Como cada dos semanas, el gabinete federal de seguridad, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para informar sobre los avances en materia de paz, además de que han expuesto como es que los jueces y magistrados del Poder Judicial no cesan sus intentos para defender a criminales de alta peligrosidad y de cuello blanco.
José Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, presentó algunos de las y los jueces que en días recientes han impedido la correcta impartición de la justicia:
El primer caso es el del juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, osé Fernando García Quiroz, concedió una suspensión de plano a Rafael “N” para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de ejecutar en su contra la petición de extradición al Gobierno de Estados Unidos y cesó todo acto prohibido por el articulo 22 Constitucional y el 15 de la Ley de Amparo.
También se expuso que la jueza de Control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que, partir del 5 de junio de 2024, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el ex Gobernador de Chihuahua César Horacio “N”.
Cabe mencionar que César Duarte, ex gobernador prianista de Chihuahua y protegido por MAru Campos, es señalado de diversos delitos en contra del erario público y relacionados con el crimen organizado; entre las acusaciones en su contra están desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado y corrupción.
Los Reporteros Mx investigaron el paso de Libia García, militante del Partido Acción Nacional (PAN), por las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social y Humano, ambas del estado de Guanajuato, bajo el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Al amparo del poder, la funcionaria entregó más de 32 millones de pesos a particulares por la adquisición de artículos de papelería y servicios para equipos de computación. Además, se detectó un presunto caso de conflicto de interés, puesto que una beneficiaria de los contratos de Libia García fue una presunta familiar de Juan Carlos Romero Hicks, diputado blanquiazul y exgobernador de Guanajuato.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- La primera gobernadora electa para regir el estado de Guanajuato y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Libia García Muñoz Ledo, formó parte del gabinete de su predecesor en el poder ejecutivo estatal, el también panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Libia García Muñoz Ledo estuvo al frente de la Secretaría deGobierno de Guanajuato (SGG), entre el 19 marzo de 2021 y el 10 de abril de 2023, y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato (SDSHG), entre el 10 de abril de 2023 y el 21 de noviembre de 2023.
Durante su paso por ambas dependencias, la próxima gobernadora del estado, entregó contratos millonarios a particulares vía adjudicación directa. Esta investigación de Los Reporteros Mx detectó en los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que, Libia García, mientras fungió como secretaria de gobiernoestatal, aprobó vía adjudicación directa un pago por $452 mil 51 pesos con 30 centavos, para rentar un inmueble que pertenece a Patricia Romero Hicks.
Se especula un presunto conflicto de intereses por la posible cercanía consanguínea entre la dueña del sitio y Juan Carlos Romero Hicks, ex-gobernador de Guanajuato y actual diputado federal por el PAN, en el distrito 4, en el mismo estado.
El hipervínculo de los documentos del contrato, localizados en la PNT, no son del todo accesibles, puesto que están clasificados como confidenciales. Sin embargo, el contrato se efectuó vía adjudicación directa con número de folio SGDGA-001-0401-0426-2022; el área solicitante fue la SGG, entonces al mando de la blanquiazul Libia García.
De acuerdo con los documentos disponibles, el pago a Patricia Romero Hicks por la renta del espacio fue por lo siguiente:
A fin de contar con un espacio suficiente para establecer las oficinas de la Coordinación de Asesores y del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en la ciudad de Guanajuato.
SGDGA-001-0401-0426-2022.
Dependencia
Monto
SGG
$20,704,060.65
SDSHG
$11,442,792.28
Patricia Romero Hicks
$452,051.30
Total
$32,598,904.23
Información recaba en los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los negocios de Libia García en la SGG
Durante su paso por la SGG, Libia García benefició a empresas que se dedican a la venta de productos de papelería y a ofrecer servicios para aparatos de computación; esto con base en contratos vía adjudicación directa.
Los documentos disponibles en la PNT indican que el área solicitante fue la SGG, entonces a cargo de la próxima gobernadora de Guanajuato. Sin embargo, en algunos casos, las facturas de los contratos se hicieron a través de otras dependencias estatales.
La razón social PC Server S.A de C.V., recibió por parte la SGG un total de 7 millones 764 mil 931 pesos con 84 centavos. De ello, en los archivos de la PNT hay contratos vía adjudicación directa con esta empresa, con fecha del 6 de abril de 2022, estos fueron por la cantidad de 4 millones 830 mil 535 pesos. El resto de los contratos se efectuaron, vía adjudicación directa, con fecha del 8 de junio de 2022, por un monto de 2 millones 934 mil 396 pesos.
Otra razón social que resultó beneficiada por Libia García, mientras estuvo al mando de la SGG, fue Dinámica del Centro S.A. de C.V., que se dedica a la comercialización de tóner para impresoras. Los contratos entre la SSG y la empresa tienen fecha del 28 de mayo de 2021, por la cantidad de 12 millones 819 mil 115 pesos con 81 centavos.
Esta investigación de Los Reporteros Mx detectó que, Libia García, también celebró contratos vía adjudicación directa con una proveedora que se declara como “persona física con actividad empresarial y capacidad jurídica para celebrar convenios”.
Los contratos, con fecha del 14 de marzo de 2022, fueron por la entrega de uniformes, por la cantidad de 120 mil 013 pesos.
Dependencia
Compañía
Monto
Total
SGG
PC Server S.A. de C.V
$7, 764, 931.84
SGG
Dinámica del centro S.A. de C.V.
$12,819,115.81
SGG
Contratista particular.
$120,013
SGG
$20,704,060.65
Información recaba en los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, en 2019, durante la gubernatura de Sinhue Rodríguez Vallejo, esta persona y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato firmaron el contrato Número D-0005/2019, por un monto de 953 mil 520 pesos, para la entrega de uniformes de gala para hombre y mujer.
En 2021, la misma contratista, también celebró con la Universidad Autónoma de Nuevo León el contrato Número 276/2021, bajo la licitación pública UANL/DGA-DA-001/01/2021, por un total de 3 millones 616 mil 612 pesos para la compra de uniformes secretariales.
Los negocios de Libia García en la SDSHG
Esta investigación también detectó contratos con particulares que efectuó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato (SDSHG), mientras Libia García estuvo al frente de la dependencia. De nuevo, los servicios fueron para solicitar material de papelería, servicios para computadoras, entre otros. En total, la panista entregó vía adjudicación directa 11 millones 442 mil 792 pesos con 28 centavos.
Dependencia
Compañía
Contrato
Monto
Total
SDSHG
Informática y Oficinas S.A. de C.V.
Sin información.
$1,330,868.00
SDSHG
Mapeq Mayoristas en Papelería S.A. de C.V
DGA-SEDESHU-8014000653-2023
$1,148,324.80
SDSHG
Dinámica del centro S.A. de C.V.
Sin información.
$7,778,220.28
SDSHG
Particular
DGA-SEDESHU-468-A2023.
$129,920.00
SDSHG
Desarrollo y Soluciones en TI S.A. de C.V
DGASEDESHU-733-2023.
$65,308.00
SDSHG
Proveeduría de Productos y Servicios de México S.A. de C.V.
Sin información.
$283,350.30
SDSHG
Particular/Renta de toldo
DGA-SEDESHU-199-2023.
$39,150.00
SDSHG
Particular/Material de papelería
Sin información.
$667,650.90
SDSHG
$11,442,792.28
Información recaba en los archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Gracias a la decisión de la jueza Hortencia García Rodríguez, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, continuará su proceso legal desde su casa, donde deberá portar un brazalete de monitoreo.
Sin convocar a una audiencia y mediante un oficio girado un día antes, la jueza de Control ordenó la liberación de Duarte, quien se encuentra en un hospital privado tras una intervención quirúrgica. Con esta orden, el Tribunal Superior de Justicia dio por terminada la medida cautelar de prisión preventiva que el exgobernador tenía desde hace dos años, por lo cual no regresará al Centro de Readaptación Social (CERESO) tras ser dado de alta.
Según el sitio de noticias Zona Free, Hortencia García Rodríguez es considerada una jueza afín a la gobernadora María Campos Galván. Esta misma jueza se negó a declinar un caso construido por la gobernadora contra el exfiscal Francisco González Arredondo a la Fiscalía General de la República, hasta que un Tribunal Colegiado se lo ordenó.
La situación jurídica de Duarte no cambia. Será sometido a un juicio oral por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa en el desvío de recursos del erario para beneficio personal. Duarte fue acusado de diversos actos de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, relacionados con la desviación de 96.6 millones de pesos de las arcas públicas hacia sus empresas: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, cuando fue gobernador de Chihuahua.
La medida ha generado controversia y diversas reacciones en el ámbito político y social, donde se debate la imparcialidad y la justicia en el manejo del caso.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ganado una batalla más en los tribunales contra Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Este miércoles, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado por la empresa, reafirmando su obligación de pagar un adeudo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2008 por un monto aproximado de 2 mil 11 millones de pesos.
La controversia se originó cuando el SAT determinó que Elektra tenía una deuda significativa de ISR. La compañía argumentó que no debía pagar el impuesto debido a supuestas pérdidas derivadas de la venta de acciones de otras empresas. No obstante, la autoridad fiscal no aceptó este argumento y procedió a exigir el pago correspondiente.
En respuesta, Elektra impugnó la decisión del SAT, llevando el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En primera instancia, el tribunal falló a favor del SAT, decisión que Elektra apeló sin éxito. La segunda instancia judicial también desestimó los argumentos de la empresa, confirmando la sentencia inicial.
La reciente resolución del Tribunal Colegiado refuerza la postura del SAT, que ha mantenido que Elektra debe cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta decisión significa que la empresa deberá abonar la cantidad estipulada, actualizada a la fecha.
Si Elektra lo considera pertinente, aún tiene la opción de impugnar esta resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales por parte de la compañía respecto a sus próximos pasos legales.
Este caso se suma a una serie de conflictos fiscales entre el SAT y grandes corporaciones en México, subrayando la determinación de la autoridad fiscal para hacer cumplir las obligaciones tributarias y asegurar el cumplimiento de la ley.
Este miércoles, el senador Eruviel Ávila, ahora miembro del Partido Verde Ecologista de México, publicó un post en su cuenta de X revelando que la ahora candidata del PRIAN buscó hablar con él para que ayudará a la liberación de su hermana, acusada de secuestro.
Ávila menciona que fue hace 4 años, cuando Gálvez Ruiz lo buscó para pedirle que hablara con algunos magistrados del Estado de México con el fin de lograr la liberación de su hermana, actualmente presa por el delito de secuestro.
“Obvio me negué por respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada”, se mofó el ex gobernador mexiquense al momento de revelar que la abanderada conservadora trató de traficar influencias para liberar a su criminal pariente.
Anda muy enojada conmigo @XochitlGalvez y les voy a decir porqué. Hace 4 años me pidió hablar con magistrados del #Edoméx para que liberaran a su hermana acusada de secuestro. Obvio me negué por convicción y respeto al Poder Judicial. Patadas de ahogada.
De inmediato han saltado las alarmas entre los mexicanos, que ahora confirman que los verdaderos aliados de los delincuentes son los miembros del PRIAN, mismos que buscan regresar al poder para tener impunidad.
Al parecer a los de enfrente les gusta tener Secuestradoras en sus filas
En un audio filtrado recientemente, Ivonne Theresa Montero, empleada del líder del cártel inmobiliario, Santiago Taboada, ha desvelado el modus operandi de esta organización que negocia a su favor y otorga concesiones a cambio de propiedades para sus miembros. Montero revela en la grabación que varios miembros del Partido Acción Nacional (PAN) poseen departamentos en complejos exclusivos como City Towers.
El audio expone cómo el cártel inmobiliario ha fomentado la construcción masiva de edificios, lo que ha resultado en una infraestructura deficiente, particularmente en el suministro de agua, incapaz de satisfacer las necesidades de la población en la demarcación. La denuncia de Montero subraya la complicidad entre el cártel y ciertos políticos que han facilitado estas operaciones en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
La empleada de Taboada especifica que los beneficios que han obtenido los miembros de este Cártel son dos departamentos por edificio y la escrituración de los mismos.
Esta filtración llega en un momento crítico, en vísperas de las elecciones, y plantea serias dudas sobre la integridad de algunos candidatos y su relación con el sector inmobiliario. Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial al respecto, pero la presión pública para una investigación exhaustiva está en aumento.
La situación destaca la urgente necesidad de transparencia y regulación en el sector inmobiliario, así como una revisión de las políticas de desarrollo urbano para evitar que intereses privados prevalezcan sobre el bienestar de la comunidad.
El Cártel Inmobiliario de Taboada
El 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) difundió un video en el que un empresario detalla el funcionamiento del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez desde, al menos, 2011.
Según el testimonio, durante tres administraciones, varias desarrolladoras solicitaban ayuda a servidores públicos para solucionar problemas relacionados con la falta de documentos o medidas de protección civil, problemas que legalmente resultaban en la suspensión de obras o multas. Autoridades como el general jurídico de la alcaldía, la Coordinación General de Investigación General, Ventanilla Única, y la dirección de Planeación, Desarrollo y Participación, así como los propios titulares de la alcaldía, pedían montos de dinero que iniciaban en 150,000 pesos y aumentaban según el tamaño y estado de la obra.
Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, informó que se han contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios construidos en la alcaldía Benito Juárez. Los ingresos ilegales obtenidos por los funcionarios ascienden a más de 7,000 millones de pesos. Akabani también señaló que estas construcciones irregulares ocasionan problemas en los servicios y representan riesgos al no respetar las normas de construcción.
Al menos 16 funcionarios públicos han sido procesados por su participación en el Cártel Inmobiliario, incluyendo un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, un particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora. Además, otros cinco servidores públicos estaban bajo investigación en noviembre de 2023, según la exfiscal Ernestina Godoy.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señaló que Pedro Joaquín Coldwell favoreció a Vulcan Materials con la autorización de la explotación de las tierras en Quintana Roo, pese a no contar con el permiso de uso de suelo forestal. Además de que la familia de Coldwell vendió predios a filiales de la empresa estadounidense.
En un video difundido en redes sociales, la dependencia federal explicó que dichos terrenos fueron adquiridos, en la década de los 80, a un “precio mínimo” para venderlos a las empresas Rancho Piedra Caliza y Caliza Industriales del Carmen, ambas de Vulcan Materials.
Terrenos del estado de Quintana Roo […] se repartieron entre familiares del gobernador Pedro Joaquín Coldwell, quienes adquirieron los mismos a un costo mínimo y poco tiempo después los vendieron a una empresa particular llamada Rancho Piedra Caliza, adquirida por Vulcan Materials Company al igual que Caliza Industriales del Carmen.
Señala el video.
Nuestra responsabilidad es poner por delante siempre el bienestar medioambiental del pueblo de México.
Compartimos este video que muestra la historia de abusos y devastación por parte de la empresa Calica.
Además, se destacó que el gobierno de Pedro Joaquín Coldwell otorgó permisos de explotación sin tener el cambio de uso de suelo forestal. Así como, recuerda que el 6 de agosto de 1986, el gobierno federal y el gobierno estatal firmaron un convenio para autorizar la explotación de los predios Punta Venado y la Rosita, tanto sobre y por debajo del nivel freático
Asimismo, se señala que Vulcan Material se hizo de los predios predios La Adelita, La Rosita y El Conchalito, en ese sentido se explica que “La Adelita” fue adquirida en mil 346 pesos la hectárea y nueve años después se vendió en 18 mil 483 pesos, mientras que “La Rosita” fue comprada en mil 250 pesos por hectárea, cuatro meses después se vendió en medio millón de pesos.
Así como, el predio “El Conchalito” fue adquirido en menos de ocho pesos la hectárea y dos años después lo vendieron en 18 mil pesos la hectárea.
Asimismo, la dependencia federal sostuvo que el uso de explosivos para la extracción de piedra caliza, entre otras acciones, provocó un daño irreparable al ecosistema, incluso extendiéndose a predios cercanos de la empresa estadounidense.
Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador proyectó un video en el que el escritor Héctor Aguilar Camín expresó que la candidatura de Xóchitl Gálvez representa una oportunidad para que la comunidad cultural recupere la atención, el cuidado y “hasta el apapacho del gobierno” que tenían en administraciones anteriores. Aguilar Camín destacó que muchos intelectuales y miembros del ámbito cultural ven en Gálvez la posibilidad de restablecer el apoyo gubernamental que disfrutaban en el pasado.
Aguilar Camín recordó que durante los sexenios anteriores al del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno financiaba generosamente proyectos culturales, incluyendo películas que eran abiertamente críticas del régimen priista. “Había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas brutalmente críticas del régimen del PRI eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales”, explicó.
“Intelectuales” mexicanos traicionan al pueblo y firman manifiesto infundado y alarmista para respaldar la corrupción y el consrvadurismo que representa Gálvez
Un grupo de intelectuales mexicanos ha expresado su respaldo a la candidatura de Xóchitl Gálvez para la Presidencia de la República. Más de 270 integrantes de la comunidad cultural se pronunciaron este lunes en favor de Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República.
Entre los nombres destacan:
Enrique Krauze
Héctor Aguilar Camín
Federico Reyes Heroles
Jorge Castañeda
Alberto Ruy Sánchez
Gabriel Zaid
Francisco Martín Moreno
Rafael Pérez Gay
Enrique Serna
Guillermo Sheridan
Roger Bartra
Ángeles Mastretta
Consuelo Sáizar
En el pronunciamiento publicado en la revista Letras Libres, los firmantes alegan: “Los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos. Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia.”
El manifiesto agrega: “Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada.”
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la falsa “marea rosa” que se concentró en el Zócalo de la Ciudad de México, exhibe la hipocresía de la derecha ya que se visten de ciudadanos para apoyar a la panista, Xóchitl Gálvez.
La derecha confirma una vez más que su verdadera doctrina es la hipocresía, porque se visten de rosa pero en realidad son prianistas. La marcha de hoy fue del PRI y del PAN. Hay que llamarla por su nombre.
Indicó Delgado Carrillo.
El morenista destacó la libertad de expresión que hay en México, misma que le permitió a la derecha realizar su movilización para tratar de impulsar a la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, quien a lo largo de la elección no ha crecido en las preferencias electorales.
Aunque Mario Delgado subrayó el “doble discurso” de la derecha porque quieren engañar al pueblo mexicano, tratando de hacer creer que la organización surge de la “sociedad civil”, cuando en realidad son los partidos quienes impulsan la movilización.
También, recordó que Morena solicitó desde el primer momento que el evento “se fiscalizara, que se incluyera en los gastos de campaña”. Además señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) es inequitativo porque ha sido cómplice con los engaños al pueblo mexicano.
Asimismo, reiteró que a días de que se celebren las elecciones, es claro que hay dos proyectos muy distintos, en un lado la transformación con el pueblo que encabeza Claudia Sheinbaum y en el otro el pasado de corrupción que representa Xóchitl Gálvez.
Por un lado, está Claudia Sheinbaum: la transformación y que siga el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y por otro lado, aunque de rosa se vistan, prianistas se quedan, pues representan la corrupción, los privilegios y el saqueo de la nación que hicieron durante muchos años.
Una reciente investigación periodística ha sacado a la luz la posible implicación de Francisco Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, en el homicidio de Sergio Carmona. Según el reporte, Carmona se había convertido en un socio incómodo para las aspiraciones políticas de Cabeza de Vaca debido a la información que poseía sobre sus vínculos con el crimen organizado.
El día antes de su muerte, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), el brazo armado de Cabeza de Vaca, irrumpió en el domicilio de Carmona y sustrajo de manera ilegal información de todos sus dispositivos móviles. Este hecho sugiere un intento de eliminar pruebas comprometedores que podrían haber afectado la carrera política de Cabeza de Vaca.
📹 #Vídeo | Sigue saliendo el cochinero: Investigación revela implicación de Cabeza de Vaca en el asesinato de Sergio Carmona, quien tendría información que relacionaba al panista con grupos criminales.… pic.twitter.com/UZhDsgJWOr
Actualmente, Francisco Cabeza de Vaca se encuentra refugiado en Texas, desde donde ha construido una red de corrupción. Esta red incluye la postulación de varios de sus socios a puestos de representación popular. Entre ellos, se destacan César “El Truko” Verástegui, su hermano Ismael García Cabeza de Vaca como diputado local, e Imelda San Miguel como candidata al Senado de la República.
El caso de Sergio Carmona y la red de corrupción tejida por Cabeza de Vaca ilustran las profundas conexiones entre política y crimen organizado, y plantean serias preguntas sobre la integridad de los procesos electorales en la región. Las autoridades continúan investigando para esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
