcotráfico. Fue capturado en 2001, extraditado a Estados Unidos en 2010, y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico en 2012. Continuó en el cargo hasta casi el último día de su mandato, apoyado en el fuero que le otorgaba la gubernatura.
Tomás Yarrington Ruvalcaba — Gobernador de Tamaulipas (1999–2005)
Tomás Yarrington fue uno de los políticos más influyentes de su generación dentro del PRI, con proyección nacional e incluso aspiraciones presidenciales. Durante su mandato, Tamaulipas se consolidó como una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Fue acusado de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. El dinero presuntamente financió su campaña política y la adquisición de propiedades en Texas. Cuando finalizó su administración, Yarrington expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República. Fue detenido en Italia en 2017. En abril de 2025 fue deportado a México y trasladado al penal del Altiplano, donde quedó a disposición de la justicia. Ejerció toda su gubernatura y buscó ascender políticamente pese a las investigaciones en su contra.
Eugenio Hernández Flores — Gobernador de Tamaulipas (2005–2010)
Eugenio Hernández es buscado por la DEA en los Estados Unidos por la presunta operación de un sistema de lavado de dinero de 30 millones de dólares. La DEA informó sobre el vínculo del priista Eugenio Hernández con los Zetas y el Cártel del Golfo. Completó su mandato sin interrupciones y no fue detenido sino hasta años después, cuando el gobierno estatal emitió una orden de aprehensión por peculado y lavado de dinero. Gobernó el estado íntegramente a pesar de los vínculos documentados.
Humberto Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2005–2011) y Presidente Nacional del PRI (2011–2012)
Humberto Moreira es señalado directamente por testigos en juicios contra integrantes de Los Zetas de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas, a cambio no solo de protección para el cártel, sino también de contratos de gobierno. Tras terminar la gubernatura, fue nombrado presidente nacional del PRI, el cargo más alto del partido. También se le señaló por malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho. En 2012, la PGR lo absolvió de los delitos de endeudamiento al no contar con pruebas. Fue detenido en España en 2016 pero finalmente liberado por falta de pruebas suficientes ante la justicia española.
Rubén Moreira Valdez — Gobernador de Coahuila (2011–2017) y Diputado Federal
De acuerdo a Adolfo Tavira, identificado como exadministrador de producción de Televisa y narcotraficante, el gobernador Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas. Los hermanos Humberto y Rubén Moreira son señalados en múltiples testimonios judiciales en Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal. A pesar de ello, Rubén Moreira concluyó su mandato como gobernador y posteriormente fue electo diputado federal, cargo que ocupó sin que prosperara ninguna causa penal en su contra en México.
Fidel Herrera Beltrán — Gobernador de Veracruz (2004–2010) y Cónsul en Barcelona (2015–2017)
Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña. Lo más llamativo de su caso es que, ya bajo sospecha, fue designado cónsul de México en Barcelona. Fidel Herrera estuvo bajo la mira de la DEA y la policía catalana cuando fue cónsul en Barcelona, por su presunta conexión con el narcotráfico, combinando su misión diplomática con relaciones tóxicas. Renunció en enero de 2017 a su puesto como cónsul y nunca fue procesado formalmente en México.
Jesús Reyna García — Gobernador Interino de Michoacán (2013–2014)
Fue nombrado gobernador interino de Michoacán por 90 días en abril de 2013. Un año después, fue detenido por la PGR al ser acusado de proteger al Cártel de Los Caballeros Templarios. La PGR acusó al priista de tener vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, considerado el líder de dicho cártel. Un juez federal le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. Reyna permaneció más de cuatro años en prisión; sin embargo, en 2018 fue liberado luego de que un juez determinara que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar los delitos imputados. Ejerció la gubernatura interina y fue detenido solo después de dejar el cargo.
Fausto Vallejo — Gobernador de Michoacán (2012–2014)
Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Fausto Vallejo se vio obligado a renunciar a la gubernatura argumentando problemas de salud; sin embargo, pese a retirarse de la vida política, su nombre siguió escuchándose debido a supuestas reuniones de su hijo Rodrigo Vallejo “El Gerber” con “La Tuta”. Gobernó casi dos años antes de dimitir.
Roberto Sandoval Castañeda — Gobernador de Nayarit (2011–2017)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con organizaciones como el CJNG y el grupo de los Beltrán Leyva, señalando presuntos pagos a cambio de protección y facilidades operativas. En junio de 2021, Sandoval fue detenido en México tras varios meses fuera del radar público, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Actualmente el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el narcotráfico, hecho que derivó en el bloqueo de más de 42 cuentas bancarias. Terminó su mandato completo de seis años sin ser procesado durante su gestión.
Manlio Fabio Beltrones — Senador, diputado y dirigente nacional del PRI
Beltrones, quien fue uno de los hombres más poderosos del PRI y presidente de la Cámara de Diputados, fue señalado reiteradamente por la DEA y medios como El Universal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su paso como gobernador de Sonora (1991–1997). Nunca fue sometido a proceso judicial y continuó una larga carrera política, llegando incluso a presidir el PRI en 2015–2016.
Felifer Macías dilapida 35 mdp en gradas y pasto sintético para “rehabilitar” un campo de béisbol y, antes, el alcalde panista de Querétaro otorgó un contrato por 4.5 millones de pesos para pintar y poner focos en 250 metros de calle.
Por Neri Torres
El alcalde panista de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presume como un logro la “rehabilitación” de la Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en Villas del Sol.
De acuerdo con el edil, estas acciones forman parte de sus compromisos para recuperar espacios destinados al deporte y la convivencia social. Sin embargo, detrás del discurso oficial se asoman serias contradicciones, particularmente en el gasto destinado a obras que, en apariencia, resultan limitadas: la construcción de gradas y la colocación de pasto sintético en el campo de béisbol.
Para dimensionar la situación, vale la pena revisar antecedentes.
En 2018, durante la administración del entonces alcalde Marcos Aguilar Vega, se destinaron poco más de 3 millones de pesos para la rehabilitación integral de la misma unidad deportiva. Aquellas obras incluyeron mejoras en la pista de trote, instalación de enrejado, construcción de rampas y pisos de concreto, reubicación de luminarias y cercado perimetral.
Además, se intervinieron canchas de frontón con nueva techumbre, se instalaron alumbrados en andadores, se rehabilitaron baños, juegos infantiles y gimnasio, y se pintaron diversas áreas.
También se balizaron canchas de básquetbol, tenis y frontón, y se colocó pasto natural en el campo de vóleibol.
La pregunta es: ¿cómo fue que un conjunto más amplio de mejoras costó 3 millones de pesos? Y es que, si hacemos la comparativa, estamos hablando de un incremento del 1,066 por ciento.
¿Gradas y pasto sintético por 35 millones? ¡Es un robo!, asegura un grupo de vecinos.
Al revisar el contrato SOP/2025-0059/9, podemos observar que tres empresas fueron contratadas para la remodelación del campo de béisbol: Promociones y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Corpbo S.A. de C.V., y Construcciones Acero, S.A. de C.V.
Curiosamente, Grupo Corpbo ya había sido beneficiada con un contrato de 5 millones 979 mil 749.71 pesos por instalar pasto sintético en una cancha de futbol, en la Unidad Deportiva Belén, en Lomas de San Pedrito Peñuelas.
Sin embargo, al contrastar cifras, las inconsistencias saltan a la vista.
Y es que el costo promedio del pasto sintético de alta calidad en Querétaro ronda los 289 pesos por metro cuadrado. En el caso de la Unidad Deportiva Belén, se sustituyeron mil 271 metros cuadrados, lo que arroja un costo aproximado de 367 mil 319 pesos.
La diferencia frente a los casi 6 millones reportados resulta imposible de justificar.
Por si fuera poco, en el informe de entrega de la obra, Felifer presume una inversión de 5.8 millones de pesos exclusivamente para la unidad deportiva, mientras que el contrato SOP/2025-008/4 detalla que el gasto correspondía únicamente al cambio de pasto. Y otra pregunta asoma con persistencia: ¿Cuál fue el destino real de los recursos?
Y no es el único escándalo que acecha al alcalde panista.
El gobierno de Felipe Fernando Macías enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
Una investigación de Los Reporteros MX ha revelado, por ejemplo, un gasto superior a 4.5 millones de pesos en la rehabilitación de una calle de apenas 250 metros, en la colonia Reforma Agraria.
A esto hay que sumar que, de las 80 obras que prometió el presidente municipal de Querétaro, únicamente 48 han sido concluidas, y la mayoría de ellas de carácter menor. Lo que indigna al pueblo queretano es que, en esas pequeñas obras, se han dilapidado más de mil 200 millones de pesos.
Diferentes auditorías señalan posibles irregularidades. Y es que la mayoría de los contratos emitidos por la administración de Felifer Macías imperan las adjudicaciones directas, la falta de documentación y las obras inconclusas. Y todo ello, nos aseguran fuentes al interior del gobierno panista, sin importar que los pagos a proveedores han sido liquidados en su totalidad.
Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, el actual alcalde blanquiazul —y que hoy aspira a la gubernatura de Querétaro— ha estado envuelto en diversas controversias, que van desde acusaciones de presuntos sobornos hasta críticas por gastos de campaña opacos y operativos municipales considerados excesivos.
Un historial que, lejos de disiparse, parece ampliarse con cada nueva obra bajo su administración.
Desde que tomó protesta el 1 de diciembre de 2022, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, ha acumulado denuncias formales, escándalos mediáticos y una percepción ciudadana que lo ubicó entre los mandatarios más corruptos del país.
“Moches” y desvíos en la Secretaría de Fomento Agroalimentario (SEFADER)
El excoordinador del Programa de Agronegocios, Jesús Pacheco Arango, denunció ante la Presidencia de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación la existencia de esquema de “moches”, desvío de recursos, tráfico de influencias y prestanombres al interior de la SEFADER. De acuerdo a la denuncia (Carpeta 924-FEMCCO-2023), funcionarios de alto rango incitaban al personal técnico a exigir cuotas ilegales a los beneficiarios del programa.
Percepción ciudadana: entre los gobernadores más corruptos del país
En sus primeros ocho meses de gobierno,la aprobación de Jara se desplomó 10.7 puntos porcentuales, cayendo de 57.2% a 46.5% según las encuestadoras Varela y Asociados y C&E México. En agosto de 2023, el 77% de los oaxaqueños consultados lo consideró corrupto, ubicándolo en el cuarto lugar nacional en ese rubro. El Sistema Nacional Anticorrupción colocó a Oaxaca entre los once estados con más actos de corrupción del país, con 27 mil 484 casos por cada 100 mil habitantes, y señaló que el 55% de la población percibe que convive en un entorno donde se exigen o entregan dádivas para obtener servicios públicos.
Nepotismo: 20 familiares en la nómina del gobierno estatal
La Jornada documentó que al menos 20 parientes del gobernador —incluyendo un hermano, tres hijos, una nuera, un yerno y diez sobrinos— ocuparon cargos en los tres poderes del estado a lo largo de su administración. El gobernador también tomó el control del partido Morena en Oaxaca a través de su sobrino Emanuel Navarro Jara (presidente estatal del partido) y su hijo Shabin Jara Bolaños (secretario de Organización). Tras la presión de la presidenta Sheinbaum, Jara pidió la renuncia de 24 funcionarios de primer nivel en febrero de 2026, aunque críticos señalaron que “se cambió para seguir igual”.
Vínculos señalados con el crimen organizado
Durante la campaña de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a Antonino Morales Toledo —expresidente municipal de San Blas Atempa y principal operador financiero de Jara— con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Morales Toledo fue además acusado ante la FGR en 2019 por huachicoleo. Pese a esos antecedentes, fue designado Secretario de Administración del estado de Oaxaca tras el triunfo de Jara. El gobernador atribuyó las acusaciones a “la mafia de la corrupción”.
Irregularidades auditadas: miles de millones de pesos observados
La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del propio gobierno estatal reportó en enero de 2025 que las auditorías del ejercicio 2023 arrojaron 185 observaciones y 50 recomendaciones, con un monto observado superior a los 3 mil 960 millones de pesos. Para 2024 se abrieron nuevas revisiones por casi 7 mil 986 millones de pesos fiscalizables. Como resultado, se presentaron 46 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra diversas dependencias estatales, incluyendo las secretarías de Administración y Movilidad, los Servicios de Salud y el DIF Oaxaca.
Revocación de mandato y acusaciones de fraude electoral (enero 2026)
El 25 de enero de 2026, Oaxaca celebró la primera consulta estatal de revocación de mandato del país. Con 100% de actas escrutadas, 58.82% de los votantes respaldó la continuidad de Jara frente a un 38.16% que exigió su revocación; sin embargo, la participación de 29.9% no alcanzó el mínimo legal de 40% para que el resultado fuera vinculante. Sin embargo, se denunció fraude, al señalar la existencia de “casillas zapatos” y la fabricación de hasta 270 mil votos. Analistas políticos atribuyeron el desgaste de Jara a su gobierno “envuelto en escándalos de corrupción y nepotismo”, y el propio gobernador reconoció que los cuatro grandes reclamos ciudadanos eran justamente el nepotismo, la corrupción, la inseguridad y la crisis en salud.
Auditorías detectaron pagos sin contrato y redes de proveedores vinculados; pese a seis denuncias, el exdirector de Juventudes mantiene cargo y sueldo de alto nivel
La Secretaría de la Honestidad confirmó irregularidades graves en el manejo de contratos durante la gestión de Antonio Navarro Padilla al frente del Instituto de Juventudes en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. A pesar de ello, el exfuncionario permanece en la nómina estatal, ahora como coordinador en la Secretaría de Gobierno, con ingresos cercanos a 87 mil pesos mensuales, de acuerdo con una investigación de Carmen Pizano para PopLab.
Las auditorías derivaron en seis denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, interpuestas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Sin embargo, el proceso sigue sin resolverse, lo que ha permitido que Navarro continúe en funciones, bajo el argumento oficial de que no existe una resolución firme.
Entre las irregularidades detectadas destacan 77 pagos sin contrato, 23 contratos con posibles conflictos de interés entre proveedores relacionados, y 44 adjudicaciones sin análisis que justificara la mejor opción. Además, se identificaron pagos con documentación incompleta y posibles inconsistencias patrimoniales de excolaboradores vinculados.
El caso también se conecta con una red de contratos que habría beneficiado a familiares de funcionarios, con al menos 224 contratos por 84 millones de pesos, varios de ellos asignados desde el Instituto de Juventudes. Incluso se documentó el uso de prestanombres para simular competencia en licitaciones.
Otro punto polémico fue el gasto de 30 millones de pesos en un evento de un solo día en 2024, el Congreso Iberoamericano de Juventudes, realizado en plena antesala electoral. Tras ese episodio, Navarro dejó el cargo para integrarse a actividades políticas, pero posteriormente fue reincorporado al gobierno estatal.
Pese a los señalamientos, el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo mantiene a Navarro en un puesto estratégico, donde coordina la remodelación de oficinas públicas, mientras crecen las críticas por la permanencia de funcionarios investigados por corrupción dentro de la administración.
El organismo anunció una bolsa cercana a 900 millones de dólares, mientras enfrenta cuestionamientos por precios elevados de boletos y posibles beneficios fiscales.
La FIFA anunció que repartirá casi 900 millones de dólares en premios para las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, una cifra que refleja el crecimiento económico del torneo, pero también ha desatado críticas por el nivel de gasto y el manejo de recursos.
El organismo elevó la bolsa a 871 millones de dólares, casi el doble de lo entregado en Qatar 2022, bajo el argumento de cubrir gastos operativos de las federaciones. Sin embargo, el incremento ocurre en un contexto donde la propia FIFA proyecta ingresos por hasta 14 mil millones de dólares, lo que ha generado cuestionamientos sobre la proporción y destino del dinero.
Cada selección recibirá al menos 12.5 millones de dólares, además de apoyos adicionales para preparación y logística. A esto se suma un subsidio millonario para cubrir costos de delegaciones, lo que evidencia un esquema de distribución altamente costoso, incluso para estándares del fútbol internacional.
Mientras tanto, la FIFA enfrenta problemas en la venta de boletos, principalmente en Estados Unidos, donde los precios han alcanzado cifras exorbitantes de hasta 11 mil dólares para la final, limitando el acceso de aficionados y dejando estadios con asientos disponibles a pocas semanas del torneo.
Además, el organismo negocia con el gobierno estadounidense posibles exenciones fiscales para las federaciones, lo que ha intensificado las críticas por privilegios económicos en un evento que ya genera ganancias multimillonarias a través de patrocinios, derechos de transmisión y venta de entradas.
El caso pone en evidencia un modelo donde el fútbol se convierte en un negocio de enormes proporciones, con decisiones que reflejan un derroche de recursos y una desconexión con los aficionados, mientras la FIFA prioriza ingresos récord en lugar de accesibilidad y equilibrio financiero.
