El gobierno de Venezuela notificó a la ONU el inicio de su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), al argumentar que el organismo mantiene un “sesgo geográfico” contra países de África y América Latina.
El gobierno de Venezuela anunció este viernes el inicio formal de su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI), tras comunicar al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la denuncia del Estatuto de Roma conforme al artículo 127. La decisión fue instruida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el canciller Félix Plasencia.
De acuerdo con el funcionario, la salida de la CPI responde a lo que Caracas considera un “sesgo geográfico” del tribunal contra países del Sur Global, particularmente de África y América Latina. Además, sostuvo que la Corte ha sido utilizada como un instrumento de lawfare, afectando la soberanía y la autodeterminación de los Estados.
El gobierno venezolano reiteró que mantiene su compromiso con una justicia internacional “equitativa”, al tiempo que defendió su decisión de abandonar el organismo, en medio de las investigaciones que la CPI ha mantenido sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Aunque reconoció que Nueva York no tiene facultades para detener al primer ministro israelí, el alcalde insistió en que el Gobierno federal debe cumplir con la orden emitida por la Corte Penal Internacional.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aclaró que su administración no tiene autoridad legal para detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en caso de que visite la ciudad. Sin embargo, reiteró que la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos, al que llamó a asumir esa responsabilidad.
A través de un video publicado en la red social X, Mamdani explicó que su equipo jurídico revisó todas las opciones disponibles para determinar si la ciudad podía hacer cumplir la orden de la CPI. Tras el análisis, concluyeron que Nueva York carece de facultades legales independientes para realizar un arresto de esa naturaleza, ya que esa competencia corresponde exclusivamente a las autoridades federales.
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026
Lejos de dar marcha atrás en su postura, el alcalde sostuvo que la falta de atribuciones municipales no invalida la orden internacional. Por ello, exhortó a Washington a sumarse a la Corte Penal Internacional y ejecutar la orden de captura contra Netanyahu, a quien ha señalado por los presuntos crímenes de guerra investigados por el tribunal con sede en La Haya.
La aclaración surge días después de que Mamdani declarara a The New York Times que analizaba, junto con su equipo legal, los mecanismos disponibles para hacer efectiva la orden de arresto si el mandatario israelí llegaba a territorio neoyorquino. Sus declaraciones desataron una fuerte reacción del presidente Donald Trump, quien aseguró que “Netanyahu no será arrestado de ninguna manera, forma o modo”.
El debate cobró fuerza debido a la posibilidad de que Benjamin Netanyahu viaje a Nueva York para participar en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras la oficina del primer ministro israelí acusó a Mamdani de utilizar el tema con fines políticos, el alcalde insiste en que el cumplimiento del derecho internacional no debe depender de intereses políticos, sino del respeto a las resoluciones de los organismos internacionales.
Estados Unidos inició una campaña internacional para debilitar a la Corte Penal Internacional, con sanciones, restricciones y presión sobre sus aliados para que abandonen el organismo, al que acusa de amenazar su soberanía.
El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una campaña diplomática para debilitar y “desmantelar” a la Corte Penal Internacional (CPI). El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Washington buscará convencer a sus aliados de abandonar el organismo, al que acusa de interferir en asuntos internos y de representar una amenaza para la soberanía estadounidense.
Rubio sostuvo que la CPI pretende atribuirse facultades para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios de Estados Unidos por acciones realizadas en defensa de los intereses nacionales. Además, afirmó que el tribunal libra una “guerra” contra su país mediante el uso del derecho internacional y reiteró que Washington no reconoce su autoridad, ya que nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte.
Como parte de la estrategia, la administración de Donald Trump plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI, ampliar las sanciones contra sus integrantes y organizaciones vinculadas, así como incrementar la presión diplomática sobre los países aliados para que rechacen públicamente las iniciativas del tribunal internacional.
El Departamento de Estado también convocará a embajadores y altos funcionarios extranjeros para denunciar lo que considera “abusos” de la CPI y advertir que habrá un mayor escrutinio sobre los gobiernos que continúen respaldando al organismo mientras reciben apoyo de Washington. Rubio aseguró que Estados Unidos trabajará con sus aliados para desmantelar a la Corte “ladrillo a ladrillo, si es necesario”.
Un juez federal bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la Corte Penal Internacional (CPI). El fallo se produjo el viernes y responde a una demanda presentada en abril por defensores de derechos humanos.
La jueza Nancy Torresen, de distrito, calificó la orden como una violación inconstitucional de la libertad de expresión. En su decisión, mencionó que la orden restringe la libertad de expresión más allá de lo necesario.
La orden ejecutiva, emitida el 6 de febrero, autoriza sanciones económicas y de viaje contra quienes trabajen en investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados, como Israel.
Torresen señaló que la prohibición abarca cualquier servicio basado en la expresión que beneficie al fiscal. Esto incluye servicios que puedan relacionarse con investigaciones de la CPI sobre Estados Unidos o sus aliados.
Este fallo representa un importante golpe a la política de Trump hacia la CPI, que ha sido objeto de críticas en el pasado. Con información de La Jornada.
Con el objetivo de brindar herramientas para ofrecer de manera libre un código abierto y mejor servicio público a las demandas informáticas de las comunidades académicas, científicas, humanísticas y tecnológicas, impulsando la interconectividad y el acceso libre y universal al conocimiento, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) presentó la plataforma Rizoma, la cual integra un conjunto de tecnologías inteligentes y de cómputo.
Rizoma es una plataforma novedosa, disruptiva y segura, inspirada en las estructuras vegetales de interconectividad horizontal, la cual fue diseñada y desarrollada en México por el Conahcyt, en colaboración con varios Centros Públicos de Investigación (CPI).
La directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, explicó que con esta herramienta se busca impulsar las tecnologías inteligentes y de cómputo públicas, de base abierta y libre, para prescindir de sistemas privados que, en sexenios neoliberales, implicaron grandes costos, rezagos en el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la pérdida de bases de datos de las comunidades HCTI, asegurando que Rizoma se generó con base en principios y procesos novedosos, la integración de comunidades de formación y el fomento de talentos para la programación de nuevos sistemas informáticos acordes al humanismo mexicano.
La plataforma estará disponible a partir del próximo 30 de mayo en https://rizoma.conahcyt.mx/ y dentro de sus funciones está la migración exitosa y el mantenimiento de los cerca de 720 mil registros de Currícula Vitae Único (CVU) al perfil único Rizoma que, en primera instancia, facilitará la solicitud de ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) y, próximamente, la postulación a becas en el marco del Sistema Nacional de Posgrados (SNP).
Cabe señalar que se prevé que la plataforma siga creciendo en funcionalidades, las cuales tendrán como objetivo ir progresivamente construyendo una red social científica donde lo más importante sean las personas y el conocimiento que se genere e intercambie a través de la investigación humanística, científica y tecnológica, fomentando el acceso universal al conocimiento.
La directora del Conahcyt destacó la interoperabilidad de la plataforma con otras dependencias externas al a la dependencia de gobierno que, por ejemplo, permitirá su uso por las y los maestros de México, incrementando la interacción entre las comunidades académicas y HCTI.
La plataforma presentada por Álvarez-Buylla tiene diversas ventajas y características que lo diferencian del aplicativo privado que era el CVU, el cual es una plataforma para el registro de información curricular de todas las personas físicas que participan o son beneficiadas por alguno de los programas del antes llamado Conacyt.
Lo que podrás hacer con Rizoma:
Opciones para registrar actividades de investigación en materia de humanidades.
90 por ciento mayor capacidad de usuarios al mismo tiempo; el CVU tenía problemas cuando había un gran número de personas usando el sistema.
Acepta archivos PDF como documentos probatorios.
Ayuda a las y los usuarios a identificar errores u omisiones. El CVU no contaba con estrategia para recuperar errores.
Es una plataforma organizada, de fácil uso y familiaridad; el CVU presentaba dificultades para acceso y uso.
El perfil único incluye fotografía y semblanza, personalizando los registros; no sólo se trata de un número como lo era en el CVU, dato que se mantendrá.
La migración de la información ha sido exitosa, por lo cual sólo solicita datos de actualización y evita duplicidades en la captura de información en distintas secciones, como sucedía con el CVU.
Incluye catálogos que facilitan su consulta, en comparación con los catálogos incompletos, desordenados y difíciles de consultar del CVU.
Tiene la posibilidad de interconectividad para colaborar con otras dependencias externas a Conahcyt
Cientos de personas se dieron cita para la presentación de Rizoma tras una convocatoria abierta por parte del Consejo, destacando la presencia de estudiantes e integrantes de las comunidades HCTI, autoridades de instituciones de educación superior; además de miles conectados de manera remota, quienes expresaron preguntas sobre la plataforma, que en los siguientes días mostrará sus alcances.
El caso que analiza la Corte Penal Internacional sobre México se encuentra en la Sala de Cuestiones Preliminares, misma que resolverá si se abre la investigación en contra del expanista Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Expertos y denunciantes de las múltiples atrocidades cometidas en el calderonato consideran que en breve se determinará sí a lugar a la indagatoria, pues el tribunal de La Haya cuenta con pruebas suficientes para acreditar que en ese sexenio se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma.
En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá solicitar al Senado reconocer la competencia de la CPI, para que el político del PAN sea juzgado por haber declarado la supuesta “guerra” contra el narcotráfico a sabiendas de que esa política pública costaría vidas humanas, además de desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos.
En los próximos meses, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) dictaminará si abre una investigación sobre el caso México, que apuntará sobre todo a la responsabilidad penal de Calderón Hinojosa (diciembre de 2006-noviembre de 2012) en presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Pruebas suficientes
El tribunal –asentado en La Haya, Países Bajos– cuenta con pruebas suficientes para determinar que en ese gobierno se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma, derivados de la declaratoria de la “guerra” contra el narcotráfico que estableció el político panista, a sabiendas de que ésta causaría graves violaciones a derechos humanos, incluida la pérdida de vidas entre la población civil.
Expertos y denunciantes del calderonato ante la CPI consideran que en breve se determinará sí ha lugar a la situación sobre México, como se denomina a las indagatorias previas a los juicios penales en la Corte Penal Internacional.
Recuerdan que la Fiscalía de la CPI ha recibido decenas de informaciones –con evidencias que apuntan a los posibles responsables– sobre las atrocidades que ocurrieron por la política pública que ordenó el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente Calderón Hinojosa.
