Etiqueta: Daño Ambiental

  • Ferromex tendrá que reparar el daño ambiental en Sonora

    Ferromex tendrá que reparar el daño ambiental en Sonora

    La Semarnat confirmó que el derrame de químico tras el descarrilamiento en Naco superó los 70 mil litros. La empresa deberá presentar un plan de remediación.

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) responsabilizó a Ferromex de remediar el daño ambiental en Naco, Sonora. La dependencia confirmó que el derrame alcanzó más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio, 11 mil litros más de lo reportado inicialmente.

    El químico terminó en el cauce de un arroyo tras el descarrilamiento de un tren de la filial de Grupo México. Las autoridades federales activaron protocolos de contención de inmediato y ordenaron la clausura total temporal de la zona afectada.

    El accidente ocurrió la noche del 25 de julio en el tramo ferroviario Cananea-Agua Prieta, cerca del ejido Cuauhtémoc. Ahora las autoridades trabajan para definir con precisión el alcance real de la contaminación provocada.

    Según la Semarnat, el convoy transportaba tres góndolas con 240 toneladas de concentrado de cobre. También llevaba un carro tanque con 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio, del cual se derramaron aproximadamente 70 mil 300 litros.

    El material contaminante alcanzó una zona de 1.7 kilómetros cuadrados, según una evaluación preliminar de la dependencia. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) delimitó 5 mil 207 metros cuadrados con impacto directo.

    La extensión definitiva del daño aún no queda clara, aunque los equipos ya retiraron por completo el concentrado de cobre derramado. También lograron trasvasar mil 700 litros de hidrosulfuro de sodio que permanecían en el tanque accidentado.

    El contenedor sigue en proceso de descontaminación antes de su retiro definitivo del sitio. Los equipos recolectaron ocho muestras de suelo por duplicado y 18 muestras de artropodofauna en cinco puntos distintos.

    Los resultados de laboratorio serán clave para delimitar con exactitud el área dañada. Con esa información, las autoridades definirán las acciones de recuperación ambiental necesarias en la zona.

    La Profepa ordenó a Ferromex presentar un estudio detallado sobre la magnitud de la contaminación. El análisis deberá cubrir al menos 3 kilómetros del cauce afectado y las autoridades federales tendrán que aprobar el programa de remediación.

    Mientras tanto, la empresa ferroviaria aseguró que ya concluyó los trabajos de contención y limpieza en la zona. Según su comunicado, la recolección de materiales terminó y el tránsito ferroviario se restableció desde el miércoles pasado.

    Ferromex atribuyó el accidente a un deslave provocado por las lluvias extraordinarias de la región. Explicó que el agua acumulada debilitó la estructura de la vía en los extremos de una alcantarilla.

    La compañía afirmó que el percance no dejó personas lesionadas ni afectaciones directas a la población cercana. Aseguró además que no existe ningún registro oficial de secuelas de salud relacionadas con este hecho.

  • Guadalajara pierde más de mil árboles al año: lluvias y mala planeación agravan la crisis ambiental

    Guadalajara pierde más de mil árboles al año: lluvias y mala planeación agravan la crisis ambiental

    Más de 700 árboles han caído en lo que va de 2026 y especialistas advierten que el problema no es solo el clima, sino décadas de urbanización sin planeación adecuada.

    La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta una creciente crisis ambiental. Cada temporada de lluvias, más de mil árboles se desploman debido a una combinación de cambio climático, especies inadecuadas y mala planeación urbana. Tan solo en lo que va de 2026, las autoridades reportan más de 700 árboles caídos, una cifra que podría superar la registrada el año pasado, cuando la capital jalisciense contabilizó 658 ejemplares derribados durante el temporal.

    La magnitud del problema quedó en evidencia tras la tormenta del 27 de julio, cuando Protección Civil de Jalisco atendió 138 servicios de emergencia. Solo en Guadalajara se registró la caída de 76 árboles, 14 de ellos sobre vehículos, además de inundaciones, postes colapsados, bardas dañadas y viviendas afectadas. Municipios como Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco y Tonalá también reportaron severas afectaciones por las intensas lluvias.

    Especialistas coinciden en que el problema no se debe únicamente al viento o las precipitaciones. El director del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (Fiprodefo), Jesús Cortés Aguilar, explicó que muchos de los árboles que hoy colapsan fueron plantados hace más de 70 años y ya no están adaptados a las condiciones climáticas actuales. A ello se suma que sus raíces enfrentan banquetas estrechas, concreto, tuberías y cableado subterráneo, lo que debilita su estabilidad.

    Ante este panorama, las autoridades trabajan en una Norma de Arbolado Urbano, cuyo objetivo será definir qué especies deben plantarse y en qué espacios, privilegiando árboles nativos como guaje, guamúchil, primavera, palo dulce y tepame, que requieren menos mantenimiento y resisten mejor las condiciones ambientales de la región. La estrategia busca evitar que la ciudad siga repitiendo errores de planeación que hoy representan un riesgo para la población.

    Mientras esa regulación entra en vigor, los tapatíos continúan enfrentando un problema que va más allá de la pérdida de áreas verdes. La caída de árboles y postes provoca daños a viviendas, vehículos, interrupciones en el suministro eléctrico y afectaciones económicas para cientos de familias y comercios. Los expertos advierten que adaptar las ciudades al cambio climático ya no es una opción, sino una necesidad urgente para proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población.

    Con información de Alejandro Sánchez para Milenio.

  • Reparación ambiental tras daño en Sisal

    Reparación ambiental tras daño en Sisal

    Tres hombres evitan la cárcel al comprometerse a reforestar dunas costeras en Yucatán. Este fallo marca un precedente en la defensa de la biodiversidad.

    En un caso único en el estado, la justicia federal decidió que tres hombres no irán a prisión. En su lugar, deberán reforestar las dunas costeras de Sisal, una acción necesaria tras los daños a la flora protegida. 

    El tribunal determinó que Jorge “N”, Felipe “N” y José “N” habían dañado casi 38 mil metros cuadrados de vegetación al usar maquinaria pesada para ilegalmente alterar el terreno. Lo hicieron con la intención de vender esos lotes, pero su acción provocó un daño serio al ecosistema local.

    Como parte del acuerdo, los tres hombres deben reforestar la zona afectada. Además, deberán participar en campañas de concientización sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Esto incluye crear y difundir videos en redes sociales que informen sobre el daño ambiental.

    La medida fue aprobada en una audiencia que marca un avance hacia un modelo de justicia restaurativa en Yucatán. Los acusados también deberán mantener un empleo lícito y reportarse regularmente ante las autoridades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) proporcionará el material necesario para las campañas de sensibilización.

    La historia comenzó con una denuncia de la Profepa en febrero de 2025. Tras una investigación, se descubrieron tres áreas devastadas en Sisal. En total, se dañaron 37 mil 784 metros cuadrados de vegetación, esencial para el ecosistema costero.

    Sisal cuenta con una vegetación única que sostiene diversas especies adaptadas a condiciones difíciles, como la salinidad y la escasez de agua. Proteger estas áreas es vital para mantener la biodiversidad local y los recursos naturales.

    Este fallo establece un claro precedente en la lucha contra el daño ambiental. Sin duda, es un paso importante hacia la recuperación de los ecosistemas en Yucatán y un llamado a la responsabilidad compartida en la protección de nuestro planeta.

  • Profepa multa a Zinc Nacional por más de 83 millones

    Profepa multa a Zinc Nacional por más de 83 millones

    La empresa enfrenta sanciones por daños al suelo y aire en Nuevo León, junto con acciones para reparar el daño ambiental.

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha impuesto una multa de más de 83 millones de pesos a Zinc Nacional. Esta empresa, que se dedica a la producción de óxido y sulfato de zinc mediante el reciclaje de residuos industriales en Nuevo León, deberá enfrentar también acciones de reparación del daño ambiental.

    La Profepa comenzó a investigar a Zinc Nacional a principios de 2025, tras recibir numerosas denuncias. Durante estas inspecciones, detectaron impactos negativos en el medio ambiente, como el almacenamiento de miles de toneladas de materia prima al aire libre y la contaminación del suelo con metales pesados.

    El 10 de diciembre de 2025, Zinc Nacional firmó un Convenio de Responsabilidad Ambiental Objetiva. Este acuerdo establece la obligación de llevar a cabo acciones correctivas conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico. Posteriormente, el 17 de diciembre, la Profepa finalizó la multa de 83.2 millones de pesos, debido a diversas violaciones a las normativas ambientales.

    Entre las sanciones se incluyen 24 medidas correctivas. Estas acciones buscan garantizar la remediación total de las afectaciones y atender la presencia histórica de contaminantes en el sitio. Además, la empresa deberá implementar un Programa de Remediación que debe ser aprobado por las autoridades.

    El convenio contempla también la reubicación de varios procesos industriales a una nueva planta fuera de la zona habitacional del Área Metropolitana de Monterrey, sujeto a permisos ambientales y estudios de factibilidad. Asimismo, Zinc Nacional destinará una parte de su terreno a actividades de reforestación y conservación de especies nativas.

    Profepa también anunció la creación de una Red de Monitoreo Atmosférico no convencional, una iniciativa sin precedentes en América Latina. Este sistema medirá la calidad del aire en áreas industriales, complementando las redes de monitoreo existentes.

    Mariana Boy Tamborrell, procuradora de la Profepa, destacó que este caso marca un cambio en la manera de supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental en industrias. La dependencia busca prevenir impactos ambientales, repararlos cuando ocurren y evitar su repetición.

  • Sequía ya no es pronóstico: es una realidad inquietante

    Sequía ya no es pronóstico: es una realidad inquietante

    La crisis climática preocupa a la mayoría de los mexicanos, pero las sequías encabezan la lista. Un estudio internacional revela que 79% de la población teme sus efectos, mientras la confianza en que el mundo logre revertir el daño ambiental se desploma.

    En México, la palabra sequía ya no es un pronóstico: es una realidad que inquieta a la mayoría. De acuerdo con una encuesta del Pew Research aplicada en 25 economías, 79% de los mexicanos considera que la falta de agua es el mayor riesgo ambiental que enfrenta el país debido al cambio climático.

    El estudio indica que ocho de cada diez personas perciben efectos directos del calentamiento global en sus comunidades, lo que convierte a México en uno de los países de ingresos medios donde más se sienten sus consecuencias. Tras las sequías, las principales preocupaciones son las altas temperaturas (12%), el aumento del nivel del mar (5%) y las tormentas e inundaciones (4%).

    El sondeo también reveló una relación entre la edad, la educación y la conciencia ambiental: quienes tienen estudios de nivel medio o superior, así como los menores de 35 años, son los más preocupados por los impactos del cambio climático. El 86% de los jóvenes mexicanos expresó temor por los daños personales que podrían sufrir a causa de la crisis ambiental, mientras que entre los mayores de 50 años, el porcentaje baja a 77%.

    Pese a que la inquietud sigue siendo alta, la tendencia ha disminuido en la última década. En 2015, el 92% de los encuestados decía temer por los efectos del cambio climático; hoy, esa cifra cayó a 83%. Sin embargo, más de ocho de cada diez mexicanos aseguran estar dispuestos a modificar su estilo de vida para reducir su impacto ambiental, aunque un 14% admite que no planea hacer ningún cambio.

    El estudio también muestra una clara percepción de responsabilidad global: 64% de los encuestados en México cree que las naciones con mayores emisiones de carbono deben asumir un papel más activo en la lucha contra el cambio climático. No obstante, la desconfianza persiste. A pesar de que 82% considera el tema de suma importancia, más de la mitad el 51% no confía en que la comunidad internacional logre un cambio real frente a la emergencia ambiental.

  • Grupo México evade responsabilidad por contaminación del Río Sonora desde 2014

    Grupo México evade responsabilidad por contaminación del Río Sonora desde 2014

    A pesar de los graves daños ambientales y sanitarios, la empresa de Germán Larrea insiste en que la remediación está completa, mientras el río mantiene altos niveles de metales pesados y la población sufre consecuencias de salud.

    Desde el 6 de agosto de 2014, cuando un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado afectó al Río Sonora y al afluente Bacanuchi, Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, ha buscado evadir su obligación de remediar los daños ambientales y compensar a las comunidades afectadas, de acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea. 

    La empresa sostiene que “ha completado debidamente todas las actividades relacionadas con la remediación y compensación”, argumento que contradicen estudios del IMTA y reportes de la Secretaría de Salud de Sonora, que documentan la presencia de cinco metales pesados –arsénico, cobre, manganeso, níquel y plomo– en agua, suelo y organismos humanos, generando riesgos de cáncer, daño renal y enfermedades terminales.

    El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y Semarnat, mantiene un diálogo con la minera para garantizar la limpieza integral del río, la construcción de hospital y laboratorio toxicológico, y la instalación de 30 plantas potabilizadoras que aseguren agua limpia a las comunidades. Aunado a ello, se exige seguimiento médico a 24 mil personas expuestas a metales pesados durante 11 años, así como la correcta disposición de sedimentos contaminados.

    En el Informe 2024 de Grupo México presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía minimiza el impacto legal y ambiental, argumentando que las denuncias penales y civiles carecen de sustento, mientras mantiene litigios y retrasos en la ejecución de acciones correctivas. La empresa incluso desestima los hallazgos del IMTA, que confirman la contaminación persistente y la exposición toxicológica de la población.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador inició acciones legales contra Grupo México en 2023, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la empresa debe cumplir con todas las medidas necesarias, incluyendo remediación, agua potable, atención médica y saneamiento de los ríos contaminados, con supervisión directa de las comunidades afectadas.

    A más de diez años del derrame, las comunidades de Sonora siguen esperando justicia ambiental y reparación integral, mientras Grupo México continúa priorizando su rentabilidad sobre la salud pública y el equilibrio ecológico de la región.

  • Profepa cierra temporalmente la minera Sago Import Export en Hidalgo por daños ambientales

    Profepa cierra temporalmente la minera Sago Import Export en Hidalgo por daños ambientales

    La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente la minera Sago Import Export en Zimapán, Hidalgo. Esta decisión se tomó tras una inspección que reveló serios riesgos ambientales.

    Durante la revisión, se identificó un derrame de jales en las instalaciones de la minera, lo que causó daños al suelo tanto en el predio como en los alrededores. La Profepa destacó que había un riesgo inminente de daño ambiental debido a residuos peligrosos. Por ello, ordenó el cese inmediato de actividades y acciones para remediar el área afectada.

    La clausura se realizó después de recibir múltiples denuncias de ciudadanos. Los residentes alertaron sobre líquidos contaminantes que llegaban a sus propiedades. En redes sociales, varios usuarios expresaron su preocupación por la contaminación del agua y el suelo. Una usuaria, Yasmín López Alvarado, afirmó que su hogar se ha visto afectado. “El suelo dejó de ser fértil y el agua no se utiliza para actividades cotidianas”, comentó.

    Otro residente denunció que la contaminación ha provocado un aumento en los casos de cáncer en la zona. “Es increíble cómo, en plena cabecera municipal, sucede todo esto y nadie había hecho nada”, señaló.

    Con esta acción, la Profepa reafirma su compromiso de proteger la salud ambiental en México. La dependencia continúa trabajando para prevenir daños al entorno y a la población. La situación en Zimapán resalta la importancia de la vigilancia ambiental y la participación ciudadana en la protección del medio ambiente.

  • Tal y como prometió, AMLO declara Área Natural Protegida el polígono donde está la minera estadounidense Calica; ahora es del pueblo

    Tal y como prometió, AMLO declara Área Natural Protegida el polígono donde está la minera estadounidense Calica; ahora es del pueblo

    Tal y como lo prometió desde hace varias semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado como Área Natural Protegida el polígono donde se ubica la minera Sac-Tun, antes conocida como Calica y que es propiedad de la estadounidense Vulcan Materials, cumpliendo con ello su compromiso de resolver el caso de devastación ambiental cometido por la extractora de piedra.

    El área, ahora denominada “Felipe Carrillo Puerto, abarca parte de los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, Quintana Roo, e incluye los terrenos de la minera que desde hace décadas afecta el subsuelo, la flora y fauna de la zona, sumado a los daños que ha causado en localidades vecinas.

    Periodista cuestiona qué pasará con Calica terminado el sexenio

    Fue el pasado 16 de julio del presente, cuando el periodista Amir Ibrahim cuestionó al Presidente López Obrador sobre el caso de la minera, a lo cual respondió que antes de concluir su gestión, tiene la intención de lograr la clausura definitiva de la mina a cielo abierto Calica en Playa del Carmen.

    En esa misma conferencia matutina, el tabasqueño mencionó que se habían hecho esfuerzos para lograr un acuerdo con Vulcan Materials, sin embargo, la empresa de origen estadounidense se negó, amenazando con recurrir a tribunales internacionales.

    “No están bien asesorados, creo que les afecta el tener abogados mexicanos muy acostumbrados a la transa y están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio. Ya no es posible que sigan utilizando esa parte del territorio como banco de materiales, eso ya no es posible”.

    Aquella ocasión el mandatario federal aclaró que, si se llega a un juicio, el gobierno de México ganará ante el arbitraje, argumentando que es improbable que apoyen el ecocidio que se ha cometido en la zona.

    Senadores de EE.UU. preparan sanciones para México por no permitir ecocidio en Quintana Roo

    Ates de que se de a conocer la declaratoria del Gobierno de México entorno a la nueva área natural protegida del pueblo mexicano, senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos presentaron una iniciativa para imponer sanciones a México en caso de que se concrete la declaratoria del Gobierno de México en contra de la minera y su puesto de extracción.

    “El plan del Presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan (Materials) representaría una expropiación flagrante de una operación propiedad de EU legalmente permitida”. amenazó Senadora republicana Katie Britt.

    Katie Britt

    “Ningún país o Presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de EU sin consecuencias”, dijo el Senador republicano, Bill Hagerty.

    Sigue leyendo:

  • Así es cómo el servil PRIAN se sometió al imperialismo: Pedro Joaquín Coldwell favoreció a Vulcan Materials con permisos de explotación y su familia se benefició con la venta de predios ahora devastados ambientalmente por la minera estadounidense, Calica

    Así es cómo el servil PRIAN se sometió al imperialismo: Pedro Joaquín Coldwell favoreció a Vulcan Materials con permisos de explotación y su familia se benefició con la venta de predios ahora devastados ambientalmente por la minera estadounidense, Calica

    La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señaló que Pedro Joaquín Coldwell favoreció a Vulcan Materials con la autorización de la explotación de las tierras en Quintana Roo, pese a no contar con el permiso de uso de suelo forestal. Además de que la familia de Coldwell vendió predios a filiales de la empresa estadounidense.

    En un video difundido en redes sociales, la dependencia federal explicó que dichos terrenos fueron adquiridos, en la década de los 80, a un “precio mínimo” para venderlos a las empresas Rancho Piedra Caliza y Caliza Industriales del Carmen, ambas de Vulcan Materials.

    Terrenos del estado de Quintana Roo […] se repartieron entre familiares del gobernador Pedro Joaquín Coldwell, quienes adquirieron los mismos a un costo mínimo y poco tiempo después los vendieron a una empresa particular llamada Rancho Piedra Caliza, adquirida por Vulcan Materials Company al igual que Caliza Industriales del Carmen.

    Señala el video.

    Además, se destacó que el gobierno de Pedro Joaquín Coldwell otorgó permisos de explotación sin tener el cambio de uso de suelo forestal. Así como, recuerda que el 6 de agosto de 1986, el gobierno federal y el gobierno estatal firmaron un convenio para autorizar la explotación de los predios Punta Venado y la Rosita, tanto sobre y por debajo del nivel freático

    Asimismo, se señala que Vulcan Material se hizo de los predios predios La Adelita, La Rosita y El Conchalito, en ese sentido se explica que “La Adelita” fue adquirida en mil 346 pesos la hectárea y nueve años después se vendió en 18 mil 483 pesos, mientras que “La Rosita” fue comprada en mil 250 pesos por hectárea, cuatro meses después se vendió en medio millón de pesos.

    Así como, el predio “El Conchalito” fue adquirido en menos de ocho pesos la hectárea y dos años después lo vendieron en 18 mil pesos la hectárea. 

    Asimismo, la dependencia federal sostuvo que el uso de explosivos para la extracción de piedra caliza, entre otras acciones, provocó un daño irreparable al ecosistema, incluso extendiéndose a predios cercanos de la empresa estadounidense.   

    Te puede interesar: