México alza la voz contra las armas, pero la Corte estadounidense frena la demanda.
El Gobierno de México sigue luchando por frenar el flujo de armas que cruzan ilegalmente la frontera y terminan en manos del crimen organizado. Aunque recientemente la Suprema Corte de Estados Unidos desechó una demanda por 10 mil millones de dólares, presentada por nuestro país contra dos empresas armamentistas, la postura de México es clara: el tráfico de armas debe frenarse, y quienes lo permiten no pueden quedar impunes.
La demanda, interpuesta en 2021, señalaba directamente al fabricante Smith & Wesson y al distribuidor Interstate Arms por facilitar la venta de armas que terminan en territorio mexicano, muchas de ellas utilizadas en hechos violentos. El gobierno acusó a estas empresas de vender deliberadamente a intermediarios que sabían que las armas serían traficadas y de promocionar sus productos como si fueran de uso militar, generando así una peligrosa atracción para los grupos criminales.
Pese a estos argumentos, la jueza Elena Kagan de la Corte estadounidense, en una decisión unánime (9-0), resolvió que las empresas no pueden ser responsabilizadas, escudándose en una ley que protege al comercio legal de armas en ese país. Esto, a pesar de que un tribunal inferior ya había dado la razón a México, al considerar que las empresas podrían estar facilitando un delito.
México mantiene su postura firme: no se puede mirar hacia otro lado mientras miles de armas cruzan la frontera y alimentan la violencia. Nuestro país tiene leyes estrictas sobre el uso de armamento, y lo mínimo que se exige es responsabilidad internacional para frenar esta crisis.
