Mientras el gobierno de Donald Trump presiona a condados para retener a migrantes en cárceles locales, una red de apoyo comunitario en Binghamton, Nueva York, se organiza para resistir la política migratoria federal. Vecinos, iglesias y activistas han creado un “nuevo ferrocarril subterráneo” que brinda alimentos, transporte y protección a personas sin documentos, incluso organizando bodas clandestinas y cuidando a sus hijos.
De acuerdo con La Jornada, pese a que el alguacil del condado Broome firmó un acuerdo con ICE, la comunidad responde con protestas, talleres de “conoce tus derechos” y campañas contra la colaboración con autoridades migratorias. Grupos como Ciudadanos Preocupados de Binghamton y la Red de Justicia en las Cárceles impulsan leyes para prohibir que las cárceles locales sirvan de centros de detención migratoria.
Activistas locales han logrado reducir la presencia de inmigrantes detenidos en la zona, al pasar de cerca de 100 a menos de 10 personas en prisión. “ICE llega al condado Broome y el pueblo dice ‘no’”, sostienen los organizadores. En un estado donde solo 4 de los 62 condados colaboran con ICE, la resistencia crece con apoyo de iglesias, mezquitas, sindicatos y prisioneros, formando un movimiento social que desafía la criminalización de la migración y exige respeto a los derechos humanos.
La política migratoria de Estados Unidos atraviesa uno de sus periodos más severos en décadas bajo el segundo mandato de Donald Trump, con un aumento récord en detenciones y graves violaciones a los derechos humanos.
Según un informe de Human Rights Watch, citado en una investigación de La Crónica, más de 56 mil personas están detenidas diariamente en centros migratorios, la cifra más alta registrada. En el primer semestre de 2025, la detención de migrantes creció 40% respecto al año anterior, y casi 72% no tenía antecedentes penales.
El documento denuncia condiciones inhumanas en tres centros de Florida —Krome North, Centro de Transición Broward y Centro de Detención Federal—, donde se violan normas internacionales. Detenidos reportan estar encadenados horas sin agua, dormir en pisos de concreto bajo luz constante y carecer de atención médica básica. Mujeres permanecen en celdas insalubres y personas con enfermedades crónicas son trasladadas sin tratamiento.
Estados Unidos: Abusos contra migrantes en centros de detención en Florida https://t.co/ZStAUQfLXm
También se documentan tratos crueles, como el confinamiento solitario prolongado para quienes solicitan apoyo psicológico, y la represión emocional y física ejercida por el personal.
El informe critica la Ley Laken Riley, que obliga la detención de migrantes acusados de delitos menores, y el aumento de convenios 287(g) en Florida, que permiten a policías locales actuar como agentes migratorios, con más de 223 acuerdos en ese estado.
Asimismo, se denuncia el debilitamiento del derecho al asilo, deportaciones aceleradas y operativos en escuelas, iglesias y hospitales que generan miedo y restringen el acceso a servicios básicos.
Human Rights Watch advierte que estas políticas representan un retroceso que afecta no solo a migrantes sino la reputación de Estados Unidos en materia de derechos humanos, e insiste en poner fin a las detenciones arbitrarias, garantizar atención médica y supervisión independiente.
Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Silvano Aureoles, solicitó un amparo alegando tratos crueles y degradantes en su contra mientras enfrenta un proceso penal por corrupción.
El recurso fue presentado el 7 de julio y el Juzgado Tercero de Distrito en materia penal de la CDMX le concedió una suspensión de plano para evitar más violaciones a sus derechos humanos. Maldonado también reclamó no haber tenido acceso a la audiencia donde se revisó su solicitud para llevar el proceso en libertad.
Está acusado de participar en una red que desvió más de 3 mil millones de pesos durante la construcción de cuarteles policiales en Michoacán. La Fiscalía General de la República lo señala por peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
El caso fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito para continuar con el análisis del amparo.
El Congreso de Perú aprobó el 9 de julio una ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. Esta ley se refiere a delitos cometidos entre 1980 y 2000 durante el conflicto armado interno.
La Comisión Permanente votó 16 a favor y 11 en contra, ratificando la decisión tomada en junio. La nueva norma permite la amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa. Esta medida ha generado gran controversia debido al número de abusos denunciados.
El parlamentario Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas, impulsó esta ley. Durante la discusión, el congresista Fernando Rospigliosi argumentó que la amnistía no se aplicará a quienes tengan sentencias firmes. También se propone una amnistía humanitaria para adultos mayores de 70 años.
Organismos de derechos humanos han rechazado esta ley. Amnistía Internacional pidió al Congreso que priorice a las víctimas y no ofrezca impunidad a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también instó a Perú a abstenerse de aprobar estas amnistías.
La aprobación de esta ley revive el debate sobre la memoria histórica y la justicia en Perú. Con más de 4 mil fosas clandestinas, la violencia política dejó alrededor de 70 mil víctimas entre 1980 y 2000. La situación sigue siendo un tema sensible en la sociedad peruana.
El gobierno de México ha solicitado de nuevo a Ecuador un salvoconducto para Jorge Glas, ex vicepresidente de la nación andina. Esta solicitud responde al delicado estado de salud de Glas, quien cuenta con asilo diplomático en México.
La petición fue realizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en medio de una crisis diplomática entre ambas naciones. Este lunes, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó a Glas a 13 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La SRE emitió un comunicado en el que explicó que, mediante la Confederación Suiza, México busca que el régimen de Daniel Noboa otorgue el salvoconducto. La cancillería recordó que Glas es considerado un asilado diplomático mexicano, según la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Además, México ha solicitado que Ecuador tome medidas humanitarias para garantizar la seguridad de Glas y que se respeten las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El asilo diplomático fue otorgado a Glas el 4 de abril de 2024, basado en la tradición humanista de México. Un día después, el gobierno de Noboa envió a la policía a la embajada mexicana en Quito, intentando detener a Glas y violando normas internacionales. Este hecho provocó una ruptura en las relaciones entre ambos países.
La SRE reafirmó el compromiso de México de proteger los derechos de quienes han sido asilados, conforme a su Constitución y el derecho internacional.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por algunos puntos de la nueva Ley de la Guardia Nacional, especialmente por el alcance en tareas de inteligencia y la falta de controles adecuados.
El organismo reiteró que la seguridad pública debe estar bajo mando civil, con mecanismos democráticos y respeto pleno a los derechos humanos, y llamó a que cualquier reforma se analice con base en estos principios.
Amnistía Internacional también pidió al Congreso revisar las modificaciones, particularmente las que permiten a integrantes de la GN solicitar licencia para asumir cargos públicos o tener contacto con evidencia antes que el Ministerio Público, lo que podría generar riesgos de opacidad.
Ambas organizaciones reconocieron la importancia de fortalecer las instituciones de seguridad, pero insistieron en que debe hacerse bajo parámetros que garanticen transparencia y legalidad.
Una corte de Nueva York ha ordenado al Gobierno de Donald Trump que facilite el retorno de Jordin Melgar-Salmerón, un inmigrante salvadoreño deportado indebidamente . Melgar-Salmerón, de 31 años , fue expulsado a El Salvador en mayo, justo después de que un tribunal determinara que debía permanecer en Estados Unidos.
Decisión judicial
En una decisión reciente, los jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito exigieron que el Gobierno regrese a Melgar-Salmerón “tan pronto como sea posible” . El tribunal destacó que la orden de suspensión de la deportación llegó solo 30 minutos antes de que Melgar Salmerón fuera abordado en un vuelo hacia su país natal.
Casos similares
Este caso es el cuarto en el que la corte toma una decisión similar. Anteriormente, otros inmigrantes también fueron deportados incorrectamente, a pesar de tener protección legal . Uno de los casos más notorios es el de Kilmar Abrego García , quien fue deportado a El Salvador y enfrentó condiciones carcelarias inhumanas.
Críticas a la Administración
La Administración Trump ha enfrentado críticas por su enfoque agresivo hacia la inmigración, lo que ha resultado en la detención de miles de inmigrantes . Recientemente, la Casa Blanca anunció la incorporación de nuevas cárceles para albergar a detenidos, a pesar de las denuncias sobre hacinamiento y condiciones deplorables en las instalaciones existentes.
Preocupaciones por derechos humanos
La situación en los centros de detención ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos . La cárcel de Brooklyn , por ejemplo, ha sido criticada por su falta de atención médica y la violencia que enfrentan los detenidos . La escasez de personal agrava aún más las condiciones de seguridad en estas instalaciones.
Necesidad de Reformas
Con la orden del tribunal, el caso de Melgar Salmerón pone de relieve los errores administrativos en el sistema de inmigración y la necesidad de reformas urgentes. La presión sobre el Gobierno para abordar estas irregularidades continúa creciendo, mientras más inmigrantes luchan por regresar a un lugar donde buscan seguridad y oportunidades.
El gobierno de Estados Unidos se encuentra en proceso de establecer dos nuevas zonas militares en su frontera con México, según informes de The New York Times. Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia más amplia relacionada con las políticas migratorias del país.
El despliegue de más de 600 militares en la frontera busca frenar el cruce de migrantes hacia territorio estadounidense. Aunque el gobierno justifica esta medida como una forma de fortalecer la seguridad nacional, muchos cuestionan si la militarización es la solución adecuada para abordar la migración.
Las nuevas bases militares se ubicarán en puntos estratégicos a lo largo de la frontera. Desde abril de 2025, se ha observado un aumento en la presencia militar en la zona, lo que genera preocupación entre defensores de los derechos humanos.
Además, Estados Unidos ha establecido una franja de tierra de 60 pies de ancho a lo largo de 200 millas de la frontera entre Nuevo México y México. Este desarrollo pone de relieve una tendencia preocupante hacia la militarización en lugar de buscar soluciones más humanitarias y efectivas para la migración.
La creación de estas zonas militares podría, en lugar de resolver problemas, intensificar la tensión en la frontera. La comunidad internacional observa con atención cómo Estados Unidos maneja esta situación compleja.
La Comisión de Justicia votará mañana un nuevo proyecto de ley para la Guardia Nacional (GN). Esta ley propone otorgar al cuerpo de seguridad atribuciones para realizar operaciones encubiertas e intervenir en telecomunicaciones. Además, permitirá la recolección de información en lugares públicos para prevenir delitos, incluso administrativos.
El dictamen justifica que la reforma constitucional de septiembre pasado incluyó a la GN como parte de la fuerza armada permanente. Por lo tanto, corresponderá a la Secretaría de la Defensa Nacional su control y operación.
La propuesta del Ejecutivo permite a la GN obtener información en las calles, siempre respetando el derecho a la vida privada y los derechos humanos. Sin embargo, los datos obtenidos violando derechos humanos no tendrán valor probatorio.
El Congreso aprobó en septiembre una reforma constitucional que devuelve el control de la Guardia Nacional al ejército, eliminando el mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, se busca regular esta reforma con una nueva ley que aborde los principios, organización y atribuciones de la GN.
El proyecto define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional y permanente, compuesta por personal militar con formación policial. También establece que la GN dependerá de la Secretaría de la Defensa para su organización, equipamiento y capacitación, y delimita su intervención en los estados a convenios temporales con los gobiernos locales.
Este sábado 14 de junio, es un día que bien podría cargar un simbolismo importante, pero no por el cumpleaños de Donald Trump, por ejemplo, que hoy está cumpliendo considerables 79 años, ni tampoco, por otro lado, por el aniversario número 250 del Ejército estadounidense, sino por las protestasen contra del festejado, de sus políticas y de su régimen, a través de la sentencia: “No Kings”.
Se está llevando a cabo un desfile y todo un festival en honor al ejército gringo en Washington D.C., donde habrá música, exhibiciones de la misma armada estadounidense y hasta show de la NFL, mientras los ciudadanos del país de las armas se preguntan por qué se utilizan los fondos públicos para la “party” del niño más caprichoso de la historia.
Mientras esto sucede, las protestas “No Kings” se extienden por ciudades clave de los Estados Unidos; aumentando la presión contra políticas migratorias y postura sobre Gaza.
En las movilizaciones organizadas por colectivos ciudadanos, muchos de los cuales ya habían protagonizado protestas masivas el pasado 5 de abril, se hacen notar las consignas que se centran en el rechazo a las redadas migratorias, la militarización del país y el apoyo del gobierno de Trump a Israel en el conflicto en Gaza.
Los Ángeles es una de las zonas más afectadas por la creciente tensión. La alcaldesa Karen Bass decretó toque de queda por cuarta noche consecutiva, tras los disturbios que siguieron a operativos del ICE. En San Diego, las protestas también se dirigen contra las políticas migratorias y denuncian el bloqueo de ayuda humanitaria en Medio Oriente.
En Atlanta, Carolina del Norte y Filadelfia, las manifestaciones han mantenido un carácter pacífico, mientras que en Florida, una de las marchas más simbólicas llegó hasta las puertas de Mar-a-Lago, residencia de Trump, como un mensaje directo al presidente en el día de su cumpleaños.
El despliegue de seguridad también ha sido reforzado en Washington D. C., donde, paralelamente a los actos oficiales, manifestantes han cuestionado la exaltación del poder militar en el contexto político actual.
De este lado también se realizan movilizaciones, la de mayor convocatoria de entre ellas, se dio en la Ciudad de México, que partió de la Plaza de Luis Cabrera hacia la embajada de Estados Unidos, mientras expresaban la consigna “America has no Kings” (América no tiene reyes).
De vuelta al punto constante detrás de todo este contexto, la realidad es que el niño del cumpleaños debería tener un alto, porque de verdad que habla mucho el que se estén violando derechos sin consecuencias, que tengas a un país sumido en los efectos de tus malas decisiones, apoyadas por ciegos cabizbajos y temerosos chupamedias. El simbolismo está ahí, donde los ciudadanos que “gobiernas” no te celebran por un año más de cuestionable vida, sino que esperan (como muchos), que cargues en tus inmorales manos, la responsabilidad de tus actos inhumanos.
