El presidente Donald Trump firmó la ley Halt Fentanyl, que impone una pena mínima de 10 años de prisión por traficar más de 100 gramos de fentanilo o sus análogos.
La nueva norma clasifica de forma permanente las imitaciones ilegales de la droga como sustancias de la Lista I, es decir, sin uso médico y con alto potencial de abuso.
Today, President Trump signed legislation to amend the Controlled Substances Act regarding the scheduling of fentanyl-related substances.
This legislation cannot bring back our loved ones lost to fentanyl, but it will prevent countless deaths. pic.twitter.com/D3RIuVGKzO
La medida responde a la crisis por sobredosis que en 2024 dejó cerca de 50 mil muertes en EE.UU., y a la capacidad de los cárteles de alterar la composición química de estas sustancias para evadir la ley.
Además, la legislación flexibiliza los requisitos para investigar este tipo de drogas, permitiendo un solo registro para sitios relacionados, reduciendo inspecciones y autorizando la fabricación en pequeñas cantidades sin permisos adicionales.
El carfentanilo, opioide aún más potente que el fentanilo, fue citado por Trump como una amenaza creciente.
CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos.
En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 millones de pesos. En el caso de CIBanco, se aplicaron 16 sanciones, 13 relacionadas con prevención de lavado, por un total de 53.6 millones de pesos.
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a estas instituciones de facilitar el lavado de al menos 46.5 millones de dólares a organizaciones criminales, señalamiento que México calificó de infundado por falta de pruebas.
CIBanco reafirmó su disposición para colaborar con autoridades nacionales e internacionales, y su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un presunto narcocampamento entre Teuchitlán y Ahualulco, donde encontraron fragmentos óseos calcinados y casquillos de alto calibre. A través de una transmisión en vivo, denunciaron que el sitio sería usado por grupos criminales para entrenamientos, tortura y quema de cuerpos.
Aunque no revelaron la ubicación exacta, afirmaron haber llegado tras recibir denuncias anónimas. En el lugar, se observaron árboles quemados y restos óseos —principalmente cráneos— a ras del suelo. La fundadora del colectivo, Indira Navarro, aseguró que el escenario coincide con prácticas de cremación a cielo abierto.
La Fiscalía estatal acudió al sitio el miércoles, pero evitó confirmar el hallazgo. Anunció que este jueves dará su postura oficial.
En marzo, el colectivo encontró el rancho Izaguirre, también en Teuchitlán, señalado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ese caso, diez personas ya fueron sentenciadas a más de 100 años de prisión. Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Teuchitlán, Ascensión Murguía, y el presunto líder criminal José Gregorio Lastra, alias “Comandante Lastra”.
La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio.
Las sanciones, señaló Hacienda, derivan de incumplimientos administrativos, y no de vínculos probados con lavado de dinero, como sugirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE.UU. La dependencia federal reiteró que, de contar con evidencia de delitos financieros, se actuará con todo el peso de la ley.
El comunicado busca mantener la confianza en el sistema financiero y aclarar que las multas reportadas por la CNBV no son nuevas, sino parte del mismo proceso informado desde el 25 de junio, cuando se impusieron las primeras sanciones por 134 millones de pesos. Los 50 millones restantes corresponden a revisiones previamente notificadas.
En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el CJNG.
Con base en una investigación de Karina Suárez para El País, el registro oficial de la CNBV indica que en junio se aplicaron 53 multas a los dos bancos y a la casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo. En el caso de CIBanco, las sanciones ascienden a 67 millones de pesos, derivadas de fallas en la prevención de lavado de dinero y manejo irregular de grandes cantidades de dólares en efectivo.
Intercam, por su parte, fue multado con 92 millones, al no contar con registros automatizados de operaciones inusuales ni protocolos eficaces para clientes de alto riesgo. La firma respondió que las sanciones corresponden a datos de 2023 y aseguró que ha sido auditada con éxito por firmas como PwC y EY.
En cuanto a Vector, recibió 26 multas por más de 27 millones de pesos, aunque en este caso por incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, y no por temas de blanqueo de capitales.
Las sanciones llegan en un contexto tenso, tras el endurecimiento de la política antidrogas de EE. UU. y los cuestionamientos del expresidente Donald Trump hacia México. Aunque las autoridades mexicanas han intentado transmitir calma, el escándalo ya provocó reacciones: intervenciones regulatorias temporales, retiros de inversionistas y la baja en la calificación crediticia de las tres instituciones por agencias como Fitch y S&P Global.
El mensaje del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro: habrá vigilancia estricta sobre el sistema financiero, incluso si ello implica asumir costos políticos y económicos.
Durante una conferencia en Washington, la fiscal general Pam Bondi afirmó que “muchos inmigrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles en nuestras comunidades”. Junto al titular interino de la DEA, Robert Murphy, presentó los resultados de la “Operación Recuperemos América”, desplegada en al menos siete estados durante el fin de semana del 4 de julio.
Ambos señalaron a los cárteles mexicanos como responsables de la distribución masiva de fentanilo y metanfetamina en ciudades de EE.UU. En Fresno, California, decomisaron 11 kilos de fentanilo disfrazado de oxicodona, lo que fue calificado como un riesgo grave para jóvenes y familias. También se detectó por primera vez metanfetamina en forma de pastillas.
En total, se incautaron drogas en cargamentos agrícolas, criptomonedas ligadas al Cártel de Sinaloa, armas y millones de dosis en ciudades como Miami, Columbia, Chicago y Minneapolis. Las autoridades destacaron el uso de inteligencia específica para ubicar cargamentos y aseguraron que los cárteles están apuntando a estudiantes y comunidades vulnerables.
El curso, que lleva por nombre “Taller para el Fortalecimiento de Capacidades de Negociación en Sacerdotes y Agentes”, es organizado por el Instituto para la Paz, Diálogo Nacional por la Paz, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Dimensión Fe y Compromiso, y el Centro Lindavista. Se realiza en la sede de la Universidad Pontificia de México.
Desde este 14 y hasta hoy 15 de julio, 40 sacerdotes y 30 laicos participan en el curso con la intención de capacitarlos para dialogar con diversos grupos del crimen organizado, con el objetivo de reducir la violencia en las comunidades y mejorar las condiciones humanitarias de la población.
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, explicó que el taller tiene como propósito acercarse a los miembros de los grupos criminales para construir la paz en diversas comunidades y reconstruir el tejido social en las zonas más afectadas por la violencia. “Ayudar a que el delincuente se rehabilite. El objetivo es que la Iglesia colabore con las autoridades y con la sociedad civil”, señaló.
Añadió que, para poder ejercer su labor pastoral, los sacerdotes necesitan establecer acuerdos mínimos de paz que garanticen su seguridad y eviten agresiones por parte de los grupos delictivos en regiones como la sierra de Guerrero o la Montaña.
Algunos de los materiales que utilizarán en la capacitación incluyen el documento Negociando con grupos criminales violentos, del Institute for Integrated Transitions, el cual sugiere prácticas para reducir los riesgos y aumentar los beneficios del diálogo con organizaciones delictivas, ya sea de forma pública o secreta.
Garfias Merlos expresó que ya existen experiencias similares en otros países afectados por la violencia, como Colombia, donde la Diócesis de San Buenaventura negoció con grupos criminales, y que podrían servir de guía en el caso mexicano.
Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del “Chapo” Guzmán y líderes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, han contratado al abogado Jeffrey Lichtman para su defensa en Estados Unidos, ante una eventual detención o entrega voluntaria. Lichtman también representa a Ovidio Guzmán, quien recientemente se declaró culpable en ese país.
🚨 HIJOS MAYORES DE 'EL CHAPO' PREPARAN DEFENSA EN EEUU ANTE DETENCIÓN O ENTREGA
Iván y Alfredo Guzmán Salazar ya contrataron al mismo abogado que ha seguido la estrategia de la negociación con el caso de Ovidio y Joaquín y Guzmán López.#Expedientes de @arturoangel20 en… pic.twitter.com/sq5hV1l3o2
— Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) July 15, 2025
Según unos expedientes que presentó el periodista Arturo Ángel en el programa “Así las Cosas” de W Radio, el abogado confirmó que representa a varios miembros de la familia Guzmán, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López, Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Aclaró que no hay conflicto legal entre los casos y que se respetará la confidencialidad de cada cliente.
Lichtman, conocido por sus declaraciones polémicas, recientemente generó tensiones con la Presidenta Claudia Sheinbaum, luego de acusarla de ser “el brazo de relaciones públicas” del Cártel de Sinaloa, por su postura frente al caso de Ovidio. La mandataria calificó sus dichos como irrespetuosos y anunció acciones legales por difamación.
Al menos 74% del armamento ilegal que llega a México entra por la frontera norte, principalmente desde Texas, Arizona y California, revelan informes oficiales de México y Estados Unidos. A pesar de esta evidencia, el gobierno estadounidense ha recortado personal y presupuesto a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), debilitando el combate al tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos, según información publicada en el diario El País, en un artículo de Elia Castillo Jiménez y Patricia San Juan Flores.
Especialistas y autoridades mexicanas denuncian que, aunque ambas naciones conocen las rutas y orígenes del armamento, EE.UU. no implementa medidas efectivas para frenar el contrabando. Alejandro Celorio, excoordinador de la estrategia legal mexicana contra fabricantes estadounidenses de armas, critica la falta de acción: “El gobierno de EU sabe bien de dónde vienen las armas, pero no hace nada”.
Los datos coinciden: Texas concentra el 43% del armamento ilegal rastreado, seguido por Arizona con 22%. La mayoría de las armas decomisadas se encuentran en estados con fuerte presencia de cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, clasificados como organizaciones terroristas por Donald Trump.
Por otro lado, el presidente Trump impulsa recortes que reducirán en dos tercios el personal de la ATF y disminuirán su presupuesto en un 25%, mientras flexibiliza la compra de armas y elimina controles clave. Esto, advierten activistas como John Lindsay Poland, aumenta la capacidad de los cárteles para armarse y mina la seguridad regional.
A pesar del conocimiento detallado sobre las rutas y la procedencia del armamento, México enfrenta un panorama complicado para lograr justicia o un mayor control, dado el contexto político en Estados Unidos y la falta de voluntad para frenar el tráfico, el cual sigue siendo un tema pendiente que atraviesa la relación bilateral, con consecuencias directas en la violencia y la seguridad en ambos lados de la frontera.
Informes filtrados revelan que el Ejército mexicano sospechaba desde 2019 que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, estaba involucrado con actividades delictivas y habría ordenado el asesinato de un líder criminal regional.
Según documentos militares obtenidos por Guacamaya Leaks, Bermúdez, alias “Comandante H”, fue señalado como posible líder del grupo criminal “La Barredora”, dedicado al tráfico de drogas, extorsión y robo de combustible, y contra quien hay una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2025.
El exfuncionario, designado por el exgobernador Adán Augusto López, mantuvo su cargo hasta enero de 2024, a pesar de los señalamientos. En 2021, un informe vinculó a Bermúdez y sus colaboradores con la ejecución de “Kalimba”, un líder regional.
Actualmente, las autoridades mexicanas buscan su captura en Brasilia, en colaboración con Interpol, mientras que la violencia en Tabasco aumentó tras la división de “La Barredora” a finales de 2023.
Bermúdez Requena ha ocupado cargos clave en seguridad pública desde la década de 1990, incluyendo director de Seguridad Pública y de la Policía de Investigación en Tabasco, hasta su nombramiento como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.
El gobernador Javier May Rodríguez declaró en noviembre de 2024 que “todo mundo sabía” del presunto liderazgo criminal de Bermúdez, aunque Adán Augusto López no se ha pronunciado sobre el caso.
