Para que se aprueben los cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, diputados cercanos al excanciller Marcelo Ebrard señalaron que están dispuestos a impulsarlos y entablar negociaciones con legisladores de oposición.
Daniel Gutiérrez, diputado por Oaxaca, aseguró que los diputados cercanos a Marcelo Ebrard tienen la fuerza para aprobar cambios en el PEF 2024, propuesto por el Poder Ejecutivo. El legislador sostuvo que se debe hacer respetar la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de modificar la propuesta del poder encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“En lo general vamos a votar a favor y en particular vamos a analizar de manera minuciosa partidas, sectores y, sobre todo, vamos a modificar el presupuesto a favor de los mexicanos”, dijo Gutiérrez.
El diputado por Oaxaca, aseguró que el bloque de “El Camino de México“, grupo creado por Ebrard al interior de Morena, propondría cambios mucho mayores a los 20 mil millones de pesos que se ajustaron en la discusión del año pasado.
Sobre la posibilidad de negociar con los diputados y diputadas del PRI, PAN y PRD en caso de que Morena y sus aliados se nieguen a aceptar los cambios, el diputado oaxaqueño aseguró que están abiertos a dialogar con todos los partidos.
Precisó que convocarán a una mesa de trabajo para analizar cada partida de manera particular, con la premisa de que no se deberán tocar los programas sociales y los grandes proyectos de infraestructura.
Diputados de la 4T adelantaron que buscarán hacer un recorte en el presupuesto del Poder Judicial de hasta 24 mil millones de pesos.
Hamlet García Almaguer señaló que alrededor de dos mil millones de pesos la Corte de Justicia los destina a gastos frívolos y superfluos, los cuales pueden tener un ajuste.
Declaró que, si se logran ejecutar los cambios al Tribunal Electoral, al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte se podrían ajustar entre 15 mil a 24 mil millones de pesos.
“Por ejemplo, la Suprema Corte está solicitando, en un documento de discusión que tenían ahí en el Poder Judicial, 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina; no sé cuántos tenedores, cucharas y cuchillos necesitan los ministros de la Corte para comer”, declaró.
“También, 44 millones de pesos en lavandería, no sé cuántas veces al día tengan que lavar sus togas. Más de 50 millones de pesos en alimentos para los ministros al año; es un promedio de 144 mil pesos diarios para darle de comer a los 11 ministros, considerando sábados y domingos, es la división entre los 365 días del año”.
Además, afirmó que habían gastado 146 millones de pesos en un contrato de servicios de vigilancia, al tiempo que piden ayuda a la Guardia Nacional, del Servicio Federal de Protección y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Asimismo, destinaron cuatro millones de dólares para jardinería, “y la sede de la SCJN carece de jardines”.
“Hay muchas cosas que nos llaman la atención. Además de los bonos millonarios y de riesgo, del seguro de separación individualizada, de las compensaciones extraordinarias, del seguro de gastos médicos mayores; hay más de 2 mil millones de pesos que está solicitando la Suprema Corte en gastos frívolos y superfluos”.
Hamlet García detalló que este análisis sólo contempla el gasto de la SCJN, no incluye al Consejo de la Judicatura y el TEPJF.
Los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados de la República se comprometieron a proteger el presupuesto 2024 del Poder Judicial de las amenazas de recortes del Ejecutivo y de los legisladores de Morena.
Los líderes parlamentarios tricolores, Rubén Moreira y Manuel Aorve, advirtieron que los recursos en materia de justicia son irreductibles al fijar sus prioridades para la agenda legislativa del próximo período de sesiones.
“La Corte tiene un presupuesto que no se puede mover, que es el que da independencia a los jueces, sus salarios, sus jubilaciones, sus pensiones, todo eso. Jueces y magistrados bien pagados son garantía de justicia en esta nación”, subrayó Moreira.
Incluso, reveló que las bancadas del Frente Amplio por México habían acordado presentar un documento sobre “Alternativas al Presupuesto” que tendría como objetivo fortalecer a la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral en materia presupuestaria, entre otras cosas.
“No aceptamos el discurso de que la Suprema Corte tiene menos y en ese sentido vamos a protegerla y a empujar recursos a las entidades federativas”, dijo.
Manuel Aorve, líder de los senadores del PRI en el parlamento, rechazó a su vez el autoritarismo e instó a cuidar la Corte.
“Debemos cuidar a la Corte y no se puede, en el tema presupuestal, hacer recortes en un poder tan importante para la vida democrática de México”, agregó.
Añorve reafirmó que el PRI en el Senado de la República apoyará a la Corte, aún cuando el tema presupuestal es una facultad de la Cámara de Diputados.
Este jueves 15 de junio, diputados de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad aprobaron con 24 votos a favor y 11 en contra un dictamen que plantea reformar las leyes federales de Protección al Consumidor, y de Competencia Económica con el fin de regular los mecanismos utilizados por las empresas dedicadas a la venta de boletos.
Dicho documento avala que de ser cancelado un evento o espectáculo, la ‘boletera’ que vendió los accesos para entrar, deberá devolver al consumidor el importe completo que se cobró por el servicio de entretenimiento dentro de un lapso no mayor a 30 días naturales siguientes a la fecha del anuncio de cancelación.
Asimismo, la reforma a la Ley Federal de Protección reitera que la devolución del dinero se realizará por el mismo medio de pago que se utilizó en la compra, sin que el consumidor tenga necesidad de hacer la solicitud.
De igual manera, se estableció que si los eventos son pospuestos a una nueva fecha, el consumidor podrá decidir asistir con el mismo boleto o solicitar su reembolso dentro de los 30 días naturales al anuncio de la nueva fecha alternativa.
“Salvo en los casos que el prestador del servicio carezca de datos para la identificación del consumidor o de la cuenta de éste para procesar el reembolso, en cuyo caso el consumidor tendrá un plazo de 30 días naturales para solicitarlo a partir del anuncio de la cancelación”, especifica el dictamen.
Finalmente, se señala que los proveedores de espectáculos públicos no ofrecerán accesos que puedan sobrepasar al número de lugares disponibles donde se llevará a cabo el evento, tal y como ocurrió con Ticketmaster para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca.
En Veracruz, diputados locales de Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, convocaron a una movilización por la defensa de la “soberanía del pueblo” ante el actuar de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este sábado 20 de mayo a las 12:00 horas, luego de que anularán el Plan B de la Reforma Electoral.
Los legisladores calificaron como “absurdo” que se anule el paquete de reformas, porque se aprobaron por dispensar la lectura.
“Un argumento que ellas y ellos saben que es débil y absurdo ¿Deberían ser inválidas todas las reformas de la historia aprobadas con dispensa de lectura? Recordemos que la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos y su Reglamento, permiten esa dispensa”.
Asimismo, los diputados precisaron que con el actuar de la SCJN se puede confirmar la parcialidad del Poder Judicial en México, quienes están traicionando su juramento de velar por la ley.
“Desde el Congreso del Estado de Veracruz convocamos a una concentración pacífica frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pino Suarez 2, Colonia, Centro, al lado de Palacio Nacional, el sábado 20 de mayo a las 12.00 horas”.
Por la Defensa de la Soberanía del Pueblo y Contra la Corrupción que Invade a la SCJN, me sumo a la concentración pacífica frente a la sede de la @SCJN este sábado 20/mayo/12:00 hrs. Convocamos al pueblo de México a defender la democracia y su soberanía (art. 39). #PlanCvapic.twitter.com/uqcdQKjFLt
Hay un Plan C sobre la Reforma Electoral, confirma AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que si existe un Plan C de la Reforma Electoral luego de que la SCJN suspendiera el Plan B el pasado viernes 24 de marzo.
AMLO detalló que el Plan C ya existe, y que esta se trata de que en las siguientes elecciones no se dará ningún voto a los conservadores, además precisó que dicho plan ya fue implementado en 2018.
“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una autentica democracia y no oligarquía… hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ya lo han aplicado en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado muchísimo”.
Norma Piña le teme al pueblo de México
Luego de que ciudadanos realizaran un plantón pacífico a las afueras de la SCJN como presión para que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, renuncie al cargo, señalando que opera para la derecha y no en beneficio del pueblo, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, adelantó la ministra solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asistencia de la Guardia Nacional para que resguarden el recinto del Poder Judicial.
López Hernández adelantó que la relación del Gobierno de México con la Suprema Corte es institucional, misma vía por la que la presidenta solicitó ayuda de la Guardia Nacional, petición que será tratada de la misma manera.
“Ahora mismo podría comentarles que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha propósito de un anuncio que se ha hecho los últimos días, las últimas horas, respecto a una marcha que estaría dirigida o terminaría en la SCJN, ha solicitado por vía oficial institucional, mediante un oficio a Rosa Icela Rodríguez, que se proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”.
Este miércoles 3 de mayo, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla Roces, precisó que desde la administración del panista Vicente Fox Quesada se generaron fideicomisos con el propósito de acumular recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y administrarlos de forma “opaca” y “ajena a las funciones de la institución.
“Se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del Conacyt más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas nacionales y también trasnacionales”, detalló.
Asimismo, reiteró que algunas de las empresas beneficiadas por esta situación fueron Kimberly Clark, Femsa, Monsanto, Bayer, IBM, Motorola, LG, Intel, RH México, Ford, entre otras, recibiendo en conjunto 2 mil 667 millones de pesos del presupuesto.
Conacyt no desaparecerá
De igual manera, María Elena indicó que el Conacyt no desaparecerá, tal como se decía erróneamente en días pasados, si no todo lo contrario, se fortalecerá. El Conacyt tendrá un enfoque más social y humanista, de acuerdo con el gobierno federal.
Esta pronunciación se da luego de que hace unos días fuera aprobado el dictamen de la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) en la Cámara de Diputados.
Dicho dictamen contiene múltiples mecanismos los cuales buscan fortalecer al Conacyt y a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) que coordina en todo el país.
A partir de una iniciativa de Morena presentada de manera sorpresiva y a la que se dispensaron todos los trámites, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para que sus funciones de atención médica gratuita a la población sin seguridad social, sean asumidas por el IMSS-Bienestar.
La presentación de la iniciativa generó una ácida discusión entre Morena y sus aliados con la oposición, que acusó un albazo y que de manera repentina la bancada mayoritaria desaparezca “la institución insignia” del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante las críticas, Margarita García García (PT) justificó: “si de algo estoy convencida como luchadora social, es que si nos equivocamos lo más que le puede beneficiar al pueblo es corregir, pero no seguir como se seguía antes, seguir agravando el tema de salud”.
Se trata de una reforma a la Ley General de Salud, que extingue al Insabi a través de un artículo transitorio.
En la iniciativa de reforma, presentada por el presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona, se argumenta que solo el IMSS-Bienestar garantiza la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, especialmente para la población sin seguridad social.
La reforma, aprobada con 267 votos a favor de Morena y sus aliados, y 222 en contra de la oposición –la morenista Adela Ramos se abstuvo-, prevé que los recursos económicos, infraestructura y personal se transfieran al IMSS-Bienestar.
En los transitorios se prevé que, en tanto esa institución asume la prestación de los servicios de salud, celebrará convenios de coordinación y colaboración para la continuidad del servicio con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para la oposición, esta medida presionará aún más las finanzas del IMSS.
“El esquema de universalidad gratuita fue un sueño, una mentira más de este gobierno”, reprochó la diputada Frinné Azuara (PRI).
Sergio Barrera (MC), al presentar una moción suspensiva para plantear que la iniciativa se retirara, cuestionó que la reforma se metió “con calzador, y es una clara muestra de un fracaso de un modelo de gobierno que, en materia de salud, hay que decirlo, fracasó”.
María Sierra Damián (Morena), expresó que “hoy el Insabi se transformará en IMSS, en este nuevo sistema de salud, que incorporará a todas las instituciones médicas y habrá control económico de la Secretaría de Salud, del Bienestar y de Hacienda”.
Entre otros puntos, la reforma incorpora a las Secretarias de la Defensa Nacional y de Marina entre las instituciones que elaborarán el compendio nacional de insumos para la salud.
Desde la tribuna, Cynthia López Castro (PRI), ironizó: “Hoy vienen a decirnos que, efectivamente, como lo dijimos una y otra vez, su sistema de salud ha fracasado; vienen a aceptar, y les quiero dar un aplauso, su fracaso. ¿Pero cómo justifican todas las personas que fallecieron por cáncer, por no contar con medicinas, por el pésimo sistema de vacunación?”.
Argumentando que “no hay prisa” por aprobarla y que “no queremos frenar las inversiones”, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados retrasó hasta septiembre la discusión de la reforma a la Ley Minera, la cual fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que busca cancelar concesiones si las empresas no cuentan con permisos de uso para agua en minas y en la que se tipifican delitos ambientales.
Antes de que se pospusiera la reforma, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, reiteró que es una prioridad de su grupo aprobar la ley este mes, por su parte, el presidente de la comisión, Manuel Rodríguez González, mencionó que ante las críticas recibidas por el proyecto, escuchará a empresarios, funcionarios y expertos.
Asimismo, Rodríguez González, señaló que se realizarán los foros necesarios porque se quiere que una reforma tan relevante cuente con el mayor respaldo posible.
“Hay que escuchar, por supuesto, a la industria, es decir al sector privado, a investigadores, científicos, académicos, al sector social y también al sector público“, indicó.
Finalmente, informó que el acuerdo de las fechas para la discusión pública se acordará con la Comisión de Economía. “Lo más seguro es que se inicien los trabajos en breve y la discusión se pueda seguir en los próximos meses para entrar en el siguiente periodo ordinario al dictamen y votación en pleno.
“Tenemos tiempo suficiente para organizar el número de parlamentos que se acuerde y llegar a ese periodo suficientemente discutido.”
