Documentos notariales, huellas digitales, poderes irrevocables, una dación en pago y una deuda que terminó convirtiendo a dos campesinos en presuntos deudores millonarios forman parte de una historia que hoy sigue generando preguntas en Querétaro.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
El tránsito no se detiene. A cualquier hora del día, miles de vehículos recorren el Anillo Vial Fray Junípero Serra, una de las arterias que mejor simboliza la transformación económica de Querétaro. A sus costados se levantan desarrollos residenciales, plazas comerciales, complejos habitacionales y terrenos cuyo valor se ha multiplicado de forma extraordinaria durante las últimas dos décadas. En este corredor se concentra una parte importante del crecimiento inmobiliario del estado y también algunos de los proyectos más rentables construidos en años recientes.
Desde la superficie, todo parece contar una historia de prosperidad. Sin embargo, detrás de las fachadas comerciales, del concreto y de la plusvalía, existe otra historia. Una que comienza en el campo, entre parcelas ejidales y adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar la tierra. Una historia que hoy es reconstruida a partir de testimonios, expedientes judiciales y escrituras notariales que permiten seguir la ruta mediante la cual dos terrenos terminaron fuera del patrimonio de sus propietarios originales para convertirse en parte de uno de los desarrollos más importantes de la zona metropolitana de Querétaro.
La historia gira alrededor de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado, una pareja de ejidatarios del Ejido Bolaños. Según los testimonios recabados por el activista Manuel Zamorano y la documentación a la que tuvo acceso Los Reporteros MX, ambos vivieron durante años de las actividades agrícolas y enfrentaban una condición que los colocaba en una posición particularmente vulnerable frente a abogados, empresarios y operadores inmobiliarios: no sabían leer ni escribir.
Esa circunstancia aparece una y otra vez en los relatos que sobreviven alrededor del caso. Porque mientras para la mayoría de las personas una firma representa una decisión consciente, para quienes no saben leer el contenido de un documento, la huella digital se convierte en un acto de confianza. Confianza en quien explica el documento, confianza en quien lo redacta y confianza en quien promete que aquello que se firma corresponde a lo acordado verbalmente.
De acuerdo con la versión que sostienen familiares de los afectados, alrededor del año 2000 Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer acudieron personalmente al domicilio de la pareja para negociar la adquisición de las parcelas. La escena, reconstruida a partir de los testimonios obtenidos por Manuel Zamorano, describe la llegada de ambos hombres con cien mil pesos en efectivo: cincuenta mil para cada propietario.
Para una familia campesina, aquella cantidad resultaba difícil de imaginar. Según los relatos, la propuesta consistía en adquirir las dos parcelas por un millón de pesos cada una. El dinero entregado era presentado como un anticipo y el resto sería cubierto posteriormente mediante pagos sucesivos. Los propietarios aceptaron bajo esa promesa. Sin embargo, los familiares sostienen que esos pagos nunca llegaron.
Lo que sí continuó, afirman, fue la firma de documentos. O más exactamente, la colocación de huellas digitales en papeles cuyo contenido los propietarios originales no podían leer por sí mismos. En esa visita, aquellas huellas quedaron estampadas en distintos instrumentos legales que eventualmente tendrían consecuencias definitivas sobre la propiedad de la tierra.
Con el paso del tiempo, el valor de las parcelas aumentó de manera acelerada. La apertura del Anillo Vial Fray Junípero Serra modificó completamente la dinámica económica de la zona. Lo que durante décadas había sido tierra agrícola comenzó a convertirse en uno de los puntos más codiciados para el desarrollo urbano. El dinero llegó a la región. Las constructoras llegaron a la región. Los grandes proyectos llegaron a la región. Pero los propietarios originales jamás vieron reflejada esa prosperidad.
Los documentos revisados permiten observar que para 2013 ya existía una compleja estructura jurídica alrededor de las parcelas. La escritura pública número 20,446, otorgada el 30 de septiembre de ese año ante el notario Francisco Pérez Rojas, constituye una de las piezas centrales del expediente. En ella comparecen Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer como apoderados y representantes legales de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado.
Sin embargo, la misma escritura contiene un elemento que ha llamado la atención de quienes han revisado el caso. Mientras Mauricio Kuri y Humberto Palacios aparecen representando jurídicamente a los propietarios originales, Humberto Palacios figura también como la persona que recibe el inmueble mediante una operación de dación en pago. Es decir, una misma estructura documental coloca a Palacios en una posición donde participa tanto dentro de la representación legal de los propietarios como en la adquisición final del terreno.
La operación no se presenta como una compraventa tradicional. Los documentos establecen expresamente que se trata de un Convenio de Cumplimiento de Transacción y Dación en Pago. En términos jurídicos, una dación en pago ocurre cuando una persona no puede cubrir una deuda y entrega un bien para extinguirla. Dicho de otra manera, el terreno no cambia de manos porque sea vendido directamente, sino porque sirve para saldar obligaciones económicas previamente reconocidas.
Es precisamente ahí donde aparece el elemento más desconcertante de toda la historia.
La escritura incorpora antecedentes relacionados con el Juicio Sumario Hipotecario 1207/2010 del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Dentro de esa documentación aparecen obligaciones económicas atribuidas a los propietarios originales. Una de ellas corresponde a once millones de pesos, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001. A ello se agregan otras cantidades vinculadas al valor comercial del terreno.
Conforme esas cifras fueron actualizadas durante años, los montos crecieron de manera exponencial. Según la información recabada por los denunciantes, la suma total de las obligaciones terminó superando los 214 millones de pesos.
La cifra resulta difícil de ignorar. No sólo por su magnitud, sino porque genera preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta pública. ¿Quién entregó originalmente esos recursos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes de recepción? ¿Cómo una pareja de adultos mayores dedicada al campo adquirió obligaciones económicas capaces de alcanzar cientos de millones de pesos? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Son interrogantes que constituyen el núcleo de la denuncia.
Los documentos muestran además que para 2013 el inmueble ya tenía un enorme valor económico. El propio expediente incorpora un avalúo bancario que asignaba a la parcela un valor superior a los 58 millones de pesos. Para entonces, la transformación urbana de la zona era evidente y el corredor del Fray Junípero Serra se perfilaba como uno de los espacios más rentables para el desarrollo inmobiliario de Querétaro.
La escritura también contiene cláusulas mediante las cuales la parte enajenante se declara pagada y recibida de las cantidades relacionadas con la operación. Asimismo, se extinguen derechos y obligaciones previas, se cancelan reclamaciones y se establecen desistimientos relacionados con acciones futuras sobre el inmueble.
No obstante, para quienes cuestionan la legalidad y legitimidad de todo el proceso, la existencia de esos documentos no resuelve el problema. Por el contrario. Lo profundiza.
La discusión no gira únicamente en torno a la validez formal de las escrituras, sino alrededor de una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante: ¿comprendían realmente Guadalupe Campos y Flavia Herrera lo que estaban autorizando cuando colocaban sus huellas digitales?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que ambos fallecieron sin ver resuelto el conflicto. Ella murió años después de iniciados los procedimientos. Él enfrentó problemas de salud durante el desarrollo de los litigios y falleció en 2014. Hoy ninguno puede explicar qué entendió cuando firmó, qué le prometieron, qué recibió realmente o qué ocurrió durante cada una de las etapas que terminaron con la pérdida de sus tierras.
El 19 de abril de 2016 aparece otra escritura relevante dentro de la cadena de operaciones. Para entonces, Humberto Palacios Alcocer ya figura como propietario de la parcela y posteriormente la transmite a la empresa Cabi Paseos Querétaro, vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona donde actualmente se encuentra Paseo Querétaro.
La tierra había cambiado definitivamente de manos.
Hoy, donde alguna vez hubo parcelas ejidales, circulan miles de automóviles cada día. Donde antes trabajaban campesinos, se levantan desarrollos comerciales y habitacionales que representan millones de pesos en inversión. El paisaje cambió por completo.
Lo que permanece sin resolverse es la pregunta de fondo: si esa transformación fue el resultado de una operación plenamente comprendida y aceptada por quienes eran dueños de la tierra o si, como sostienen quienes denuncian el caso, una combinación de poderes notariales, juicios, deudas, documentos firmados con huellas digitales y figuras jurídicas complejas terminó arrebatando a una familia campesina el patrimonio construido durante toda una vida.
Los Reporteros MX buscó obtener testimonios directos de familiares de los propietarios originales. Sin embargo, las personas consultadas manifestaron temor a hablar públicamente sobre el caso. Esa negativa, respetada por este medio, impidió incorporar sus voces de manera directa en este reportaje. Aun así, los documentos existentes, los expedientes revisados y los testimonios recabados por quienes han acompañado la denuncia permiten reconstruir una historia que continúa esperando respuestas.
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