Mientras diversos gobiernos continúan evaluando el poder del crimen organizado a partir de métricas tradicionales como el número de armas aseguradas o hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU advierte sobre un cambio estructural más complejo: el control territorial ha dejado de ser el principal indicador de riesgo. Según el informe, las organizaciones delictivas más sofisticadas ya no dependen de la ocupación física de espacios, sino de su capacidad para operar en entornos digitales mediante herramientas como plataformas cifradas, redes descentralizadas y sistemas de pago difíciles de rastrear. Esta transformación no implica solo un cambio tecnológico, sino una redefinición de las formas contemporáneas de ejercer el poder criminal.
En ese nuevo ecosistema, las drogas ya no se mueven únicamente en cargamentos físicos, sino también en rutas algorítmicas. La comercialización, distribución y consumo adoptan mecanismos digitales que permiten a los grupos criminales mantener niveles altos de eficiencia y discreción. Las redes sociales, los canales cifrados y los mercados virtuales han desplazado a los intermediarios tradicionales. Las transacciones se realizan en minutos, a menudo sin contacto humano, y se ajustan constantemente para evadir la supervisión institucional. Esta dinámica plantea desafíos significativos para las autoridades encargadas de aplicar la ley, que enfrentan una criminalidad sin rostro, sin fronteras fijas y con alta capacidad de adaptación.
El informe también destaca un cambio en la arquitectura operativa del crimen organizado: de estructuras jerárquicas se ha pasado a modelos horizontales y descentralizados, donde cada nodo cumple funciones específicas y autónomas. Esta fragmentación dificulta la trazabilidad de las operaciones, reduce los puntos vulnerables del sistema y debilita los marcos tradicionales de persecución judicial. Al no haber líderes visibles ni territorios definidos, las herramientas convencionales de investigación pierden efectividad. Este nuevo modelo, además, permite replicarse con rapidez en múltiples contextos, aumentando su resiliencia frente a la intervención del Estado.
Desde una perspectiva global, el mapa del crimen también está cambiando. Europa occidental ha dejado de ser solo mercado de destino para convertirse en un nuevo foco de violencia, con puertos estratégicos sometidos a disputas entre grupos internacionales. África, por su parte, ha pasado de ser zona de tránsito a convertirse en un centro operativo del crimen digital, gracias a su conectividad informal y a la baja fiscalización financiera. En Asia, el crecimiento del mercado de opioides sintéticos y estimulantes ha motivado la instalación de laboratorios locales. Estas dinámicas han reducido la centralidad geopolítica de América Latina como eje de la criminalidad transnacional.
México, históricamente considerado un actor clave en la lucha contra el narcotráfico, enfrenta un escenario de transición que exige nuevos enfoques. Si bien mantiene una posición relevante en términos de volumen de decomisos, detenciones y presencia operativa, el entorno actual requiere capacidades adicionales que fortalezcan la respuesta frente a modalidades criminales emergentes. El país ha comenzado a explorar medidas de cooperación internacional y uso de herramientas tecnológicas, pero persisten áreas de oportunidad en materia de inteligencia digital, análisis de redes virtuales y fiscalización financiera no bancaria. La adecuación de estas capacidades resulta esencial para mantener su relevancia en un contexto criminal cada vez más descentralizado y tecnificado.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 también advierte sobre el crecimiento del mercado de drogas sintéticas, cuyo modelo de distribución se basa en plataformas digitales, pagos invisibles y envíos sin intermediación directa. Mientras las incautaciones globales de cocaína alcanzan máximos históricos, las metanfetaminas y opioides —como el fentanilo— continúan expandiéndose, a menudo disfrazados como productos legales. Esta sofisticación representa un desafío adicional para las autoridades, pues las sustancias se diseñan para evadir la clasificación legal y se comercializan en entornos de baja visibilidad institucional. Sin mecanismos de cooperación digital y análisis forense tecnológico, este tipo de tráfico difícilmente puede ser contenido.
Ante este panorama, la ONU propone un rediseño institucional enfocado en la anticipación. Entre las recomendaciones destaca la creación de agencias especializadas en inteligencia digital, capaces de integrar perfiles técnicos, jurídicos, financieros y diplomáticos. Este tipo de entidades permitirían detectar patrones criminales antes de que escalen, articular respuestas interinstitucionales e insertarse en redes globales de cooperación tecnológica. En el caso de México, esta estrategia podría traducirse en una instancia nacional con autonomía técnica y capacidad operativa para mapear redes ilícitas digitales, construir algoritmos de monitoreo y colaborar activamente con organismos multilaterales.
Además de fortalecer la infraestructura tecnológica, el informe recomienda actualizar los marcos normativos e incorporar formación específica en evidencia digital, criptomonedas y delitos descentralizados dentro del sistema de justicia. Esto implicaría capacitar a policías, fiscales y personal judicial en nuevas metodologías, desarrollar herramientas nacionales de análisis forense digital con validez procesal, y generar sinergias entre instituciones públicas y centros de investigación. Se trata de una estrategia de largo plazo que requiere inversión sostenida, visión técnica y respaldo político.
La coyuntura también exige revisar los mecanismos de cooperación internacional. El fortalecimiento de alianzas multilaterales con enfoque tecnológico se vuelve indispensable para enfrentar fenómenos criminales que operan fuera de las fronteras y que aprovechan las brechas de gobernanza digital. México, al participar en estos esfuerzos, no solo puede reforzar su capacidad de respuesta, sino también contribuir activamente a la construcción de estándares globales en materia de seguridad digital, comercio ilícito y flujos financieros alternativos.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 no debe ser interpretado únicamente como una actualización estadística, sino como una hoja de ruta para la toma de decisiones estratégicas. Las transformaciones descritas en el documento no implican una pérdida automática de capacidad estatal, sino una oportunidad para reconfigurar la arquitectura institucional en función de nuevas amenazas. La experiencia acumulada por México en materia de seguridad puede ser un punto de partida sólido si se acompaña de innovación, coordinación y un enfoque prospectivo.
Las organizaciones criminales más peligrosas del mundo no son hoy las que ejercen violencia física, sino las que saben ocultarse entre plataformas, fragmentar sus operaciones en redes invisibles y mover recursos sin dejar rastro. Comprender esta lógica es fundamental para diseñar políticas públicas que no respondan a un pasado que ya no existe, sino a un presente que se redefine con cada línea de código. La seguridad del futuro será digital o será marginal. Y en esa ecuación, ningún Estado puede darse el lujo de quedarse atrás.
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