La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas.
La medida obedece a una investigación por lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita, que incluye transferencias atípicas, movimientos irregulares y presuntas simulaciones fiscales.
En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de casas de apuestas ligadas a la red del exfuncionario, tanto en plataformas digitales como en locales físicos. La indagatoria sigue creciendo y apunta a un entramado financiero con alcance nacional.
En el Estado de México, el crimen organizado no solo impone cuotas, sino también el silencio. En 14 municipios intervenidos por el Operativo Liberación, el miedo, las represalias y la colusión de autoridades han frenado las denuncias por extorsión, reveló un análisis de Milenio.
Aunque la presencia de La Familia Michoacana es conocida en la región, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó apenas 102 denuncias por extorsión de enero a junio de 2025, apenas el 7.3 % del total estatal.
Municipios como Amanalco, Sultepec, Temascaltepec y Tlatlaya no registraron ni una sola denuncia este año. Otros, como Donato Guerra y Villa Victoria, solo reportaron un caso. En Valle de Bravo, con múltiples cateos recientes, apenas se contabilizaron siete denuncias. Por contraste, Tecámac, fuera del operativo, sumó 59.
El especialista en seguridad, David Saucedo, entrevistado por Milenio, explicó que las redes de extorsión están protegidas por policías y ministerios públicos, quienes filtran los datos de los denunciantes a los criminales, lo que genera represalias directas. “Los extorsionadores usan la información de la denuncia para intimidar o atacar a quienes se atreven a hablar”, advirtió Saucedo.
Desde hace meses, La Familia Michoacana instauró un sistema de control económico en la región: obligaban a comerciantes a comprar en negocios del cártel, además de controlar el transporte, seguridad privada y otros sectores. Para Saucedo, las autoridades locales no solo fueron cómplices, sino rehenes del grupo criminal: “Los hermanos Hurtado Lascuaga (líderes del grupo) estiraron demasiado la cuerda”.
En diciembre de 2023, habitantes de Texcatitlán se rebelaron contra las extorsiones y mataron a 10 presuntos integrantes del cártel cuando acudieron a cobrar en un campo de fútbol.
Ante la presión social, el 21 de julio inició el Operativo Liberación, una acción conjunta entre los tres niveles de gobierno. Más de 2 mil 800 elementos de la Guardia Nacional, SEDENA, Marina, FGJEM y CNI participaron en más de 50 cateos en 14 municipios, logrando detenciones clave.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el operativo fue posible gracias a denuncias anónimas al 089 y anunció que la extorsión ahora se perseguirá de oficio, sin que la víctima tenga que presentar denuncia formal.
Ulises Pinto Madera, alias “El 88“, identificado como segundo al mando del grupo criminal La Barredora, obtuvo una suspensión de plano por parte de un juez federal para evitar ser víctima de malos tratos, tortura o incomunicación tras su reciente detención.
El presunto criminal fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades de Tabasco y Jalisco. Según La Jornada, la suspensión fue otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Penal de la Ciudad de México, como medida precautoria ante posibles violaciones a sus derechos humanos.
Contra “El 88“, uno de los principales generadores de violencia en Tabasco, existe una orden de aprehensión por asociación delictuosa, emitida por un juez del fuero común en dicha entidad.
Pinto Madera, ex integrante de la desaparecida Policía Federal, promovió el amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades. El juez en funciones ya solicitó informes justificados sobre las acciones legales emprendidas contra él.
Ulises Pinto es señalado como hombre de confianza de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y fundador de La Barredora, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
La detención de Ulises “El Pinto” Pinto Madera, exjefe de escoltas y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, reavivó el escándalo por los presuntos vínculos criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en la entidad.
Capturado el 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto a su escolta Jaime Gómez Delgado, “El Pinto” es acusado de asociación delictuosa agravada y señalado como el segundo al mando de La Barredora, brazo local del CJNG.
Según una investigación de Infobae, con información recopilada de fuentes federales, tanto Pinto como Bermúdez formaban parte de una estructura paralela conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, dedicada al tráfico de migrantes, Trata de Personas, extorsión y distribución de droga. Bermúdez era identificado por sus allegados como “El Abuelo” y, de acuerdo con las investigaciones, lideraba esta célula mientras ostentaba el cargo de secretario de Seguridad Pública.
“El Pinto”, también exintegrante de cuerpos de seguridad estatales, acumuló bienes de lujo —residencias en Zapopan y Guadalajara, así como vehículos de alta gama—, producto de su presunta actividad criminal.
Aunque Bermúdez negó en varias entrevistas que el CJNG operara en Tabasco, las autoridades sostienen que su grupo pactó con ese cártel tras una ruptura con el Cártel del Golfo, desatando una ola de violencia, homicidios y control criminal del territorio a lo largo de 2023.
La Fiscalía mantiene vigente una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, cuyo nombre ha quedado ligado al surgimiento y expansión del crimen organizado en Tabasco bajo una fachada institucional.
La crisis de violencia en Ecuador ha escalado a niveles inéditos tras la captura y reciente extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias “El Fito”, líder del grupo criminal Los Choneros, vinculado al Cártel de Sinaloa. Su caída profundizó el conflicto armado interno que desde 2024 azota al país.
La violencia se ha extendido por todo el territorio ecuatoriano, con enfrentamientos entre grupos criminales, atentados, motines carcelarios, asesinatos de funcionarios y ataques directos a la población civil. El modelo de operación recuerda al aplicado por los cárteles mexicanos, con una mezcla de terror, impunidad y control territorial, de acuerdo con un análisis de La Silla Rota.
La extradición de “El Fito” a Estados Unidos el pasado 20 de julio, por cargos de narcotráfico y tráfico de armas, ha generado un vacío de poder que sus antiguos aliados y enemigos buscan llenar. Su organización, Los Choneros, se ha fragmentado y enfrenta disputas internas, al tiempo que grupos rivales ligados al CJNG y a otras redes locales han intensificado su ofensiva.
Mientras tanto, la cifra de homicidios se ha disparado. En lo que va de 2025, Ecuador ya supera los 4 mil 200 asesinatos, con Guayas, Manabí y Los Ríos como los focos principales de violencia. Las autoridades locales han reconocido que enfrentan una guerra contra el crimen organizado con capacidad militar.
A nivel internacional, Ecuador se ha consolidado como una ruta estratégica para el tráfico de cocaína, aprovechando sus puertos, la corrupción institucional y las alianzas con estructuras criminales trasnacionales. Guayaquil, en particular, se ha convertido en un punto clave del comercio ilícito hacia Europa y Norteamérica.
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha decretado estados de excepción y toques de queda en varias regiones del país, pero la estrategia de militarización no ha logrado contener la escalada violenta. Expertos señalan que, al igual que en México, sin un fortalecimiento institucional y una política social de prevención, el problema persistirá.
Además del daño físico y económico, la narcocultura ha comenzado a permear a la juventud ecuatoriana. La figura del narco se presenta como modelo aspiracional en zonas marginadas, mientras el Estado no logra recuperar el control ni ofrecer alternativas reales. Ecuador enfrenta ya una guerra con sello mexicano, pero con un futuro aún más incierto.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, se negó a ser detenido en su casa de Tijuana el 16 de abril, según consta en una demanda de amparo presentada por él mismo.
El documento judicial contradice la versión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que aseguró que Bermúdez abandonó el país el 26 de enero y desde entonces se desconoce su paradero. Incluso, la dependencia informó que ya se había emitido una ficha roja de la Interpol por su presunto vínculo con la organización criminal “La Barredora”.
Sin embargo, el exfuncionario relata en su escrito —del cual CMX Noticias tiene copia— que ese día se presentaron en su domicilio presuntos agentes de la FGR, Policía Ministerial y Fiscalía estatal. Ante su negativa de salir, los agentes se retiraron con la promesa de regresar.
La versión de Bermúdez Requena exhibe que permaneció al menos 80 días más en territorio nacional tras su supuesta fuga. Además, argumenta que no ha cometido delito alguno y que recurrió al amparo para proteger sus derechos ante una posible detención arbitraria.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo un intento oficial de captura el 16 de abril ni han respondido a esta nueva revelación judicial.
Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido por autoridades mexicanas. El recurso de amparo fue solicitado el pasado 4 de abril, tres meses después de dejar el cargo, y fue concedido por un juez el 21 de abril, con una fianza de 16 mil pesos, de acuerdo con información de El Sol de México.
El exfuncionario alega posibles violaciones a sus derechos constitucionales. Además, el juez solicitó información a instancias judiciales en Tabasco para verificar si existe alguna orden de aprehensión en su contra. La próxima audiencia está fijada para el 20 de agosto.
Pese a esta suspensión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que Hernán N salió del país el 26 de enero y ya se emitió una solicitud de búsqueda internacional ante Interpol.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó desde Culiacán que mayo y junio registraron un alza en hechos violentos en Sinaloa, luego de seis meses de baja en los delitos de alto impacto. En respuesta, se reforzó la estrategia de seguridad con mayor presencia militar, operativos y labores de inteligencia.
Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad federal, realizada el 20 de julio en la Base Aérea Militar No. 10, Harfuch detalló que el repunte se concentró en zonas rurales donde se habían logrado detenciones relevantes. Pese a ello, julio muestra una tendencia a la baja, afirmó.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 20, 2025
El funcionario subrayó que el despliegue no solo fue táctico, sino también enfocado en la desarticulación de células criminales a través de investigación e inteligencia. Agregó que el trabajo conjunto entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y policías locales es clave para mantener la estabilidad en el estado.
La visita del gabinete se dio tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de acudir quincenalmente al estado. En la reunión participaron altos mandos de la Sedena, Marina y autoridades estatales.
Iván y Ovidio Guzmán López, conocidos como Los Chapitos, lideraban una red que traficaba armas, explosivos y cartuchos desde Estados Unidos hacia México para fabricar armamento en talleres clandestinos, reveló la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), citadas en una investigación de Gustavo Castillo para La Jornada, indican que desde 2018, esta célula operaba bajo el mando de Martín León Romero, quien colaboraba con ciudadanos estadounidenses que compraban armas en Tucson, Arizona, para luego ingresarlas ilegalmente por Nogales, Sonora.
León Romero fue detenido en diciembre de 2024 y vinculado a proceso en Hermosillo. La FGR emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas, incluido el boxeador Julio César Chávez Carrasco, hijo del ex campeón mundial, presuntamente involucrado en el esquema.
El grupo reclutaba a más personas para comprar armas en línea usando tarjetas de crédito de terceros, recibiendo los envíos en domicilios de Estados Unidos antes de trasladarlos a México. Las armas y municiones eran revisadas, empacadas y enviadas principalmente a Culiacán, Sinaloa, para ser entregadas a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Entre el armamento asegurado se encontraron granadas de 44 mm y lanzagranadas M203 de 40 mm. En 2019, en Estados Unidos se aseguraron 97 mil cartuchos y 19 armas, imputando a 14 personas por tráfico ilegal de armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, que dé su versión sobre Hernán Bermúdez Requena. Este ex jefe policiaco está prófugo y es buscado por la Interpol por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Sheinbaum hizo la petición tras revelarse una orden de aprehensión contra Bermúdez, quien huyó de México en enero. En conferencia, la mandataria instó a López a informar sobre su relación con el ex funcionario y los nexos entre él y el grupo delictivo “La Barredora”.
La presidenta respondió a preguntas sobre el impacto político de estas acusaciones. Afirmó que la Fiscalía investiga y que el senador debería dar su versión. Recordó que durante el mandato de López como gobernador, los niveles de inseguridad en Tabasco disminuyeron significativamente.
Sheinbaum destacó la importancia de que López explique su experiencia como gobernador y su relación con Bermúdez. Además, reafirmó que no protegerán a nadie y que las investigaciones de la Fiscalía deben continuar. La presidenta confía en que el senador compartirá su perspectiva sobre este tema crucial.
