En un despliegue significativo de fuerzas, la Operación Atarraya culminó con la detención de diez individuos y el aseguramiento de 288 bares y chelerías en el Estado de México. Esta segunda fase del operativo tuvo lugar el 10 y 11 de enero de 2025, abarcando 47 municipios donde se realizaron cateos simultáneos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó que, además de las detenciones, se incautaron diversas dosis de narcóticos, armas de fuego y otros elementos que podrían estar vinculados a actividades ilícitas. Los operativos se llevaron a cabo en municipios como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y muchos más.
El objetivo primordial de la FGJEM con la Operación Atarraya es desarticular los establecimientos que sirven como puntos de encuentro para grupos delictivos dedicados al tráfico y consumo de sustancias prohibidas. Asimismo, se busca erradicar delitos como la trata de personas y la extorsión, así como identificar fuentes de financiamiento para estas organizaciones criminales.
Desde el inicio de esta operación en diciembre pasado, ya se han intervenido más de 500 bares y chelerías. La fiscalía ha enfatizado que los locales permanecerán cerrados mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes y se determina su situación legal.
En un operativo sorpresa, fuerzas de seguridad lograron un golpe importante contra el crimen organizado en Frontera Comalapa. La operación, liderada por el grupo élite de la Fuerza de Reacción Inmediata, conocido como Grupo Pakal, y coordinada con la Guardia Nacional, el Ejército y la fiscalía estatal, incluyó cateos en cinco ranchos y casas de seguridad en el municipio.
El resultado: ocho extranjeros que habían sido privados de su libertad fueron rescatados. Además, tres presuntos delincuentes fueron detenidos, y las autoridades confiscaron vehículos, equipo táctico y herramientas utilizadas por estas organizaciones criminales.
Un operativo en medio del conflicto por el control territorial
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, explicó que este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para recuperar la seguridad en la frontera sur, una región golpeada por la violencia entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante meses, estos grupos han disputado el control territorial en Frontera Comalapa y extendido su influencia a municipios cercanos como Chicomuselo, Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero.
Ramírez Aguilar también señaló que las comunidades locales han sido arrastradas al conflicto, a menudo bajo amenaza. En algunos casos, los habitantes fueron obligados a bloquear caminos para impedir la entrada de fuerzas federales y militares, lo que complicó los operativos y permitió a los cárteles consolidar su presencia en puntos estratégicos.
Con esta acción, las autoridades buscan debilitar las estructuras criminales que operan en la zona y recuperar el control de rutas clave para el tráfico ilícito. Según las autoridades, el operativo representa un paso importante hacia la pacificación de una región históricamente asediada por el crimen organizado.
En un esfuerzo coordinado entre las principales fuerzas de seguridad del país, se llevaron a cabo acciones contundentes en diversas entidades como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Estas acciones abarcaron desde cateos y aseguramientos de armas y drogas hasta trabajos de rescate humanitario y combate al robo de hidrocarburos.
Los resultados de estos operativos, realizados el jueves 26 de diciembre de 2024, reflejan avances significativos en los cuatro ejes que guían esta estrategia: atención a las causas del crimen, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mejora en inteligencia e investigación, y cooperación con autoridades estatales.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 27, 2024
Aseguramientos millonarios en Baja California
En Ensenada, Baja California, las autoridades realizaron cateos en dos inmuebles donde se confiscaron tres millones de artículos de contrabando. Estas mercancías, con un valor estimado de 320 millones de pesos, representaron un fuerte golpe a las redes dedicadas al comercio ilícito.
Sonora: arsenal asegurado y un túnel fronterizo detectado
En Sonora, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las fiscalías estatal y federal ejecutaron operativos que incluyeron la localización de un arsenal en un inmueble. Entre lo confiscado se hallaron cuatro armas largas, un lanzacohetes, 54 cargadores y más de 6,400 cartuchos.
En otra acción, un túnel clandestino que conectaba San Luis Río Colorado con San Luis, Arizona, fue descubierto gracias al trabajo conjunto de la Policía Estatal y el CBP. Este hallazgo representa un importante avance en la lucha contra el tráfico transfronterizo.
Golpes simultáneos contra el narcotráfico
En Culiacán, Sinaloa, se destruyeron dos áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetaminas, donde se aseguraron 1,000 litros de precursores químicos. Además, en estados como Durango, Guerrero y Chihuahua, se erradicaron 41 plantíos de amapola y 16 de marihuana. Estas acciones generaron pérdidas económicas estimadas en 22 millones de pesos para las organizaciones delictivas.
Robo de hidrocarburos bajo la lupa
La estrategia contra el robo de hidrocarburos también arrojó resultados importantes. En Querétaro e Hidalgo, se localizaron cuatro tomas clandestinas. Simultáneamente, en Guanajuato y Jalisco, se recuperaron más de 73,600 litros de gasolina y se aseguraron 27 contenedores y 11 cisternas.
Rescate humanitario: prioridad en la frontera
El 26 de diciembre, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras instituciones rescataron a 5,103 migrantes como parte de las labores de apoyo al Instituto Nacional de Migración. Con esta cifra, el total de migrantes rescatados entre octubre y diciembre asciende a 475,039.
Después de que se llevará el Operación Enjambre, un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales que busca desarticular redes de apoyo a grupos criminales dentro de los gobiernos municipales en el Estado de México, en el que se detuvo a una alcaldesa y otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, este domingo se llevarán a cabo las audiencias iniciales para la formulación de imputación, entre los detenidos se encuentra un presidente honorífico del Sistema DIF.
Los detenidos enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones delictivas como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y grupos delictivos de Tepito.
Despliegue masivo de fuerzas de seguridad
El operativo movilizó a 1,500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Entre los detenidos el pasado viernes se encuentran:
Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de la policía de Amanalco.
Eraclio Campuzano, director de Seguridad y Tránsito de Tejupilco.
María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco.
Omar Leyva, subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan.
Ellery Guadalupe Figueroa, presidente honorífico del DIF de Tonatico.
El director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortés Jiménez, se suicidó al momento de ser detenido. Según las autoridades, el funcionario se disparó en la cabeza mientras agentes cumplían con la orden de aprehensión en su contra.
Un operativo en desarrollo
De las 14 órdenes de aprehensión libradas, hasta el sábado faltaban por ejecutarse siete. Entre los funcionarios aún no localizados figuran Rosario Matías Esquivel, presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos (PRD), un comandante de Jilotzingo y dos funcionarios de Coacalco.
La FGJEM informó que los detenidos son investigados por presuntos delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio, cometidos mientras facilitaban operaciones de grupos criminales.
Red de apoyo criminal en municipios mexiquenses
El despliegue de las fuerzas de seguridad se concentró en municipios estratégicos como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Tejupilco, Naucalpan y Texcaltitlán. Las autoridades buscan desmantelar estructuras municipales que habrían brindado apoyo logístico y operativo a organizaciones como La Familia Michoacana, el CJNG, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
Procedimientos legales en curso
Tras su detención, los implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ahora, será responsabilidad de jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) determinar su situación legal en las próximas audiencias, mientras la FGJEM avanza en las investigaciones para fortalecer las pruebas presentadas.
El caso resalta la preocupación por la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales municipales y pone en el centro del debate la necesidad de medidas contundentes para combatir esta problemática.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional informó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de droga sintética en Ensenada, Baja California. La operación se realizó el pasado 4 de noviembre, cuando personal del Ejército Mexicano, al efectuar patrullajes terrestres en la zona, localizó el laboratorio e inmediatamente estableció perímetros de seguridad para proceder a la inspección del área.
Durante la operación, las autoridades aseguraron aproximadamente 7 mil 320 litros y 2 mil 400 kilogramos de sustancias químicas desconocidas, así como equipamiento especializado, entre el que se encontraban 7 reactores, 7 condensadores, 2 centrifugadoras, 15 tanques de gas L.P., además de diversos utensilios utilizados en la producción de sustancias ilícitas.
Todo el material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Ensenada para la realización de investigaciones y peritajes que permitan identificar las sustancias y establecer su cantidad exacta.
Cabe mencionar que en días recientes, tanto la Sedena como la Guardia Nacional, han desarrollado exitosos operativos en la región, logrando detener el fin de semana a un presunto traficante de personas y el decomiso de armas largas y drogas.
Un video difundido en redes sociales revela el preocupante esquema de extorsión dirigido por Claudia Hernández Casas, ex candidata a diputada local por el Partido Encuentro Social (PES) en las elecciones de 2021. En el material, se expone el caso de Jorge A., un joven oaxaqueño actualmente preso en Jalisco, quien fue víctima de las tácticas manipuladoras y criminales de Hernández Casas, quien además tiene denuncias en Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco por hechos similares.
El video advierte que Claudia Hernández utiliza relaciones sentimentales para manipular, extorsionar y falsificar denuncias, como la que enfrenta Jorge A. por abuso sexual en contra de sus hijas menores, un delito que, según las pruebas presentadas, no tiene sustento. Las evaluaciones médicas no coinciden con las acusaciones, lo que refuerza las sospechas de que el caso ha sido fabricado por la mujer para obtener beneficios económicos.
Pero Jorge A. no es la única víctima. Igualmente se señala que Hernández Casas intentó extorsionar al ex futbolista Omar Bravo, demandándole manutención por una hija que supuestamente sería suya, sin lograr más que recibir una casa como “compensación”. Asimismo, se denunció que presentó una falsa acusación contra un trabajador de la escuela de sus hijas en Ciudad de México, pidiendo dos millones de pesos para evitar que el caso fuera divulgado.
📷 #Vídeo | Clip viral en redes sociales que pide #JusticiaParaJorge, expone a Claudia Hernández Casas, ex candidata del PES en Oaxaca, por operar una red de extorsión que al momento mantiene a 2 hombres inocentes encarcelados. pic.twitter.com/FAJ6OwfFBY
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que Hernández Casas no sólo ataca a sus parejas o ex parejas, sino también a sus familiares. En el caso de Jorge A., ella ha amenazado a sus parientes, exigiendo propiedades, vehículos y dinero en efectivo bajo la amenaza de contar con el respaldo del crimen organizado y altos funcionarios políticos, llegando incluso a proferir amenazas de muerte.
Los denunciantes instan a las autoridades judiciales a actuar con imparcialidad y a revisar las pruebas a fondo, pues todo apunta a un patrón de abuso, manipulación y extorsión sistemática por parte de Claudia Hernández Casas, quien ha demostrado operar bajo esquemas delictivos en diversos estados. La gravedad de las acusaciones y las amenazas contra quienes se oponen a ella subrayan la urgencia de una intervención legal contundente para frenar sus actividades y evitar que más personas caigan víctimas de sus tácticas.
El llamado de quienes han sido afectados es claro: se debe hacer justicia y asegurar que la mujer enfrente las consecuencias de sus acciones, protegiendo a las posibles víctimas futuras y desmantelando sus nexos con el crimen organizado.
La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que un juez de distrito, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Tapachula, Chiapas, vinculara a proceso a 11 personas, señaladas como miembros de una organización criminal. Los acusados enfrentarán cargos por diversos delitos, entre los que destacan homicidio calificado en grado de tentativa, portación y posesión de armas de fuego, acopio de armas, asociación delictuosa, y delitos contra la salud.
Entre los detenidos, identificados como Néstor “M”, Axel “M”, Manuel “M”, Juan “C”, Mateo “T”, José “L”, Ángel “M”, Manuel “B”, Alfredo “R”, José “M” y Cristian “A”, se encuentran ciudadanos mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos. Fueron arrestados durante un operativo que incluyó cateos en dos viviendas ubicadas en Tapachula. En el operativo, las autoridades incautaron armas de fuego, cargadores, cartuchos, marihuana y cocaína.
El operativo de captura se produjo tras un enfrentamiento entre la Policía Federal Ministerial y los presuntos criminales, en el cual fallecieron cuatro personas, uno de ellos agente federal y los otros tres miembros del grupo delictivo.
Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, el juez dictó la vinculación a proceso y determinó que los 11 imputados permanezcan bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro de Readaptación Social 3 de Tapachula.
La derecha ahora trata de hacer mártir a García Luna y ahora el cómplice del narco-espurio Felipe Calderón, acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador está destruyendo al Poder Judicial, además de señalarlo, sin prueba alguna, de tener nexos con el crimen con el crimen organizado, en una reciente carta escrita a mano desde una prisión de Brooklyn, Nueva York.
En una misiva difundida por el periodista Keegan Hamilton del diario estadounidense “Los Angeles Times“, el ex secretario de Seguridad en el espurio gobierno panista, trata de defenderse y asegura que fue declarado culpable sin pruebas, y con testimonios de testigos que tienen antecedentes criminales. Además de indicar que seguirá recurriendo a las instancias legales para alcanzar su libertad.
García Luna sostuvo que las pruebas en su contra no están sustentadas, mencionó que el Poder Judicial en México y las auditorías en Estados Unidos han demostrado, según él, que su riqueza y patrimonio no han sido obtenidos de manera ilegal. Y que la únicas pruebas presentadas en su contra fueron dadas por el Gobierno de México, aunque insistió en que fueron falsas.
Background on Genaro Garcia Luna, Mexico's former top cop convicted of taking millions in bribes from Sinaloa Cartel leaders while working closely with the US gov: https://t.co/1QOkpG6taz
He says authorities found "not a single peso-dollar linked to drug trafficking" pic.twitter.com/Ek7yJshCRm
En ese sentido, el ex funcionario panista y declarado culpable por el crimen organizado, trató de hacerle el juego a la derecha y señaló al presidente López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado. “En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio”, señaló.
Incluso, García Luna acusó falsamente al mandatario mexicano de tener vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada y pretender beneficiar a los grupos criminales “desmantelando” al Poder Judicial, con la transformación de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, el ex funcionario panista y ex mano derecha del espurio de Felipe Calderón, señaló que a los casi cinco años de su estancia en prisión ha vivido condiciones infrahumanas y presuntas amenazas contra su integridad física, además de indicar que ha presenciado homicidios y enfrentamientos entre los reclusos.
Esta mañana el periodista Jesús García publicó en su cuenta de X un documento en el cual se puede ver que Genaro García Luna, ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, no podrá acceder a un nuevo juicio, tal y como lo había solicitado ante las autoridades de Estados Unidos, además de que su sentencia será dictada el próximo martes 9 de octubre.
Sin embargo, se menciona que el ex cómplice del ilegítimo Felipe Calderón, podría apelar esta decisión en un Segundo Circuito, sin que al momento su abogado, César de Castro, haya emitido alguna postura sobre qué acciones tomarán al respecto.
El documento, que ya circula en redes sociales, menciona que nada de lo que argumentó justifica que se reponga el juicio en el que lo declararon culpable.
🚨Juez Brian Cogan rechaza argumentos de la defensa de Genaro García Luna y niega nuevo juicio.
Sentencia se mantiene para el 9 de octubre. 👉García Luna podrá apelar al Segundo Circuito. pic.twitter.com/oXQfZizizO
Cabe mencionar que García Luna es señalado por su participación en una empresa criminal, conspiración internacional para distribución de cocaína. Así como conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y mentir ante las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Testigos que participaron en el caso García Luna exponen que recibió sobornos
Sergio Vullarreal, conocido como “El Grande” fue el primero en declarar el 23 de enero en contra de García Luna, él indicó que el exfuncionario recibió sobornos por parte de Arturo Beltrán Leyva.
Además de “El Grande” otro de los testigos fue el narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, conocido como “El Futbolista. Él declaró durante el juicio que en 2001 entregó sobornos a diversos policías.
Oscar Nava Valencia, alias “El Lobo” declaró el 30 de enero de 2023 que pagó más de 10 millones de dólares a García Luna.
“Le di más de 10 millones en efectivo procedente de la droga”, dijo el testigo de la fiscalía.
Estos testigos y sus declaraciones permitieron al jurado de la corte de New York declarar culpable a García Luna. No obstante, la sentencia definitiva será emitida hasta el próximo 1 de marzo, cuando se sabrá cuánto tiempo pasará en la cárcel el exfuncionario de Calderón.
El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue detenido en Texas, Estados Unidos por agentes de la Administración Federal de Drogas (DEA en inglés), tras diversos trabajos de investigación y seguimiento.
La detención del narcotraficante mexicano fue realizada en una aeropuerto privado en El Paso, Texas, y fue adelantada por el “Semanario Zeta” que reveló que el fundador del Cártel de Sinaloa se habría entregado a las autoridades norteamericanas.
Ismael “El Mayo” Zambada. Foto: Proceso
Al respecto, Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, reportó que la detención del capo fue muy extraña y que no todas las autoridades de Estados Unidos sabían de la investigación y seguimiento que se le daba al líder criminal.
Con una recompensa de 15 millones de dólares, “El Mayo” Zambada era uno de los criminales mexicanos más buscados por las autoridades estadounidenses, junto a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El también líder del Cártel de Sinaloa es investigado por la justicia de Estados Unidos por facilitar el tráfico de cocaína y marihuana a dicho país, así como de ser uno de los principales socios de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en la Unión Americana.
