El abogado Rafael Vila, hermano de Alejandro Vila Chávez, delegado de la FGR en Guanajuato, fue asesinado en Pichucalco, Chiapas. El ataque ocurrió en una cafetería.
Un sicario ingresó al establecimiento, se acercó al abogado y tras intercambiar algunas palabras lo ultimó sin que pudiera defenderse, a pesar de llevar portando un arma.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha iniciado una carpeta de investigación sobre el caso y el fiscal Jorge Luis Llaven confirmó que ya se están revisando las imágenes del ataque.
Rafael Vila estaba vinculado a litigios relacionados con el crimen organizado. Las autoridades buscan esclarecer el asesinato y dar con el responsable, dado que su muerte genera preocupación en la comunidad y entre funcionarios públicos.
La comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos reveló detalles sobre cómo los grandes cárteles han logrado influencia dentro de las estructuras de seguridad y política en Sinaloa. El capo admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos para proteger su negocio de tráfico de drogas, sin mencionar nombres específicos, lo que abrió espacio a la especulación.
De acuerdo con información recopilada por El País, entre los casos más destacados está la desaparición de José Rosario Heras López, exagente de la Fiscalía estatal y parte del equipo de seguridad del gobernador, y Rodolfo Cháidez, ex policía de investigación, ambos vinculados a redes delictivas y actualmente desaparecidos. La FGR intervino para desmentir versiones locales que buscaban ocultar estas conexiones.
Especialistas señalan que el soborno y la corrupción han sido clave para el dominio del Cartel de Sinaloa en la región. Juicios anteriores, como el de Genaro García Luna, demostraron cómo el crimen organizado opera con la complicidad de autoridades locales y federales, así como la participación indirecta de instancias internacionales.
La historia del narcopoder en Sinaloa no es nueva. Desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exdirector de la Policía Ministerial, los testimonios muestran cómo los carteles colocan mandos afines y protegen a sus miembros, asegurando su control sobre zonas estratégicas durante gobiernos de distintos partidos.
Según expertos en seguridad, estos vínculos forman parte del ADN del Cartel de Sinaloa, mientras que la responsabilidad de frenar la influencia criminal recae principalmente en autoridades federales.
El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, confirmó la detención de René “N”, alias “El Rino”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región, hecho que desató una ola de violencia y amenazas por parte del grupo criminal.
La Policía Municipal realizó el arresto y de inmediato se activó el código rojo, ante reportes de hombres armados que intentaban ingresar al municipio.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el edil exhortó a la población a resguardarse en sus hogares y evitar salir a las calles:
“Se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan. Les pedimos que tomen precauciones y permanezcan en resguardo hasta que existan condiciones de seguridad”.
Manzo también solicitó el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para contener la amenaza y garantizar la seguridad de los habitantes.
El Departamento de Justicia de EE.UU. calcula que los cárteles mexicanos generan, solo por narcotráfico, entre 37 y 58 mil millones de dólares anuales, cifra que convierte al crimen organizado en un verdadero imperio económico transfronterizo, de acuerdo con una investigación de El Universal. Esta cifra suma, en un periodo de 20 años, entre 740 mil millones y 1.16 billones de dólares, según estimaciones conservadoras de agencias federales.
El auge de las drogas sintéticas, como la metanfetamina y el fentanilo, ha disparado los márgenes de ganancia. En 2024, la DEA confiscó más de 60 millones de píldoras falsificadas y 8 mil libras de polvo, lo que evidencia la magnitud del negocio y la crisis de salud pública que genera.
Cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan como corporaciones químicas que dominan la producción de metanfetamina en EE. UU. Además, nuevas fuentes de ingreso —huachicol, tráfico de migrantes y otros delitos— elevan las ganancias anuales del narco a entre 70 y 80 mil millones de dólares, según FinCEN y OFAC.
El caso de Ismael “El Mayo” Zambada reveló la escala de estas operaciones: como parte de su acuerdo de culpabilidad, se le exigió pagar 15 mil millones de dólares, resultado de décadas de ganancias ilícitas, aunque solo entre 2 y 3 mil millones son recuperables.
La metodología utilizada por EE.UU. para obtener las cifras combina decomisos, precios de mercado, testimonios y reportes financieros, mostrando que la estrategia no solo busca castigar, sino enviar un mensaje claro: el crimen organizado no puede retener sus ganancias.
Expertos alertan que, pese a la magnitud del dinero incautado, la informalidad y sofisticación de los cárteles hace prácticamente imposible conocer el total real de sus recursos, consolidando su poder económico y su influencia en la región.
En medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a Venezuela, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció la construcción de una coalición internacional contra el narcotráfico, respaldada por países como Argentina, Ecuador, Paraguay y Trinidad y Tobago.
De acuerdo con información recopilada por Milenio, Rubio destacó que se trata de un esfuerzo conjunto para detener la entrada de drogas a Estados Unidos, con incautaciones récord y apoyo económico internacional. El anuncio coincide con el envío de dos buques de guerra adicionales al Caribe, los cuales se suman a un despliegue naval que incluye destructores, cruceros, submarinos y un escuadrón anfibio con más de 4 mil 500 efectivos.
Por su parte, Argentina declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista y elevó la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, mientras que el presidente, Javier Milei, respaldó públicamente esta medida. Francia también reforzó su presencia naval en el Caribe, protegiendo Guadalupe y Martinica, conocidos por ser puntos clave para el tránsito de drogas hacia Europa.
En paralelo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, celebró la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, destacando que la lucha contra las drogas incluye a la heroína, cocaína, fentanilo y metanfetaminas, ya que afectan a los jóvenes en Estados Unidos.
La estrategia combina acciones militares, cooperación internacional y persecución judicial y tiene la finalidad de frenar a los cárteles y enviar un mensaje claro: los traficantes enfrentarán justicia y ningún país cederá ante la violencia.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, confirmó ser propietario de una vivienda valuada en 12 millones de pesos, la cual ha sido financiada con un crédito respaldado por sus ingresos como senador y creador de contenido en YouTube.
El legislador defendió su patrimonio frente a señalamientos: “Nadie me ha regalado nada, mucho menos un grupo criminal”, retando a la oposición a presentar pruebas, y aseguró que todos sus bienes están debidamente registrados en su declaración patrimonial.
Noroña también rechazó acusaciones de nexos con el narcotráfico: “Los narcos enviados a Estados Unidos pueden declarar lo que DEA o CIA quieran, pero cualquier acusación debe probarse en México”.
Además, criticó al PRI y PAN por respaldar las declaraciones de la senadora Lilly Téllez en las que pedía intervención de Estados Unidos en el país, calificándolas como “traición a la patria”.
Por último, advirtió que la renuncia de Néstor Camarillo al PRI y su paso a Movimiento Ciudadano dejará al tricolor sin la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva en el próximo periodo, afectando así la proporcionalidad del Senado.
Este martes comenzó en Estados Unidos el juicio contra Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), extraditado desde México hace unas semanas.
González Valencia, considerado el cerebro financiero del CJNG, enfrenta tres cargos: crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, y uso de armas de fuego. La fiscalía estadounidense presentó 76 mil documentos y numerosas grabaciones en español para probar su culpabilidad.
La audiencia, celebrada en un tribunal federal del Distrito de Columbia ante la jueza Beryl Howell, duró unos 15 minutos. La magistrada, que ya dictó cadena perpetua más 30 años al “Menchito”, prevé utilizar evidencias de ese caso para fortalecer el proceso contra “El Cuini”.
Abigael González Valencia fue líder de “Los Cuinis”, célula que financió al CJNG y traficó toneladas de drogas a nivel internacional. Desde 2015 estaba encarcelado en México tras su detención en Puerto Vallarta, intentando evitar su extradición.
La jueza Howell citó nuevamente al acusado a finales de octubre para continuar con el proceso judicial.
El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable este lunes en una corte de Brooklyn, Nueva York, tras reconocer más de 50 años de narcotráfico, asesinatos, corrupción y liderazgo criminal.
Durante la audiencia, el juez Brian Cogan advirtió que la sentencia será cadena perpetua, a lo que Zambada respondió estar consciente de su decisión. Además, aceptó que no podrá apelar.
En un mensaje leído ante la corte, “El Mayo” admitió que desde 1969 inició en el negocio de las drogas y que, entre 1980 y 2024, transportó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. También reconoció haber ordenado asesinatos, mantener grupos armados bajo su control y corromper a policías, militares y políticos en México.
“Asumo la responsabilidad de mi participación y pido disculpas a quienes sufrieron por mis acciones”, declaró el narcotraficante.
La fiscalía detalló que además de la condena, Zambada deberá entregar 15 mil millones de dólares en bienes incautados.
La sentencia final será dictada el 13 de enero de 2026, mientras el capo permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).
En la Comarca Lagunera 18 empresas y organizaciones publicaron un desplegado denunciando que operadores de la CATEM, bajo amenazas y agresiones, cobran derecho de piso disfrazado de cuotas sindicales, además de estar vinculados con el crimen organizado. Como medida, solicitan una investigación federal por estos presuntos nexos.
De acuerdo con información de El País, las acusaciones se extienden a Veracruz, Querétaro y Oaxaca, donde se reportan secuestros, cobros ilegales y desapariciones de comerciantes, mientras que líderes estatales de la confederación aparecen en documentos filtrados por el colectivo Guacamaya por extorsión y control de obras y mercados.
En Guerrero, Gilberto Luna es señalado por extorsionar constructoras y favorecer empresas afines; en el Estado de México, Felipe Francisco Sánchez Santos estaría vinculado a la banda Los Julios, asociada a la CATEM y dedicada a despejos y control de propiedades.
Fundada en 2010 por Pedro Haces Barba, la CATEM agrupa a 1,200 sindicatos y 7 millones de afiliados, y ha sido criticada por exceso de lujo y manejo irregular de recursos, pese a mantener un discurso de austeridad.
En su defensa, Haces Barba negó cualquier responsabilidad: “Siempre he estado en contra de la extorsión; CATEM no hace chingaderas”. El caso resalta la urgencia de supervisión federal sobre prácticas sindicales y posibles vínculos con el crimen organizado.
El director de la DEA, Terry Cole, equiparó al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, al afirmar que ambos fueron desmantelados aplicando el mismo modelo estratégico de persecución de alto nivel.
Cole explicó que la estrategia no busca solo interceptar cargamentos de droga, sino atacar a las organizaciones criminales desde la cúspide: “Fuimos tras los que toman decisiones, los financieros y los asesinos que dirigían la violencia con una sola llamada telefónica. Así desmantelamos los cárteles al más alto nivel”.
Zambada, de 77 años, se declaró culpable en Nueva York por narcotráfico, incluyendo el envío de más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína a EE.UU. desde 1980, y por sobornar a funcionarios mexicanos. Su sentencia está programada para enero de 2026, enfrentando posible cadena perpetua y una multa de 15 mil millones de dólares.
Durante la conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que lo más relevante de la declaratoria de culpabilidad de Zambada fue el momento en que la DEA puso a García Luna al mismo nivel que dos de los capos más notorios del narcotráfico:
“Ayer, la propia fiscal de Estados Unidos confirmó la colaboración con el Gobierno de México en la reducción de delitos. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el director de la DEA: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo, y el tercero, El Mayo”.
Sheinbaum insistió en que resulta impactante que una agencia de Estados Unidos considere al exsecretario de Seguridad de Calderón al mismo nivel que estos conocidos capos, subrayando la importancia de investigar a fondo los vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales.
Cole envió un mensaje directo a las familias afectadas y a los cárteles: “Cada declaración de culpabilidad es más que un titular. Es un conducto menos de veneno hacia nuestros vecindarios (…) La DEA no se detendrá. Perseguiremos a los jefes de estas organizaciones y desmantelaremos sus redes, un miembro a la vez”.
Este caso resalta la urgencia de fortalecer las instituciones de seguridad en México y garantizar transparencia en la colaboración internacional para combatir el crimen organizado.
