Mientras las otras 15 demarcaciones registraron reducciones, Cuauhtémoc tuvo un incremento de 2% entre enero y agosto de 2026.
La Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, fue la única demarcación de la Ciudad de México donde aumentaron los delitos de alto impacto entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con un reporte de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), elaborado con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Los datos muestran que los delitos de alto impacto pasaron de mil 556 casos en 2025 a mil 593 en 2026, lo que representa un aumento de 2%, equivalente a 37 casos adicionales. El resultado contrasta con las reducciones registradas en las otras 15 alcaldías de la capital.
El incremento ocurre mientras el gobierno de Rojo de la Vega presume su estrategia “Blindar Cuauhtémoc” como una de sus principales acciones de seguridad. La propia alcaldía ha difundido que la percepción de inseguridad bajó de 59.1% a 52.4% entre diciembre de 2025 y junio de 2026, pero una menor percepción de inseguridad no significa necesariamente que los delitos registrados hayan disminuido.
Así, los resultados plantean un cuestionamiento directo a la administración de Cuauhtémoc de Alessandra Rojo de la Vega: mientras se promocionan estrategias de seguridad y una intensa presencia en redes sociales, la demarcación terminó como la única de la capital con un aumento en los delitos de alto impacto.
El municipio le encomendó elaborar denuncias penales e informes de responsabilidad administrativa, pero no contaba conuna cédula a su nombre; de confirmarse la falta de autorización, el caso podría tener implicaciones penales.
Por Redacción de Los Reporteros MX
El Ayuntamiento de Monterrey pagó 232 mil pesos a Miguel Alfonso Meza Carmona por servicios de consultoría jurídica para la Contraloría Municipal durante 2022, mediante el contrato SCO-032-2022, adjudicado directamente.
El documento oficial establece que el servicio incluía asesoría en investigaciones por faltas administrativas y delitos de corrupción, así como la elaboración de escritos jurídicos, informes de presunta responsabilidad administrativa y denuncias penales.
El contrato, firmado el 3 de agosto de 2022, contempló cinco pagos mensuales de 46 mil 400 pesos, IVA incluido.
Además, Meza Carmona declaró “bajo protesta de decir verdad” que contaba con la organización, experiencia, capacidad técnica, financiera y legal necesarias para cumplir con el servicio.
El propio documento también señala que su actividad comprendía un “bufete jurídico”. La contratación se realizó mediante adjudicación directa, con fundamento en la legislación de adquisiciones de Nuevo León.
Sin embargo, la investigación realizada por Los Reporteros MX en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública no arrojó una cédula profesional a nombre de Miguel Alfonso Meza Carmona. Solo arroja dos coincidencias, pero uno tiene cédula en Educación Primaria en el año 1977, mientras que otro sí tiene cédula en Derecho, pero de 1952, ambos muchos años antes de que naciera Miguel.
Lo más relevante es que en el contrato, en la cláusula 2.4, se establece que Miguel Meza deberá contar con capacidad técnica, es decir, título profesional, para cumplir con los requerimientos del contrato.
Otro dato relevante es que el contrato está celebrado bajo la denominación de “Bufete Jurídico”, aunque el documento es firmado por él a título personal. Esto resulta particularmente llamativo, pues, al no contar con cédula profesional, no estaría facultado para ejercer como abogado ni para brindar asesorías jurídicas a cambio de una remuneración, conforme a las disposiciones aplicables.
La situación adquiere relevancia porque la Ley de Profesiones de Nuevo León establece que para ejercer profesionalmente se requiere contar con título legalmente expedido y registrado, además de la cédula correspondiente. La legislación también define como ejercicio profesional la prestación, incluso remunerada, de servicios propios de una profesión.
Es decir, si Meza Carmona no contaba con título para ejercer al momento de realizar los servicios contratados, el asunto podría trascender del ámbito administrativo al penal.
El artículo 250 del Código Penal Federal contempla el delito de usurpación de profesión para quien, sin título profesional o autorización, se atribuya el carácter de profesionista o realice actos propios de una actividad profesional, con una pena de uno a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días.
El caso también plantea interrogantes sobre el proceso de contratación y la documentación revisada por el Ayuntamiento, particularmente porque los servicios solicitados tenían un contenido jurídico directo y especializado.
La Ley de Profesiones de Nuevo León incluso establece que quienes ejerzan una profesión sin título o autorización, además de las penas correspondientes, no tienen derecho a cobrar retribución por los servicios profesionales prestados.
Por ello, la pregunta central para las autoridades es qué documentos presentó Meza Carmona para acreditar su capacidad profesional y qué verificó el Ayuntamiento antes de entregarle 232 mil pesos de recursos públicos.
Si se acredita que realizó actos propios de la abogacía sin contar con la autorización legal correspondiente, tendría que determinarse si existe responsabilidad administrativa, civil o penal.
La alcaldía encabezada por Gaby Osorio se colocó como la número uno en reducción de delitos de alto impacto en la CDMX, mientras fortalece su estrategia de seguridad con nuevas patrullas y presencia territorial.
La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la entrega de 23 nuevas unidades de seguridad en la zona de los pueblos de la montaña, consolidando una transformación histórica en la capacidad operativa de la demarcación. Con esta nueva entrega, Tlalpan pasó de contar con apenas seis patrullas operativas al inicio de la administración en 2024, a tener actualmente 53 unidades entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos, lo que representa un incremento del 783%.
La mandataria recordó que recibió una alcaldía prácticamente abandonada en materia de seguridad, pese a ser una de las demarcaciones territoriales más grandes de la Ciudad de México. “Cuando llegamos había únicamente seis patrullas operativas para toda Tlalpan”, señaló Osorio, quien destacó que desde el inicio de su gestión se planteó fortalecer la presencia policial y la capacidad de respuesta en colonias, pueblos y zonas alejadas de la montaña.
Los resultados ya comienzan a reflejarse. De acuerdo con cifras oficiales, Tlalpan se mantiene desde hace mes y medio como la alcaldía con mayor reducción de delitos de alto impacto en toda la capital del país, alcanzando una disminución del 23.72% respecto al mismo periodo de 2025. El dato coloca a la demarcación en el primer lugar entre las 16 alcaldías de la CDMX en este indicador.
La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Gaby Osorio no solo contempla más patrullas. También incluye operativos nocturnos conocidos como “Las Veladas”, gabinetes diarios de seguridad con autoridades locales y federales, recuperación de espacios públicos, rehabilitación de luminarias y el programa “Caminos por la Paz”, enfocado en repavimentación y mejoramiento urbano. Todo ello en coordinación con el gobierno de Clara Brugada y la administración federal de Claudia Sheinbaum.
En lo que va del año, la Policía Auxiliar de Tlalpan ha realizado 40 remisiones al Ministerio Público y más de mil 393 remisiones al Juzgado Cívico, reforzando tareas de prevención y atención de conductas que afectan la convivencia comunitaria. La alcaldesa insistió en que la seguridad no solo depende de presencia policial, sino también de reconstruir el tejido social y dignificar los espacios públicos.
La entrega de las nuevas unidades en los pueblos de la montaña también tuvo un mensaje político y social: llevar presencia institucional a comunidades históricamente olvidadas. “Cada año tenemos que mejorar”, afirmó Gaby Osorio, quien aseguró que su administración seguirá trabajando las 24 horas para consolidar la paz y mantener la reducción delictiva en Tlalpan.
Ronny “N” fue vinculado a proceso por robo a casa habitación, autoridades lo identificaron como probable líder de una banda que operaba mediante fraudes telefónicos en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la vinculación a proceso de Ronny “N”, señalado como presunto responsable del delito de robo a casa habitación así como presunto líder de una célula delictiva que operaba bajo el esquema de engaño conocido como “La Patrona”.
Acorde con investigaciones, el 26 de octubre de 2025 una llamada telefónica a un domicilio permitió a los delincuentes hacerse pasar por personal de un hospital privado. Mediante esta acción, convencieron a una trabajadora del hogar de que su empleadora enfrentaba una supuesta emergencia económica, lo que derivó en la entrega de dinero y objetos de valor.
La víctima, quien siguió instrucciones a través de mensajería, reunió los bienes y los entregó a choferes de transporte solicitados por aplicación. El rastreo mediante cámaras de videovigilancia permitió ubicar que uno de los traslados concluyó en un inmueble vinculado con el ahora imputado.
Con estos elementos, un juez otorgó la orden de aprehensión ejecutada el 19 de abril de 2026 dentro del Reclusorio Norte, donde el acusado se encuentra detenido por otro proceso. La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
Narcomenudeo, robos y violencia sexual se concentran en el principal espacio universitario del país, mientras estudiantes denuncian impunidad y desconfianza en la seguridad interna.
La violencia cotidiana en Ciudad Universitaria (CU) dejó 392 delitos registrados durante 2024 dentro del campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con una investigación de El País. Asaltos, robos, venta de drogas, abuso y acoso sexual conviven con la histórica política de puertas abiertas de la institución y afectan a una comunidad que supera los 300 mil estudiantes.
En facultades como Filosofía y Letras, la venta de drogas a plena luz del día ocurre entre explanadas y puestos de comida. Muros y pasillos exhiben denuncias anónimas y carteles de colectivos feministas que documentan agresiones. Los baños siguen siendo puntos rojos, pese a la instalación de botones de emergencia, una medida que estudiantes consideran insuficiente.
Aunque la UNAM reformó su estatuto hace cinco años para tipificar la violencia de género como falta grave, alumnas de Ciencias Políticas denuncian que las sanciones raramente derivan en expulsiones.
La percepción de inseguridad atraviesa la vida universitaria. Casi la mitad de los delitos son robos, principalmente en zonas concurridas como Las Islas y los caminos al Metro Universidad y Copilco, que por la noche quedan desiertos. A ello se suma la desconfianza hacia la seguridad UNAM, acusada por estudiantes de colusión.
Casos recientes profundizaron la crisis: la muerte de un aficionado tras una agresión en el Estadio Olímpico Universitario, el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio y un ataque armado en el CCH Sur reactivaron protestas y paros.
La Universidad asegura fortalecer protocolos, unidades de género y rutas de acompañamiento, pero colectivos advierten una capacidad limitada frente al volumen de denuncias.
La Fiscalía busca desacreditar los argumentos de buena conducta del ex gobernador y presentará a seis testigos clave para evitar que abandone el Reclusorio Norte antes de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará este miércoles a seis testigos con los que busca impedir que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtenga la libertad anticipada. Aunque su defensa afirma que ya cumplió más del 70% de su condena, mantiene buena conducta y no tiene prisión preventiva, la FGR intenta desmontar esos argumentos ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Tres de los testigos pertenecen a la Fiscalía de Veracruz, quienes no pudieron asistir a la diligencia anterior. La jueza Ángela Zamorano Herrera encabezará la audiencia que podría extenderse por más de ocho horas y definirá si Duarte permanece en prisión hasta abril de 2026, fecha en que concluye su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Hasta ahora, cinco testigos de la defensa —funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y uno federal— declararon en favor del ex mandatario para acreditar avances en su proceso de reinserción social. Sin embargo, durante las comparecencias también se revelaron faltas graves cometidas por Duarte en 2019 y 2020, cuando fue sorprendido con latas de alcohol, un Blu-Ray modificado como módem, un bolígrafo con cámara oculta y otros objetos prohibidos, lo que derivó en 15 días sin visitas.
La FGR insiste en que estos incidentes, sumados a nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Veracruz, justifican negar su salida anticipada. A ello se suma un recurso de apelación que aún podría reactivar un proceso por desaparición forzada, el cual también complicaría su liberación.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión y se le decretó el decomiso de 41 propiedades, entre ellas departamentos de lujo en Santa Fe valuados en más de 45 millones de pesos cada uno.
De enero a octubre de 2025, los homicidios diarios pasaron de 86 a 54, mientras que la extorsión registra una caída de 14% tras la estrategia nacional implementada en julio.
Durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido 37%, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al presentar el informe de seguridad en la Mañanera del Pueblo.
En septiembre de 2024, al inicio de la administración, el promedio diario de asesinatos era de 86.9, mientras que al cierre de octubre de 2025 bajó a 54.6, marcando octubre como el mes con el promedio más bajo de los últimos 13 meses. Esto implica 32 homicidios menos al día en comparación con septiembre del año pasado.
En términos anuales, se observa una reducción de 34% al comparar 2018 con los diez meses de 2025, pasando de 100.3 a 66.1 homicidios diarios. La incidencia se concentra en siete entidades que representan 51% de los delitos: Guanajuato (11.1%), Chihuahua (7.6%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.7%) y Michoacán (5.6%). En octubre, Chihuahua lideró con 9.2%, seguido de Guanajuato con 8.6% y Sinaloa 7.7%.
Entre enero y octubre de 2025, 26 estados registraron disminución en homicidios diarios, con reducciones destacadas en Zacatecas (-70.5%), Chiapas (-58.7%) y Quintana Roo (-57.3%).
En cuanto a extorsión, aunque en 2025 se observa un aumento de 22.9% en comparación con 2019, desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión en julio, la incidencia bajó 14%, tras tres meses consecutivos de descenso. Febrero fue el mes con más eventos diarios de extorsión, 36 en promedio.
Marcela Figueroa (@Maffiguer) detalló que, desde la implementación de la estrategia contra la extorsión, se ha registrado una disminución del 14% en este delito, en comparación con julio de este año, cuando se alcanzó su punto más alto. pic.twitter.com/aQM633HF3z
La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, durante el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148% al comparar su primer año de mandato con el último, como consecuencia de la denominada “lucha contra el narco”.
En menos de un año, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reorganizado el aparato de seguridad nacional, recuperando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como eje central en la estrategia contra la delincuencia organizada, con un enfoque renovado en inteligencia y coordinación.
La SSPC, liderada por Omar García Harfuch, cuenta ahora con nuevas facultades para la investigación, prevención y recopilación de inteligencia, además de un equipo clave que incluye a Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera y Francisco Almazán Barocio al frente del Centro Nacional de Inteligencia.
Gracias a estas reformas y nombramientos, México ha registrado una reducción del 25% en homicidios dolosos hasta junio, junto con aseguramientos históricos de drogas y destrucción de laboratorios clandestinos, reflejando un avance significativo en seguridad pública, de acuerdo con un análisis de Milenio.
Las reformas constitucionales y leyes recientes fortalecen a la SSPC con mayores facultades legales y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia, integrando 13 dependencias en un Consejo Nacional presidido por la titular del Ejecutivo.
Además, se ha adscrito la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y se trabaja en la creación de una policía civil especializada, consolidando un esquema de seguridad coordinado, eficiente y preparado para enfrentar el crimen organizado en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para su última sesión bajo la presidencia de Norma Piña, donde el próximo 12 de agosto se debatirá un tema clave: la posible eliminación o limitación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, los proyectos 20 y 21, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, proponen declarar inconstitucional la ampliación de delitos con prisión automática aprobada en 2021. El argumento central es que contraviene los derechos humanos y normaliza una medida extrema, afectando la presunción de inocencia.
Además, uno de los proyectos responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que considera esta figura contraria a estándares internacionales. La propuesta implica que el Poder Judicial de la Federación debe acatar dicho fallo.
Actualmente, el artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, robo violento y corrupción, entre otros. Tras la reforma de 2021, se ampliaron a 45 delitos, decisión hoy en tela de juicio por su impacto en la justicia penal.
La discusión se dará en un contexto de cierre institucional: el 31 de agosto concluye el periodo de la actual Corte. La nueva integración será presidida por Hugo Aguilar, e incluirá a figuras como María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, junto con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecen.
Jacinto “N”, alias “El Monster”, fue detenido el 26 de julio en Ciudad Juárez, acusado de participar en la masacre de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrida en noviembre de 2019 en Chihuahua. Lo grave: al momento de su detención era policía activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El hoy acusado ha sido señalado por testigos como uno de los sicarios que ejecutaron y quemaron a tres mujeres y seis niños, entre ellos dos bebés. Pese a su historial, logró ingresar tres veces a corporaciones policiacas y pasar exámenes de confianza, incluyendo su reciente recontratación el 17 de junio de 2024.
De acuerdo con una investigación de El País, entre 2018 y 2019 fue policía en Ascensión, cerca del sitio del crimen. Después desapareció del servicio público por tres años, volvió como agente en Juárez en 2022, luego trabajó brevemente en una maquiladora, y en 2024 fue reincorporado. En su declaración patrimonial pasó de ganar 200 mil a más de 700 mil pesos al año, sin justificación clara.
Está vinculado a proceso por homicidio, feminicidio, crimen organizado y es investigado por terrorismo. Las autoridades aseguran que no tenía un rol operativo y solo cuidaba un edificio. Sin embargo, la familia LeBarón exige renuncias y acusa complicidad institucional: “Son sicarios con placa”, advirtió Adrián LeBarón.
El caso recuerda al de Fidel Alejandro Villegas, exjefe policiaco de Janos, sentenciado en 2019 por vínculos con el crimen organizado. La infiltración criminal en corporaciones policiacas vuelve a quedar al descubierto, mientras crece la exigencia de depurar las instituciones de seguridad.
