La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 32 proveedores por irregularidades en contrataciones. Se impusieron multas y restricciones para asegurar la transparencia en el sector público.
En un firme paso contra la corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó la sanción de 32 proveedores y contratistas en el primer trimestre de 2026. Este esfuerzo busca fortalecer la integridad en las compras públicas y combatir la impunidad.
La sanción se impuso entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Durante este periodo, se aplicaron multas que suman 15 millones 677 mil pesos y se impusieron 28 inhabilitaciones. Estas sanciones impiden a los proveedores participar en contratos con el gobierno por periodos que van de tres meses a dos años.
La mayoría de las infracciones se debieron a la presentación de información falsa. De los 32 casos, 24 implicaron datos engañosos en procesos de contratación. Dentro de las dependencias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lideró la lista de sanciones, con un total de 14 proveedores sancionados.
Las actividades económicas más afectadas por estas sanciones incluyen la prestación de servicios, que representa un 37.5% de los casos. El sector salud le sigue con un 34.37%, mientras que la adquisición y arrendamiento de bienes y la construcción ocupan un 15.62% y un 12.5%, respectivamente.
Cada uno de los proveedores sancionados fue notificado adecuadamente. Además, la información se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Los nombres de las personas físicas y morales también se encuentran en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, disponible en línea.
La Secretaría reitera su compromiso con la transparencia y legalidad en las contrataciones públicas. Al sancionar las infracciones, se busca dar un mensaje claro: los contratos públicos tienen consecuencias. Es un paso crucial hacia un gobierno más honesto y responsable.
