En una jornada que se extendió por casi 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con 350 votos a favor y 111 en contra, una reforma histórica que reafirma el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como “empresas públicas del Estado”. Con esta decisión, los diputados de Morena y los partidos aliados de la Cuarta Transformación (4T) defendieron con vehemencia el control estatal sobre dos de las empresas más estratégicas para México, buscando garantizar la soberanía energética del país frente a la participación privada.
El dictamen establece un marco en el cual la CFE tendrá un rol preponderante en el sector eléctrico, lo que refuerza su capacidad frente a las empresas privadas que compiten en este mercado. Esta reforma ha sido considerada como un triunfo para la 4T, ya que asegura que las riquezas energéticas de la nación sigan bajo control estatal, en beneficio del pueblo mexicano.
Un debate extenso y cargado de tensiones
El debate, que ya se perfilaba largo, se intensificó cuando la diputada morenista Ana Elizabeth Ayala Leyva presentó una reserva que causó una oleada de reacciones dentro del recinto legislativo. En su propuesta, Ayala propuso suprimir el párrafo del artículo 27 constitucional que imponía al Estado la obligación exclusiva de conducir la transición energética. Esta modificación generó un enfrentamiento entre los diputados de Morena, que defendían la apertura a la inversión privada, y la oposición, que sostenía que la responsabilidad debía permanecer solo en manos del Estado.
La propuesta de Ayala Leyva, presentada cerca de las 11 de la noche, incluyó también una modificación al artículo 28 de la Constitución para considerar a los ferrocarriles, tanto de pasajeros como de carga, como áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Sin embargo, la supresión de la mención sobre la exclusividad del Estado en la transición energética fue el punto que dominó la discusión.
Morena y la 4T: La defensa de las empresas del pueblo
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, defendió en tribuna la reserva en dos ocasiones, argumentando que sin esta modificación, el Estado sería el único responsable de la transición energética, lo que no solo sería insostenible por la falta de recursos, sino que contradeciría el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de atraer inversiones privadas en energías limpias.
Monreal enfatizó que la reserva no busca excluir al Estado del proceso, sino permitir la participación de empresas privadas para robustecer la transición hacia energías más limpias. “Si no se modifica el dictamen, el Estado quedaría como el único prestador del servicio de energía eléctrica, algo que no podemos costear solos”, argumentó. Agregó que esta modificación asegura un futuro energético en el que México pueda reducir su dependencia de los combustibles fósiles, sin cerrar las puertas a la inversión extranjera.
En defensa del dictamen, el morenista Leonel Godoy tomó la tribuna para ironizar: “Este debate es el mundo al revés. Nos acusaban de ‘estatistas’ y ahora estamos asegurando que la iniciativa privada también participe en la transición energética. Es una incongruencia estar en contra de todo”, exclamó.
Godoy destacó que el propósito de Morena y la 4T es fortalecer la soberanía energética del país a través del control público, pero sin rechazar las ventajas que la participación privada puede ofrecer en el desarrollo tecnológico y en la reducción de emisiones de carbono.
La reforma energética en camino al Senado
Tras largas horas de discusión y un intenso intercambio de posturas, la reforma fue aprobada y enviada al Senado para su análisis y eventual ratificación. Con esta votación, Morena y sus aliados han dado un paso significativo para consolidar su visión de un Estado que recupere el control sobre los recursos energéticos del país, mientras mantienen abiertas las puertas a la inversión privada en ciertos sectores estratégicos.
Esta reforma ha sido celebrada como un logro de la Cuarta Transformación, que coloca a Pemex y CFE en un lugar privilegiado, como pilares del desarrollo económico y energético de México, bajo el mandato de que las riquezas nacionales se utilicen en beneficio del pueblo.
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