Mandatarios estatales afines al movimiento respondieron este viernes a críticas recientes. Advirtieron que no cederán ante presiones ni campañas de desinformación.
Un grupo de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación difundió este viernes 14 de agosto un pronunciamiento conjunto. El documento responde a señalamientos y campañas que, según ellos, buscan desacreditar su movimiento.
Los firmantes explicaron que su proyecto político nació de la lucha social y la organización popular. Aseguraron que siempre defendieron la justicia social, la democracia y la soberanía nacional.
En el texto marcaron distancia frente a sus críticos. Afirmaron que quienes tuvieron vínculos con corrupción, delitos de cuello blanco o crimen organizado no tienen autoridad para juzgarlos. Con esa postura, buscan restar legitimidad a las acusaciones que reciben.
Los mandatarios estatales también enviaron un mensaje firme sobre la soberanía. Rechazaron cualquier injerencia extranjera en asuntos internos de México. Insistieron en que el país debe mantenerse libre e independiente ante presiones externas.
Frente a las críticas y la desinformación, el grupo prometió responder con trabajo y resultados concretos. Aseguraron que seguirán cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo les confió. Además, se comprometieron a continuar impulsando la transformación de la vida pública del país.
El documento cierra con una frase contundente dirigida a quienes consideran traidores a la patria. Señala que la historia se encargará de juzgarlos. Firmaron gobernadoras y gobernadores de 22 entidades, entre ellas Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tamaulipas.
El partido rechaza la medida migratoria de Estados Unidos y la considera una presión política contra la soberanía de México.
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresó su rechazo a la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. La organización ve en esta decisión un intento de injerencia política. México es un país libre e independiente. Solo el pueblo decide su rumbo político por vías democráticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló esta mañana que cancelar visas a personas políticamente expuestas no prueba ningún delito. Esa acción envía un mensaje de intimidación a quienes defienden la soberanía nacional. La relación entre México y Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación. Nunca debe apoyarse en la subordinación ni en presiones externas.
Morena llama a su militancia y a la ciudadanía a informarse. No deben permitir que decisiones tomadas en el extranjero reemplacen a las instituciones mexicanas. Tampoco deben aceptar campañas mediáticas que busquen desacreditar el proyecto político humanista.
El partido oficialista resaltó que quienes desde México piden sanciones o presiones en el extranjero contra adversarios políticos cometen un error. Esas personas intentan evadir sus responsabilidades por actos de corrupción ante las autoridades nacionales.
La alcaldía Cuauhtémoc no programó recursos para infraestructura de drenaje en 2026, pese a que la demarcación acumula numerosos reportes ciudadanos por inundaciones y encharcamientos.
Las lluvias del año pasado exhibieron las deficiencias del sistema de drenaje en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega. Sin embargo, lejos de reforzar la infraestructura ante la temporada de tormentas, la administración de oposición reportó que para 2026 no se han programado recursos destinados específicamente a obras de drenaje. Eso sí, para las fotos y los discursos parece que sí alcanza.
De acuerdo con información entregada por la Dirección de Presupuesto y Finanzas de Cuauhtémoc mediante solicitudes de información, el presupuesto para infraestructura de drenaje en 2026 es de cero pesos. La dependencia precisó que, “al día de hoy”, no existen recursos programados para este rubro, pese a los antecedentes de afectaciones por lluvias en distintas zonas de la demarcación.
El recorte contrasta con los recursos destinados en años anteriores. En 2024, la administración anterior asignó 2 millones 500 mil pesos para infraestructura de drenaje, mientras que en 2025, ya durante el gobierno de Rojo de la Vega, el monto disminuyó a 2 millones 281 mil 357 pesos. Para 2026, el presupuesto simplemente desapareció del mapa. Ni para el drenaje hubo espacio en la cartera de prioridades de la alcaldesa.
Como alternativa, la Dirección de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público informó que la estrategia contra encharcamientos e inundaciones consiste en aplicar el Programa Anual de Limpieza y Desazolve 2026, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en las 33 colonias de la alcaldía. Es decir, ante la falta de inversión en infraestructura, la solución pasa principalmente por limpiar lo que ya existe.
El problema es que los reportes ciudadanos no parecen coincidir con la tranquilidad presupuestal de la administración. El Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) ubica a Cuauhtémoc como la segunda alcaldía con más reportes relacionados con estas afectaciones. Mientras las lluvias ponen a prueba al drenaje, Rojo de la Vega parece haber encontrado una solución presupuestal bastante sencilla: dejarlo en cero.
El propio Gobierno argentino reconoció que parte de los recursos destinados al mantenimiento vial termina bajo control de Economía, mientras las carreteras siguen acumulando baches.
El gobierno de Javier Milei presume como gran hazaña su famoso “equilibrio fiscal”, pero ahora resulta que hasta el dinero destinado a mantener las rutas puede terminar en otra parte. La confesión salió del propio Gobierno: el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos recaudados para infraestructura vial es manejada por el Ministerio de Economía.
El funcionario explicó que los impuestos destinados al Sistema Vial Integrado (SisVial) se reparten entre Vialidad Nacional y la cartera encabezada por Luis Caputo. ¿Para qué? Para ayudar a cuadrar las cuentas del Gobierno. Eso sí, cuando le preguntaron cuánto dinero termina realmente en las carreteras, Ravier no pudo dar una cifra concreta.
“No te puedo decir ahora cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”, admitió el vocero. Una respuesta bastante conveniente para un gobierno que presume cada mes que las cuentas públicas están en orden, aunque las rutas argentinas no necesariamente reciban el mismo entusiasmo financiero.
Ravier defendió que las carreteras todavía reciben mantenimiento y puso como ejemplo la Ruta 5, asegurando que estaría mucho peor si no se realizaran trabajos. El argumento, sin embargo, deja una pregunta sencilla: si los recursos fueron cobrados para mantener las rutas, ¿por qué una parte termina utilizándose para presumir equilibrio fiscal?
El asunto exhibe una de las contradicciones de la política de ajuste de Milei: mientras el Gobierno celebra cada peso que logra ahorrar, los servicios y la infraestructura pública deben arreglárselas con menos recursos. En otras palabras, el “equilibrio fiscal” luce muy bonito en las cuentas oficiales; el problema es que los baches no entienden de discursos económicos.
En 2021 presumía en documentos oficiales 11 terrenos y dos casas; para 2026, el patrimonio declarado se redujo a una sola vivienda y ningún automóvil.
Parece que al patrimonio de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas le aplicaron la misma fórmula que a un truco de magia: ahora lo que estaba registrado simplemente ya no aparece. De acuerdo con una investigación de Arturo Daen para SinEmbargo, las declaraciones patrimoniales del dirigente nacional del PRI presentan llamativas diferencias entre 2021 y 2026.
En 2021, cuando era diputado federal, ‘Alito’ declaró 11 terrenos, todos adquiridos al contado, por un valor conjunto de 2 millones 938 mil 848 pesos. También reportó dos casas, compradas en 2014 y 2016, con un valor acumulado de 9 millones 714 mil 610 pesos.
Pero llegó 2026 y ocurrió el milagro patrimonial: los 11 terrenos y una de las casas desaparecieron del documento. Ahora, el priista asegura tener únicamente una vivienda, adquirida a crédito en 2016 por 8 millones 384 mil 620 pesos, además de declarar que no posee vehículos. Curiosamente, esa propiedad tampoco figuraba en su declaración de 2025.
La diferencia resulta difícil de ignorar: de 11 terrenos y dos casas reportados en 2021, a un solo inmueble registrado en 2026. No es que el patrimonio se haya puesto a dieta; es que los bienes que antes aparecían en los documentos oficiales ya no figuran en la declaración más reciente.
Las declaraciones patrimoniales existen precisamente para que la ciudadanía pueda conocer qué tienen, cuánto ganan y cómo cambia el patrimonio de los servidores públicos. En el caso de ‘Alito’, la comparación de sus propios documentos deja una pregunta inevitable: ¿qué pasó con los terrenos y la vivienda que antes estaban declarados?
Luis Antonio ‘N’ aparece como representante legal de nueve empresas y es investigado por operaciones financieras que incluyen 27 millones de pesos en presuntos préstamos.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Luis Antonio ‘N’, señalado como contador y representante legal de empresas vinculadas con Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno.
La captura ocurrió alrededor de las 14:40 horas del lunes 10 de agosto, en un despacho ubicado en la alcaldía Benito Juárez. El detenido sería trasladado a Campeche, donde enfrenta una investigación de la Fiscalía estatal por presuntos desvíos de recursos y posteriormente podría quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Entre las indagatorias destaca el caso de Mayavisión, televisora que recibió 97 millones de pesos durante el gobierno de ‘Alito’ Moreno en Campeche. De acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción, la Fiscalía revisa la falta de respaldo material de parte de esos pagos y una posible simulación. En particular, se investiga un presunto desvío de 36 millones de pesos relacionados con recursos entregados a la empresa.
Luis Antonio ‘N’ también aparece como representante legal de nueve compañías, entre ellas Mayavisión, EMC Metering Systems y Flow Control Medición, algunas creadas por el hermano de ‘Alito’. La investigación además contempla sus movimientos financieros entre 2020 y 2024, periodo en el que reportó ingresos por 36.2 millones de pesos, de los cuales 27 millones correspondieron a préstamos que ahora son revisados por las autoridades.
De acuerdo con la información difundida, esos préstamos fueron de 9 millones de pesos en 2020, 4 millones en 2021, 4 millones en 2022, 5 millones en 2023 y 5 millones en 2024. Hasta el momento, Alejandro Moreno no se ha pronunciado sobre la detención de su hermano ni sobre las investigaciones relacionadas con el contador.
Las medidas incluyen 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones y cinco destituciones; además, 416 expedientes por faltas graves fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 226 servidores públicos federales con cargos de mando durante el primer semestre de 2026 por faltas administrativas no graves, informó la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.
Entre enero y junio, las sanciones derivaron de 252 expedientes de investigación. De estos casos, 242 estuvieron relacionados con incumplimiento de funciones, nueve con abuso de cargo y uno con abuso de funciones vinculado con acoso u hostigamiento sexual o laboral.
El reporte revela que las medidas aplicadas fueron 149 suspensiones, 55 inhabilitaciones, 43 amonestaciones públicas o privadas y cinco destituciones. Los funcionarios sancionados ocupaban distintos niveles dentro de la administración federal, desde jefaturas de departamento hasta titulares de unidad.
Además, la Secretaría informó que 416 expedientes por faltas administrativas graves fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia encargada de determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes en esos casos.
Los servidores públicos sancionados incluyen 10 titulares de unidad, ocho directores generales, 45 directores de área, 33 subdirectores y 130 jefes de departamento. La dependencia subrayó que las medidas se determinaron considerando la gravedad y proporcionalidad de cada falta.
La Secretaría Anticorrupción sostuvo que “violar la ley tiene consecuencias” y aclaró que los funcionarios tienen derecho a impugnar las resoluciones. En caso de que recurran las sanciones, la dependencia afirmó que defenderá jurídicamente las medidas impuestas conforme a la legislación vigente.
Jorge Romero salió en defensa del exgobernador panista y ahora el PAN exige su liberación, mientras Ruffo enfrenta un proceso por presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El líder del Cártel Inmobiliario, Jorge Romero, se lanzó en defensa de Ernesto Ruffo Appel y aseguró que, después de 20 días de su detención, no ha visto una sola prueba directa que demuestre su participación en operaciones ilegales de huachicol fiscal. Con ello, el líder blanquiazul volvió a colocar al partido en modo defensa ante una investigación que involucra a uno de sus históricos cuadros.
Romero incluso calificó a la FGR como la “Fiscalía General de Morena” y acusó una supuesta persecución política contra Ruffo, quien se encuentra vinculado a proceso. El panista afirmó que al exgobernador no se le respetan sus derechos humanos y denunció que estaría incomunicado, aislado y sin recibir sus medicamentos, además de cuestionar que permanezca en una prisión de máxima seguridad.
La defensa panista fue más allá: Acción Nacional anunció que se sumará a un llamado plural para exigir la liberación de Ruffo, mientras Romero sostuvo que se documentarán las presuntas irregularidades del caso. También cuestionó que los abogados del exgobernador, según su versión, no hayan tenido acceso al expediente y acusó que una jueza “a modo” habría incluido a Ruffo en las órdenes de aprehensión.
El dirigente blanquiazul también intentó comparar el caso con el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y cuestionó que en otros casos se reclame la presentación de pruebas antes de responsabilizar a un funcionario. Sin embargo, el caso Ruffo se encuentra en manos de las autoridades judiciales y serán las pruebas presentadas durante el proceso las que determinen si existen responsabilidades.
La postura de Romero deja una pregunta sobre la mesa: si el PAN exige pruebas para defender a Ruffo, ¿también mantendrá el mismo criterio cuando las investigaciones involucren a políticos de otros partidos? Por ahora, el partido cierra filas con uno de sus exgobernadores, mientras la FGR mantiene abierta la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal y contrabando de combustibles.
El juzgador fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción luego de una denuncia que derivó en un operativo; además del dinero en efectivo, las autoridades aseguraron un arma de fuego dentro del vehículo en el que se trasladaba.
Un juez de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Durango fue detenido en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, luego de que, presuntamente, intentara sobornar con un millón de pesos a un servidor público para influir en la reclasificación de diversas causas penales bajo su supervisión. La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED).
De acuerdo con la información oficial, el juez identificado como Margarito N habría citado al funcionario en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para entregar el dinero. La reunión fue posible gracias a una denuncia telefónica presentada por personal ministerial de la Fiscalía General del Estado, lo que permitió desplegar un operativo para documentar los hechos y detener al presunto responsable.
Al arribar al lugar, agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción localizaron al juzgador con el millón de pesos en efectivo, el cual fue asegurado como parte de las evidencias. Durante la inspección también encontraron un arma de fuego en el vehículo en el que se transportaba, aunque las autoridades no precisaron si este hallazgo derivará en nuevos cargos.
Tras su captura, Margarito N fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. La Fiscalía Anticorrupción de Durango confirmó la detención mediante un comunicado, en el que señaló que el caso continúa bajo investigación.
Hasta el momento, la autoridad no ha revelado cuáles eran las causas penales que el juez presuntamente buscaba influir para que fueran reclasificadas o quedaran bajo su jurisdicción, por lo que se espera que conforme avance el proceso se den a conocer más detalles sobre el presunto esquema de corrupción y las posibles responsabilidades adicionales que pudieran derivarse del caso.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
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Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
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Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
