El escándalo en el proceso de admisión 2026 de la UNAM y el examen de ingreso (en línea) a licenciatura —que arrojó resultados inusuales— demuestra la superioridad de la iniciativa privada, en cuanto a democratización de la educación se refiere, sobre el sistema de educación pública. La decisión del rector Leonardo Lomelí Vanegas y el equipo responsable de adjudicar a la empresa Territorium Life para proporcionar la plataforma y los servicios tecnológicos para aplicar el examen de admisión en línea, incluyendo vigilancia remota, validación de identidad y protección del banco de reactivos, se tradujo en una alza clara y extendida en los cortes, el puntaje del último aspirante que obtuvo lugar en una carrera, en un rango mínimo del 10%. No es poca cosa, pero no es suficiente.
No basta con reconocer el trabajo de Territorium Life, empresa de tecnología educativa fundada por ex alumnos del Tecnológico de Monterrey y la administración del Rector Lomelí, para mejorar los resultados del examen de admisión.
No basta con celebrar la formación ético/académica de los estudiantes que no tuvieron tapujos al momento de utilizar herramientas de IA para presentar un mejor examen. No basta con aplaudir la nobleza de quienes ofrecían responder el examen a cambio de una módica retribución. No basta con reconocer a las empresas que compraron el banco de reactivos para vender cursos de preparación para el examen. Urge que vayamos más allá. Urge oficializar la impresión de títulos en Santo Domingo, la posibilidad de que desde un principio alguien pague una cuota extra por acreditar el examen, el otorgamiento de títulos honoris causa por aportación voluntaria.
Entrados en gastos
2026 es un año que debería grabarse con letras doradas en la historia nacional, pasamos de 4 puntajes perfectos en 2025 a 14; y la cantidad de aspirantes con 110 aciertos o más (puntaje de excelencia) se multiplicó 5.6 veces, de 1,455 a 8,162. Un año que nos permita imaginar cosas chingonas, no nos detengamos en nimiedades como una combinación de uso de inteligencia artificial, circulación de los reactivos previo al examen, vigilancia insuficiente (una persona por cada 150 aspirantes) y opacidad institucional. Dejemos de privilegiar a los estudiantes mejor preparados y premiemos el esfuerzo de quienes —libres de escrúpulos— rompen los límites estructurales para acreditar el examen “haiga sido como haiga sido” y democratizar el acceso a la educación pública para limitarlo a quienes tengan más privilegios que otros. Parafraseando a Juan Miguel Zunzunegui, ese gran pensador mexicano del pragmatismo resolutivo, dejemos de castigar el esfuerzo colectivo, la trampa socializada, la venta de respuestas en la plaza pública, empecemos a recompensar la corrupción disfrazada de meritocracia.
Carlos Bortoni es escritor.
Su último libro es Polvo, publicado por Casa Editorial Abismos.
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