En plena luz del día y en su propia comunidad, Ignacio Nava, comisario de Loma de Canoa, en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, fue asesinado a balazos este domingo mientras caminaba por la zona. Tenía 65 años.
El crimen ocurrió cerca de la 1 de la tarde, cuando sujetos armados le dispararon sin mediar palabra. La región, ubicada en la Montaña de Guerrero, es una de las más pobres del país y actualmente enfrenta una creciente ola de violencia ligada a grupos criminales, particularmente Los Ardillos, señalados por su disputa del control territorial.
El alcalde Javier Gálvez García (PT) confirmó el homicidio y señaló que podría estar relacionado con la disputa de tierras. No obstante, defensores de derechos humanos, como Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, han advertido sobre el dominio de grupos delictivos en comunidades enteras de la región, generando una escalada de violencia que ha sido enfrentada principalmente por policías comunitarios.
Este domingo 27 de julio, llegaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano como parte del reforzamiento de seguridad federal para contener la creciente actividad del crimen organizado.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a través de redes sociales que los militares partieron desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía en un avión C-130 Hércules, con destino a la Base Aérea Militar No. 10 en Culiacán.
Este nuevo despliegue se suma a los 300 elementos enviados el pasado 23 de julio, y a los Fusileros Paracaidistas incorporados desde el día 22, todos bajo el mando de la 9/a Zona Militar, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades locales.
Defensa refuerza la seguridad en el estado de #Sinaloa.
A las 1135 horas del 27 de julio del 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del #EjércitoMexicano, despegaron a bordo de un avión C-130… pic.twitter.com/uPih4KFsXC
“La misión es clara: fortalecer el Estado de derecho e inhibir los actos delictivos mediante operaciones conjuntas”, señaló la Sedena.
El operativo es parte del plan de seguridad federal instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras los recientes enfrentamientos de grupos del cártel de Sinaloa.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que, por orden directa de la mandataria, se desplegarán en total 1,200 efectivos del Ejército y 400 más de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). “El compromiso con Sinaloa es permanente”, afirmó.
Con esta movilización, suman casi 2,000 elementos federales desplegados en menos de una semana, con el objetivo de restablecer el orden en una de las regiones más conflictivas del país.
La inteligencia de Estados Unidos reveló una estrecha colaboración entre el Cártel de los Soles, organización vinculada al régimen de Nicolás Maduro, y el Cártel de Sinaloa, una de las redes criminales más antiguas y poderosas de México.
El pasado 25 de julio, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. designó al Cártel de los Soles como organización terrorista global, destacando su rol en el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense. El nombre de este cártel proviene de las insignias solares en los uniformes de militares venezolanos, señalados como parte de la estructura criminal.
Según las agencias estadounidenses, Maduro y altos mandos venezolanos corrompieron instituciones gubernamentales, incluido el ejército, para facilitar las operaciones del Cártel de los Soles.
Estados Unidos designó al Cártel de Los Soles, con sede en Venezuela, por apoyar a las organizaciones terroristas extranjeras Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa. Administrada por el dictador Nicolás Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar…
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 26, 2025
La inteligencia estadounidense apunta que el Cártel de los Soles ha apoyado y financiado al Tren de Aragua —otra banda criminal en Venezuela— y al Cártel de Sinaloa para el traslado de drogas ilícitas hacia EE.UU., proporcionando recursos financieros, tecnología y apoyo logístico.
El Cártel de Sinaloa, conocido por su auge económico con la producción y distribución de fentanilo, enfrenta actualmente disputas internas tras la salida del líder Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
En respuesta a estos vínculos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones contra el Cártel de los Soles y a Nicolás Maduro. Estas medidas incluyen el bloqueo de bienes e intereses en EE.UU. de las personas y entidades involucradas, así como la obligación de reportar activos relacionados.
Las sanciones también alcanzan a todas las entidades con propiedad directa o indirecta mayor al 50% vinculadas a los sancionados, cerrando rutas financieras y logísticas para esta red criminal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas.
La medida obedece a una investigación por lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita, que incluye transferencias atípicas, movimientos irregulares y presuntas simulaciones fiscales.
En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de casas de apuestas ligadas a la red del exfuncionario, tanto en plataformas digitales como en locales físicos. La indagatoria sigue creciendo y apunta a un entramado financiero con alcance nacional.
En el Estado de México, el crimen organizado no solo impone cuotas, sino también el silencio. En 14 municipios intervenidos por el Operativo Liberación, el miedo, las represalias y la colusión de autoridades han frenado las denuncias por extorsión, reveló un análisis de Milenio.
Aunque la presencia de La Familia Michoacana es conocida en la región, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó apenas 102 denuncias por extorsión de enero a junio de 2025, apenas el 7.3 % del total estatal.
Municipios como Amanalco, Sultepec, Temascaltepec y Tlatlaya no registraron ni una sola denuncia este año. Otros, como Donato Guerra y Villa Victoria, solo reportaron un caso. En Valle de Bravo, con múltiples cateos recientes, apenas se contabilizaron siete denuncias. Por contraste, Tecámac, fuera del operativo, sumó 59.
El especialista en seguridad, David Saucedo, entrevistado por Milenio, explicó que las redes de extorsión están protegidas por policías y ministerios públicos, quienes filtran los datos de los denunciantes a los criminales, lo que genera represalias directas. “Los extorsionadores usan la información de la denuncia para intimidar o atacar a quienes se atreven a hablar”, advirtió Saucedo.
Desde hace meses, La Familia Michoacana instauró un sistema de control económico en la región: obligaban a comerciantes a comprar en negocios del cártel, además de controlar el transporte, seguridad privada y otros sectores. Para Saucedo, las autoridades locales no solo fueron cómplices, sino rehenes del grupo criminal: “Los hermanos Hurtado Lascuaga (líderes del grupo) estiraron demasiado la cuerda”.
En diciembre de 2023, habitantes de Texcatitlán se rebelaron contra las extorsiones y mataron a 10 presuntos integrantes del cártel cuando acudieron a cobrar en un campo de fútbol.
Ante la presión social, el 21 de julio inició el Operativo Liberación, una acción conjunta entre los tres niveles de gobierno. Más de 2 mil 800 elementos de la Guardia Nacional, SEDENA, Marina, FGJEM y CNI participaron en más de 50 cateos en 14 municipios, logrando detenciones clave.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el operativo fue posible gracias a denuncias anónimas al 089 y anunció que la extorsión ahora se perseguirá de oficio, sin que la víctima tenga que presentar denuncia formal.
Ulises Pinto Madera, alias “El 88“, identificado como segundo al mando del grupo criminal La Barredora, obtuvo una suspensión de plano por parte de un juez federal para evitar ser víctima de malos tratos, tortura o incomunicación tras su reciente detención.
El presunto criminal fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de Tabasco y Jalisco. Según La Jornada, la suspensión fue otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Penal de la Ciudad de México, como medida precautoria ante posibles violaciones a sus derechos humanos.
Contra “El 88“, uno de los principales generadores de violencia en Tabasco, existe una orden de aprehensión por asociación delictuosa, emitida por un juez del fuero común en dicha entidad.
Pinto Madera, ex integrante de la desaparecida Policía Federal, promovió el amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. El juez en funciones ya solicitó informes justificados sobre las acciones legales emprendidas contra él.
Ulises Pinto es señalado como hombre de confianza de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y fundador de La Barredora, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
La detención de Ulises “El Pinto” Pinto Madera, exjefe de escoltas y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, reavivó el escándalo por los presuntos vínculos criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en la entidad.
Capturado el 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto a su escolta Jaime Gómez Delgado, “El Pinto” es acusado de asociación delictuosa agravada y señalado como el segundo al mando de La Barredora, brazo local del CJNG.
Según una investigación de Infobae, con información recopilada de fuentes federales, tanto Pinto como Bermúdez formaban parte de una estructura paralela conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, dedicada al tráfico de migrantes, Trata de Personas, extorsión y distribución de droga. Bermúdez era identificado por sus allegados como “El Abuelo” y, de acuerdo con las investigaciones, lideraba esta célula mientras ostentaba el cargo de secretario de Seguridad Pública.
“El Pinto”, también exintegrante de cuerpos de seguridad estatales, acumuló bienes de lujo —residencias en Zapopan y Guadalajara, así como vehículos de alta gama—, producto de su presunta actividad criminal.
Aunque Bermúdez negó en varias entrevistas que el CJNG operara en Tabasco, las autoridades sostienen que su grupo pactó con ese cártel tras una ruptura con el Cártel del Golfo, desatando una ola de violencia, homicidios y control criminal del territorio a lo largo de 2023.
La Fiscalía mantiene vigente una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, cuyo nombre ha quedado ligado al surgimiento y expansión del crimen organizado en Tabasco bajo una fachada institucional.
La crisis de violencia en Ecuador ha escalado a niveles inéditos tras la captura y reciente extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias “El Fito”, líder del grupo criminal Los Choneros, vinculado al Cártel de Sinaloa. Su caída profundizó el conflicto armado interno que desde 2024 azota al país.
La violencia se ha extendido por todo el territorio ecuatoriano, con enfrentamientos entre grupos criminales, atentados, motines carcelarios, asesinatos de funcionarios y ataques directos a la población civil. El modelo de operación recuerda al aplicado por los cárteles mexicanos, con una mezcla de terror, impunidad y control territorial, de acuerdo con un análisis de La Silla Rota.
La extradición de “El Fito” a Estados Unidos el pasado 20 de julio, por cargos de narcotráfico y tráfico de armas, ha generado un vacío de poder que sus antiguos aliados y enemigos buscan llenar. Su organización, Los Choneros, se ha fragmentado y enfrenta disputas internas, al tiempo que grupos rivales ligados al CJNG y a otras redes locales han intensificado su ofensiva.
Mientras tanto, la cifra de homicidios se ha disparado. En lo que va de 2025, Ecuador ya supera los 4 mil 200 asesinatos, con Guayas, Manabí y Los Ríos como los focos principales de violencia. Las autoridades locales han reconocido que enfrentan una guerra contra el crimen organizado con capacidad militar.
A nivel internacional, Ecuador se ha consolidado como una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, aprovechando sus puertos, la corrupción institucional y las alianzas con estructuras criminales trasnacionales. Guayaquil, en particular, se ha convertido en un punto clave del comercio ilícito hacia Europa y Norteamérica.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha decretado estados de excepción y toques de queda en varias regiones del país, pero la estrategia de militarización no ha logrado contener la escalada violenta. Expertos señalan que, al igual que en México, sin un fortalecimiento institucional y una política social de prevención, el problema persistirá.
Además del daño físico y económico, la narcocultura ha comenzado a permear a la juventud ecuatoriana. La figura del narco se presenta como modelo aspiracional en zonas marginadas, mientras el Estado no logra recuperar el control ni ofrecer alternativas reales. Ecuador enfrenta ya una guerra con sello mexicano, pero con un futuro aún más incierto.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, se negó a ser detenido en su casa de Tijuana el 16 de abril, según consta en una demanda de amparo presentada por él mismo.
El documento judicial contradice la versión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que aseguró que Bermúdez abandonó el país el 26 de enero y desde entonces se desconoce su paradero. Incluso, la dependencia informó que ya se había emitido una ficha roja de la Interpol por su presunto vínculo con la organización criminal “La Barredora”.
Sin embargo, el exfuncionario relata en su escrito —del cual CMX Noticias tiene copia— que ese día se presentaron en su domicilio presuntos agentes de la FGR, Policía Ministerial y Fiscalía estatal. Ante su negativa de salir, los agentes se retiraron con la promesa de regresar.
La versión de Bermúdez Requena exhibe que permaneció al menos 80 días más en territorio nacional tras su supuesta fuga. Además, argumenta que no ha cometido delito alguno y que recurrió al amparo para proteger sus derechos ante una posible detención arbitraria.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo un intento oficial de captura el 16 de abril ni han respondido a esta nueva revelación judicial.
Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido por autoridades mexicanas. El recurso de amparo fue solicitado el pasado 4 de abril, tres meses después de dejar el cargo, y fue concedido por un juez el 21 de abril, con una fianza de 16 mil pesos, de acuerdo con información de El Sol de México.
El exfuncionario alega posibles violaciones a sus derechos constitucionales. Además, el juez solicitó información a instancias judiciales en Tabasco para verificar si existe alguna orden de aprehensión en su contra. La próxima audiencia está fijada para el 20 de agosto.
Pese a esta suspensión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que Hernán N salió del país el 26 de enero y ya se emitió una solicitud de búsqueda internacional ante Interpol.
