El gobierno federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que declara de utilidad pública el suministro de hidrógeno de la planta denominada U-340, la cual se encuentra dentro de las instalaciones de la petrolera estatal.
“Se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) como empresa productiva del Estado subsidiaria de Pemex”, indica el decreto.
Pemex TRI será el ente encargado de cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que debe pagarse según el avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, indica el documento.
Luego de 10 días hábiles después de emitido el decreto, los responsables jurídicos de Air Liquide podrán acudir al procedimiento judicial solo para controvertir el monto de la indemnización.
El gobierno señaló que la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, pues de esa forma puede fomentar el desarrollo económico y proteger los derechos de los ciudadanos.
Esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ha publicado un decreto en donde se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano.
El documento inicia destacando la importancia del ferrocarril en México ya que en este 2023, se cumplen 150 años de la instalación del primer ferrocarril de pasajeros en México, lo que incrementó el comercio y la inversión extranjera, sin embargo, en el año de 1995, el Presidente Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles del país mediante una ley que otorgó el 84.5 por ciento de las vías a manos de privados.
Ante el contexto histórico, se explica que la ley indica que: “La Secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que, dentro de la Vía Férrea señalada en el numeral 1.2.1, éstos presten servicio público de transporte ferroviario, en los términos siguientes:Tratándose del servicio de pasajeros, en cualquier tiempo.”
Es decir, se podrán realizar concesiones en el transporte ferroviario siempre y cuando sea para el servicio de pasajeros, por lo tanto, la finalidad de los trenes de pasajeros es mejorar la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas, mediante un transporte público económico, menos contaminante y seguro.
En el documento del DOF, se desarrollan algunos puntos; principalmente la declaración de área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporteferroviario de pasajeros, posteriormente, se indica que en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas, se dará preferencia a la prestación del servicio público para pasajeros, así como el servicio de carga.
Por otro lado, los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de cargaserán invitados para presentar sus propuestas para la implementación del servicio de trenes de pasajeros, los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a más tardar el 15 de enero de 2024.
Las propuestas presentadas deben ser viables en cuanto a la inversión, tiempo de construcción y modernización, de lo contrario, el gobierno federal otorgará los títulos para la implementación de trenes de pasajeros a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) mismas que ya se encargan del Tren Maya y del Tren del Istmo de Tehuantepec o a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros.
Las primeras siete rutas que serán concesionadas son: Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos, Tren Interurbano AIFA-Pachuca, Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.
Los trenes de pasajeros estarán a cargo de la SICT y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Este lunes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), luego de que el decreto se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esta nueva institución se dedicará a realizar investigación, promoción y vinculación, con el propósito de proteger, revitalizar, fortalecer y desarrollar el patrimonio lingüístico de los pueblos indígenas de México, “y contribuir en la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural”, establece el decreto.
También establece que la institución tendrá diversas atribuciones, entre las que destacan formar profesionistas en lenguas indígenas, establecer planes de estudio y métodos educativos con validez oficial, así como acreditar y certificar los estudios profesionales impartidos en ella, así como revalidar aquellos que correspondan en materia de estudios profesionales de lenguas indígenas.
La Universidad tendrá que expedir constancias, certificados, diplomas, títulos y grados académicos con validez oficial a las personas que hayan cursado los estudios conforme a los planes y programas de estudio y las normas jurídicas y administrativas que al efecto se determinen para la educación que imparta, y procurar que los mismos sean reconocidos en el extranjero.
Asimismo, se deberá promover el uso social de las lenguas indígenas mediante su difusión en los diferentes medios que estime, para su conocimiento y transmisión en la sociedad en general, en coordinación con la Secretaría de Cultura.
La tarde de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Orgánica con la que se eliminan los 13 multimillonarios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF)
Se dará un plazo de 120 días hábiles para concluir el proceso de extinción de esos fondos que acumulan más de 15 mil millones de pesos. Este comenzará el sábado en que entra en vigor la reforma al Artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, en cuyos artículos transitorios se establece asimismo que “las obligaciones jurídicas” que derivan de los fideicomisos suprimidos “serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan”.
Una vez que se cumplan con esas obligaciones contractuales, los remanentes deberán ser devueltos por el poder judicial a la Tesorería de la Federación, precisa una edición vespertina del DOF.
Se precisa en el Artículo Segundo transitorio que los órganos del Poder Judicial de la Federación “que funjan como fideicomitentes” es decir la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación – que cuentan con seis, cinco y dos fideicomisos, respectivamente – deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para liquidar esos fondos, en un plazo máximo de 120 días posteriores a la entrada en vigor del decreto.
“Los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan”, en su totalidad deberán enterarse a la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los destinará “a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo”.
Además, el poder judicial federal debe emitir un informe separado, granular y detallado que muestre el monto devuelto a la tesorería federal por cada documento destruido por su autoridad. “En observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y máxima publicidad, previstos en la Constitución y leyes secundarias”.
Luego de aprobación de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED) anunció que emprenderá una defensa colectiva contra el proyecto de reforma a la Ley Orgánica.
A través de un comunicado, la asociación aseguró que el amparo en demanda única, será promovido por su representación legal.
“Se comunica que con la representación legal de JUFED se promoverá, en nombre de todas y todos los titulares asociados, la correspondiente ACCIÓN DE AMPARO EN DEMANDA ÚNICA, contra la aprobación del Decreto de reforma y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, señalaron.
#JUFED. Anuncia ACCIÓN DE AMPARO EN DEMANDA ÚNICA en defensa jurídica de las y los juzgadores federales, CONTRA LA APROBACIÓN del Decreto legislativo que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. #TodosSomosPJF 🇲🇽♾💯 pic.twitter.com/3Y5Z8slnTE
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 25, 2023
La demanda se enviará tras la entrada en vigor de la reforma. Es decir, después de que esta pase al Ejecutivo y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Cabe decir que el amparo de la JUFED no será la única medida derivada de la inconformidad del Poder Judicial, pues trabajadores anunciaron que extenderán el paro de labores que sostienen desde el pasado 19 de octubre hasta el 29 de octubre.
Al parecer el frente opositor ya tiene un plan para evitar que se extingan los fideicomisos del Poder Judicial, judicializar la decesión después de que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El líder parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero advirtió que esto pasará hasta que sea votado en el Senado y sea ley.
“El camino a seguir es que lo vamos a recurrir como oposición; no podemos hacerlo hoy, porque todavía no es ley, porque será ley hasta que lo vote el Senado y, una vez haciéndolo el Senado y previendo que por mayoría simple lo logrará el oficialismo también allá, lo vamos a recurrir, más todos los amparos que nos podemos imaginar de los trabajadores del Poder Judicial que se consideran agraviados. En una sola frase, ¿Cuál es la ruta?, es judicializarlo, incuestionablemente”, expresó.
Asimismo, señaló que su bancada ofrecerá asesoría a los trabajadores del Poder Judicial que lo requieran para interponer amparos, aunque estimó que al final los trabajadores promoverán un gran amparo colectivo.
“Por supuesto que nos ponemos a la orden, ya se los dijimos, en todo lo que nosotros podamos, pero no siento que les haga falta tanta asesoría, porque ellos están más que conscientes de los derechos con lo que cuentan para defender, en lo que consideren sus derechos, pero por supuesto que el PAN está a su orden para todo aquello en lo que podamos ayudar”, dijo.
Por otra parte, el diputado José Francisco Yunes sostuvo que la extinción de los fideicomisos atenta contra el principio de división de poderes y los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, esto ha sido desmentido por otros legisladores.
El periodista Ricardo Sevilla Gutiérrez reveló que la empresaria panista y candidata por el Frente Conservador, Xóchitl Gálvez copió el informe especial de Cambio Climático 2009-2012, del DOF publicado el 28 de agosto de 2009 y lo presentó como Informe Profesional para obtener su título de Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sin embargo, la Máxima Casa de Estudios no ha dicho nada al respecto.
En su cuenta oficial de X (antes twitter), el periodista en su cuenta oficial publicó un hilo en el que detalla cómo se dieron los hechos anteriormente mencionados.
En mayo de 2010, para titularse, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz presentó ante la @UNAM_MX el proyecto “Diseño de Edificio Verdes e Inteligentes”.
Su asesora fue Jaguelina López Barrientos, quien se jacta de impartir clases “desde hace poco más de 30 años”.
Sevilla se remonta al año 2010 pues en mayo de esa fecha, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz presentó ante la UNAM el proyecto “Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes. Jaguelina López Barrientos fue su asesora y no se dio cuenta de este plagio.
El periodista señala que el plagio fue denunciado en X por el usuario Bernardo Escalante (padron_09) y expresó que tiene la razón por ello dio algunos ejemplos de este delito siguiendo la información que proporcionó Bernardo.
En el Marco Teórico de su “Modelo de edificio verde”, @XochitlGalvez copió en su totalidad el primer párrafo de la Presentación del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, perteneciente a la @SEGOB_mx.
Haciendo una comparación, entre la tesis de la empresaria y la Presentación del Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, el periodista señaló que Gálvez copió en su totalidad el primer párrafo del documento perteneciente a la Segob, ya que este no tiene ninguna variación.
Sevilla también revela que el plagio de Gálvez no solo tiene fragmentos del DOF sino de otros textos extranjeros por lo que asegura que la panista copio de manera integra un fragmento del “Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Magister en Telemática” del alumno Marcelo Enrique García de la Universidad del Azuay, de Ecuador. Una vez más, Gálvez no cambió ni una sola palabra.
El texto que @XochitlGalvez plagió pertenece a Marcelo Enrique García Rodas, quien, en 2008, presentó el “Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Magister en Telemática”.
Al finalizar su publicación, Sevilla hace una reflexión sobre que pasará después de que se diera a conocer esta información de la panista: “A qué hora saldrán a condenar el plagio en la @UNAM_MX y en @latinus_us? ¿Buscarán quitarle el título? ¿Enrique Graue, @GmoSheridan, @El_Universal_Mx, @Milenio y harán una campaña vs. Gálvez, como lo hicieron arteramente vs. @YasminEsquivel_?
El pasado martes 15 de agosto, la Secretaria de Educación Pública (SEP) público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos por los que se han establecido los diferentes planes de estudio para educación Preescolar, Primaria y Secundaria, así como los programas sintéticos de la fase 1 de educación inicial y fases 2 a 6 de educación básica, mismos que iniciarán su aplicación en el nuevo ciclo escolar 2023-2024.
Al presentar estos acuerdos, ya no existe ningún amparo pendiente por resolver, por lo tanto, se han eliminado los impedimentos administrativos para que se publiquen y se distribuyan los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica.
Con eso se concluye la suspensión Judicial que estaba deteniendo la distribución de los libros.
En la conferencia de prensa vespertina, luego de haberse analizado el contenido de los libros de texto, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, comentó acerca de la publicación de los acuerdos.
Asimismo, Ramírez Amaya destacó que de acuerdo con la Ley General de Educación, la SEP se encargaría de distribuir los materiales educativos a las y los alumnos de la República Mexicana.
Por otro lado, Leticia afirmó que ya se está teniendo un avance con la distribución para que el día 28 de agosto, a ningún estudiante le falte su material educativo, aseveró en que “sería muy lamentable que haya alguien que secunde la idea de destruir los materiales educativos”, ya que no comparte que eso sea un acto de crear o construir, al contrario.
Por último, la titular de la SEP mencionó que los libros fueron hechos por especialistas académicos y profesionales de la educación para pensar en el bienestar de las y los alumnos mexicanos.
Las reformas que buscan entregar el control del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron impugnadas por senadores y diputados opositores, quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los congresistas argumentaron que las normas impugnadas ponen en peligro la estructura fundamental del Estado mexicano y que la suspensión protege a la institución fundamental que es la Administración Pública Federal, para impedir que los militares ejerzan funciones de seguridad pública fuera de parámetros estrictamente regulados y violando los derechos humanos.
El ministro Alberto Pérez Dayán, quien estará a cargo del proyecto de resolución, se negó a otorgar la suspensión a los congresistas.
El juzgador argumentó que en este caso no se “actualiza la excepción establecida por el alto tribunal consistente en que se puede otorgar la suspensión en aquellos medios de control constitucional respecto de normas generales que impliquen o puedan provocar la transgresión irreversible de algún derecho humano”.
Los congresistas opositores solicitaron invalidar el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de mayo y reforma el artículo tercero de la Ley General de Comunicaciones, el artículo 10 de la Ley para Regular el Servicio Ferroviario y el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, por dejar sin efecto en su letra.
Estas modificaciones establecen que a las entidades paraestatales se les podrá otorgar una vigencia indefinida de las vías generales de comunicación y modos de transporte asignados a la federación; esta cesión no es transmisible ni cedible a ningún otro título y sólo puede suspenderse si se demuestra que no tiene carácter estratégico o sirven mal al interés público.
Para que la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión presenten sus respectivos informes y envíen copia del marco legislativo y del DOF en el que se publicó el decreto, Pérez Dayán fijó un plazo de 15 días hábiles.
Este viernes 2 de junio la Secretaría de Economía respondió a la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, quien informó que comenzará consultas bajo T-MEC contra México por la prohibición de importaciones a maíz transgénico, y afirmó que no se doblegará y que defenderá la postura del país.
Cabe resaltar que el pasado 13 de febrero el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para prohibir que se continuara importando maíz transgénico en productos para consumo humano, ante esto, el gobierno estadounidense llamó a consultas bajo el T-MEC.
La dependencia detalló en un comunicado que demostrará con datos y evidencias que el uso de maíz blanco nativo para consumo humano en nuestro país no afecta el interés comercial de Estados Unidos, de igual manera cumple con el capítulo ambiental del T-MEC.
Asimismo, recalcaron que este decreto ayudó a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pueda autorizar nuevas semillas de maíz biotecnológico y revaluar negaciones previas.
“En las consultas que están por iniciar, México ratifica el compromiso de fomentar un diálogo constructivo a través del cual se aclaren las inquietudes de Estados Unidos y alcancemos un acuerdo mutuamente satisfactorio”, señaló la dependencia federal.
“Hacemos votos para que en estas consultas prevalezca la buena fe de todas las partes y se aborden las diferencias sin involucrar otras consideraciones más allá de las estrictamente comerciales. Los fuertes lazos comerciales entre ambos países nos obligan a actuar con responsabilidad y altura de miras”, agregó.
