La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió al gobierno español revelar los archivos que permanecen ocultos sobre el crimen del poeta.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exigió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, desclasificar toda la documentación relacionada con el asesinato deFederico García Lorca, ocurrido hace 90 años. La organización sostiene que el Estado todavía mantiene ocultos archivos sobre el crimen y otros delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.
La asociación señaló que España continúa utilizando una Ley de Secretos Oficiales de 1968, firmada por Franco, pese a que distintos gobiernos han prometido sustituirla. También acusó al actual gobierno de incumplir los plazos establecidos por la Ley de Memoria Democrática de 2022 para impulsar una nueva legislación sobre secretos oficiales.
La ARMH pidió que se haga pública toda la documentación sobre el asesinato de García Lorca y las consecuencias que tuvo, al considerar que el crimen, cometido por un grupo de fascistas, permanece impune. La organización también reclamó revelar los archivos relacionados con otros crímenes de la dictadura franquista para garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.
Emilio Silva, presidente de la asociación, acusó al Estado democrático de mantener durante décadas documentos relacionados con los crímenes de la dictadura. Recordó que la ARMH recibió en secreto en 2009 un documento en el que el régimen franquista reconocía el asesinato de Lorca, y sostuvo que todos los informes sobre los crímenes de aquella época deberían ser públicos para terminar con la “cultura de la ocultación”.
Daniel Ortega impulsa una reforma para extender el mandato presidencial a siete años y excluir a la oposición de las elecciones, una medida que profundiza el carácter autoritario de su gobierno y consolida una dicatura en Nicaragua.
La nueva reforma constitucional promovida por Daniel Ortega busca ampliar el periodo presidencial de seis a siete años y establecer mecanismos para impedir que sectores opositores participen en futuros procesos electorales. El proyecto, que será discutido por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, pretende impedir la participación de quienes el régimen califica como “vendepatrias” o “golpistas”, términos utilizados de manera recurrente para desacreditar a cualquier voz crítica.
Con esta iniciativa, el gobierno nicaragüense da otro paso hacia la consolidación de una dictadura sin contrapesos, eliminando las condiciones mínimas para una competencia democrática. La ampliación del mandato presidencial fortalece la permanencia indefinida de Ortega y Rosario Murillo en el poder, mientras las instituciones del Estado permanecen bajo el control absoluto del oficialismo y la oposición continúa siendo perseguida, encarcelada o forzada al exilio.
La propuesta ha generado fuertes críticas de la comunidad internacional. Estados Unidos advirtió que no permanecerá de “brazos cruzados” frente al avance del régimen, mientras que la Unión Europea insistió en que Nicaragua debe garantizar elecciones libres y conforme a los estándares internacionales. Diversas organizaciones de derechos humanos también han denunciado que las reformas buscan legalizar la exclusión política y cerrar definitivamente cualquier vía democrática.
Tras casi dos décadas de gobierno ininterrumpido, Ortega continúa concentrando el poder mediante reformas constitucionales, control institucional y represión contra sus adversarios. Lejos de fortalecer la estabilidad del país, esta nueva modificación representa un nuevo golpe contra la democracia nicaragüense, consolidando un modelo de gobierno donde las elecciones dejan de ser un mecanismo de competencia política para convertirse en un instrumento de legitimación de un régimen cada vez más autoritario.
Nelson Haase Mazzei, coronel retirado del Ejército chileno, fue detenido luego de casi tres años de permanecer prófugo de la justicia.
La Policía de Investigaciones de Chile detuvo al coronel retirado Nelson Haase Mazzei, de 80 años, quien permanecía prófugo desde 2023 tras ser condenado a 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.
La ministra Paola Plaza ordenó su ingreso inmediato a prisión. Haase Mazzei fue localizado por agentes policiales en una parcela de Puyehue, en la región de Los Lagos, al sur de Chile. Era el único de los exmilitares condenados por este caso que aún no cumplía su sentencia, luego de evadir durante casi tres años la orden emitida por la Corte Suprema chilena.
Víctor Jara, uno de los máximos exponentes de la Nueva Canción Chilena y simpatizante del gobierno de Salvador Allende, fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, apenas cinco días después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. De acuerdo con las investigaciones judiciales, fue torturado brutalmente en el entonces Estadio Chile, donde sufrió 56 fracturas y recibió 44 impactos de bala antes de ser ejecutado.
El asesinato de Jara es considerado uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, régimen que dejó miles de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas. Además de Haase Mazzei, otros exmilitares fueron condenados por estos crímenes, mientras que el exteniente Pedro Barrientos fue extraditado desde Estados Unidos para enfrentar la justicia chilena.
El excandidato presidencial sugirió que México necesita un líder con poder absoluto y puso como ejemplos positivos a figuras como Porfirio Díaz, Pinochet y Franco.
El actor Eduardo Verástegui generó polémica en redes sociales luego de afirmar que México necesita una “dictadura con un dictador benevolente”, al considerar que la democracia mexicana “no funciona” y que los cambios de gobierno mantienen al país estancado.
A través de su cuenta de X, Verástegui aseguró que el país requiere un gobernante con poder absoluto, pero con “honor, fe en Dios y amor por la patria”, capaz de transformar a México en una potencia mundial. Según su planteamiento, un solo líder podría lograr en una generación lo que, a su juicio, la democracia no ha conseguido en un siglo.
El también promotor de una agenda conservadora afirmó que votaría por un mexicano “católico, patriota y valiente” que permaneciera en el poder “el tiempo que sea necesario”. Una propuesta que, para muchos usuarios, sonó menos a solución política y más a nostalgia por gobiernos autoritarios.
Como parte de sus argumentos, Verástegui aseguró que Porfirio Díaz fue “el mejor presidente que ha tenido México” pese a haber gobernado durante décadas bajo un régimen dictatorial. Además, defendió las figuras de Augusto Pinochet en Chile y Francisco Franco en España, declaraciones que provocaron una nueva ola de críticas en plataformas digitales.
Usuarios recordaron que los regímenes autoritarios mencionados estuvieron marcados por restricciones a derechos, persecución política y fuertes cuestionamientos históricos. Mientras Verástegui presentó su postura como una alternativa al sistema democrático, sus detractores señalaron que su propuesta representa un retroceso y una idealización del autoritarismo.
Con su mensaje, el exaspirante presidencial volvió a colocarse en el centro del debate público, aunque esta vez no por una propuesta electoral, sino por plantear que la salida para México sería entregar el poder prácticamente sin límites a un solo gobernante.
Daniel Ortega aseguró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”, confirmando abiertamente que su régimen no permitirá la alternancia democrática. La declaración refuerza las acusaciones de que el país ha abandonado por completo cualquier apariencia de democracia.
Daniel Ortega dejó de lado cualquier simulación democrática al afirmar que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” para que la oposición intente llegar al poder. La declaración, realizada durante el aniversario de la Revolución Sandinista, representa la admisión más explícita de que el régimen ya no pretende guardar siquiera las apariencias de un sistema democrático. Tras años de denuncias por fraudes electorales, persecución de opositores y concentración del poder, el mandatario simplemente confirmó lo que desde hace tiempo denunciaban organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Las palabras de Ortega llegan después de una serie de reformas constitucionales que eliminaron los contrapesos institucionales, ampliaron el periodo presidencial, consolidaron la figura de la copresidenta para Rosario Murillo y sometieron por completo al Estado al Ejecutivo. En lugar de responder a las críticas por el deterioro democrático, el presidente anunció que impulsará nuevas leyes para levantar un “muro” contra quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”, un discurso utilizado durante años para justificar la represión y el encarcelamiento de cualquier voz crítica.
Más que una declaración política, el mensaje constituye una confesión abierta de autoritarismo. Cuando un gobernante admite que no permitirá elecciones competitivas porque teme perder el poder, deja de existir cualquier argumento para sostener que el país conserva una democracia. La voluntad popular queda sustituida por la permanencia indefinida de un grupo gobernante que decide quién puede participar en la vida política y quién debe ser silenciado o expulsado del país.
Con esta postura, Ortega no solo rompe definitivamente con los principios democráticos, sino que coloca a Nicaragua entre los regímenes que renuncian públicamente a la alternancia en el poder. La afirmación difícilmente podrá interpretarse de otra manera: el gobierno ya no busca legitimarse mediante el voto, sino mediante el control absoluto de las instituciones, la persecución de la oposición y la imposición de un sistema donde la continuidad del régimen vale más que la voluntad de los ciudadanos.
La comunicadora volvió a generar polémica tras plantear que una dictadura podría ser preferible a una “mala democracia”, sumándose a sus cuestionamientos previos sobre el derecho al voto.
La abogada panista Natalia Torres volvió a estar en el centro de la polémica luego de afirmar que, ante la disyuntiva entre una “mala democracia” y una “buena dictadura”, podría inclinarse por la segunda opción, declaraciones que generaron críticas por considerar que minimizan los riesgos de los regímenes autoritarios.
Durante una entrevista, Torres aseguró: “mi pregunta constante es, ¿qué prefiero? ¿Una mala democracia o una buena dictadura?”, para después señalar que, en su opinión, una dictadura podría llegar a ser una mejor alternativa bajo ciertas circunstancias.
Sus comentarios provocaron cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios señalaron que la postura desconoce las consecuencias históricas de los gobiernos autoritarios, caracterizados por la restricción de libertades, persecución política y limitación de derechos civiles.
La polémica se suma a otras declaraciones de Torres en las que cuestionó que todas las personas tengan derecho al voto, al plantear que no todos los ciudadanos cuentan con la información suficiente para tomar decisiones electorales, una postura que sus críticos calificaron como antidemocrática.
Las nuevas declaraciones reavivaron el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes participan en el debate público, especialmente cuando se abordan temas relacionados con derechos políticos y sistemas de gobierno.
Mientras sus simpatizantes defienden que se trata de una reflexión sobre la eficiencia de los gobiernos, sus detractores consideran que sus palabras representan una postura de rechazo a principios fundamentales de la democracia, como la participación ciudadana y el sufragio universal.
Bukele va por la consolidación de su dictadura con un tercer mandato tras ganar las primarias de Nuevas Ideas, en un proceso marcado por la opacidad y respaldado por una reforma que eliminó los límites a la reelección. Mientras presume resultados en seguridad, crecen las críticas por el deterioro democrático, la concentración de poder y las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue designado como candidato presidencial de su partido, Nuevas Ideas, para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027, luego de imponerse en las elecciones primarias. Sin embargo, el proceso volvió a estar rodeado de opacidad, ya que el partido no informó cuántos votos obtuvo el mandatario ni si existió competencia interna real, alimentando las dudas sobre la transparencia de la contienda.
La nueva candidatura es consecuencia de una controvertida reforma constitucional impulsada por el oficialismo en 2025, con la que se eliminó el límite a la reelección consecutiva, se amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y se suprimió la segunda vuelta electoral. Para la oposición, estas modificaciones representan un golpe directo a los contrapesos democráticos y consolidan un modelo de concentración del poder en torno a Bukele.
Aunque el presidente mantiene altos niveles de popularidad gracias a la reducción de la violencia y su ofensiva contra las pandillas, organismos nacionales e internacionales han advertido que esos resultados han ido acompañados de graves violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y un debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas. Con este nuevo paso hacia un tercer mandato, crecen las preocupaciones sobre el futuro de la democracia salvadoreña y el avance de un proyecto político con cada vez menos límites institucionales.
En 1973, la FIFA permitió que Chile disputara un partido en un estadio convertido en centro de detención tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Por Neri Torres
La FIFA lleva décadas proclamando que el fútbol está separado de la política, pero su propia historia demuestra lo contrario.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió en 1973, cuando permitió que Chile disputara la eliminatoria rumbo al Mundial de Alemania 1974 apenas semanas después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, ignorando que el Estadio Nacional de Santiago había sido convertido en un centro de detención, tortura y ejecución de opositores.
El 26 de septiembre de 1973, apenas dos semanas después del derrocamiento de Salvador Allende, la selección chilena viajó a Moscú para enfrentar a la Unión Soviética. Contra todo pronóstico, rescató un empate sin goles gracias a un planteamiento totalmente defensivo liderado por figuras como Elías Figueroa y Carlos Caszely. Aquella actuación fue bautizada como “el partido de los valientes”, pues los futbolistas viajaron en medio del miedo, el toque de queda y la incertidumbre que vivían sus familias.
Sin embargo, la mayor polémica llegó en el duelo de vuelta. La Unión Soviética se negó a jugar en un estadio utilizado como campo de concentración y pidió cambiar la sede. La FIFA rechazó la solicitud y mantuvo el encuentro en Santiago, pese a las denuncias internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar.
Los soviéticos nunca se presentaron. Aun así, la FIFA obligó a Chile a salir a la cancha. Sin rival enfrente, los jugadores tocaron el balón hasta empujarlo a una portería vacía para consumar un gol que quedó registrado oficialmente. El “partido fantasma” terminó 2-0 en las actas, un episodio que incluso Carlos Caszely calificó como “el teatro del absurdo”, mientras Elías Figueroa recordaría años después que “ni con los amigos se juega así”.
Más de cinco décadas después, ese episodio vuelve a cobrar relevancia por las críticas hacia la relación entre la FIFA y los líderes políticos. Durante el Mundial 2026, la cercanía del organismo con Donald Trump y la decisión de trasladar los partidos decisivos a Estados Unidos reavivaron el debate sobre la independencia de una institución que, para muchos, sigue acomodando sus decisiones al poder político y económico de cada época. Ayer fue Pinochet; hoy, los señalamientos apuntan a Trump.
La historia demuestra que, cuando se trata de intereses, la FIFA pocas veces ha sabido mantenerse al margen.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, permanecerá al frente de la COPPPAL hasta 2030, una decisión que reaviva las críticas por la incongruencia en su narrativa “a favor de la democracia” pero se aferra al poder con su reelección.
Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, volverá a mantenerse al frente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) luego de ser reelecto para el periodo 2026-2030. Con esta decisión, el dirigente extenderá una presencia que comenzó en 2019 y que, de concluir este nuevo mandato, superará los diez años.
La reelección resulta llamativa porque Moreno ha construido su discurso político alrededor de la defensa de la democracia, la alternancia y el rechazo a las prácticas autoritarias.Sin embargo, su permanencia en la presidencia de la COPPPAL ha provocado críticas de quienes consideran que esa narrativa perdió fuerza cuando el mismo dirigente permanece en el mismo cargo durante tanto tiempo.
Alito aseguró que seguirá “trabajando” por la “libertad”, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones, cosa que su partido en México nunca hizo a pesar de haber estado más de 70 años en el poder.
La continuidad del priísta vuelve abrir el debate sobre la importancia de la renovación de los liderazgos, puesto que la democracia no solo se defiende con discursos, sino también con la alternancia en los cargos, especialmente cuando se critica a otros gobiernos por mantenerse durante años en posiciones de poder.
Para muchos, la reelección refuerza la percepción de que el dirigente exige derechos y oportunidades para otros, pero no está dispuesto a aplicarla en los espacios que encabeza.
José Antonio Kast está estrechamente vinculada a la ultraderecha internacional y a una defensa persistente del legado de Augusto Pinochet. Su discurso, alianzas y declaraciones han generado fuertes polémicas, especialmente por relativizar violaciones a derechos humanos, reivindicar la dictadura chilena y alinearse con movimientos reaccionarios.
Kast y la reivindicación del pinochetismo
Desde el inicio de su carrera pública, José Antonio Kast ha defendido abiertamente a Augusto Pinochet, marcando una diferencia clara incluso con sectores tradicionales de la derecha chilena que, a diferencia, han optado por tomar distancia del dictador.
Kast ha afirmado en diversas ocasiones que Pinochet “salvó a Chile del comunismo”, y ha minimizado el carácter represivo de la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1990. En entrevistas y debates presidenciales, ha evitado condenar las ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, además de cuestionar informes oficiales sobre violaciones a derechos humanos.
Una de sus declaraciones más controvertidas fue asegurar que no existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, frase que provocó un amplio rechazo social y político, especialmente entre familiares de víctimas de la dictadura.
Además, Kast ha defendido el modelo institucional heredado del régimen militar, incluyendo la Constitución de 1980 y el rol de las fuerzas armadas como garantes del “orden”, una visión directamente pinochetista.
Vínculos ideológicos con la ultraderecha internacional
El proyecto político de Kast pertenece a una red transnacional de ultraderecha, con vínculos ideológicos y políticos con figuras y movimientos que comparten un discurso antiglobalista, ultraconservador y autoritario.
Ha expresado afinidad con Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, celebrando su enfoque de “mano dura” y su discurso contra el feminismo y los derechos LGBT+. También mantiene cercanía con Vox, partido español de ultraderecha, cuyos dirigentes han participado en encuentros organizados por el Partido Republicano en Chile.
En América Latina, Kast ha sido un actor activo del Foro de Madrid, espacio impulsado por Vox que agrupa a líderes de ultraderecha bajo la bandera de combatir al “socialismo” en la región. Esta plataforma ha sido criticada por promover narrativas que justifican regímenes autoritarios y desacreditan organismos de derechos humanos.
En EUA, su discurso ha sido comparado con el de Donald Trump: negación del cambio climático, criminalización de la migración, ataques a la prensa crítica y desconfianza hacia organismos multilaterales.
Antiderechos humanos y discursos de odio
Las polémicas de Kast no se limitan a declaraciones históricas, ya que durante la campaña presidencial de 2021, propuso cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución creada para documentar abusos estatales, lo que fue interpretado como un intento de desmantelar la memoria histórica del país.
También ha respaldado el uso extendido del estado de excepción, incluso como política permanente en ciertas zonas, y ha defendido la militarización del sur de Chile, restando importancia a denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad.
En el plano social, Kast ha sido señalado por promover discursos que estigmatizan a minorías, especialmente migrantes, comunidades LGBT+ y movimientos feministas, utilizando un lenguaje que normaliza la exclusión bajo la idea de “orden y valores tradicionales”.
Un liderazgo construido desde la confrontación
Lejos de moderar su postura, Kast ha capitalizado la polarización, pues su estrategia consiste en presentarse como un “defensor del orden” frente a un supuesto avance del “marxismo cultural”, un marco narrativo típico de la ultraderecha global.
Esta postura le ha permitido consolidar una base electoral fiel, pero también lo ha convertido en una de las figuras más rechazadas por organizaciones de derechos humanos, académicos y amplios sectores de la sociedad chilena.
