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Etiqueta: Derechos Humanos

  • México exige cuentas a EUA por muerte de migrante bajo custodia del ICE; suman 18 decesos

    México exige cuentas a EUA por muerte de migrante bajo custodia del ICE; suman 18 decesos

    La Cancillería mexicana prepara una denuncia ante el fiscal del condado de Webb y pide acceso consular a los centros de detención migratoria para vigilar las condiciones de salud y seguridad de los connacionales.

    El Gobierno de México exigió a Estados Unidos una investigación pronta, exhaustiva y transparente por la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas, bajo custodia de las autoridades migratorias. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

    La Cancillería informó que recibió la notificación de la muerte por parte de la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través del Consulado General de México en Laredo. Tras conocer el caso, la representación consular activó los protocolos de protección, contactó a los familiares y brindó la asistencia necesaria.

    Con este fallecimiento, suman 18 mexicanos muertos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, en circunstancias relacionadas con la custodia migratoria o los operativos de las autoridades estadounidenses. La SRE expresó su preocupación por la recurrencia de estos casos y advirtió que se requiere una respuesta efectiva para proteger la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.

    Como parte de las acciones emprendidas, México ha enviado notas diplomáticas al Departamento de Estado, presentado denuncias ante autoridades competentes y gestionado el acceso de las familias a representación legal. También reforzó la protección consular y el seguimiento de las condiciones de detención de los connacionales.

    La dependencia anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb para exigir el esclarecimiento del caso. Además, mediante la Embajada de México en Estados Unidos, solicitará que se garantice el acceso de los cónsules mexicanos a los centros de detención migratoria, a fin de supervisar la atención médica y defender los derechos de las personas detenidas. El Gobierno mexicano expresó sus condolencias a la familia y reiteró su compromiso con la protección de sus ciudadanos en el exterior.

  • Asesinan en Guatemala a Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado que denunció corrupción

    Asesinan en Guatemala a Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado que denunció corrupción

    El jurista había denunciado presuntas ejecuciones de campesinos y señalado redes de corrupción política; fue detenido en dos ocasiones durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

    El abogado guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, fue asesinado a tiros mientras jugaba futbol en las canchas del Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. En el ataque también murió Gustavo Aguilar, en un hecho que provocó reacciones de condena del gobierno de Bernardo Arévalo y de representantes internacionales.

    De acuerdo con información preliminar del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el ataque habría sido perpetrado por cuatro personas. En el lugar se localizaron más de 30 casquillos percutidos y dos presuntos tiradores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Testigos señalaron que otros involucrados huyeron en motocicletas.

    Un día antes de su asesinato, Solórzano Foppa denunció en redes sociales la muerte de ocho campesinos en Huité, Zacapa, ocurrida el 27 de septiembre. El abogado calificó el hecho como un supuesto operativo de mercenarios de la CIA y afirmó que habrían participado dos helicópteros procedentes de Honduras y 107 elementos del Ejército. Estas declaraciones forman parte de sus señalamientos públicos y no constituyen, por sí mismas, una confirmación independiente de lo ocurrido.

    Conocido como Foppa, el jurista destacó por su participación en investigaciones de alto perfil contra la corrupción. Colaboró con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria entre 2016 y 2018 y participó en el caso La Línea, que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También defendió al periodista José Rubén Zamora.

    Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, bajo la gestión de la exfiscal Consuelo Porras, fue encarcelado en dos ocasiones, en 2021 y 2023, por acusaciones que él y sus allegados consideraron parte de una persecución judicial. Pese a ello, continuó denunciando presuntas redes de corrupción y abusos de poder.

    Nieto de la poeta Alaíde Foppa, desaparecida en 1981 durante la dictadura guatemalteca, el abogado mantuvo una trayectoria vinculada a la defensa de la justicia y los derechos humanos. Su asesinato reaviva las preocupaciones por la violencia contra quienes investigan y denuncian estructuras de poder en Guatemala.

  • Vinculan a proceso a cuatro detenidos en protesta por agua en Jalisco

    Vinculan a proceso a cuatro detenidos en protesta por agua en Jalisco

    Aunque seguirán su proceso en libertad, los manifestantes deberán acudir durante seis meses a firmar ante las autoridades en Puente Grande; sus defensores consideran que el caso envía un mensaje contra la protesta social.

    Cuatro hombres detenidos durante la protesta contra el agua contaminada en Guadalajara fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, tras la manifestación del domingo pasado frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. El juez de control Francisco Javier Castellanos de la Cruz determinó que enfrenten las acusaciones en libertad, con la obligación de firmar periódicamente durante seis meses en Puente Grande.

    La abogada Alejandra Cartagena, integrante del equipo de defensa de Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava, calificó la resolución como frustrante y advirtió que podría interpretarse como un mensaje para quienes participan en movilizaciones sociales.

    Entre los procesados está Samuel Morales, de 24 años, repartidor de Rappi, cuya madre aseguró que esperaba un pedido cuando fue agredido y detenido por policías estatales. Según su testimonio, los agentes también le quitaron su motocicleta, casco, mochila y teléfono celular. Alexis Daniel es cineasta y acudió a documentar la protesta; Teodoro Jesús es empleado y padre de familia, mientras que Juan Darío estudia en la universidad y trabaja.

    Con esta resolución, seis de las 39 personas detenidas durante la movilización han sido vinculadas a proceso. Los otros dos casos corresponden a Israel Rosas Flores e Iván Salazar Reynoso. Las 33 personas restantes continúan bajo reserva de la ley, mientras la Fiscalía de Jalisco integra las investigaciones, por lo que aún podrían ser requeridas. Esto contrasta con las declaraciones de Lemus, quien afirmó que todos los arrestados estaban en libertad.

    El juez Castellanos también fue señalado por organizaciones civiles tras vincular a proceso, en noviembre de 2025, a ocho participantes de la llamada marcha de la Generación Z. Aunque inicialmente enfrentaron prisión preventiva por presuntos daños a monumentos históricos, un juez federal los liberó en diciembre de ese año, luego del debilitamiento de las pruebas presentadas en su contra.

  • Exigen salida del secretario de Seguridad de Jalisco tras represión por el agua

    Exigen salida del secretario de Seguridad de Jalisco tras represión por el agua

    Más de 280 académicos condenaron el uso de gases, chorros de agua y detenciones durante la protesta del 11 de octubre; el gobierno estatal identificó a 17 policías señalados por posibles abusos.

    Las bancadas de Morena, Hagamos, Futuro y PT exigieron la renuncia del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, por la represión contra manifestantes que reclamaban agua limpia frente a Casa Jalisco. La protesta ocurrió el domingo 11 de octubre y derivó en denuncias de violencia policial, tortura y detenciones arbitrarias.

    Ante los señalamientos, Hernández González informó que la dependencia identificó a 17 policías presuntamente implicados en el uso desproporcionado de la fuerza y anunció que serán llamados a declarar. Según el funcionario, las autoridades revisan un expediente con al menos 200 videos de distintos ángulos; sin embargo, no reconoció que la agresión hubiera sido ordenada por mandos superiores.

    La oposición pidió investigar a todos los responsables, separar del cargo a los funcionarios involucrados y garantizar la reparación del daño a las víctimas. También solicitó que el Poder Judicial local deseche las imputaciones contra los detenidos durante la movilización, algunos de los cuales ya fueron vinculados a proceso. Colectivos ciudadanos exigieron que las investigaciones alcancen tanto a los policías como a quienes presuntamente ordenaron el operativo.

    La actuación de Bomberos de Zapopan y de Protección Civil Jalisco, señalados por accionar chorros de agua a presión contra los manifestantes, también quedó bajo cuestionamiento. El regidor morenista de Zapopan, Mauro Lomelí, pidió esclarecer quién ordenó utilizar a los bomberos para reprimir a la ciudadanía, mientras crecen las críticas por el uso de instituciones públicas contra quienes exigen acceso al agua potable.

    El rechazo a la actuación policial también llegó desde la academia. 282 docentes e investigadores de instituciones como la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el CIESAS y la UNAM condenaron la respuesta del Estado, al denunciar el uso de gases lacrimógenos, golpes, encapsulamientos y detenciones arbitrarias. El pronunciamiento destacó que entre los manifestantes había personas adultas mayores y menores de edad.

    En paralelo, los colectivos anunciaron una nueva megamarcha por el agua en Jalisco para el domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas, con salida del Parque Revolución y destino al Palacio de Gobierno. Además de exigir agua limpia, los participantes rechazan la privatización del servicio y demandan responsabilidades por la represión.

  • Liberan a expolicía implicado en tortura a Lydia Cacho tras pasar casi ocho años preso

    Liberan a expolicía implicado en tortura a Lydia Cacho tras pasar casi ocho años preso

    Alejandro Rocha Laureano recibió una condena de cinco años y seis meses, pero permaneció recluido desde 2018. Mientras tanto, el exgobernador Mario Marín continúa preso por el caso que exhibió la persecución contra la periodista.

    El excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, Alejandro Rocha Laureano, quedó en libertad tras ser sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por su participación en la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurridas en 2005. La autoridad judicial ordenó su excarcelación al determinar que ya había cumplido la pena impuesta, luego de permanecer recluido casi ocho años.

    Rocha Laureano fue detenido en diciembre de 2018 en Puebla por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando todavía trabajaba como agente de la Fiscalía estatal. Las investigaciones lo señalaron por presuntamente coordinar parte del operativo y ordenar el relevo de los policías que trasladaban a la comunicadora desde Cancún hasta Puebla.

    De acuerdo con información difundida por el periodista Edmundo Velázquez, la defensa del exmando policial anunció que no emprenderá acciones legales contra Cacho, pese a que su representado permaneció en prisión preventiva durante un periodo superior al de la condena. Su liberación vuelve a poner bajo la lupa la respuesta judicial ante uno de los casos más emblemáticos de persecución contra la prensa en México.

    El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando Cacho fue detenida en Quintana Roo tras publicar Los demonios del Edén, libro en el que documentó una presunta red de explotación sexual infantil vinculada con el empresario Jean Succar Kuri y mencionó relaciones de protección entre figuras empresariales y políticas. Durante el traslado de más de 20 horas a Puebla, la periodista denunció amenazas, incomunicación y tortura física y psicológica.

    El escándalo creció tras difundirse conversaciones entre el empresario Kamel Nacif y el entonces gobernador poblano Mario Marín Torres, conocido como el góber precioso, en las que se aludía al encarcelamiento de la periodista. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que México había violado los derechos de Cacho y exigió medidas de reparación y sanción.

    A diferencia de Rocha Laureano, Mario Marín permanece recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa su proceso judicial. La liberación del expolicía reaviva los cuestionamientos sobre la justicia para Lydia Cacho, quien recibió una disculpa pública del Estado mexicano y ha tenido que salir del país por motivos de seguridad.

  • Sheinbaum exige investigar tortura policial contra jóvenes detenidos en Jalisco

    Sheinbaum exige investigar tortura policial contra jóvenes detenidos en Jalisco

    La presidenta pidió esclarecer quién ordenó las agresiones durante una protesta por agua contaminada y llamó a sancionar a los responsables; también solicitó investigar abusos policiales en Guanajuato.

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las presuntas torturas cometidas por policías de Jalisco contra jóvenes detenidos durante una protesta por el suministro de agua contaminada en la zona metropolitana de Guadalajara.

    Durante su conferencia matutina, la mandataria condenó el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y presuntos actos de tortura contra los manifestantes, y sostuvo que ninguna fuerza de seguridad puede recurrir a estas prácticas, especialmente durante una detención. También exigió que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dé una explicación sobre lo ocurrido.

    Sheinbaum señaló que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los hechos y pidió esclarecer quién dio las órdenes, por qué se cometieron las agresiones y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados. Asimismo, planteó que la CNDH entreviste directamente a las víctimas para reconstruir lo sucedido.

    La presidenta advirtió que la tortura y la represión no pueden tener cabida en México y sostuvo que los abusos contra jóvenes deben investigarse y sancionarse, sin permitir la impunidad. Además, subrayó que los gobiernos estatales tienen responsabilidad sobre la actuación de sus corporaciones policiales.

    La mandataria también pidió investigar presuntos abusos cometidos por policías en Guanajuato, entre ellos agresiones contra un periodista, seis universitarios y una mujer, así como el asesinato de un joven obrero. Consideró que tanto la CNDH como la Fiscalía General de la República (FGR) podrían intervenir en estos casos.

    “Nosotros, que venimos luchando contra la represión, no podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, sostuvo Sheinbaum, al insistir en que las autoridades deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que estos actos no queden impunes.

  • Ciro Gómez Leyva se molesta porque liberaron a todos los manifestantes en Jalisco

    Ciro Gómez Leyva se molesta porque liberaron a todos los manifestantes en Jalisco

    El periodista puso en duda que no hubiera investigaciones contra quienes presuntamente agredieron a policías, pero su comentario abrió el debate sobre el trato a los manifestantes y la responsabilidad de los cuerpos de seguridad.

    Ciro Gómez Leyva cuestionó la liberación de las personas detenidas durante las protestas en Jalisco, luego de que se informara que todas habían recuperado su libertad. Su intervención puso el foco en las posibles agresiones contra policías, pero dejó en segundo plano el debate sobre la actuación de las autoridades durante las movilizaciones.

    En su comentario, Gómez Leyva preguntó si no hubo ninguna agresión que ameritara una investigación ministerial contra los manifestantes. Aunque reconoció que es positivo que en México no se reprima y que estos hechos no pasen por alto, insistió en que también se han registrado ataques contra elementos policiales.

    La postura del comunicador contrasta con la preocupación por el uso de la fuerza pública y las denuncias de presuntas agresiones durante las protestas. Exigir que se investiguen posibles ataques contra policías es válido; lo cuestionable es convertir la liberación de los detenidos en motivo de reproche sin poner el mismo énfasis en el respeto a los derechos de quienes se manifestaron.

    Durante la conversación, su interlocutor respondió con ironía ante la referencia a los policías heridos: “esos que se jodan”, para después señalar que los agentes están para soportar agresiones, objetos e incluso fuego durante algunas movilizaciones. La frase exhibió la tensión entre reconocer los riesgos que enfrentan los uniformados y evitar que esa circunstancia justifique abusos contra la ciudadanía.

    El debate no debería reducirse a defender a los policías o desacreditar a los manifestantes. Toda agresión debe investigarse, sin importar quién la cometa, y cualquier detención debe ajustarse a la ley. La liberación de las personas detenidas tampoco demuestra, por sí sola, que no haya ocurrido algún delito; corresponde a las autoridades reunir pruebas y determinar responsabilidades.

    Así, el comentario de Gómez Leyva reavivó la discusión sobre la cobertura mediática de las protestas en Jalisco y la necesidad de exigir rendición de cuentas a todos los involucrados. La defensa de los derechos ciudadanos y la seguridad de los policías no son objetivos incompatibles: ambos requieren investigaciones imparciales, evidencia y respeto al debido proceso.

  • Juez cierra proceso contra Francisco Garduño por incendio migratorio que dejó 40 muertos

    Juez cierra proceso contra Francisco Garduño por incendio migratorio que dejó 40 muertos

    El excomisionado del INM quedó exonerado del delito de ejercicio ilícito del servicio público tras cumplir las condiciones judiciales, pese a las inconformidades de sobrevivientes y familiares de las víctimas.

    Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), quedó exonerado de la causa penal por ejercicio ilícito del servicio público, relacionada con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron con lesiones permanentes.

    Después de una audiencia de más de siete horas, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón determinó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023, al considerar que Garduño cumplió las condiciones impuestas para obtener la suspensión condicional del proceso. Entre ellas se encontraban el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y capacitaciones en derechos humanos y protección civil.

    El beneficio judicial fue concedido el 24 de enero de 2025, con un plazo de 18 meses para cumplir los requisitos. Sin embargo, la resolución generó inconformidad entre sobrevivientes y familiares, algunos de los cuales denunciaron que todavía no reciben atención médica y expresaron su insatisfacción con la disculpa del exfuncionario. A su llegada al tribunal, alrededor de 20 manifestantes lo recibieron con gritos de “asesino” y “justicia”.

    Al salir de la audiencia, Garduño afirmó que siempre ha sido respetuoso de los derechos humanos y sostuvo que el juez determinó que cumplió las condiciones establecidas. La resolución cierra esta causa penal específica, aunque no elimina las denuncias sobre las condiciones de detención de personas migrantes.

    La asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que representa a diez sobrevivientes y a diez núcleos familiares de víctimas fallecidas, advirtió que el INM mantiene prácticas que vulneran derechos, como detenciones que exceden el límite legal de 36 horas y el alojamiento forzado. También alertó sobre nuevos incendios en estaciones migratorias de Janos, Chihuahua, y Tapachula, Chiapas, durante 2026.

    El siniestro de Ciudad Juárez dejó, además de las 40 personas fallecidas, 27 migrantes con lesiones permanentes. DHIA cuestionó que las acciones de imagen institucional no sustituyen cambios de fondo y exigió que las estaciones migratorias dejen de operar en condiciones que propicien nuevas tragedias e impunidad.

  • Trasladan a Puente Grande a siete detenidos por protesta para exigir agua limpia

    Trasladan a Puente Grande a siete detenidos por protesta para exigir agua limpia

    Familiares y colectivos de derechos humanos acudieron al penal para conocer la situación jurídica de los manifestantes, mientras continúan las denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza policial.

    La Fiscalía de Jalisco trasladó al complejo penitenciario de Puente Grande a siete de los 39 detenidos durante la protesta del domingo en Guadalajara, donde cientos de personas exigieron agua limpia ante las denuncias por la mala calidad del suministro en sus hogares.

    Entre los detenidos se encuentra Samuel Morales Navarro, de 24 años, repartidor de Rappi, quien trabaja para cubrir el tratamiento oncológico de su madre. Su detención ha generado cuestionamientos, luego de que videos difundidos en redes sociales documentaran la presunta detención arbitraria del joven durante la movilización.

    De acuerdo con la Fiscalía estatal, a seis de los siete hombres se les busca imputar el delito de lesiones dolosas agravadas, por presuntamente agredir a personas que desempeñan funciones de seguridad pública. Al séptimo se le pretende atribuir el delito de desobediencia o resistencia de particulares.

    Aunque 32 de los 39 detenidos fueron liberados durante el lunes, la dependencia informó que todos continúan bajo investigación por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. La situación jurídica de los siete hombres que permanecen privados de la libertad deberá determinarse conforme avance el proceso.

    Tras las detenciones, algunas de las personas liberadas presentaban golpes visibles y denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de los policías durante la manifestación. Estos señalamientos se sumaron a las críticas por la actuación de los cuerpos de seguridad frente a quienes reclamaban acceso a agua de calidad.

    Ante el traslado de los siete hombres a Puente Grande, sus familiares y colectivos de defensa de los derechos humanos acudieron al complejo penitenciario para mantenerse al tanto de su situación legal. Mientras tanto, las investigaciones continúan en un caso que comenzó con las exigencias ciudadanas por el agua en Guadalajara y derivó en decenas de detenciones.

  • Agentes del ICE atropellan a mexicano durante operativo migratorio cerca de Houston

    Agentes del ICE atropellan a mexicano durante operativo migratorio cerca de Houston

    Miguel Parra-Hernández permanece hospitalizado y bajo custodia migratoria; autoridades del condado de Harris investigan el incidente y buscan más videos para esclarecer los hechos.

    Un ciudadano mexicano identificado como Miguel Parra-Hernández resultó herido tras ser atropellado por un vehículo presuntamente conducido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo migratorio cerca de Houston, Texas, informó CNN este domingo 11 de octubre.

    De acuerdo con la versión del ICE, Parra-Hernández y otro hombre, identificado como José Mendoza-Cervantes, descendieron de una camioneta y huyeron a pie cuando los agentes intentaron detenerlos. La agencia sostuvo que el mexicano corrió frente a uno de sus vehículos. Sin embargo, imágenes de vigilancia muestran a ambos hombres escapando mientras una unidad negra, aparentemente sin distintivos oficiales, acelera en su dirección. El ángulo de la grabación no permite observar con claridad el momento del impacto.

    La agencia migratoria aseguró que sus agentes solicitaron servicios médicos de emergencia y auxiliaron al mexicano, quien permanece bajo custodia del ICE y hospitalizado en condición estable, con lesiones en la parte inferior del cuerpo. Anthony McConnell, mayor de la Oficina del Sheriff del condado de Harris, indicó que podría tener una pierna fracturada.

    Las autoridades locales, con apoyo de la fiscalía, encabezan las investigaciones y buscan nuevas grabaciones para determinar cómo ocurrió el atropellamiento. Mientras tanto, José Mendoza-Cervantes continúa sin ser localizado, según la información difundida por el medio estadounidense.

    El caso se suma al escrutinio sobre los procedimientos de detención del ICE, luego de que agentes federales hirieran a tiros a un conductor en el Bronx, Nueva York, mientras su hijo de cinco años viajaba en el asiento trasero. Además, en julio se reportaron las muertes de dos inmigrantes por disparos de agentes migratorios en Houston y Biddeford, Maine.

    De acuerdo con directrices internas revisadas por CNN, los agentes del ICE deben contar con capacitación específica para realizar detenciones vehiculares y utilizar unidades equipadas con luces y sirenas. La investigación en Texas deberá esclarecer las circunstancias del incidente y las responsabilidades correspondientes.